edición: 2890 , Viernes, 24 enero 2020
27/01/2014
A raíz de los despidos en Coca-Cola

La opinión pública exige poner coto a la planificación fiscal agresiva y aboga por la unión fiscal en la UE

El caso de Coca-Cola, con un ERE en curso y la declaración de parte de su negocio en Luxemburgo, reabre el debate sobre la tributación de las multinacionales
ICNr

En un entorno en el que los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) se han convertido en una herramienta empresarial de recurso fácil para los empresarios, el caso de Coca-Cola resuena por encima de la media durante los últimos días, por lo legendario de la marca y por el elevado número de despidos que traerá de la mano. En total, la firma asegura que la reestructuración de sus plantas en España, debido a motivos de producción, afectará a unos 1.250 trabajadores, de los que 750 perderían su empleo. Sin embargo, mientras la empresa alega unas necesidades económicas que parecen insalvables, la prensa recogió ayer cómo ésta –o, al menos, alguno de sus miembros de élite- se valen de la planificación fiscal agresiva para proteger sus ingresos. La noticia sentó como un jarro de agua fría entre los internautas, que ven en Coca-Cola el paradigma de dos males clave del país: la `barra libre´ de despidos que ofrece la reforma laboral, y la falta de mano dura contra el fraude que cometen constantemente las multinacionales en el país. 

Se trata, en concreto, de un caso pero muy cercano a la firma: Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, el nuevo embotellador único de la compañía en España y Portugal, tiene una fortuna estimada, según distintos medios, de más de 850 millones de euros, aunque la cifra resulta difícil de acotar teniendo en cuenta `el complejo entramado de sociedades sin consolidar´ en el que se encuentra, según recoge la prensa. Eso sí, según el Registro Mercantil, la matriz de casi todos sus negocios está en Luxemburgo, que no casualmente es un país clave en cuanto a las ventajas fiscales que ofrece frente a España.

Daurella es, según recogió ayer elEconomista, la administradora única de Begindau, una sociedad instrumental que contaba a 31 de diciembre de 2012 con un patrimonio de algo más de 150 millones de euros. Es una firma domiciliada en Barcelona pero cuya sociedad matriz es Indau Sarl, una firma luxemburguesa. Aunque se trata de una forma de operar completamente legal, ésta tiene como telón de fondo la búsqueda de un ahorro fiscal nada desdeñable con respecto a lo que debería pagarse en este país, que se lograría, fundamentalmente, a través del reparto de dividendos, ya que la empresaria catalana no tendría que tributar por ellos aquí, sino en Luxemburgo. 

Según la misma información, prueba de la importancia de esta sociedad es que Daurella controla a través de ella un 36,46 por ciento en Cobega -la embotelladora catalana de Coca-Cola, fusionada ahora con el resto de operadores de la Península, pero que mantiene su propia personalidad jurídica y negocios individuales-; un 0,2 por ciento del Banco Sabadell o el 21,9 por ciento de la sociedad de inversión en capital variable Surfup, entre otras participaciones. 

Todo ello contrasta con la noticia del ERE que ya ha anunciado Coca-Cola en España, que afectará a alrededor de un 20 por ciento de la plantilla. Quienes no sean despedidos u opten por la prejubilación se verán reubicados y, probablemente, con un cambio de residencia, teniendo en cuenta que la empresa cerrará cuatro de sus plantas en España. La compañía ha anunciado, en concreto, el cierre de sus fábricas en Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), manteniendo en cambio abiertas las plantas de La Coruña, Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia. 

El plan de Coca-Cola cuenta, como no podría ser de otro modo, con el rechazo frontal de los sindicatos, especialmente porque se trata de una empresa muy rentable, a pesar de haber reducido sus ventas y beneficios. El año pasado, las antiguas embotelladoras, hoy fusionadas, alcanzaron una facturación de 3.660 millones de euros y en los dos últimos años han obtenido un beneficio global de casi 800 millones de euros. 

La respuesta por parte de los representantes de los trabajadores no se ha hecho esperar: habrá paros parciales durante cuatro días en febrero y paros totales fijados para dos días de la segunda mitad del mismo mes. Una contestación a la decisión empresarial que los internautas apoyan casi unánimemente, en con una reestructuración que enviará a cientos de personas a la cola del paro. 

COTO A LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA

Pero si hay un aspecto que provoca críticas generalizadas, ese es el de la ausencia de un control férreo de las prácticas de planificación fiscal agresiva –que no resultan ilícitas pero sí tachables éticamente, ya que implican tributar fuera del país por un único motivo de rentabilidad económica-, cuando no de `descarado fraude o evasión de impuestos´. Por eso, la opinión pública pidió una unificación fiscal en Europa que acabe de un plumazo con cualquier tentación de sacar el capital de España. 

Y es que da la impresión de que en el país `todo el que es alguien tiene cuentas en Suiza o empresas en Países Bajos´, mientras se defiende de forma hipócrita el sacrificio de la ciudadanía en general para soportar el peso de la fiscalidad impuesta desde Hacienda. `Ya se sabe... Nos apretarán más desde Hacienda a los cuerrelas y todo solucionado. Esto la casta lo tiene todo controlado´, resumió un lector. Otros optaron por la ironía: `Tiene derecho a llevar su dinero a donde quiera... ¿Por qué no?
Este es un país de chorizos, inútiles, y populistas...´

Con todo, no hay que olvidar que la enorme presión fiscal es un revulsivo para todos, y que la insurrección fiscal es bien recibida por los internautas cuando se trata de actua frente a un nivel de impuestos injusto y confiscatorio en algunos casos. Son, en definitiva, los `problemas que tiene vivir en un infierno fiscal como el nuestro; que el dinero va a otro sitio´.
`Si en lugar de intentar robarlo, cuidasen de él, tal vez vendría aquí en lugar de a Suiza, Luxemburgo, Austria, o cualquier otro país decente´, sentenció un lector. 

Un problema añadido es el destino que se dé a lo reaudado en España. Tal y como resumió un lector, `el problema real es que se hace luego con los impuestos, porque vale se podrían pagar aquí, pero luego ese dinero se lo reparten los ladrones que tenemos en las múltiples instituciones de todo tipo, políticas, sindicales (que es lo mismo) fundaciones, subvenciones a los afines, etc.´ Porque `al ciudadano cada vez le llegan menos y peores servicios, pero los impuestos son mucho más altos´.

Eso sí, cuando se trata de empresarios y, en general, de cualquiera que amase cantidades importantes de capital, la opinión pública saca su lado menos benévolo. Los internautas hablaron de técnicas posibles para evitar estos problemas, como obligar a las empresas fabricantes de productos en España a llevar en la etiqueta de su producto si contribuye con sus impuestos en España. `De esta manera será el consumidor final quien tome la decisión de comprar el producto fabricado en España, pero que, además, paga sus impuestos en España´.

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