edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
29/03/2010

La práctica totalidad de las pymes están fuera de la ley ya que ni siquiera han oído hablar de las operaciones intragrupo o entre socios y sociedades

Xavier Gil Pecharromán
La última semana tributaria se resume con las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno en el seno del Pacto de Zurbano, que se recogerán en un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de impulso de la recuperación económica. Los cuatro primeros días concentraron las solicitudes de las asociaciones de asesores fiscales en busca de mejoras para los contribuyentes y los demás, en los tiras y aflojas de los representantes de los grupos parlamentarios para intentar ampliar, sin fortuna alguna, las ofertas gubernamentales. El capítulo más importante viene referido a las obligaciones de documentación para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, en lo que a operaciones vinculadas se refiere. El problema, como ya hemos comentado en ICNr, es que la práctica totalidad de estas empresas están fuera de la ley, ya que ni siquiera han oído hablar de las exigencias sobre las operaciones intragrupo o entre socios y sociedades y las enormes sanciones que se imponen por no tener la documentación en regla, lo que puede suponer multas de hasta 15.000 euros por grupo de datos. Estas medidas afectan tanto a operaciones nacionales como internacionales, pero quedarán descartadas las que se efectúen con los paraísos fiscales.

Lejos por lo tanto han quedado las demandas del portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, que junto a la mayor simplificación de las obligaciones documentales solicitaba a los responsables de la Agencia Tributaria que se limiten las obligaciones a las operaciones internacionales.

Por cierto, que un inspector de Hacienda, Teodoro Cordón, ex subdirector general de Tributos, lanzaba un aviso a navegantes explicando que los socios minoritarios no tardarán en recurrir a los tribunales, incluso por la vía penal, contra los administradores cuando Hacienda les corrija los precios de las operaciones vinculadas por ser superiores a los razonables y no reflejarlos en la contabilidad.

A este respecto, Ramón López de Haro, socio de Garrigues, explicaba que en Estados Unidos no hay pleito de precios de transferencia que no acabe en una demanda de los accionistas minoritarios, al entender que si Hacienda actúa como perito imparcial y dictamina que una compañía, que es socia mayoritaria de otra a la que factura por encima del valor de mercado gracias a su posición mayoritaria, "estará abonado el terreno para que el resto de los accionistas, que ven que sus dividendos son menores porque se lastra la cuenta de resultados, demanden al mayoritario al considerar que les roba".
 
Pero no todas las medidas del Gobierno se han referido a las operaciones vinculadas, sobre las que tanto PP como CiU han hecho bandera reivindicatoria. Así, se va a prorrogar para los ejercicios 2011 y 2012, la libertad de amortización para empresas y profesionales establecida en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, siempre que se mantenga el empleo, y se acorta de un año a seis meses el plazo para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas.

En el Real Decreto se incluirá, del mismo modo, una medida demandada por empresarios, consumidores y los grupos de la oposición, que se incluye en el capitulo gubernamental de apoyo a la rehabilitación de vivienda. Se trata de una medida coyuntural, que nace con fecha de caducidad (31 de diciembre de 2012) y que soportará íntegramente el Estado. Se trata de una desgravación en el IRPF por las cantidades satisfechas por obras que tengan por objeto la eficiencia energética, la mejora de las cubiertas y la estanqueidad, el saneamiento, el acceso a la sociedad de la información, la sustitución o mejora de las instalaciones de electricidad, agua, gas, la adaptación de la vivienda a personas con discapacidad, o la mejora de la accesibilidad del edificio o las viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 2068/2008.
 
Esta deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007€ con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros. La deducción decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas entre 33.007 € y 39.407,20 €.

La medida conlleva otra reducción temporal, en este caso en el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda. Se fija tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.

Y como era de esperar, se amplía el concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.
Y finalmente, merece la pena destacar la próxima aplicación del tipo superreducido de IVA (4%) a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencia.

Lejos has quedado una demanda empresarial muy insistente sobre la aplicación del IVA superreducido a las actividades relacionadas con el turismo, con el objetivo de paliar la situación que padece el sector ante la crisis.

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