edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
11/12/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

La política fiscal y el modelo de Estado

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
La descentralización de las Administraciones Públicas, desde el punto de vista de la política fiscal, no ha sido un proceso ordenado que haya concluido en un modelo eficiente. Esto provoca un claro sesgo al déficit, pues existe una insuficiente responsabilidad fiscal por parte de las administraciones autonómicas.

• Hay que cerrar definitivamente un modelo de ordenación del Estado, con una descentralización racional del gasto y los ingresos públicos, que fomente la responsabilidad fiscal por parte de las AAPP, en especial de todas las CCAA.

• En la práctica, tenemos un Estado federal por el grado de descentralización alcanzado. Sin embargo, es una descentralización siempre en progresión sin atender a un modelo bien definido.

• En realidad, la descentralización de las AAPP españolas ha generado un conjunto de incentivos perversos para incrementar el gasto público por parte de las CCAA, sin que éstas tengan que asumir las consecuencias de esa política.

• En el modelo actual, el Estado calcula las necesidades de gasto de las CCAA en determinadas competencias que se les han transferido. El cálculo responde a distintos criterios (población, insularidad, territorio). Una vez calculadas esas necesidades, se trata el problema de su financiación.

• La gran mayoría de CCAA experimentan un déficit por la clara brecha entre sus gastos y sus ingresos tributarios, por lo que acuden a la financiación estatal vía fondo de suficiencia. Así, hay un claro incentivo al déficit, por el rédito que da el gasto y el nulo coste político de los ingresos. Además, todas las CCAA tratan de que les sean reconocidas mayores necesidades de gasto.

• El nuevo modelo de financiación no modifica la esencia del esquema, sino que actualiza los parámetros con los que se delimitan las necesidades de gasto (que aumentan). Aunque se ceden más impuestos a las CCAA, sigue vigente la contribución adicional del Estado a través de nuevos fondos que mantienen la naturaleza redistribuidora del de suficiencia. Como se incrementan las necesidades de gasto, aumentarán las transferencias del Estado, quien se verá obligado a nuevas emisiones de deuda.

• La solución a lo anterior pasa inexorablemente por la corresponsabilidad fiscal, a través de una descentralización también presupuestaria, no sólo competencial. Cada CCAA debería responsabilizarse de la financiación de su gasto público y los gobiernos autonómicos habrían de responder ante sus ciudadanos por sus decisiones sobre gasto y tributos. En ese sentido, el nuevo modelo de financiación empeora aún más las cosas, pues impide la competencia fiscal entre CCAA.

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