edición: 2246 , Viernes, 23 junio 2017
03/10/2008

La política de inmigración europea de Sarkozy une a Zapatero y a Rajoy

Xavier Gil Pecharromán

La reforma de la Ley de Extranjería podría convertirse en uno de los grandes acuerdos entre PSOE y PP, tras la abstención protagonizada ayer por los diputados en el Congreso de los Diputados en la votación de la convalidación sobre el Plan de Retorno. En la pasada legislatura, el Grupo Popular se opuso sistemáticamente a todas las propuestas sobre inmigración iniciadas por el Gobierno.

Desde el inicio de la legislatura, Zapatero ha llevado a cabo un giro radical en su política de inmigración hasta situarse en línea con las políticas impuestas en la UE por los Gobiernos de centroderecha y en buena medida explicable por la crisis que ha disparado las cifras de paro. El propio Corbacho ha advertido de que  el paro podría alcanzar el 12,4% de la población activa en el próximo año.

Para situar las dimensiones de la inmigración en España, baste decir que de los 46,06 millones de habitantes que tiene España, 5,22 millones, es decir, el 11,3%, son extranjeros.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que presentará antes de finalizar el año una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería en materia de reagrupación familiar, que supondrá un incremento del plazo para adquirir el derecho para que el inmigrante pueda traer a sus padres a España, que ahora se obtiene al año y que con la nueva normativa se alcanzará pasado un lustro, coincidiendo con la consecución de la residencia permanente.

Desde el Partido Popular se ha venido pidiendo estas últimas semanas mayor mano dura en el asunto de la reagrupación familiar y, sobretodo, que quienes se beneficien de la reagrupación no adquieran el derecho de poder agrupar a más personas. En una reciente entrevista televisiva, Mariano Rajoy aseguraba que le parecen bien las medidas anunciadas por Corbacho, aunque con la matización de que le gustaría "que actuara".

La medida de limitar la llegada de ascendientes, que no la de cónyuges e hijos, tiene una lectura económica de primera magnitud, ya que al tratarse de personas mayores, mayoritariamente no cotizan, pero sí son usuarios habituales de la sanidad.

Un dato sorpresivo sobre la política de Zapatero ha sido el apoyo del PSOE a la Directiva de Retorno en el Parlamento Europeo, promovida por el presidente de turno de la UE, Nicolás Sarkozy. El texto recibió el apoyo mayoritario del Grupo Popular Europeo, mientras que los socialistas dividían su voto,  unos a favor y otros en contra. 

Se trata de una normativa que regula que los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta 18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Además, podrán ser detenidos con una mera orden administrativa y una vez expulsados no podrán volver a la UE en un plazo de cinco años. Y finalmente, los menores de 18 años no acompañados podrán ser repatriados. Los Gobiernos comunitarios tienen ahora un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales.

La explicación de esta división en los apoyos tiene, también, una base económica. De haberse aprobado alguna de las enmiendas planteadas en el Parlamento, la tramitación debía volver al comienzo, lo que supondría un nuevo plazo de dos o tres años, tiempo en el que habían estado bloqueados 676 millones de euros del Fondo Europeo de Retorno para el periodo 2008-2013. Dinero que se debe utilizar para financiar los gastos de repatriación de inmigrantes.

PACTO DE INMIGRACIÓN

También el Gobierno Zapatero ha apoyado, esta semana pasada en el Consejo de Ministros de Interior de la UE,  el Pacto Europeo de Inmigración. Dicho Pacto obliga a los Estados miembros a realizar las regularizaciones caso por caso y no hacerlas con carácter generalizado. El pacto, que será aprobado por la cumbre de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, y por una firmeza total contra los indocumentados.

Con esta normativa se intenta limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral. Se combatirán los matrimonios de conveniencias y se establecerá en 2011 una tarjeta azul para facilitar el ingreso de la UE de los inmigrantes muy cualificados. 

El Plan establece que podrán acogerse a la tarjeta azul  aquellos trabajadores extranjeros, con tres años de formación universitaria como mínimo, que perciban 1,5 veces el salario medio del país en el que hayan sido contratados, lo que en el caso de España se corresponden con unos ingresos brutos de 33.000 euros al año. Aunque en los sectores más demandantes de mano de obra cualificada, el salario a retener para satisfacer los requerimientos de la «tarjeta azul» se reducirá al 120% del medio.

Estos trabajadores tendrán derecho a las mismas condiciones sociolaborales que los residentes y a facilidades para el acceso al mercado de trabajo para sus parejas. Además, tras 18 meses de estancia en un país de la UE, el trabajador podrá desplazarse a otro Estado miembro, con las mismas condiciones que las que le habían sido otorgadas en el primer país europeo de residencia.

Finalmente, retomemos el asunto con el que empezaba este comentario: los inmigrantes establecidos en España que decidan marcharse a sus países percibirán el total de su pensión, sin descuentos de cotizaciones a la Seguridad Social, capitalizado en dos plazos: uno del 40% antes de marcharse y otro del 60% una vez que ya se encuentren en su país. Quienes se acojan a esta medida no podrán volver, al menos en tres años.

Las posibilidades manejadas por el Gobierno establecen en 10.000 el número de los extranjeros que pueden acogerse. Sin embargo, las asociaciones de inmigrantes consideran que el número de acogidos será muy pequeño, porque la situación laboral se encuentra igual de mal que en España y la económica sigue siendo mejor de este lado del Atlántico y del Mediterráneo.

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