edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
28/02/2012
A la espera del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera

La opinión pública pide al Gobierno firmeza ante el reto de obligar a las autonomías a eliminar empresas públicas

Las comunidades autónomas sólo han cumplido en un 13 por ciento el plan de reducción aprobado en julio de 2011
Los lectores definen la empresa pública como un medio que genera `beneficio cero´ y que sólo sirve para tapar agujeros de déficit
ICNr

La necesaria reducción del peso de las empresas públicas no está llevándose a cabo tal y como el Ejecutivo tenía planeado. Durante el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno pidió explicaciones a las autonomías por haber alcanzado tan sólo un 13 por ciento de los objetivos de reducción del sector público instrumental que se marcaron en julio de 2011, y esas explicaciones -o la falta de ellas- harán que la nueva cita con los representantes de las comunidades se convierta en el punto de inflexión que el Gobierno necesitaba para poder tomar cartas en el asunto, ante la ineficacia regional. En este marco, la opinión pública pidió ayer que la siguiente cita llegue pronto y que el Gobierno tenga preparada toda su artillería para obligar a las autonomías a cumplir con lo pactado. Gran parte del cumplimiento con el objetivo de déficit depende de esta reducción del tejido Administrativo, por lo que el redimensionaminto comienza a convertirse en la gran asignatura pendiente de Rajoy: los lectores creen que se le empieza a hacer `demasiado tarde´ para cumplir con la eliminación de empresas prevista, que supone sacar del mapa a un total de 446 entidades más antes de que acabe el año.

Los deberes de las comunidades comienzan a sumarse: no sólo está la reducción de empresas, sino también las directrices de austeridad que marque el Gobierno y los nuevos procesos de redimensionamiento que se aprueben. Por eso, los lectores temen que las comunidades nos sean capaces de asumir el compromiso a tiempo y que se siga arrastrando un gasto desproporcionado, sin que el Estado central esté haciendo todo lo posible por meter prisa a quienes incumplan. La idea es que, tal y como resaltaron en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, se creen sanciones en caso de que se traspasen los techos de gasto y deuda, en el marco de las exigencias que contendrá la Ley de Estabilidad Presupuestaria, actualmente lista para votarse en el Congreso.

En concreto, el compromiso adquirido por las autonomías en el Consejo de julio de 2010 era la reducción de 515 entes públicos y, aunque no se fijó en aquel momento un plazo concreto de cumplimiento, el ritmo del recorte es mucho más lento del que razonablemente cabría esperar teniendo en cuenta la urgencia de limitar el gasto público.

DÓNDE RECORTAR

Para la opinión pública, aunque es claro que es necesario meter la tijera en la estructura Administrativa con contundencia y rapidez, tampoco puede perderse de vista que hay que planificar detalladamente dónde debe recortarse. La pregunta clave es qué criterios son los que deben seguir las autonomías: si se va a `cerrar indiscriminadamente´ o si se va a permitir que sigan siendo públicas aquellas empresas que tengan beneficios. En este sentido, parece claro los `poquísimos´ entes que resulten rentables seguirán existiendo, por lo que hay que centrarse en cuáles serán los parámetros para cerrar las que no lo sean. En concreto, se pidió que los servicios relacionados con la educación y la sanidad permanezcan intactos, aunque no todos los lectores se mostraron de acuerdo en este punto. No hay que olvidar que el recorte parcial debe aplicarse a todos los niveles, sustituyendo personal ineficaz por eficiencia global.

Del mismo modo, los lectores tienen dudas sobre qué pasará con las empresas que se vendan. La percepción que la opinión pública tiene de este tipo de ente es clara: son, ni más ni menos, un medio para `enchufar a todos los amigos y familiares de los partidos´, en las que `están mangoneando todos los partidos políticos y sindicatos´. Son, además, y `en su mayoría´, empresas que `no dan servicio alguno, tienen más altos cargos que trabajadores, y se dedican mayoritariamente a mantener a los dirigentes de los partidos, a nivel de regiones, provincias y municipios´. Por eso, aunque se teme -y se pretende evitar- que éstas pasen `a manos de amiguetes, como ocurrió con Aznar´, poco importa si al menos se logra sacar estos entes del entorno de lo público.

Los internautas recordaron que las empresas públicas ha sido `una artimaña de todos los Gobiernos para tapar pufos, déficits y corruptelas, y colocar afines sin oficio ni beneficio, nóminas inútiles pagadas con impuestos de todos´. En definitiva, se ha creado riqueza cero a través de este instrumento y, por ello, hay que abandonar este camino antes de que acabemos en el `abismo a la griega´. En resumen: todo este `despilfarro´ lo pagamos todos y no se entiende que haya sectores que carezcan de medios suficientes para funcionar con normalidad (sanidad o educación) mientras a los políticos `no se les cae la cara de vergüenza de mantener con nuestro dinero a todas estas buitreras´.

PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS

Los lectores también diferenciaron entre el caso de los funcionarios de oposición y los puestos `a dedo´, de libre designación, de empresas públicas. No es lo mismo haber accedido a un puesto a través de un proceso riguroso como es la oposición pero, dejando a un lado los méritos del trabajador, lo cierto es que los internautas repartieron culpas por igual entre un sector y otro. La idea es la falta de eficiencia de lo público en general y, por tanto, los internautas se mostraron partidarios de recortar también entre el funcionariado de oposición.

Así, de un lado `hay que cargarse el entramado corrupto y de despilfarro de los caciques autonómicos y después, o a la vez, hacer cambios en la administración pública, que tiene muchos defectos´. Da igual, en definitiva, que quien mantenga a cualquiera a la espera `durante tres horas en el registro de entrada sea por oposición o sin ella´. Lo único que parece claro es que los funcionarios `hacen perder miserablemente el tiempo, esperando `lo indecente´. Todo eso hace llegar a la conclusión de que, en definitiva, `los funcionarios no funcionan y las oposiciones son la mayor estafa que se han inventado´.

Dejando a un lado ese debate, también se recordó que el gasto en personal no es el único por acotar. Los excesos de la clase política no dejan de estar en el punto de mira, y los internautas recordaron nombres, como el de Camps, Millet, o el PSOE andaluz en general, y criticaron que se suban impuestos y se abarate el despido -entre otras cosas- sin empezar a recortar desde arriba. Además, los lectores no olvidaron que el cierre de tantas empresas públicas supondrá poner en la calle a muchísimos trabajadores, engrosando la cola del paro. `¿Dónde colocamos a los cinco millones de parados?´, comentó un lector, recordando que a falta de un nuevo modelo productivo, no hay por dónde dar salida al ingente número de desempleados que se acumulan en el país. `Si esta es la manera que sabia el PP de crear empleo, deja mucho que desear´.

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