edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
28/12/2011
EL Ejecutivo se enfrenta al reto de la reforma laboral

La opinión pública, en contra de que Rajoy restaure la tributación de las indemnizaciones por despido

A pesar de que se prevé un mínimo exento de 20 días por año, ello no hará más que perjudicar nuevamente a la clase media
El estreno de Ana Botella como alcaldesa de Madrid acaparó cientos de comentarios: su primer anuncio habla de liberalizar el comercio
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
ICNr

La posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy decida gravar en la declaración del IRPF las indemnizaciones por despido se convirtió ayer en el tema económico más comentado en la web, `meneado´, además, por cientos de internautas. La noticia, que hizo referencia a los  `grandes escollos´ que bloquean el acuerdo de sindicatos y empresarios para lograr una reforma laboral, aseguró que, con independencia de tales negociaciones, el Gobierno está estudiando la posibilidad de gravar las rentas obtenidas tras el cese. Eso sí, aplicándose a las indemnizaciones con una retribución de 45 días por año trabajado, y salvando un mínimo exento que corresponda a los 20 primeros días.

La conclusión es que el trabajador podrá optar por una indemnización de 20 días por año sin pagar impuestos, o de 45 días tributando en el IRPF al tipo máximo. Por ello, los lectores entendieron que con esta medida se busca aplicar de forma retroactiva y voluntaria las reformas de abaratamiento del despido que se preparan para el futuro, cubriendo todos los casos posibles. En definitiva, tal y como se comentó en Twitter, `el Sr. Rosell sigue escribiendo su carta a los Reyes Magos´, y el PP promete cumplir muchos de sus deseos.  De ahí que los internautas lanzaran duras críticas contra una reforma que no haría más que perjudicar a los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los despedidos afectan a la clase media y, por tanto, la pérdida de valor de su indemnización les provoca un grave perjuicio económico.

El caso es que la propuesta busca precisamente el efecto contrario al deseado por el Ejecutivo socialista. En enero de 2010 se eliminó la tributación para los despidos producidos por un ERE, ya que el resto de despidos no tributaban y, por tanto, se daba una situación discriminatoria. Ahora, la reforma que plantea el PP implica hacer pagar a cualquier persona que sea despedida, ya sea con carácter individual o colectivo. En este sentido, aunque se entiende que el Ejecutivo tenga que `sacar de donde sea´ para lograr reducir el déficit, la opinión pública considera que no es justo que se haga siempre a costa de la clase media.

Y es que el dinero que se quiere retener al desempleado es el destinado a que ` pueda sobrevivir hasta encontrar un nuevo trabajo y que en la actual situación de crisis y desempleo es algo vital para que muchas familias puedan salir adelante, pagar la hipoteca y no caer en el desahucio´. No es el caso más generalizado, pero, desde luego, los internautas tuvieron claro que esta medida dificultará mucho las cosas a un amplio sector. En este sentido, tal vez haya `gente con despidos millonarios´, pero `el que de verdad sea despedido y se encuentre en la calle sin medios´ no debería tener que ver cómo `le quitan lo suyo´. Sobre todo cuando no se aplica lo mismo, al menos de momento, `ni a los políticos, ni a los banqueros´, y `metemos la tijera a los funcionarios, a la sanidad, y a la educación´. `¿Por qué no revisan todos los despidos que se hicieron en las cajas con dinero público?´, pidió un internauta. `Son de escándalo: el 95 por ciento de salario neto hasta la jubilación´.

Indagando en esta idea, los internautas comentaron que tal vez no sea conveniente que se pretenda reducir el déficit de forma tan drástica y en tan poco tiempo, sobre todo porque, ante la ausencia de ideas más creativas que aprieten las tuercas a las clases altas en lugar de a la media, puede llegar un punto en que tanta presión se vuelva insostenible y ello no ayuda a la recuperación. Por eso, algunos lectores se preguntaron si es mejor `arrancar la tirita´ de una sola vez, o si resultaría más eficaz a la larga hacer los deberes despacio y con buena letra.

En todo caso, también hubo voces a favor de la medida, y ello porque `la indemnización por despido es una renta más, y por tanto susceptible de tributación´. Por ello, siempre que se establezca un mínimo exento por su carácter indemnizatorio, el gravamen no tendrá nada de incorrecto. Así se evitan los casos de quienes `cobran un pastón de indemnización, no pagan nada y en seguida están contratados otra vez en otra empresa´. Algunos denunciaron que en muchas empresas se use el despido con indemnización al llegar a los 60 y, `tras un par de años en el paro, luego se jubilan´. Algo que se considera `sumamente injusto para todos´.

Otros ironizaron advirtiendo que, desde luego, con políticas de este tipo `sí que se va a fomentar que se creen empresas´, y ello porque `van a poner a los trabajadores por cuenta ajena en una situación tan límite que no nos va a quedar más remedio a todos que cocinarnos y guisarnos el chiringuito´, aunque no hay que olvidar, tal y como lo hicieron varios lectores, que en estas elecciones `no hemos elegido nada´ porque los mercados son quienes `mueven los hilos del mundo´ y `mientras no haya dinero que gastar (España tiene un déficit estremecedor) los partidos que gobiernan deciden más bien poco´.

En esta línea, se defendió que ´lo que está claro es que los mercados gobiernan y los mercados especulan: esta vez la especulación se ha ido de las manos (como pasa una vez cada ciertos años) y el que paga el pato es el trabajador´, aunque el `abismo´ que se avecina, se señaló, `no va a ser nada más que unos años malos para el trabajador medio´ durante los cuales habrá que `padecer y pagar un error que no es nuestro, pero el propio mercado se encargará de que volvamos a flotar, para volver a especular´. En definitiva, `los políticos en crisis son puras marionetas, y quien piense lo contrario es un iluso´.

ANA BOTELLA SE ESTRENA EN MADRID

Ana Botella, la ya nueva alcaldesa de Madrid tras la renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón al ser nombrado ministro de Justicia, también acaparó comentarios de cientos de lectores. Botella se estrena proponiendo poner en marcha la eliminación de las trabas administrativas para abrir nuevos comercios, continuando la misma línea ya propuesta por Esperanza Aguirre y Rajoy.

Según declaró durante su discurso de investidura, la nueva alcaldesa eliminará todas las licencias necesarias para abrir una nueva actividad comercial siempre que el negocio no necesite declaración de impacto ambiental. Para los lectores de prensa económica, esta medida `es lo que se necesita para mejorar´: liberalización y supresión de trabas burocráticas, es el camino que debe seguirse, al menos según los defensores del lado empresarial. Pero del lado de los trabajadores las cosas no están tan claras y esta primera declaración de intenciones de Botella se tomó como un mal primer paso que recibió las mismas críticas que la propuesta de Aguirre semanas atrás.

A ello se suma que muchos internautas pusieron en duda la legitimidad del nombramiento de la nueva alcaldesa, reclamando incluso unos nuevos comicios. A pesar de ello, no pocos lectores insistieron a lo largo de la jornada en el hecho de que Ana Botella era segunda en la lista más votada y, por ello, quienes votaron al PP -y quienes no, también- deberían haber asumido que esta posibilidad existía. Otra cosa es que la posición de la nueva alcaldesa se deba o no en parte a su condición de mujer de José María Aznar, pero, en todo caso, los más cautos optaron por concederle el beneficio de la duda y aclarar que se trata de una persona altamente formada y con una larga trayectoria política.

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