La opinión pública pide recortes más duros
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
11/07/2012
El Gobierno se reúne hoy con el sector

La opinión pública pide recortes más duros y una mayor eficiencia para el funcionariado

El Consejo de Ministros de mañana promete un nuevo paquete de medidas que pasarán por ampliar la jornada laboral y eliminar pagas extra
ICNr

Vienen recortes para los funcionarios, entre los que se contempla un aumento de su jornada laboral y una reducción de las pagas extra con las que cuentan en la actualidad. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se reunirá hoy con el colectivo para explicar con detalle el tijeretazo que se les aplicará, y que quedará aprobado, previsiblemente, este mismo viernes. No hay margen, por tanto, para la negociación, algo que no molestó a la mayor parte de la opinión pública, que se mostró ayer a favor de un ajuste importante en el gasto que supone este sector a las arcas públicas. Eso sí, se lanzaron algunas críticas a las fórmulas que se utilizarán: si realmente sobran funcionarios ¿por qué se amplía su jornada laboral? Los lectores optaron, al contrario, por un despido masivo entre los empleados públicos y por la introducción de la posibilidad del despido a funcionarios no eficientes. Todo lo demás son sólo `parches´ que no solucionarán el problema de raíz.

Lo cierto es que los planes del Gobierno también pasan por eliminar hasta 300.000 empleos públicos mediante el nuevo plan de austeridad, lo que, tal y como señalaron algunos lectores, supondrá un aumento de la carga de trabajo para los funcionarios, es decir, para aquellos que accedieron a su puesto por oposición. En esta línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que lo que pretende el Gobierno es `asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado´. Ese, y no otro, es `el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer´, aclaró, y ello podría traducirse en la eliminación de los `moscosos´ -los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios-. Además, Montoro insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanales de trabajo, como fórmula para acercar su jornada a la de un trabajador ajeno al sector público.

De momento, ayer se procedió a constituir de manera formal la Mesa General de la Administración del Estado, y dicha reunión sirvió de foro para que los sindicatos de la Función Pública expresaran su malestar por las nuevas medidas. La cita de hoy promete servir a los funcionarios para reiterar su oposición, tal y como lo hicieron durante la jornada de ayer en la web muchos de los posibles afectados por el recorte. Entre los contrarios a las medidas que prepara el Gobierno se comentó, por ejemplo, que `lo que sobran son políticos, y necesitan a los funcionarios para que ejecuten sus meteduras de pata, ahora al menor coste posible´. En la misma línea, otros aseguraron que si se les amplía el horario, estarán `más tiempo en el lugar de trabajo, gastando más luz, calefacción, etc., pero sin trabajar más´, aunque otros matizaron que `para cubrir el trabajo de los tantos mil empleados públicos que no son funcionarios de carrera y que han entrado por la puerta de atrás´ hará falta ampliar el trabajo de los funcionarios opositores´, dado el despido masivo que vendrá y que, por otro lado, resulta necesario.

Los funcionarios `suponen y esperan´ que el Estado contemplará la necesidad de podar entre los empleados públicos, y recordaron que problemas como la proliferación de empresas públicas no es responsabilidad de los funcionarios, sino de los políticos, responsables de su creación. En esta línea se pronunció también el presidente de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguen Borra, quien aseguró que, por ejemplo, en España se tolera que existan 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada. Borra, que habla en nombre del sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, también criticó ayer que el Gobierno sitúe a los empleados públicos `en el punto de mira´ cada vez que se anuncian nuevos recortes, así como el hecho de que los afectados estén conociendo las pistas sobre su futuro a través del goteo de la prensa, y no a través del propio Ejecutivo.

Por ejemplo, no se conocen aún los detalles sobre un posible sistema de evaluación permanente para el funcionariado, que podría aprobarse para medir la productividad de éstos, aunque, de momento, sin que se hable de sanciones por no cumplir con determinados requisitos. Y sin éstas, a juicio de muchos lectores, será complicado aumentar la eficiencia del sector. Sin castigo, en definitiva, no habrá cambio que alguno en la forma de trabajar de un sector `acomodado´ y `altamente improductivo´. En la misma línea se pronunció Montoro, quien indicó ayer que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se `tiene todo hecho´, y que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que `cumplir todos los días´.

RECORTE A MEDIAS

La opinión pública aprovechó el debate generado en la red para plantear otras vías posibles para solucionar el problema del funcionariado. Entre las críticas más repetidas, los internautas comentaron que dará igual que se amplíe la jornada laboral del sector si no se eliminan sus privilegios. Se pidió que éstos se rijan en el futuro por normas más acordes con el Estatuto de los Trabajadores, `como todo el mundo´, y que sea posible despedirles en caso de que no cumplan con los criterios de eficiencia que se exigen en la empresa privada. La posibilidad del cese, tal y como funcionaba `en tiempos de Galdós´ se descartó por los lectores, dado que éstos `cobraban sin trabajar´. Algo que, a juicio de algunos, demuestra que `España no ha cambiado tanto en dos siglos´.

Además, se añadirían otros puntos, como la `supresión inmediata de los cargos de libre designación, que son políticos (o sus hijos o nietos), puestos a dedo, sin ninguna preparación y con complementos personales obscenos´. Ello supondría un ahorro mayor que el que produce `quitar una paga extraordinaria´. En sentido contrario, sin embargo, algunos lectores pidieron `eliminar a las 500.000 personas que están en empresas públicas inútiles, al menos a 300.000 políticos, a 200.000 de empresas de asistencia técnica de la administración, y a 100.000 personas de cajas políticas, Bankia la primera´ como medidas previas a volver a tocar el salario de los funcionarios. `Mientras que no hagan nada de eso, los funcionarios no vamos a permitir que se nos tome el pelo´.

Tampoco se dejó de lado el hecho de que los funcionarios podrían no estar preparados para asumir la carga de trabajo que se les vendrá encima si el Gobierno lleva a cabo una gran poda entre los empleados públicos que obtuvieron su puesto sin oposición. Los posibles afectados por estos despidos, ridiculizaron en cierto modo el trabajo de los funcionarios y aseguraron que sería muy complicado pedirles que realizaran el trabajo que `desde hace años´ han hecho los interinos,  `si algunos a duras penas saben encender un ordenador´. `Va a ser divertido verles trabajar´, aseguró un lector.

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