edición: 2977 , Viernes, 29 mayo 2020
28/05/2012
La entidad necesitará 19.000 millones extra

La opinión pública pide depurar responsabilidades ante la inyección millonaria en Bankia

La fórmula de los títulos de deuda pública convertible en liquidez parece el `mal menor´, pero se pide responder ante los inversores y buscar culpables
ICNr

La solución por la que ha optado el Gobierno para solventar la crisis de Bankia se convirtió en el tema más polémico del fin de semana: el Estado se encargará de inyectar directamente deuda pública en la entidad hasta cubrir los 19.000 millones de capital extra que necesitará. El Frob sólo cuenta con 5.400 millones de liquidez, frente a los 50.000 o 60.000 millones de euros que, según distintos analistas, necesitaría la banca española en general para afrontar los problemas del sector. Por eso, la fórmula para lograr esa liquidez sin acudir a los mercados o a los fondos europeos es la de inyectar en el activo de BFA títulos de deuda pública que podrán convertirse en liquidez. En definitiva, darle a la `máquina de crear deuda pública´, una solución que no gustó a la opinión pública y que supone trasladar la carga al grueso del problema los ciudadanos. 

Este instrumento consistirá en que los títulos puedan usarse como garantía en operaciones interbancarias, de forma que podrán venderse en el mercado o servir para colocar deuda indirectamente al BCE. Con ello se evita acudir a los mercados en busca de dinero cuando la prima de riesgo es tan elevada, y también pedir un rescate europeo para el sector bancario. En definitiva, se perfila como el `mal menor´ dentro de abanico de soluciones para la entidad, aunque esta fórmula también puede provocar un aumento de la desconfianza en el país y una penalización de la deuda ya en circulación. 

Ante este panorama, los internautas denunciaron que, aunque es cierto que el Gobierno busca la mejor fórmula para evitar la caída de la entidad, ello no deja de traducirse en cargar a las espaldas del contribuyente el peso de una mala gestión. `Los intereses de la deuda pública los pagamos los contribuyentes´, señaló un lector, que recordó que `de una manera u otra, se están socializando las pérdidas del ladrillo mientras siguen de rositas los causantes y beneficiarios de esta estafa´. La opinión pública pide, al menos, que su esfuerzo económico no sea en balde y que se trabaje en identificar a los responsables, a los que se calificó de `terroristas financieros´. `Se quieren llevar 25.000 millones de euros de todos los contribuyentes sin pedir responsabilidades de gestión´, señaló un lector, que criticó, como muchos otros, que en España se robe, mienta y se llegue al borde del rescate sin que ruede ninguna cabeza. 

En cuanto a las culpas, algunos se preguntaron por qué los socialistas no intervinieron Caja Madrid y Bancaja antes de la fusión, `si habian sido capaces de robarle a Ruiz Mateos su Rumasa y fueron capaces de robarle Banesto a Mario Conde para regalárselo a los Botín por mucho menos que lo que tiene Bankia´. Tampoco se entiende que el Banco de España `no hiciera nada en su momento´, cuando ya se sabía que, en contra de lo que decía Zapatero, que la banca española estaba lejos de ser `la más poderosa del mundo´. Además, algunos señalaron que lo peor de todo, `además de la ayuda misma´ es, por un lado, cómo el PP ha encontrado la `cabeza de turco en Fernández Ordoñez  para eludir responsabilidades de la pésima gestión de los suyos en su gran caja Bankia´  y, sobre todo, `ver cómo ha calado ya la difamación entre gran parte del cuando no ignorante, hipócrita pueblo español´. 

PÉRDIDAS PARA LOS INVERSORES

Del mismo modo, y en cuanto a los accionistas de la entidad, desde distintos foros de inversores se habló de Bankia como del `banco malo´ español sobre el que tanto se ha especulado. `Lo que antes era un secreto a voces, es ya oficial y de dominio público´, tal y como comentó un lector. Es la única lectura posible si la propia entidad admite que necesita tal grado de liquidez para evitar la quiebra. La traducción es clara: las acciones de Bankia no valen nada, por lo que, teniendo en cuenta que `la entidad ha acudido al engaño´ para colocar sus títulos, el Estado debería optar por `tener piedad de los accionistas´  y no valorar el banco a cero, dándole un valor simbólico, aunque con la contrapartida de que `todos los españoles paguen la diferencia´. De lo contrario, los inversores lo perderán `todo´. 

En opinión de algunos, el Gobierno no ha nacionalizado Bankia, sino ` un gran agujero´ mediante la conversión de las preferentes de BFA (Banco Financiero y de Ahorros) en capital´. Así, el hecho de que el Estado se convierta en accionista mayoritario obliga a reconocer lo que `ya es un hecho: que va a inyectar miles de millones de euros de dinero público en Bankia´. La estafa no se reduce, sin embargo, a esta inyección de dinero público para tapar agujeros privados. `Miles de pequeños ahorradores han sido engañados y han visto como productos financieros que se les vendían como inversiones seguras perdían en unos meses la mayoría de su valor´. El caso Bankia se convierte, así, en otro ejemplo de cómo `las estructuras de un poder económico altamente burocratizado son capaces de distribuir sus pérdidas entre la población´.

Los lectores censuraron que cientos de personas se vean en la tesitura de perder todo lo invertido por `confiar en su director de oficina´ a la hora de contratar productos como las participaciones preferentes, que se colocaron `haciéndoles pensar que se trataba de depósitos a plazo´, y que luego se transformaron, como solución a la `estafa´, en acciones. Al afectado `no le da tiempo de hacer números cuando se entera de que el banco ha quebrado y como él es accionista, su supuesto depósito se ha convertido en acciones que a su vez se han convertido en polvo´. En este contexto, se habló de España como el único país en el que `pasan cosas como estas y nadie va a la cárcel´: los afectados por las participaciones preferentes `han pasado de quejarse porque tienen su dinero congelado a lamentarse porque su dinero ya no existe´. 

Sin embargo, también hubo quien apeló a la falta de interés de los propios consumidores a la hora de contratar este tipo de productos o de adquirir acciones sin informarse lo suficiente sobre los riesgos. `Yo fui accionista de Bankia y reconozco que, aunque pudiera ser un error, no fui engañada´, comentó una lectora. En cuanto a las preferentes, se habló de la `poca cultura financiera´ del país. `Una persona no puede comprar un producto en el que le prometen una rentabilidad muy elevada sin informarse de los riesgos´. En estos casos `el problema es de la entidad, pero los inversores tampoco podemos echarnos a nosotros mismos las flores cuando algo salga bien y echarle las culpas a las entidades cuando algo sale mal: deberíamos ser más responsables´. En todo caso, se pidió que el Gobierno perfile `un tercer escenario´ para que ciudadanos y accionistas no salgan perjudicados, así como `grandes sanciones económicas tanto a Rato como a Olivas, así como a las agencias que firmaron en su momento las cuentas falseadísimas de Bancaja´. 

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