edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
18/05/2011
Sostenibilidad

La polémica salpica al Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados

El sector industrial genera contaminantes específicos que pueden perjudicar la calidad del aire, del agua y de los suelos: hidrocarburos y metales pesados en el caso de la petroquímica y la siderurgia, nitrógeno y fósforo en el caso de las actividades agrícolas y disolventes y colorantes procedentes de la industria textil. La gestión de residuos es, por tanto, un tema delicado que en España se ha visto envuelto en polémica debido a la controvertida Ley de Residuos.

Ya el año pasado el proyecto de ley saltaba a la palestra debido a que diversos grupos sociales como la Fundación para la Prevención de Residuos y Consumo, Ecologistas en Acción, el Centro de Ecología y Proyectos Alternativos y Amigos de la Tierra, consideraban que el borrador “no fomenta la reducción de residuos y no aporta medidas alternativas para los actuales sistemas de gestión. De acuerdo con la Directiva Marco de residuos, la reducción debería ser el elemento más importante de la ley, y en el que se basaran el resto de medidas.” Por este motivo las citadas organizaciones solicitaban objetivos ambiciosos de reducción y reutilización (3% anual de reducción y 5% de reutilización para lograr el 30% de reducción y el 50% de reutilización en el año 2020).

Un año después, el texto legislativo vuelve a ser motivo de discordia. La Confederación Española de Comercio ha alertado de las "graves consecuencias" para los pequeños comerciantes de algunos de los puntos recogidos en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y, especialmente, el Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de Envases (SDDR) - .

Así, la organización critica el SDDR porque la implantación de este sistema de gestión de envases de un solo uso supondría para este sector soportar unos costes económicos superiores a 500 millones de euros anuales.

Además, subraya que este sistema implica que los envasadores y/o importadores realicen un depósito para cada envase de un solo uso que ponen en circulación. Así, los comerciantes pagarían a los productores al realizar sus pedidos el coste del producto más el depósito, y, por último, el consumidor tendría que pagar un depósito por el producto, que le sería reintegrado al devolver el envase en el comercio.

La citada Confederación apunta que el 90 por ciento (unos 80.000) de los establecimientos donde se venden productos incluidos en el SDDR no dispondrían ni de espacio suficiente ni recursos necesarios para equiparse con máquinas para la recogida de los envases, por lo que tendrían que gestionar la devolución de forma manual: recogida de envases, embolsado, almacenaje y traslado a un planta de conteo, lo que conlleva "importantes gastos adicionales" en espacio de almacén o tienda, horas de empleados dedicados a esta tarea o gastos de transporte y recuerdan que la gestión manual supone para el pequeño comercio un coste "diez veces superior al de las grandes cadenas" de distribución comercial.

A este respecto, insisten en que la experiencia en otros países donde se ha instalado el sistema demuestra un desplazamiento de la clientela hacia otros formatos comerciales que cuentan con máquinas para recoger los envases y reintegrar el depósito. Según los estudios de mercado realizados con consumidores, los clientes que devuelven envases vacíos cuando van a hacer la compra, compran hasta el 52 por ciento más que los demás clientes.
 Además, estos consumidores tienden a ir a las tiendas donde tienen el mejor sistema de devolución de envases, de hecho, el 22 por ciento de los consumidores estaría dispuesto a cambiar el lugar de compra a una tienda con un mejor sistema de devolución.

Finalmente, insisten en que el pequeño y mediano comercio español siempre ha mantenido un compromiso con el cuidado del entorno y ha ofrecido el máximo apoyo a las medidas que contribuyen a la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Por este motivo demandan que norma que afecte directamente a nuestros negocios sea previamente explicada y consensuada para evitar daños irreparables en un sector ya de por sí muy afectado por la actual situación económica del país.

En sentido, y dado que el Proyecto de Ley se encuentra aún en trámite parlamentario, la Confederación Española de Comercio ha solicitado a los distintos grupos con representación en el Parlamento una reunión para trasladarles la inquietud del sector y buscar una posible solución.

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