edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
16/11/2012
Tras el Real Decreto-ley que fija una `tregua´ en los desahucias

La opinión pública demanda cautela a la hora de reformar la Ley Hipotecaria para no cerrar el acceso a la vivienda a las rentas más reducidas

Se teme que se cree una ley `en caliente´ que modifique el modelo de acceso a la vivienda y aumente la morosidad, al favorecer el impago de las rentas más bajas
Los lectores creen que los `mileuristas´ perderán la opción de comprar y demandan al Estado que ponga en marcha más inmuebles en alquiler público
Soraya Sánez de Santamaría y De Guindos en la reuda de prensa del último consejo de ministros

Las medidas que el Gobierno, en solitario, aprobó en el Consejo de Ministros de ayer para frenar el drama de los desahucios, generaron todo tipo de reacciones en la red. Por exceso o por defecto, los comentarios de los internautas resaltaron tanto el escaso calado de las reformas como todo lo contrario: los foros económicos se plagaron de comentarios sobre el `cuidado´ que hay que tener con la nueva norma, ya que puede constituir el `golpe definitivo para disparar la prima de riesgo´ y provocar la desaparición del régimen hipotecario `típico´, tal y como se conoce en España. 

Tal y como se esperaba, el Gobierno opta por paralizar los desahucios durante dos años para los colectivos especialmente vulnerables, creándose paralelamente un fondo social de viviendas. Además, el Real Decreto-ley –instrumento utilizado, por una vez, de forma acorde a su definición-  fija como umbral de exclusion para este regimen las rentas anuales inferiores a 19.200 euros con doce pagas, es decir, quienes tengan un nivel de renta inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 1.600 euros mensuales. También se aplica a familias numerosas con menores de tres años a su cargo, con personas en situación de incapacidad o dependencia, deudores en paro y sin prestación por desempleo, y determinados casos de violencia de género. 

Estas recetas constituyen una `primera fase de medidas para proteger a los deudores hipotecarios, una primera fase para atender a los colectivos de mayor vulnerabilidad´, según explicó la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría en rueda de prensa.

Sáenz de Santamaría también precisó que el nuevo decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera aportaciones `de todos los grupos, especialmente PSOE´, con el que estos últimos días mantuvo conversaciones para intentar pactar las medidas. Sobre la creación del fondo de viviendas, éste estará constituido por un parque de inmuebles destinado al alquiler con precios `bajos´ para personas que no tengan hogar. Este fondo de viviendas ofrecerá alquileres a `precios muy razonables.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que compareció junto a la vicepresidenta, explicó que la bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos, algo celebrado por los internautas, aunque no deje de ser irónico que los pisos embargados se conviertan en los pisos de alquiler para los desahuciados. 

Con respecto a la posibilidad de que las medidas aprobadas se traduzcan en un aumento de la morosidad, De Guindos se mostró rotundo al descartar esa posibilidad, dado que los nuevos cambios se han limitado a circunstancias de `necesidad´, sin generalizarse ni permitir acogerse a este paraguas a quien no padezca esas excepcionales circunstancias. `La mora hipotecaria es baja y seguirá siendo baja´, sentenció el ministro, para después subrayar que las hipotecas en España `se pagan´, lo que constituye una `fortaleza´ del país. `Las nuevas medidas sobre desahucios no van a perjudicar que las deudas y sus intereses se devuelvan´, enfatizó.

EL MODELO HIPOTECARIO, EN PELIGRO

La opinión pública, sin embargo, no lo tuvo tan claro, especialmente si se atiende a los comentarios vertidos en foros económicos. Si bien el problema de los desahucios es claramente el más inmediato y grave al que debe hacer frente el Gobierno, también es cierto que los efectos de las soluciones por las que se opte pueden suponer cambios muy relevantes en la configuración del mercado hipotecario en España y de la marcha del sector bancario. Por eso, se advirtió que hay que tener `mucho cuidado con esta ley´, que puede ser `el golpe definitivo para disparar la prima de riesgo´. La explicación se encuentra en los intereses de los inversores internacionales, que tienen `más de 400.000 millones de euros invertidos en activos respaldados por hipotecas españolas´. `Si a mitad de partida se cambia la ley y se les dice que esas hipotecas no respaldan su inversion, venderán automáticamente sus cédulas y dispararán la prima de riesgo española´, aseguró un lector. En definitiva, aunque la solución `de corazón´ sea la dación en pago y el alojo en viviendas sociales, `los contratos están para cumplirlos y, de lo contrario, pasaremos a ser un país bananero sin seguridad jurídica´. 

De momento, y en contra del clamor general de los ciudadanos, no habrá reforma alguna de la Ley Hipotecaria. Si ésta se lleva a cabo en un futuro, el Gobierno tendrá que consultar antes a la Comisión Europea, al BCE e incluso al FMI, en caso de que las futuras medidas de reforma tengan impacto en el saneamiento del sector financiero y en los objetivos fijados por la Eurozona en el rescate a la banca nacional. Las viviendas seguirán tasándose igual, los desahucios seguirán produciéndose de la mis a forma, y la banca podrá seguir quedándose con las viviendas fruto de las ejecuciones hipotecarias por el 60 por ciento del valor de tasación del que se parta en la subasta, ya de por sí muy inferior, por regla general, del valor que supuso el préstamo concedido en su día al deudor hipotecario. La única novedad reside, por tanto, en `frenar´ los procesos en casos de falta de recursos, dejándose una modificación más profunda para un momento posterior. 

Ello no evitó que los lectores pronosticaran una reforma `en caliente´ que podría tener consecuencias desastrosas para la economía. Algunos internautas temieron que la `manipulación mediatica´ provoque la `desaparición del régimen hipotecario típico de España´. Desde este punto de vista, si se acota demasiado la legislación hipotecaria, cabe la posibilidad de que `el personal mayoritariamente no pueda aspirar más a tener su propia vivienda, como ocurre fuera de España´. En definitiva, para los lectores, la banca se va a ver obligada a atar las nuevas hipotecas de forma más rígida, lo que las convertirá en prohibitivas para la mayoría. A su vez, no existe en España un volumen suficiente de viviendas gestionadas por las distintas Administraciones para ofertarlos en alquiler económico, a lo que se suma la voluntad del legislador de quitar competencias en material de vivienda –y, por tanto, también de planificación social- a los ayuntamientos, entes que, a juicio de algunos comentaristas, pueden gestionar de forma más eficaz las necesidades de alojamiento en caso de exclusion social. Por tanto, si la idea es caminar hacia un cambio de modelo en el acceso a la vivienda, éste deberá acompañarse de instrumentos públicos suficientes para hacer frente a la demanda real de los ciudadanos. 

Los ciudadanos también mostraron sus dudas sobre ese posible aumento de la morosidad que De Guindos negó rotundamente ayer. Algunos lectores prevén que `las familias con menos de 19.000 de ingresos al año, `que van a ser la mitad del país, de mileuristas para abajo´, se `olvidará de pagar su hipoteca´ y las que no la tengan `se olvidarán de pedir una hipoteca al banco´. `¿Qué entidad va a dar una hipoteca a una familia con estos ingresos si no va a poder embargar la vivienda cuando no pague? Es una medida justificable, pero que va a tener un coste que la sociedad debe asumir y, aunque tampoco se acaba el mundo, las familias con esos ingresos tendrán que buscar alquiler o vivienda social, si es que el Estado y las comunidades autónomas están dispuestas a asumir su responsabilidad en vez de echar balones fuera a la banca´, concuyó un lector.

Hay, sin embargo, determinados aspectos por reformar sobre los que existe unanimidad. Tal es el caso del elevado coste de la mora, que puede llevar a duplicar la deuda inicial. Los socialistas han propuesto, en este sentido, que mientras dure la negociación no se acumulen intereses estos intereses. En todo caso, para cualquier reforma en este sentido, sería necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria. También para elevar el límite de pago por la entidad financiera en subasta, en caso de que no acuda ningún postor. El actual límite del 60 por ciento –antes era del 50- sigue siendo, para muchos, perfectamente insuficiente, vulnerando los derechos de los ciudadanos que se vean abocados a este procedimiento. `Ahora la responsabilidad sólo la asume el cliente, ya que el banco se adjudica la vivienda a un precio de ganga y la deuda continúa por el resto, porque a las subastas no va nadie y son todas desiertas, y se las adjudica en banco en el 99 por ciento de las ocasiones por la postura mínima para el ejecutante´. Se puso la lupa, además, en la `trampa´ que supone que ese límite del 60 por ciento sólo se aplique en caso de que el inmueble embargado se trate de la vivienda habitual del ejecutado. `Si no es una vivienda habitual, pues pueden adjudicarsela por el 50 por ciento del valor de tasación o la cuantia de la deuda que reste por pagar, a elegir por el banco lo que más le interese´. 

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