edición: 2490 , Lunes, 18 junio 2018
14/11/2012
Niega que el sector se base en "razones humanitarias"

La opinión pública ve "interesada" la moratoria en las ejecuciones hipotecarias planteada por la banca

Los lectores creen que el fracaso del Código de Buenas Prácticas ha sido orquestado por banca y Gobierno y auguran el mismo resultado a la futura reforma
ICNr

Las reformas en las que trabaja el Gobierno para frenar los desahucios y la moratoria de dos años a la que `accede´ la banca siguieron acaparando comentarios y titulares en la web durante la jornada de ayer. Superado el impacto positivo inicial del anuncio de la Asociación Española de Banca (AEB) en los internautas, la atención de los lectores se centró en identificar el motivo real que impulsa al sector a adelantarse al propio Gobierno, partiendo de la idea de que la `conciencia social´ y las `razones humanitarias´ no se encuentran en la lista de causas. 

La conclusión vino de la mano de la prensa extranjera: el diario Financial Times se convirtió en noticia tras asegurar en sus páginas, recogidas ayer por la prensa española, que el Gobierno debería `reconocer la verdad de la situación´ y desconfiar de la banca cuando asegura que frenará los desahucios en caso de extrema gravedad. En este sentido, la idea defendida por cierto sector de la opinión publica es que se estaría posponiendo el problema de los activos que quedarán fuera del banco malo, es decir, aquellos con un valor inferior a los 100.000 euros, que son mayoritariamente los que se encuentran en manos de clientes con dificultades de pago. Mientras el resto de activos tóxicos abandonarán las manos de la banca gracias a la nueva entidad, los `restos´ del pinchazo de la burbuja inmobiliaria seguirán siendo un problema para el sector, sobre todo cuando la tasa de morosidad promete seguir creciendo a lo largo de los próximos meses. 

Nada que ver con las razones alegadas por la banca. El comunicado difundido por la patronal bancaria defiende que las `razones humanitarias´ son la base del ofrecimiento de las entidades al Ministerio de Economía y al Banco de España. El contenido de ese compromiso, según el mismo comunicado, había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados, con el fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica. Perot al argumento suena casi irónico entre los lectores después de años de ejecuciones hipotecarias y de la inutilidad de formulas anteriores, como el Código de Buenas Prácticas. Sobre este texto, que ha quedado en `papel mojado´, ayer se conoció que sólo 130 familias se han beneficiado de las medidas extraordinarias que aporta, lo que prueba lo reducido del umbral de exclusión con el que trabaja. 

Por ello, el sentimiento general es de desconfianza, no sólo hacia la banca, sino hacia el propio Gobierno, que actúa como cómplice de los intereses del sector financiero a través de políticas tan mediáticas como ineficaces en la práctica. Se trata, en definitiva, de recetas para calmar a la masa mientras la realidad es que el deudor hipotecario, más o menos víctima de la crisis y con más o menos culpa de su situación, es cualquier cosa menos una prioridad para el Ejecutivo, en contra de lo que se pretende hacer creer a la opinión pública.

Volviendo al Financial Times, el rotativo se centró en los deberes que el Gobierno debería imponer al sector bancario. Por ejemplo, solicitar información regular sobre cómo se realiza cada moratoria. Y ello porque `la experiencia ha demostrado que sin presión por parte del Estado se puede conseguir poco´. Asimismo, se habló de la posibilidad de obligor a los bancos a admitir finalmente el alcance de los impagos, particularmente en el caso de las viviendas en propiedad. La razón: los 40.000 millones de euros que el Gobierno prevé inyectar en el sector para su recapitalización, procedentes del Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede), `parecen poco para lo que se necesita´. 

UNA MORATORIA `CASO POR CASO´

La opinión pública se mostró de acuerdo con las cautelas demandadas por el diario británico, también cuando éste aseguró que, aunque debe aplaudirse que las dos grandes fuerzas políticas del país preparen una reforma para frenar los desahucios, habrá que actuar con cautela y, en todo caso, evitar que la moratoria por la que también opta el Gobierno no se convierta en una formula de carácter universal aplicable a cualquier deudor hipotecario. La idea es evitar que la medida se convierta en un coladero de supuestos que carecen de esa excepcionalidad que actualmente se demanda, por lo que habrá que acotar claramente qué desahucios deben evitarse y cuáles no merecen tal tratamiento. Eso sí, resulta clave aumentar el umbral con el que se trabaja ctualmente, marcado por el Código de Buenas Prácticas, ya que éste resulta, a todas luces, insuficiente para acoger el gran número de casos que precisan de un tratamiento especial.  

Como colofón a la opinión del Financial Times se recordó que `el precio pagado por algunos ya ha sido demasiado alto´, y que `a menos que Madrid y la banca se enfrenten a la realidad, éste sólo seguirá creciendo´. Por eso, se propusieron formulas que ya se han adelantado por muchos internautas desde hace tiempo, tales como la renegociación de hipotecas cuando el potencial desahuciado sea un desempleado, o la adjudicación de la vivienda pero permitiendo a los titulares de la hipoteca vivir de alquiler en ella por un precio asequible. En cualquier caso, la inutilidad del Código de Buenas Prácticas es suficiente para que el Gobierno desconfíe de la banca, según el rotativo. Los lectores, sin embargo, fueron más allá: el Gobierno es perfectamente consciente de la inutilidad del texto desde el principio, y las consecuencias han sido ni más ni menos que las esperadas, teniendo en cuenta que los ciudadanos ya descontaban la falta de consistencia de tal receta. Banca y Ejecutivo van de la mano y por el mismo camino en esta batalla, y sólo se trata de despistar a los ciudadanos prometiendo soluciones que, en la práctica, nunca llegan.

Por ello, se recordó que la `medida estrella´ de Gobierno y oposición, cuyo anuncio se espera con impaciencia en estos últimos días, y que promete ver la luz este jueves, no debe ser la moratoria, sino la reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria (con el consecuente retoque de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y la creación de nuevas garantías procesales para el consumidor deudor, tal y como se desprende del dictado comunitario y, en principio, de la propia voluntad –sea o no demagógica- de las fuerzas políticas. No basta con trasladar el problema al futuro –lo que, por otro lado, podría llevar a un `aumento de la morosidad´ si el retoque no se lleva a cabo con cuidado- , sino que es necesario resolver el problema ahora y hacerlo teniendo en cuenta toda la casuística posible, no sólo la mediática. Y es que `lo urgente no debe hacer perder de vista lo importante´.

 

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