edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
22/11/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La ‘organización virtual estable’, futura base de la fiscalidad de la economía colaborativa

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo Económico y Social Europeo (CESE) apuesta, en una reciente resolución, por crear la figura de  una ‘organización virtual estable’ como base de la fiscalidad de la economía colaborativa, y considera que podría resultar beneficiosa en el contexto cada vez más transfronterizo y menos territorial en el que se desenvuelven la economía digital y la economía colaborativa.
Se trata de una formulación que considera que es  interesante para superar los problemas que plantea determinar el lugar de implantación de este tipo de actividad, pero que requiere una amplia reflexión y la elaboración de un estudio adecuado en los próximos años. Esto permitiría establecer un lugar en la UE para las actividades realizadas a través del mercado digital, garantizando que el valor económico de la transacción se grava en Europa y, de manera más general, allí donde se crea.

Apuesta la resolución del CESE, que en aras de una gestión más sencilla del régimen fiscal y, sobre todo, de facilitar la aplicación del IVA, el pide a la Comisión Europea que proponga nuevas recomendaciones para mejorar el intercambio de información entre las autoridades tributarias nacionales y en favor de la igualdad de trato fiscal a los prestadores de servicios. El Comité cree necesario elaborar un dictamen adicional a fin de evaluar mejor los requisitos en materia de política fiscal, así como la repercusión y los resultados de la imposición fiscal a la economía digital.

El sector de la economía colaborativa está cobrando cada vez más importancia, a la vez que registra un rápido crecimiento, como atestiguan claramente algunos datos. En 2015, los ingresos vinculados a la economía colaborativa en la Unión Europea se calcularon en torno a 28 000 millones de euros (cuando tan solo un año antes representaban la mitad).

A partir de 2015, considerables inversiones por parte de grandes plataformas contribuyeron al desarrollo del sector, hasta el punto de que, en el futuro, se estima que la economía colaborativa podría representar un volumen de negocios comprendido entre 160 000 y 572 000 millones de euros en la UE.
La expresión ‘economía colaborativa’ hace referencia a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que permiten el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares.

El sector de la economía colaborativa, por su carácter de servicio en línea prestado a través de plataformas digitales, trasciende, al menos en parte, el concepto de territorialidad que caracteriza las actividades económicas tradicionales. Es importante, por tanto, establecer también para este sector un marco regulador adecuado y claro acorde con el objetivo general de la Comisión de imponer los beneficios allí donde se generan.

El CESE observa que la seguridad jurídica se vería reforzada si se estableciera una normativa para que las empresas que ofrecen y promueven servicios relacionados con la economía colaborativa mantuvieran un vínculo fiscal en Europa. A este respecto, y precisamente en relación con las características específicas de las empresas digitales, se está debatiendo la posibilidad de diseñar una nueva fórmula para el establecimiento virtual de las empresas que se ha definido como ‘organización virtual estable’.

Con respecto a las actividades de la economía colaborativa y su sujeción al IVA, hay que diferenciar ante todo entre las actividades realizadas por los distintos modelos empresariales de nueva factura, por ejemplo los que recurren directamente a plataformas colaborativas y las actividades de los proveedores de servicios individuales que se registran en dichas plataformas, y los modelos que se valen de las plataformas para desarrollar actividades diversas, como la venta de espacios o de datos de usuarios para anuncios y fines publicitarios.

Por lo que se refiere a estos últimos casos, las empresas ya están sujetas al impuesto sobre sociedades. Estas recopilan información de los usuarios (las empresas recaban información cada vez que un usuario introduce una búsqueda). Posteriormente, pueden vender dicha información a los anunciantes y a otras partes interesadas y, si se crea valor, se ha de recaudar el IVA sobre el intercambio de los datos (la recopilación y venta de la información).

Por lo que respecta a los modelos que actúan de punto de encuentro entre oferta y demanda, cabe considerar que crean ‘valor añadido’ al ofrecer un servicio y permitir una transacción/intercambio entre los clientes y los conductores, por lo que han de estar sujetos al IVA.

En términos generales, a efectos de IVA se pueden distinguir tres casos en relación con las modalidades de pago por prestaciones en el contexto de la economía colaborativa: i) cuando las prestaciones se efectúan a cambio del pago de una suma de dinero; ii) cuando la remuneración del servicio no se efectúa en dinero, sino con otra prestación o una remuneración no monetaria, y iii) cuando la prestación se efectúa a título gratuito y sin retribución alguna.

El régimen de IVA aplicable al caso i) anteriormente mencionado puede deducirse de las normas y principios de la legislación en vigor, tal como ha sido desarrollada por el Tribunal de Justicia de la UE, mientras que el caso iii) podría no recaer en el ámbito de aplicación de la normativa del IVA vigente en la actualidad.

Con respecto a los casos concretos que puedan entrar en el punto ii), el CESE pide que se profundice más sobre la sujeción o no de las actividades de las plataformas de colaboración a la normativa del IVA. En efecto, no queda claro a día de hoy el marco jurídico en esta materia, sobre todo por lo que respecta a los servicios que, como se ha mencionado anteriormente, no requieren un pago en dinero, sino que utilizan con fines comerciales los datos del consumidor, así como sus preferencias y hábitos.

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