edición: 2365 , Viernes, 15 diciembre 2017
16/10/2012
El 12% de quienes dejaron España este año son españoles

La opinión pública critica que siga el número de empresas públicas mientras los españoles se ven abocados a emigrar

Los lectores ven con impotencia cómo el número de empresas públicas locales creció con la crisis y no se ha reducido con el plan del PP
Mientras, el INE asegura que en los nueve primeros meses del año se han ido de España 420.150 personas, un 21% más
ICNr

La llegada oficial de los `hombres de negro´ del FMI a España para vigilar de cerca a la banca nacional coincidió con nuevas malas noticias sobre el estado de la economía nacional. Dos estadísticas sobre indicadores muy distintos se conjugaron ayer para dar lugar a un intenso debate público sobre el peso de la Administración pública y, por otro lado, sobre la `fuga de talentos´ que, de un tiempo a esta parte, promete dejar al país huérfano de mentes brillantes con las que hacer frente a los retos del futuro. El resumen no resulta alentador: las cifras demuestran que las cosas malas, como el gasto desmesurado, no cambian o no lo hacen como deberían y, tal vez por ello, cada vez más ciudadanos tiran la toalla y dejan de confiar en España como lugar en el que hacer realidad sus planes de vida.

La opinión pública conoció ayer que, desde 2001, la Administración local -ayuntamientos y corporaciones locales- ha duplicado el número de empresas de su titularidad, hasta alcanzar las 1.449. El dato no resultaría tan transcendente de no ser por que el mayor incremento del número de empresas se ha experimentado, precisamente, durante la crisis, provocándose un auténtico descontrol en el crecimiento del sector público a nivel municipal. Así, de la mano del crecimiento del déficit, el número de estas instituciones ha aumentado un 20,6 por ciento desde 2007, paralelamente a una deuda acumulada de 28.000 millones entre todos los ayuntamientos. A ello se suma que, desde 2009 se han creado más de 200 empresas.

Estos datos chocan frontalmente con uno de los principales objetivos del Gobierno: reducir el tejido de la Administración pública, no sólo a nivel estatal sino, fruto de las competencias centrales en la Administraciones locales, también en ayuntamientos y corporaciones. Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido recientemente que sus planes para hacer frente a este problema no han tenido, a día de hoy, el efecto esperado. Hace una semana, en respuesta a una pregunta planteada por la diputada socialista Meritxell Batet, el PP aseguró que, desde la aprobación del plan para la reducción del número de empresas públicas -un plan destinado a suprimir entre el 50 y el 70 por ciento de estos organismos, mediante un plan de eliminación de duplicidades, privatización de algunas de estas empresas y cierre de otras-  no se ha conseguido aún ahorrar en este ámbito. Es más, durante el primer semestre del año no se ha suprimido ninguna empresa, aunque el Ejecutivo aseguró que hay procesos de fusión, supresión o desinversión en al menos 28 empresas públicas.

La consecuencia directa es que este indicador de ahorro debe tacharse de la lista y, con ello, el país se aleja un poco más del cumplimiento del objetivo de déficit para este año y, probablemente -dado el ritmo de reducción de empresas-, también para el siguiente ejercicio. A ello se suma el desastre de las cuentas de las autonomías donde, además, el Estado no puede `meter mano´ y, por otro lado, queda pendiente la propia fusión de municipios, una idea que la opinión pública trae a colación constantemente pero que permanece adormecida en el discurso político, a pesar de su importancia de cara a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Mientras, desde el Gobierno se muestra estos días su cara más optimista y, para contrarrestar el efecto de la falta de resultados a pequeña escala, se hacen públicos sus planes -que no realidades- a escala central: en total, se prevé la supresión de 140 puestos de directivos antes de finales de este año, lo que permitirá al sector público empresarial, según el Ejecutivo, `un ahorro de 9,7 millones de euros, unido a la limitación de las retribuciones de los consejeros restantes y a otras medidas de reestructuración adoptadas en el marco del plan de reestructuración y racionalización del sector puesto en marcha por el Gobierno´.

En este sentido, desde Hacienda se asegura que ya se han liquidado 117 puestos de consejeros en empresas públicas, si bien hasta final de año `está prevista la desaparición de 140 consejeros´ tras diversos procesos de fusión o desaparición de algunas empresas, lo que generará un ahorro de 2,3 millones. `Era un proceso necesario porque veíamos que (el sector público empresarial) estaba totalmente sobredimensionado, tanto las estructuras de los directivos de las empresas, en muchos casos con retribuciones que excedían de las responsabilidades que tenían contraídas; como en el número de los consejeros´, destacó la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, en el Congreso. Pareciera, a juicio de la opinión pública y a través de las declaraciones de Platero, que ya está todo hecho en materia de recorte administrativo, cuando lo cierto es que la poda debería ser infinitamente mayor y, por tanto, no ha hecho más que comenzar.

AGUANTAR HASTA QUE LA CIUDADANÍA EXPLOTE

En este contexto, la opinión pública se centró en el hecho de que la clase política está posponiendo por todas las vías posibles la ardua pero necesaria tarea de adelgazar sus propias filas. Ello pasaría por eliminar a toda clase de `enchufados´ que, más o menos relacionados con distintos partidos políticos, forman parte de una estructura estable adherida al gasto público que cuenta con el Estado como sustento y que difícilmente podrá eliminarse si no existe la más imperiosa de las necesidades. La idea es, por tanto, que las quejas ciudadanas no están siendo lo suficientemente fuertes como para obligar al Gobierno a podar su propia estructura y que, mientras, éste aplaza lo inaplazable culpando a quien sea necesario con tal de no hacer frente o posponer tal tarea en la medida de lo posible. `Eliminar esto será difícil: los políticos esperaran a que el pueblo reviente primero y luego, si eso, despedirán a los inútiles, pero primero que reventemos nosotros...´, resumió un lector.

En definitiva, `extrañaría bastante´ que el PP sea capaz de superponerse a la presión de los suyos, que `no tienen por qué ser precisamente afiliados´ sino que a veces son los cercanos en forma de marido (Cospedal) o hermanísimos y amigos de todo pelaje´, opinó un internauta. Ello es algo que, según se quiso dejar claro, ocurre con todos los partidos, sean grandes o pequeños, aunque `en los grandes más´. La culpable: la propia cultura española, que dista mucho de `la del esfuerzo y la de la ética de la responsabilidad´. Esta tara de la política española y del propio carácter de los ciudadanos es el motivo por el que resulta imposible algo tan racional como eliminar `empresuchas´ mientras se robustece el sector público y se dignifican sus funciones. Y es que algo malo pasa cuando lo público se convierte siempre en ejemplo de ineficiencia. Al contrario, el camino es que `el sector público se convierta en el motor económico de España´, ya que, de lo contrario, `no habrá recuperación económica´.

HUÍDA DE ESPAÑA, FUGA DE TALENTOS

A las malas cifras del gasto público -que, por otro lado, no sorprenden a nadie- se sumaron malas noticias en cuanto al flujo de personas en territorio nacional. Según los últimos datos publicados por el INE, en los nueve primeros meses del año se han ido de España 420.150 personas: de ellos 365.238 eran extranjeros y 54.912 españoles, lo que, en total, supone 37.539 personas más que en el mismo periodo de 2011, y ello sobre todo por la emigración de los españoles.

En total, los nacionales que han salido de España han aumentado un 21,6 por ciento, pasando de los 45.161 que se fueron entre enero y septiembre de 2011 a los 54.912 este año. Además, en cuanto al saldo migratorio -la diferencia entre las personas que entran y las que se van-, éste fue de -137.628 personas -de ellas 25.539 españoles y 112.089 extranjeros- y por primera vez ha sido negativo respecto a los españoles en todas las comunidades autónomas.

En este contexto, la percepción de los ciudadanos es que, por culpa de la crisis, `se van los buenos´: los científicos, las personas altamente formadas que no encuentran un hueco en que desarrollar sus habilidades... y también quienes emprenden ahora el camino de vuelta a sus países de origen y que tanto han ayudado a sustentar el desarrollo económico del país. Mientras, dentro de las fronteras nacionales, se alimenta paralelamente el separatismo. Son signos, todos ellos, del declive del país, que llevan a plantearse irremediablemente hasta qué punto la crisis está tocando de muerte a la idea de España que se gestó con la llegada de la democracia y, sobre todo, cuáles son las vías de solución para regenerar ese sentimiento nacional tan dañado durante los últimos años. Y es que cuanto más roto se encuentre el país, menor será el sentimiento de responsabilidad hacia su buena marcha.

La consecuencia de todo ello es que nos encontramos precisamente en la misma situación que quienes hace unos años probaron suerte en el país. `Ya no vienen inmigrantes, ahora huyen de España...y nosotros enviamos universitarios y gente poco cualificada, exactamente como hacen ellos´. Una cura de humildad para quienes miran hacia la inmigración como causa de muchos de los males actuales. `Se entiende que la gente está quemada, que se desespera al ver que opta a pocos trabajos en los que se pague bien... pero de eso no tienen la culpa los inmigrantes, sino el sistema que lo favorece´, aseguró un internauta.

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