La opinión pública da por hecho que el PP
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
02/09/2013
Ocultación de pruebas

La opinión pública da por hecho que el PP eliminó información de los discos duros para ocultar su contabilidad en B

Los ciudadanos achacan al juez Ruz no haber tomado las precauciones necesarias para evitar la destrucción de pruebas
ICNr

La vuelta de las vacaciones viene cargada de polémica para los miembros del Gobierno, esta vez no tanto por sus últimas decisiones políticas, reveladas el pasado viernes en un nuevo Consejo de Ministros, sino por la sombra del caso Bárcenas y la sorpresa de la destrucción de cualquier huella indiciaria de los ordenadores requisados por el juez Ruz. A los ciudadanos no les sorprende que el Partido Popular (PP) haya hecho lo posible por eliminar cualquier prueba -es algo que se da por hecho, en la mayoría de los casos-, pero sí que el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso no tomara las medidas pertinentes a tiempo para evitar la eliminación de pruebas. En cuanto al alegato del PP, el protocolo habitual de borrado de datos en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, internautas y juristas se encargaron de desmentir en la web la supuesta ilegalidad de mantener intacta la huella del extesorero del PP a su paso por el partido. Todo lo contrario: los populares podrían enfrentarse a un delito de encubrimiento y destrucción de pruebas, según fuentes jurídicas.

El escándalo de los discos duros -uno eliminado por completo, otro formateado- de los dos ordenadores, que se encuentran ahora en pleno reconocimiento pericial, se suma así a la lista de puntos negativos que el partido acumula en su haber. Prueba de ello se encuentra en la velocidad a la que la noticia se difundió a través de las redes sociales. Twitter se inundó en comentarios de sorpresa e indignación desde el primer momento cuando, el pasado jueves, aparecieron las primeras noticias que apuntaban hacia el vaciado de información. Lo cierto es que el PP ya admitió en su escrito del pasado 20 de agosto -que acompañó a los ordenadores- ante el juez que los datos fruto del uso de Bárcenas de esos aparatos se había eliminado. Además, desde el PP se ha negado que, tal y como viene afirmando el extesorero, fuera posible que éste extrajera información sobre la supuesta contabilidad en B del partido a través de un pen drive, ya que uno de los dispositivos (un ordenador Toshiba de modelo bastante antiguo) no cuenta con salida para este tipo de herramienta.

Mientras, desde la web, distintas voces autorizadas se han encargado de echar por tierra la `excusa´ del Partido Popular. En un escrito, la formación aseguró que el partido cuenta con un protocolo `de utilización y reciclaje de material informático´ que consiste en `reformatear´ el disco duro de los ordenadores que fueron usados por otra persona para que pueda ser utilizado por otro usuario. En esta línea, el vicesecretario general de organización del partido, Carlos Floriano, explicó la semana pasada en esta tesis en una rueda de prensa en Cádiz, asegurando que PP `actuó con ese material (el de Bárcenas) del mismo modo que actúa con el resto de material informático del partido´. Según la nota, si el equipo ha sido utilizado por personas `que hubieran podido manejar información sensible, se procede a la destrucción de los sistemas de almacenamiento´. De ahí que ni un ordenador ni otro contengan, en definitiva, información, con lo que los peritos siguen con las manos vacías.

SIN RESPUESTAS DESDE EL PARTIDO

La cúpula del partido, por su parte, sigue evitando pronunciarse sobre este punto. Tal y como corroboró el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mantiene el discurso de que el caso Bárcenas está inmerso en un procedimiento judicial que `el Gobierno tiene que respetar´ y, por tanto, `no puede entrar a valorar´. Esa insuficiencia de explicaciones, sin embargo, se ha suplido con rapidez por parte de la prensa y de asociaciones de internautas e incluso de jueces, que explican hasta qué punto se ha utilizado el eliminado de datos `por lo sano´ en otros casos paralelos, o qué exigencias contiene realmente la Ley de Protección de Datos realmente. Estas agrupaciones -por ejemplo, Jueces para la Democracia, de corte progresista- aseguran que la actitud del PP despierta muchas sospechas y que éste podría haber cometido un delito con sus acciones, por mucho que intente negarlo. Es más, para la Asociación de Internautas (AI), la propia normativa `impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso´. El problema es que desde el partido se asegura que el borrado se produjo a mediados de 2012, y que el propio Bárcenas sustituyó el disco duro de ese portátil en octubre del pasado año. Se trata, en definitiva, de la palabra del partido contra la de Bárcenas.

SIN SORPRESAS PERO CON INDIGNACIÓN

La idea de que el Partido Popular haya podido propiciar desde su propia organización el borrado y eliminación de datos que puedan inculpar a la formación no suena nada descabellada para los internautas. Es más, a pesar de la velocidad con la que la noticia se difundió, pocos aseguraron sorprenderse por esta noticia, y sólo se escucharon recriminaciones hacia la actitud del juez Ruz, que, a juicio de los lectores, debió actuar con mayor rapidez y prever que el PP trataría de deshacerse de cualquier prueba. `¿No ha pasado mucho tiempo desde que el juez avisó de que iba a pedir los ordenadores hasta que finalmente lo ha hecho? En el caso de que se quisieran borrar pruebas, se ha dejado mucho margen de tiempo´, aseguró un lector. El resultado es que la opinión pública recrimine incluso a la Justicia, asegurando que es demasiado sospechoso que el juez de la Audiencia Nacional haya dado tanto tiempo al partido para presentar la información contenida en los ordenadores.

Las noticias de los últimos días suponen, en resumidas cuentas, un insulto más a la inteligencia de los ciudadanos y del propio sistema judicial, que se muestra inservible para cumplir con su cometido en un momento en que las instituciones democráticas se encuentran en entredicho. Nadie espera explicaciones realistas del lado del Gobierno; sólo discursos huecos y evasivas que, una vez más, prometen demoetrar hasta qué punto la democracia tal y como se conoce en el país  se encuentra en una profunda crisis de confianza. Para los ciudadanos, el hecho de que sean exigibles ciertas explicaciones cuanto antes se traduce irremediablemente en que éstas no llegarán y, lo que es peor, fallan estrepitosamente las vías de presión con las que obtener respuestas claras.

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