edición: 2511 , Martes, 17 julio 2018
05/07/2012
Admitida a trámite la querella de UPyD

La opinión pública, convencida de que saldrán a la luz delitos de administración fraudulenta y estafa en Bankia

Las falsas cuentas de la entidad, su salida a bolsa o la comercialización de preferentes son puntos clave de la denuncia de UPyD
La admisión a trámite de la demanda provoca la dimisión de Francisco Verdú, consejero delegado de la entidad desde tiempos de Rato
ICNr

La gestión de Bankia y la investigación en torno a las condiciones en que ésta se desarrolló desde su creación comienza a dar sus frutos. Prueba de ello es la dimisión de Francisco Verdú, consejero delegado de la entidad desde tiempos de Rodrigo Rato y renovado por Giorigolzarri, y único de los 33 exconsejeros del grupo que siguió en su cargo tras la nacionalización del banco. Su renuncia se produjo tras admitirse ayer a trámite por la Audiencia Nacional la querella presentada contra los anteriores administradores de la financiera, con el fin, según palabras de Verdú, de no perjudicar en lo más mínimo a la entidad. Esta decisión responde claramente, a juicio de los internautas, a que hay mucho fraude que destapar. Casi nadie duda sobre la mala gestión de la entidad y la existencia de delitos de estafa y administración fraudulenta, entre otros.

La gestión de Bankia y la investigación en torno a las condiciones en que ésta se desarrolló desde su creación comienza a dar sus frutos. Prueba de ello es la dimisión de Francisco Verdú, consejero delegado de la entidad desde tiempos de Rodrigo Rato y renovado por Giorigolzarri, y único de los 33 exconsejeros del grupo que siguió en su cargo tras la nacionalización del banco. Su renuncia se produjo tras admitirse ayer a trámite por la Audiencia Nacional la querella presentada contra los anteriores administradores de la financiera, con el fin, según palabras de Verdú, de no perjudicar en lo más mínimo a la entidad. Esta decisión responde claramente, a juicio de los internautas, a que hay mucho fraude que destapar. Casi nadie duda sobre la mala gestión de la entidad y la existencia de delitos de estafa y administración fraudulenta, entre otros.

La admisión a trámite de la querella, presentada por UPyD, ha supuesto quereal expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a más de 30 consejeros de las cajas que componen el grupo. Entre ellos, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, o el exministro Ángel Acebes. La fiscalía anticorrupción informó a favor de la denuncia, en la que se acusa de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y administración fraudulenta. Y todo ello partiendo de la constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de Bankia, y acabando con su nacionalización.

La denuncia de UPyD asegura que, en cuanto al rescate de la entidad, se mintió sobre su supuesta solvencia y el hipotético ejercicio realizado, en orden a anticipar pérdidas futuras y sobrellevar escenarios de estrés. Todo ello se confirmó, a juicio de la denuncia, con el rescate y nacionalización de Bankia y la reformulación de las cuentas, `evidenciando la falsedad contable anterior´. En cuanto a la salida a bolsa de Bankia, se censura la falta de comunicación a los inversores sobre los riesgos reales de adquirir acciones de la entidad, máxime cuando esos riesgos `han quedado en puras anécdotas a la luz de lo ocurrido pocos meses después´. La comercialización de participaciones preferentes como vía añadida de financiación por parte de Bankia y de las cajas de ahorros integradas en el grupo también fue objeto de denuncia, y ello por tratarse de `un producto de inversión muy complejo que se ha ofertado de forma deliberada a clientes con escasos o nulos conocimientos financieros´.

Son todos estos motivos los que ha tenido en cuenta la Audiencia Nacional para considerar que hay indicios suficientes como para abrir una investigación y requerir a Bankia y BFA todo tipo de documentación sobre las operaciones llevadas a cabo por la entidad, entre las que se incluyen los informes sobre las sucesivas peticiones de ayuda al Frob, las operaciones de crédito a favor de partidos o grupos políticos con representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la caja de ahorros de que se trate, o la existencia de cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración.

En el caso de Verdú, éste se incorporó a Bankia el 16 de junio de 2011, la víspera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que debutó el 20 de julio del pasado año.

BUSCAR LA VERDAD

La respuesta de la Audiencia Nacional a la denuncia del partido que lidera Rosa Díez confirmó las afirmaciones que, desde hace meses, vienen repitiéndose en la red: hay irregularidades en la gestión de Bankia y éstas deben investigarse para arrojar luz en un asunto que ha supuesto mucho dinero a los contribuyentes. Los internautas pidieron a la Justicia `llegar al fondo del asunto´, aunque tampoco se dejaron de lado ciertos efectos colaterales de la investigación. `Si ahora empezamos a deshacer el salvamento´, aseguró un lector, ello se traducirá en `más desastre y más gasto´. El problema es que `ya sabemos quién´ deberá responder con dinero de su bolsillo. En todo caso, prima la necesidad de investigar. Es hora, a juicio de la opinión pública, de `depurar responsabilidades´ y de lograr `que devuelvan absolutamente todo lo que se han llevado los delincuentes de guante blanco´.

En otro sentido, algunos lectores se preguntaron por qué UPyD está `tan interesada en el tema de Caja Madrid´. `Parece no interesarle qué ocurrió en otras cajas, por ejemplo, en Caja Castilla La Mancha, o no sé qué Caja de Valencia o no sé cuál Caja de Galicia. ¿Demuestra que el uso y abuso de dineros públicos le trae al pairo y sólo se interesa cuando hay accionistas?´, denunció un lector. También se habló sobre el escaso interés que otros partidos políticos han puesto en la investigación del caso de Bankia, aunque para algunos la respuesta es muy clara: exceptuando a UPyD, el resto de partidos políticos `están representados en el consejo de administración de Bankia y de las 7 Cajas que la integran (aquí no se echa a nadie), incluyendo CCOO y UGT´.

En la misma línea, la opinión pública criticó que tanto el PP como el PSOE no estén por la labor de crear una comisión que investigue a Bankia, y lo hicieron apelando a la falta de división de poderes y a la presencia de la política en todas las escalas de poder en el país. Esta continua y robusta interconexión entre Gobierno y sector financiero estuvo en el punto de mira de los lectores, y se criticó que la corrupción que ello genera no tenga límites. `el verdadero poder lo tienen los políticos en España: legislativo, ejecutivo y judicial, donde se han repartido hasta el Tribunal constitucional´, criticó un internauta, que señaló que `quizás sea un reparto parecido a lo que ha ocurrido con el dinero de Bankia´.

Por este mismo motivo, lo cierto es que los comentarios de los lectores no dejan ver demasiado optimismo sobre el resultado del proceso que sigue la Audiencia Nacional. A su juicio, aunque `las ratas comienzan a abandonar el barco´, resulta poco probable que éstas acaben pagando judicialmente por su gestión durante la creación y hundimiento de Bankia. Es más, los supuestos responsables de la falsa situación de la empresa y de otros muchos delitos se llevan por el camino `la barriga y los bolsillos llenos´.

`Desgraciadamente, aquí no hay justicia, los banqueros siempre caen de pie´ señalo un lector. En la misma línea, la opinión pública sentenció que `funcionarios o jubilados´, por poner un ejemplo, serán quienes deben ir preparando la cartera. Esos errores y esos sueldos millonarios procedentes de la entidad `los van a pagar los ciudadanos´, además del pequeño accionista, al que `por desgracia, ya timaron´.

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