edición: 2742 , Miércoles, 19 junio 2019
09/02/2011
Demasiados conflictos pendientes

La paz eléctrica de Zapatero se le queda en tregua inestable a Sebastián

Los ajustes del RDL 14/2010 hasta 2013 apenas neutralizan un año de déficit de tarifa; el recorte fotovoltaico equivale al pago por capacidad del carbón
En mayo tendrá que definir si liberaliza la TUR y en julio revisar la tarifa: debería subirla un 20% en 2011 sólo para cumplir la legalidad del déficit
En 2012 se acaban el cupo y el registro de renovables, el recorte de primas y el RD del carbón y comienza el recorte del 25% de ayudas al mineral
Javier Aldecoa

Busca sitio en las fotos ajenas y las aristas energéticas de un Pacto Social en el que ni Zapatero ni Valeriano Gómez ni Salgado le hicieron hueco al ministro de Industria. Sebastián le pone el ‘lazo’ de la luz verde de las eléctricas al Real Decreto de incentivo al carbón nacional como prueba de sintonía con el sector, aunque su ‘tregua’, sin letra suficiente para un ‘tratado de paz’ definitivo, en el mejor de los casos, tiene dos años de vida y seis meses de calma: hasta la revisión tarifaria de julio a la que ya sabe que Salgado se opondrá y hasta que la IDAE de Industria y el Grupo de Trabajo para la Reforma Social tengan que pelear, entre mayo y junio, por la definición del mix a 25 años, el PER y la aplicación de la liberalización de la tarifa de último recurso que Sebastián daba por hecha en el PIN y que en Moncloa ya no ven tan claro. El Pacto con los sindicatos carga la munición de las tensiones futuras, más ahora que Sebastián ya sabe que, a cambio, Economía quiere dar por sellados ya los ajustes de costes y de ingresos. Para los consumidores, supondrá otro encontronazo con el realismo de una tarifa que sólo reconoció en enero los costes de generación y que debería  subir un 20% en menos de un año para que se cumpla el límite de 3.000 millones de déficit en 2011. Para las eléctricas -aún con el alivio de la titulización- asumir un déficit que sumó 4.351 millones en 2010 y debe acabar en 2013, un modelo de formación de precios sin debatir, alejado de los costes reales y un mix borroso, -sin peso definido por tecnologías, nueva regulación nuclear, fiscalidad ‘verde’, planes de redes o remuneración a los ciclos- que ahora queda a merced del Grupo de Trabajo para la Reforma Social.

El ministro de Industria viste de tratamiento de fondo lo que aún sólo es un paliativo de emergencia y con fecha de caducidad. Se ha convertido en el ‘Lampedusa’ eléctrico: en un año impulsó un Pacto de Estado fallido, un documento de Zurbano, un Paner de objetivos ante Bruselas, una Subcomisión en el Congreso, dos Reales Decretos de reforma de renovables, un Real Decreto ley de ajustes del sistema eléctrico y un Pacto Social para seguir atrapando bajo la misma lluvia de ultimátum, aunque con nuevas fechas: el del déficit de tarifa que debe acabar en 2013, la contención de las primas renovables que apenas compensa los pagos por capacidad del carbón y sólo mantendrá los ajustes hasta 2012; la definición del mix energético a 25 años y el impasse del carbón que debe encontrar su reconversión o su cierre antes de 2018. 

Que la subida del 9,8% de la TUR y la rebaja de costes de 4.600 millones de euros van “en la buena dirección” -aunque 1.300 de ellos son nuevas facturas para las eléctricas-, es uno de los consensos de la sintonía de UNESA y el conjunto del sector. Pero también que ni la primera ‘hornada’ de titulización ni los últimos ajustes van a diluir un déficit de tarifa ya casi crónico: a la vista de la última liquidación de la CNE, el ‘alivio’ del recorte fotovoltaico -si consigue luz verde del Congreso y driblar los recelos del Comisario Oettinger- que aligera los costes del sistema hasta 2013 apenas son lo justo para contener en el próximo semestre un desfase tarifario que hasta noviembre sumó en 2010 4.351 millones de euros.

El ministro tenía un modelo, un calendario y un momento. Aspiraba, a contrapié de Zapatero y Caldera, a diseñar un mix energético equilibrado a 25 años, a garantizar la vida útil de las nucleares hasta los sesenta años, a ubicar el ATC y a dejar que el carbón cayera ante Bruselas por su propio peso. Sebastián entonó el no va más a los costes de un sistema que el miedo de una década de Gobiernos de PP y PSOE y el cuidado para eludir una reforma eléctrica a fondo no se habían atrevido a tentar, aún a costa de alimentar un déficit de tarifa que superará los 19.000 millones en 2011. Pero el ministro lo hace aún de puntillas, para eludir el epicentro de un modelo intervenido en el que los usuarios pagan mucho menos de lo que cuesta la electricidad que consumen. A cambio, se ha convertido en ventrílocuo de guiones ajenos y silencios prestados. Y en los guiones de Moncloa, sus escaramuzas eléctricas no han hecho más que empezar. No sólo (pero también), porque la guerra diplomática y legal se le agolpa a Miguel Sebastián en Madrid y Bruselas, para empezar, con las dos ‘victorias’ que se anotaba en la libreta de Zapatero, la del carbón y la de los ajustes solares. Y es que si Sebastián buscó asegurar la incontestabilidad de los recortes  fotovoltaicos con una disposición adicional en un Real Decreto Ley, ha destapado la ‘caja de Pandora’. Al cerrar la puerta a las reclamaciones directas nacionales, son el camino a la CE (aprovechando la sintonía con el Comisario Kroes), la apelación a la Carta Europea de la Energía, la solicitud de arbitraje internacional y las amenazas de reciprocidad estadounidense las que enarbolan ya los inversores extranjeros y las patronales españolas, con 60.000 demandas de pequeñas instalaciones a punto.

NI LOS RECORTES RENOVABLES NI EL CARBÓN ESTÁN DESPEJADOS

Ni la retirada de las medidas cautelares de Iberdrola, Gas Natural y Endesa ante el TUE por el Real Decreto del carbón, ni la luz verde al RDL 14/2010 de ajustes al sistema eléctrico le permiten olvidar un centenar de causas judiciales abiertas con todos los agentes del sector. Y ni siquiera la aplicación del RD de incentivo al consumo del mineral autóctono está judicialmente despejada. Ni las presiones del ministro José Blanco, ni la mediación del secretario de Estado Hernández en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012, ni el acuerdo de un incremento del 72% en el pago de capacidad para compensar a las térmicas y los ciclos combinados han hecho a la Xunta desistir de la solicitud de cautelares como exigencia a compensaciones a las centrales de As Pontes y Meraima, con mineral importado más limpio. En principio sólo estaría dispuesta a retirar los recursos contra un decreto que obliga a las térmicas a consumir un mínimo de 15% de combustible nacional, a condición de un “reparto proporcional” para evitar el impacto sobre las empresas gallegas. Si el Gobierno gallego también desiste, como parece probable, de su causa en los tribunales el TUE  archivaría sin más la petición de cautelares, pero aún faltaría por ver si la Comisión Europea considera que los pagos por capacidad es una compensación por el lucro cesante, que Bruselas ya rechazó en 2010, o lo acepta.

Ni el último retoque al Real Decreto de Incentivos del carbón, ni el lobby y las enmiendas de última hora a los recortes fotovoltaicos del RDL 14/2010 para garantizar su llegada al BOE con el voto peneuvista (ayudas del Instituto de Crédito Oficial como pedían CiU y PNV) le permiten olvidar a Sebastián que esos dos únicos ‘logros’ de su política energética, después de un año de guerra con todas las aristas del sector, sólo dan inicio a un ultimátum por partida doble. En el caso de las renovables, porque además de tener que definir en este semestre su PER hasta 2020 (con permiso del Grupo de Trabajo de la Reforma Social), el mix ‘verde’ que Industria ha dejado en la mesa de las eléctricas sólo está despejado hasta 2012, el año en el que se acaba su modelo de registro de preasignación con cupos nacionales de Mw disponibles para cada tecnología. La misma fecha en realidad, en la que se acabarán también los recortes de la termosolar y la eólica acordados con el sector en noviembre (1.100 millones en tres años) y las dos rondas de ajustes reguladas con la solar fotovoltaica (2.200 millones). Y para sacar adelante en el Senado el RDL 14/2010 que recorta 30% de los ingresos a 50.000 instalaciones fotovoltaica, a cambio, por la puerta de atrás de la Ley de Economía Sostenible, se ha ‘tragado la llave’ de futuros recortes solares retroactivos y ha garantizado 30 años de pago primado a las instalaciones ya operativas, en lugar de los 28 que planteaba inicialmente el decreto ley. En el caso del carbón, Industria ha aceptado adelantar a las empresas mineras, el pago de seis meses de las ayudas al funcionamiento de este año, alrededor de 150 millones de euros. A cambio les exige la retirada de los expedientes de regulación de empleo que, en la actualidad, afectan ya a 5.000 de los 8.000 trabajadores del sector.

Pero ninguna de las variables de ese juego de equilibrios despeja las incógnitas de fondo del sector: a Industria los casi 1.000 millones de euros anuales (entre ayudas del Plan del Carbón, pagos por capacidad y compensaciones de lucro cesante) no le impiden calcular que cuando llegue 2014 se encontrará con siete millones de toneladas de carbón que el consumo incentivado del Real Decreto no habrá podido drenar (sólo ‘digiere’ un millón de toneladas anuales adicionales hasta 2014), con la obligación de HUNOSA de cerrar dos minas no rentables si no hay cambios y de empezar el recorte del 25% de las ayudas de la UE, hasta que en 2018 llegue la clausura de todas las instalaciones no rentables por sí solas. A diferencia de Alemania, no tiene un plan progresivo de cierre y no le salen ni las cuentas de los Fondos Mineros: sólo quedan 125 millones hasta 2012 para reconversión e infraestructuras, aunque además falta más de la mitad por ejecutar, más de 500 millones. E incluso estirando las ayudas estatales hasta 2018 (si consiguiera la excepción de la Comisión Europea), la operatividad comercial de las instalaciones de ‘carbón limpio’ y captura de CO2 no llegará como pronto hasta 2020.

SIN NOTICIAS DE UN MIX CONFIABLE A MEDIO PLAZO

El Pacto Social se ha convertido sólo en otro hito más en la misma senda del ‘laissez faire’ con la que la Subcomisión del Congreso de los Diputados cerraba su plan estratégico de la energía a 25 años en noviembre, a falta de un Pacto. La foto de Valeriano Gómez, Rosell, Terciado, Fernández Toxo y Cándido Méndez con Zapatero sólo deja una herencia de ‘voluntades energéticas’ que de paso dribla y contradice al Pacto de Zurbano, al mix comprometido por España ante Bruselas con el Paner hasta 2020 y a los planes que el secretario de Estado, Fabricio Hernández y el director general del IDAE, Alfonso Beltrán, intentan cocinar con el Plan de Energías Renovables (PER) para el próximo lustro que debía haber entrado en vigor ya en enero.

Si España en junio fue el Ejecutivo de los Veintisiete que, en proporción, más lejos llegaba -hasta el 22,7%- a falta de PER 2020 y de Ley de Renovables y Ahorro, el mix a 25 años del Congreso se conforma con el 20,8%. A la vista de que su mix de Zurbano  iba a costarle 100.000 millones de euros sin tres centrales nucleares más, el objetivo del 22,7% de consumo final de renovables, con una reducción de la dependencia energética hasta el 66,4% y un descenso del 19% de la intensidad energética que presentó el Gobierno el 1 de marzo en las conversaciones de Zurbano ahora ya sólo es un ‘horizonte tentativo’ deseable.

Una carrera de vaivenes que amenaza con la guerra judicial en Bruselas (Oettinger promete sanciones ante los recortes retroactivos fotovoltacos y si España no cumple el 20/20) y que el Pacto Social no hace más que emborronar. En sus 38 folios recoge la “necesidad de contar con la energía nuclear como fuente”, de elaborar un nuevo Plan de Energía Renovables 2011-2020, y de “reforzar el liderazgo tecnológico de España” en este sector y la pretensión de que el modelo -mix de referencia- tenga en cuenta el objetivo de convergencia con los valores medios de la Unión Europea, de la intensidad energética y la reducción de la dependencia”. Más aún, con sus pretensiones afea los olvidos de España, que no ha transpuesto la Directiva de Renovables 2009/28/CE, ni la de Eficiencia en la Edificación y olvida la Ley de Eficiencia que debía estar ya en vigor, pierde tres posiciones en atractivo para la inversión, es el país con mayor dependencia de la UE (superior al 80%), sus interconexiones deben multiplicarse por 40 en una década y su intensidad está muy por encima de la media. Si los mapas de Jesús Caldera y su Fundación Ideas pasaban hace menos de un año por instalar al menos 700.000 techos solares entre 2010 y 2025 y por alcanzar dos millones de coches eléctricos en las calles españolas en 2025, a pesar de que hay un borrador desde septiembre, aún no han visto la luz ni el gestor de recarga, ni las reformas de la Ley Eléctrica que requiere el despegue del vehículo eléctrico.

Ni palabra del consumo incentivado del carbón nacional  y deja caer parte del peso en medidas de ahorro y eficiencia energética que no se concretan y en una tecnología como la captura y el almacenamiento de CO2 que se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo y que aún debe demostrar su viabilidad. No será tampoco el Pacto Social el que diga una sola palabra sobre la vida útil de las centrales atómicas (que el documento final de la LES sólo mantiene en 40 años) ni sobre la prórroga a Garoña más allá del 1 de julio de 2013, para incertidumbre de Endesa -que participa en siete de los ocho reactores en funcionamiento en España, y es el principal operador de la capacidad nuclear instalada, con un 47% del total- ni Iberdrola, que comparte al 50% con ella en Nuclenor.

Hoy, en Castellana 160 ya sólo saben que no se sabe nada. Nada del peso y los objetivos de las tecnologías renovables ni del futuro del mecanismo de cupos y registro de preasignación que caduca en 2012; nada, del futuro de las centrales nucleares ya operativas más allá de sus cuarenta años de vida útil, ni del ATC; menos aún, de la planificación de los ciclos combinados, que hace más de un año funcionan a un tercio de su capacidad. Ni rastro de alusiones a la fiscalidad verde: ya la mayoría de los grupos rechazaron en el Senado en septiembre la propuesta de tasas a la nuclear y la hidráulica y en el Ministerio de Industria enfundaron desde hace semanas el debate sobre un posible ‘céntimo verde’ al consumo de hidrocarburos. Si la Subcomisión no se ha atrevido a nombrar cualquier nuevo gravamen energético -lo borró del texto definitivo en la última semana a iniciativa del PP- no será el Pacto Social ni el grupo de Trabajo el que lo vaya a rescatar en el corto plazo.

Como ha hecho saber la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el regulador tampoco ha tomado aún ningún acuerdo sobre la posibilidad de que el coste de las renovables se reparta entre el conjunto de los consumidores energéticos. Pero si el ministro pensaba -como apelaban las conclusiones de la Subcomisión del Congreso- que sería su cartera, junto a Moncloa y -como mucho- la vicepresidencia económica los encargados de bocetar el modelo energético y el sistema eléctrico español hasta 2035 siguiendo las pautas del legislativo, ahora ya sabe que ha perdido la brújula y la capitanía: el tripartito (empresas-sindicatos-Trabajo) del Grupo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado será el encargado de presentar un mix energético para los próximos 20 años, de impulsar la tarifa supervalle y el gestor de recarga eléctrica (que Sebastián se prometió ya en octubre con el coche eléctrico y su plan Movele), de buscar una solución “a los residuos nucleares” (pero sin ubicar el Almacén de Residuos Nucleares que Rubalcaba y Salgado buscan postponerle a Sebastián hasta 2012). Y hacerlo además -si cumplen sus propios compromisos- antes de un semestre.

PATADA HACIA ADELANTE CON EL DÉFICIT DE TARIFA

Si Sebastián esperaba dar por zanjado su ‘annus horribilis’ de la energía con la revisión de los costes del Régimen Especial del RDL 14/2010 -2.100 millones a lomos de las expectativas fotovoltaicas- y las nuevas facturas por 1.600 millones a las compañías eléctricas en los próximos tres años, ya sabe que no será suficiente ni para las eléctricas (abocadas a asumir la liberalización de la TUR con el déficit a cuestas), ni para el conjunto del sistema (con un déficit de más de 19.000 millones en 2011), ni para los consumidores, que dedican ya 6 de cada 100 euros de su factura a déficit atrasado y titulizaciones pendientes) . No sólo (pero también) porque sólo con nuevas alzas de la tarifa eléctrica en 2011 y 2012 podrá drenar -o al menos taponar- un déficit de tarifa que debe diluirse por ley en 2013. Ni el ahorro de casi 5.000 millones de euros a la parte regulada de la tarifa en tres años de sus dos Reales Decretos (1.100 millones en tres años en eólica y termosolar según el 1565/2010, de 19 de noviembre y 607 con los recortes iniciales en fv) y un Decreto ley de 2010, será suficiente para diluir una ‘hipoteca’ que las eléctricas arrastran en las espaldas de sus balances por más 18.000 millones desde 2006, que no sólo lleva los apellidos de las tecnologías renovables (de hecho no ha crecido a su ritmo) y que alcanzará, según las previsiones de la CNE y el propio ministerio los 20.000 millones en 2011. Un déficit que engorda desde 2004 en la ficción de tarifas irreales alejadas de los costes reales de la energía y lo seguirá haciendo desde el próximo trimestre.

Según la liquidación provisional de la CNE, en los 11 primeros meses de 2010 el déficit de la tarifa eléctrica alcanzó ya los 4.351 millones: sólo la ampliación del 23 de diciembre del límite legal permitido a 5.000 millones ha permitido a Industria no caer en la ilegalidad.  Las primas e incentivos para el régimen especial sumaron en 2010 6.453 millones euros, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de ellos 2.490 millones de euros, corresponden a la energía solar fotovoltaica, un techo que los recortes de en torno a 5.000 millones de euros anuales para los próximos tres años apenas conseguirán aliviar. Nada que ni el cobro en enero de la primera titulización de 2.000 millones de euros, ni las sucesivas emisiones de deuda eléctrica que el Tesoro tiene ya en la recámara de la espera (hay 16. vayan a solucionar, aunque les permita a las eléctricas aliviar un lastre que mancha sus balances y sus ratings desde hace seis años:  Endesa arrastra derechos de cobro por 8.467 millones de euros, Iberdrola, 5.183 millones, Gas Natural, 1.949 millones, Hidroeléctrica del Cantábrico, 885 millones y a E.ON, 91,6 millones.

Lo recordaba la Comisión Nacional de la Energía, a la vista de los pagos por capacidad para compensar el carbón (en parte destinados al citado lucro cesante), que supondrán más de 600 millones de euros anuales al sistema eléctrico. Y lo han asumido ya en Castellana 160 con tanta certeza que la letra pequeña del Real Decreto de este 23 de diciembre recoge la subida de los límites máximos anuales que se pueden acumular en déficit de tarifa, 4.000 millones de euros de más entre los tres ejercicios: 5.500 millones en 2010 (frente a los 3.000 que preveía hasta ahora), 3.000 millones en 2011 (en lugar de 2.000) y 1.500 en 2012 (y no 1.000 como preveía). Los consumidores ya dedicaron en su recibo 1.843 millones de euros a recuperar los déficit de tarifa del sistema eléctrico que se generaron en los años pasados pendientes de cobro. La colocación del déficit de tarifa no es gratis: ya está suponiendo un incremento en los tipos de interés de este pasivo que, si se mantiene en las futuras emisiones, provocará un alza del 1,9% en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, al obligar a los consumidores a pagar 720 millones más al año en la factura, según los cálculos de Goldman Sachs.  En todo caso, fuentes del sector advierten que los consumidores afrontarán inevitablemente una subida en el tipo de interés de su ‘hipoteca eléctrica’, ya que hasta ahora las eléctricas se encargaban de financiarla a un precio de Euríbor a tres meses, muy inferior al de las colocaciones de deuda.

Además, las costuras de la TUR están abocadas a rasgársele a Industria antes de un semestre, porque en el zigurat de sus contraprestaciones, Moncloa le ‘cargará’ a cuenta el ajuste a los costes del sistema a Sebastián, a cambio del ‘tentetieso’ a las próximas revisiones tarifarias. En realidad, ya para lograr que la tarifa final no subiera en julio de 2010 y desandar sus propios cálculos, Industria tuvo que pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE) para poder mantener la subida del precio de la energía (el 4,2%) determinado en la subasta Cesur del 23 de junio. Un modelo que en Castellana 160 temen tener que volver a reeditar en las siguientes revisiones, en abril y julio, a la vista de que la vicepresidenta Elena Salgado se resiste a nuevas subidas tarifarias, a contrapié de las previsiones de UNESA y de la más reciente evaluación de Nomura, que advierten de la necesidad de subidas en torno a un 20% en 2011, en la medida en que afloren los costes y el precio real de la generación eléctrica en el mercado español. Sobre todo si el Gobierno mantiene su propuesta de aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono. UBS le acaba de poner cifras: para que se cumpla el límite de 3.000 millones de euros de déficit de tarifa en 2011, salvo que se cree una tasa nuclear de 10euros/Mwh o algún otro tipo de gravamen energético el Gobierno debería aplicar una subida de la parte regulada del recibo del 20%, lo que implicaría un incremento del 10% sobre la TUR final, aunque sea -su propio informe lo dice- un “escenario es poco realista en un año preelectoral, dada la actual situación económica”.

Ese será el horizonte en el que el Ministro tendrá que pelear la liberalización de la Tarifa de Último Recurso que su Plan de Acción Industrial hasta 2020 preveía poner en marcha en abril o mayo. Ahora, ni los plazos, ni los ‘apellidos’ están tan claros. Ya para el visto bueno en diciembre por el Consejo de Ministros, con un impacto económico directo estimado de casi 83.000 millones en el horizonte 2011-2015, tuvo que fraguar el consenso de una Comisión Interministerial de Política Industrial en la que participan nueve ministerios (Defensa; Economía y Hacienda; Fomento; Educación; Trabajo e Inmigración; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Sanidad, Política Social e Igualdad; Ciencia e Innovación y Ministerio de Cultura), así como la Oficina Económica del Presidente. Y permitir que sea sometido a debate por tres foros de consulta, los agentes sociales (a través del Grupo de Trabajo de Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado presidido por el MITYC); las Comunidades Autónomas (a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Energía del MITYC); y los representantes políticos (a través de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados).


SIN SOLUCIÓN PARA EL DIVORCIO ENTRE COSTES, PRECIOS  E INGRESOS

Industria aspira a que con su PIN-2020, desde julio de 2011, con el 90% de los consumidores fuera de la TUR, las eléctricas puedan aflorar los costes reales a los que la tarifa regulada del Gobierno daba la espalda desde 2004, una de las reivindicaciones históricas de la CNE y de la patronal UNESA, con la liberalización de la mayor parte de la tarifa eléctrica. Pero las líneas rojas de Salgado y el miedo de Presidencia del Gobierno le han envenenan esa concesión. En palabras de Sánchez Galán, sería la oportunidad para pagar la electricidad al precio “que vale” y dejar de hacer “demagogia absoluta” en torno al precio de la luz. Pero tendrán que digerir un déficit superior a 19.000 millones y un modelo en el que, aparte de los costes de producción, los costes totales regulados, llamados a superar al menos en 3.048 millones los 12.709 millones que ingresará el sistema durante 2011, ahora “sólo” lo harán en unos 2.000 millones, por debajo del techo del déficit de tarifa que Industria sube ahora también para evitar denuncias.

Que el Real Decreto Ley 24/2010 de medidas urgentes del sistema eléctrico“va en la buena dirección”, porque "acota y limita" los gastos del sector -en palabras del Consejero Delegado de Endesa- es una de las intersecciones de consenso de todas las generadoras y distribuidoras del sistema español. Como prueba de buena voluntad, la retirada de la solicitud de medidas cautelares contra el Real Decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, a la vista de la dimensión compensatoria del pago por capacidad, unos 700 millones de euros según la previsión de los de Maite Costa. Aunque a cambio, los recortes en primas al Régimen Especial hayan llegado para las compañías eléctricas con facturas adicionales: del tijeretazo a los costes de 4.616 millones de euros en tres años, 1.300 millones de nuevas facturas en tres años serán para las cinco grandes compañías y seis menores. Si desde la patronal UNESA exigían agilidad en la titulización del déficit de tarifa, claridad en la retribución de la distribución y un precio de la energía más ajustado a sus costes reales, las  compañías eléctricas del mercado español saben que deben correr desde ahora con peajes de redes para las generadoras (143,6 millones) y los costes de ahorro y eficiencia (270 millones este año) y el bono social que la política de Moncloa ha decidido (70,1 millones hasta noviembre), pero que no quiere que paguen ni los consumidores, ni los PGE. Un mano a mano con Industria asumible por el sector, pero que no hace más que ganarle tiempo muerto a la madre de todas las reformas.

“La subida de la luz de enero no soluciona los problemas del sector eléctrico”, en palabras de Eduardo Montes. “Hemos querido tener la mejor red, la energía más ecológica y que además fuera barata; esto es imposible”, avisaba Montes en ese momento, recién llegado a la presidencia de Unesa. Es necesario -plantea la patronal- revisar el mix de tecnologías, analizar si es el adecuado, cómo y quién debe costearlo. Hacerlo a medio plazo y con un acuerdo entre fuerzas políticas. Lo recuerdan con el modelo británico a mano. La Administración de David Cameron ha comenzado un análisis a fondo estructurado por el regulador y una consulta pública a todos los agentes del sector para definir -con los costes en la mano- un mix al futuro.

De fondo, Zapatero, Salgado y Sebastián hacen aún oídos sordos al debate sobre el epicentro del sistema eléctrico, su modelo de generación y formación de precios, el peso de cada tecnología. Menos aún, resolver la dualidad que la AIE planteaba a los Veintisiete desde hace meses: combinar un 50% de generación nuclear y renovable (la opción menos costosa) o apostar por llegar al entorno del 80% de generación eléctrica con tecnologías renovables. Dos Pactos de Estado, dos Reales Decretos, un real Decreto ley y una Subcomisión de Industria después, cronifica lo que el sector llama ya una “anomalía española”: ha hecho costumbre de los abismos que alejan los costes reales de los precios de la tarifa y que destilan artificiosamente los precios del pool, determinados por frecuencia por la entrada de las renovables a coste casi cero y la incapacidad para “dar una señal real de precio de mercado”.

Un sistema caro, que le ha permitido a España sacar pecho en tecnologías renovables y en capacidad de reserva y gestión de redes, pero que -Brentan dixit- aún no sabe “cómo ni quién” debe pagar, ni cómo superar sus facturas adicionales: desde la reducción de la rentabilidad de la generación no renovable (con costes fijos e iniciales altos), al cierre de ciclos combinados. Era el mismo diagnóstico de Garrigues en el Executive Forum: “cae la demanda, hay exceso de potencia, surgen las primas al carbón, todos piden ayudas y no hay dinero”. Y la CNE recuerda que España ha terminado por incentivar un modelo en el que la subida del precio de la electricidad para uso doméstico en el último año fue más de diez veces superior a la zona euro, pero un mercado mayorista en el que el precio medio del megavatio hora (MWh) en el primer trimestre de 2010, por ejemplo, fue de 27,96 euros. Un modelo caro en el que todas las tecnologías no son sostenibles en el medio plazo al mismo ritmo de producción y de retribución que habían tenido hasta 2010 y que hasta ahora, sólo ha recortado sus perfiles y sus costes de manera temporal (hasta 2012), pero no su estructura. Tampoco, las facturas adicionales al sistema por el alejamiento entre costes y precios le pasa varias facturas: desde la reducción de la rentabilidad de la generación no renovable (con costes fijos e iniciales altos), al cierre de centrales y la falta de construcción de nuevas instalaciones no renovables.

SEBASTIÁN AÚN MÁS DESPLAZADO EN LAS DECISIONES ELÉCTRICAS

Como adelantaba Expansión, sólo la sintonía entre el presidente de la CEOE, Joan Rossell y el nuevo presidente de UNESA, Montes y la atención a sus argumentos para hacer entrar en razón a Valeriano Gómez impidió en el último momento que el Pacto Social dejara en manos de llamado Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado la potestad para fijar la revisión de los precios de la electricidad y de los mercados minoristas de la energía. Pero tanto en Economía como en los despachos de Zapatero, apuntan a una reforma pactada, a medio plazo y más medular desde 2011 como pronto, con nuevos ajustes de costes antes que mayores ingresos vía tarifa al sistema. Una en la que, además  la sombra de Salgado es cada vez más alargada para Sebastián. Él confiaba en que ahora Economía y Presidencia se dieran por satisfechas con el ‘decretazo’ del 23 de diciembre y con los mayores cupos de déficit de tarifa -4.000 millones más hasta 2013- y asumieran, a cambio, que la tarifa debería seguir subiendo, para empezar reconociendo el coste de los peajes con la revisión trimestral desde el 1 de abril, antes de que el sistema tenga que someterse al ‘retrato’ semestral obligatorio del 1 de julio.

Pero con la ‘paz eléctrica’ y el Pacto Social, Sebastián ha tenido que empezar a digerir -y a confesar en público- que un alza como el de enero es “irrepetible e implanteable” y que desde el Ejecutivo esperan no “hacer más subidas de la luz”. Salgado le recuerda al ministro además que es la Comisión Delegada para Asuntos Económicos -que preside ella- la que tiene la última palabra en las revisiones tarifarias. Y no están dispuestos ni siquiera a repetir el alza del 9,8% del 1 de enero; menos aún a reconocer que tras esa subida, se escondió en realidad la congelación  de real de la parte regulada de la tarifa. Los costes energéticos -que se fijan por la subasta Cesur-, sólo explican 4 puntos de la subida; otros tres puntos se justifican por cambios en las pautas de generación y consumo (con más peso de las horas punta (donde la energía es más cara) y otros 3 por las ayudas que el Gobierno ha decidido mantener para el carbón nacional. Además, según los informes de la Comisión Nacional de la Energía, las cotizaciones de la electricidad a plazo en España se mantuvieron en niveles inferiores a las de Alemania y Francia. Así, el pasado 7 de enero, el contrato trimestral con vencimiento en el segundo trimestre de este año se situó en 46,80 euros/MWh en España, frente a los 49,28 euros/MWh de Alemania y 48,57 euros/MWh de Francia.

La foto del Pacto Social en la que Sebastián no tuvo sitio es, para el ministro, sólo la escala más reciente del viaje descendente en el perfil menguante de sus competencias. Recoge los añicos del halo de ‘superministro’ en el que Zapatero confiaba para ‘desfacer’ los entuertos del rompecabezas energético. No es casualidad que sean ahora el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez los encargados de buscar consensos políticos al  Pacto Social y buscar apoyo en los sectores afectados, incluyendo el energético. Lejos queda la foto del Pacto de Estado de Miguel Sebastián y el responsable económico del Partido Popular Cristóbal Montoro, a finales de junio. Salgado es ahora el único miembro del Ejecutivo con ‘licencia’ para revivir algún acuerdo con Génova; capitaneaba la titulización del déficit y las imposiciones a las eléctricas y encargó al ya ex Secretario Marín el Real Decreto Ley de urgencia. Salgado le recordaba a Sebastián antes del Pacto Social -alto y claro y en público- que es la Comisión Delegada para Asuntos Económicos -que preside la propia vicepresidenta económica- la que debe aprobar las revisiones tarifarias de la luz, aunque acuden a ella los ministros de Fomento, Trabajo, Industria y Medio Ambiente.

En Economía han prestado más que atención a las propuestas de la CNE y las denuncias de Luis Berenguer, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que califica de ‘escándalo’ lo que pasó en la última subasta de energía y exige reforma del modelo de subasta de Cesur. Además, Ley de Economía Sostenible prevé la creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la administración central y las autonomías en materia energética y la constitución de la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a este ámbito. Y en ambos Salgado quiere capitanía, o al menos supervisión muy de cerca. Se medirán fuerzas de nuevo con el ministro en abril, cuando Industria pretende poder subir los peajes de la tarifa aprovechando la bajada del otro componente -el coste de generación- que en el Ministerio y la CNE descuentan que bajará por motivos estacionales para empezar a compensar la retribución del transporte, la distribución o las primas y a diluir -o al menos contener- parte del déficit de tarifa.

El annus horribilis y la luz verde en el Congreso a la Ley de Economía Sostenible (LES) dejan sobre la mesa de Sebastián además la derrota de su modelo de los reguladores adscritos a sus competencias, para empezar el de energía. Desde el último intento hace más de un año por doblarle el brazo a los reguladores vinculados a Industria, Sebastián optó por dejarlo pasar y esperar el nuevo perfil de la LES con el recorte de consejeros y un modelo pactado con Elena Salgado, con la CNC, bajo los auspicios de Economía, a cargo de las riendas de la coordinación con la CNE y la CMT. Si Presidencia y el Grupo Socialista acompasaron -y le forzaron- a la interinidad de Maite Costa y cuatro de los consejeros de la Comisión Nacional de la Energía durante más de año y medio a cambio de una solución a medio plazo que Moncloa prometía en 2010, ahora ya sabe que no será con su guión. El apoyo de los nacionalistas vascos a la LES estuvo condicionado a la aceptación por parte del Ejecutivo de la ampliación a los miembros de la Comisión, de cinco a siete y con presencia peneuvista. Con ellos, Moncloa congela la posibilidad de una reforma profunda del modelo de tarifación eléctrica que la CNE acaba de volver a pedir.

TODOS LOS FLECOS AÚN PENDIENTES CON LAS ELÉCTRICAS

Industria no ha dado a luz durante 2010 a alguna fórmula de compensación al papel de back up al sistema eléctrico de los ciclos combinados; ha terminado por posponerlo tanto que hasta la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, en su propuesta de Estrategia Energética a 25 años le exige establecer un sistema de compensación económica para las centrales de ciclos combinados “por su fundamental labor como potencia de respaldo a las renovables para garantizar el suministro”. Descuentan que la demanda en España, una vez superada la crisis, se duplicará, desde 390 teravatios hora (TWh) en 2008 a 818 TWh en 2030. Pero sin un perfil definido del conjunto del mix, con 22.200 Mw en ciclos (por debajo de los 25.000 previstos por Industria para 2011) y con centrales funcionando una media de 3.000 horas durante los nueve primeros meses de 2010, en lugar de las 5.000 previstas, todos los planes para nuevos ciclos están en 'stand by'. Si no cambia la retribución con algún modelo que corrija el pago por capacidad y horas en funcionamiento y reconozca su papel de ‘back up’ ante la volatilidad de las renovables, están en riesgo inversiones de más de 11.000 millones de euros que la propia Moncloa incentivó.

Tampoco despejan ni Industria, ni el Pacto Social ni la Subcomisión del Congreso aún todas las incógnitas de la que Andrea Brentan e Ignacio Sánchez Galán le han reivindicado a Sebastián como la gran ‘revolución’ de la electricidad europea, la de las redes inteligentes y sus complementos tecnológicos, que permitan optimizar los precios y los consumos, mejorar el ahorro y la eficiencia, suavizar la curva de demanda punta y ajustar precios y costes. Industria, a la vista de su reacción con el alquiler de los contadores eléctricos (aconseja a las CCAA reclamar, reafirma el decreto de no cobro de alquiler ni reemplazo y azuza para) está dispuesta a ‘apretar’ a las compañías eléctricas y a exigirles acelerar el reemplazo del parque (previsto para 2018) y a dejar en sus manos las inversiones en ‘electricidad inteligente’.

Olvida que sólo la orden ministerial de tarifas del 1 de enero, que compensa a las distribuidoras de los grandes grupos eléctricos con una mejora de la retribución de 604 millones de euros, alivia las urgencias de un modelo de retribución de la distribución actual, que como recuerdan las empresas del sector es el más “bajo” de Europa y que cerró el ejercicio con inversiones efectuadas en la mejora y ampliación de líneas relacionadas con la actividad de distribución fueron de 1.920 millones de euros en 2010, según UNESA. Aunque fue un 23% menos, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON invirtieron 4.055 millones en 2010. Como explicaba el balance anual de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), lo hicieron “a pesar de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la restricción del crédito y los altos costes de financiación”.

Las eléctricas esperan, amuradas entre las paredes del déficit de tarifa, las cargas pasadas de  la retribución a la distribución y la incertidumbre del modelo de ‘electricidad inteligente’ (smart grids, contadores inteligentes, coche eléctrico) de un lado y la urgencia de no perder el ritmo de sus inversiones ni el impulso en eficiencia con sus competidores europeos. Se lo recordaron alto y claro a Industria en conjunto durante el congreso 'Smart grids summit 2010' de Málaga: se sienten acorraladas en un sistema que prevé inversiones por 106.000 millones en infraestructuras en una década, pero que aún no ha despejado la rentabilidad de los 5.000 millones que invirtieron y ya saben que, tras la propuesta de Industria para la revisión de la tarifa del 1 de enero, espera congelar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.

La decisión de Industria de congelar además el paso de los costes extrapeninsulares al sistema sólo echa más madera a la hoguera del déficit. Los Presupuestos del Estado del próximo año prevén absorber sólo el 17% del sobrecoste extrapeninsular (el mismo porcentaje que un año antes), pese a que el decreto de Industria decía que debía traspasarse el doble (34%); a pesar de que según cálculos del sector, esa diferencia porcentual implicará un incremento del déficit tarifario de algo más de 220 millones de euros y de que todavía deben a las eléctricas 2.285 millones por los costes extrapeninsulares generados desde 2001. Y, como acaba de advertir la patronal eléctrica europea, Eurelectric, los precios de la electricidad se encarecerán un 35% respecto a los actuales entre 2020 y 2025 en toda la Unión Europea, por el incremento de costes de generación del coste de ejecución de los actuales programas de inversión en el sector, desde infraestructuras a smart grids. 

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