edición: 2246 , Viernes, 23 junio 2017
19/06/2017

La política temeraria de endeudamiento del Gobierno socava la inversión y compromete la sucesión

El gasto no comprometido de los Presupuestos del Estado toca un récord mínimo y seguirá cayendo
Carlos Schwartz
El Gobierno, que cree haber navegado con solvencia por los avatares de la moción de censura lanzada como reto dialéctico por Podemos, ha llevado a España a una verdadera encerrona en materia de inversión pública lo que ha socavado las posibilidades del país en materia de mejora de la educación, en ayudas para la inserción de los parados a través de una formación solvente, ha condenado a la investigación y desarrollo o la inversión necesaria para avanzar en la sociedad digital en la que la Unión Europea (UE) dice estar profundamente comprometida. La inconsistencia de la oposición se demuestra en parte en la incapacidad para denunciar de forma concentrada estos riesgos reales que se derivan de forma directa de la política fiscal y presupuestaria del Gobierno. El gasto no comprometido de las administraciones públicas en nuestro país ha tocado un récord histórico de mínimos. El gasto no comprometido es el excedente sobre el pago de intereses de la deuda y los compromisos de la protección social como seguro de desempleo, pensiones y sanidad por dar algunos ejemplos comprensibles. Este gasto de libre disposición representó en 2016 el 21,4% de los ingresos disponibles, se espera que este año ronde el 20% y en el 2018 el 19,5% de acuerdo con estimaciones de fuentes privadas.
Mientras, los científicos se quejan por la falta de presupuesto para proyectos en curso, una institución como el CIEMAT sufre de un proceso de asfixia lenta y premeditada por parte de la administración y el CSIC carece de presupuesto para contrataciones consideradas imprescindibles. La deuda pública está estancada desde hace tres años en torno al 100% del producto interior bruto (PIB) y no hay ningún indicio de que se vaya a registrar una reducción sensible de la misma. El Gobierno augura una rápida reducción de la deuda, pero todos los análisis de fuente privada estiman que seguirá por encima del 95% del PIB a finales del 2018, año en el cual el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a incrementar los tipos de interés de referencia para la zona del euro.

Este incremento de los tipos de interés va a suponer que el coste de la refinanciación de la deuda que vence será cada vez más oneroso mientras que las necesidades financieras de las administraciones públicas no tienen viso alguno de que vayan a caer. Esto abre la perspectiva de que la tasa de gasto no comprometida siga cayendo. Sin contar con el hecho de que de ese epígrafe se ejecutan de forma sistemática pagos que no forman parte de las necesidades de modernización de la economía nacional. Mientras, los tipos fiscales de España están dentro de la media de la UE pero la recaudación fiscal de nuestro país es de la más bajas de la zona euro en proporción a la magnitud del PIB. Estos indica algo que el Gobierno está sistemáticamente dispuesto a enmascarar y negar y que la oposición parece absolutamente incapaz de puntualizar de forma detallada y eficaz.

Las exenciones y desgravaciones de las que gozan las grandes corporaciones atentan contra la posibilidad de recaudación con la consecuencia de que es la renta de las personas físicas el centro de la financiación de los presupuestos generales del Estado. Es el impuesto al salario lo que sostiene a la Administración. Está claro a estas alturas que el Gobierno del Partido Popular no está dispuesto a tomarse en serio la posibilidad de incrementar la recaudación fiscal mediante el impuesto de sociedades que a resultas del régimen de exenciones diversas es un impuesto en regresión con una baja tasa de recaudación real. Tres cuartos de lo mismo ocurre con los ingresos de la Seguridad Social (SS) cuyas necesidades financieras no van a decrecer, sino más bien están destinadas a crecer de forma vegetativa por el aumento de la vida media de los trabajadores y la caída de los ingresos de la SS.

Caída de los ingresos que está determinada de un lado por la tasa de desocupación y por el otro por las exenciones a los empleadores. La idea de las exenciones a los empleadores se funda en la hipótesis de que son estas las que favorecen la creación de empleo, cuando la realidad es que el empleo que se crea es precario, estacional y mal remunerado. Los récord de empleo proclamados por el Gobierno no pueden enjugar el déficit de la SS ni por asomo, entre otras cosas porque su temporalidad y baja remuneración lo impide. El empleo de calidad y de largo plazo trae aparejado una mejoría de las contribuciones sociales.

En todo el periodo que ha seguido a la gran recesión el Gobierno no ha hecho el más mínimo esfuerzo por diseñar una política destinada a incrementar la productividad del trabajo en España sobre la base de un incremento de la capacidad técnica del capital y una mejora de la formación de los trabajadores para una base industrial más tecnificada. Por decirlo burdamente, el Gobierno del partido Popular espera que una nueva burbuja en el sector inmobiliario les saque las castañas del fuego en materia de crecimiento económico.

El ejecutivo viene batiendo el parche de sus logros porque el PIB ha crecido levemente por encima del 3%, pero sobre lo que no puede batir el parche es sobre la sostenibilidad de esa tasa de crecimiento, ni sobre la posibilidad de que la misma pueda crear empleo de calidad y de larga duración. De conjunto la política económica y fiscal del Gobierno es una burbuja en si misma destinada a desinflarse más pronto que tarde.

Mientras al cierre del primer trimestre de este año la proyección del crecimiento del PIB es del 3%, del cual el 2,2% está representado por la demanda nacional y el 0,8% está representado por el saldo exterior. El consumo de los hogares representa una aportación del 2,5%, pero esta participación se basa en el fuerte endeudamiento de las familias españolas que ha escalado a tasas inaceptables en función de la necesidad del ahorro necesario, y no hay indicios de que remita a corto plazo. A la oposición le va la vida en denunciar de forma sistemática y acertada el fracaso de estas políticas por dos motivos. El primero es que si no lo hace el Gobierno se seguirá colocando en la solapa sus ficciones de crecimiento económico con el objetivo torticero de engañar a los electores. El segundo porque serán ellos los que heredarán tarde o temprano los restos del naufragio.

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