edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
11/12/2008
Observatorio Jurídico

La prescripción delictiva y las responsabilidades civiles. El caso Urbanor

Datadiar

La infracción penal no sólo genera una responsabilidad penal, en razón a la pena que resulte aplicable por el delito o falta cometido, sino que de la mismo se derivan responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados, que podrán exigirse conjuntamente con las responsabilidades penales o, por el contrario, de forma independiente ante la Jurisdicción Civil a través del procedimiento que corresponda de este orden jurisdiccional.

Hay que comenzar recordando, con reiterada doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que la acción civil “ex delicto” no pierde su naturaleza civil por el hecho de ejercitarse en proceso penal. El tratamiento debe ser parejo, so pena de establecer agravios comparativos, o verdaderas injusticias, según decida el sujeto perjudicado ejercitar su derecho resarcitario en el propio proceso penal, o lo reserve para hacerlo en el correspondiente civil (arts. 110 y 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –LECrim- y art. 109.2 y 116 del Código Penal –CP-).
 
Al mismo tiempo conforme a lo prevenido en el artículo 116 LECrim la absolución penal veda cualquier pronunciamiento condenatorio sobre responsabilidad civil derivada del delito, salvo en los casos del artículo 120 del Código Penal. Así ocurre por ejemplo cuando se aprecia la prescripción, causa de exclusión de la responsabilidad penal que determina la absolución del acusado.

ANTECEDENTES DE LA STS 430/2008

Los antecedentes más remotos de la presente Sentencia pueden encontrarse en la de 29 de diciembre de 2000 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró la extinción de la responsabilidad penal de dos personas que recurren en amparo por los delitos de Falsedad en documento mercantil y de Estafa agravada por la cuantía de lo defraudado, como consecuencia de apreciar la prescripción de los expresados delitos por el transcurso del plazo prescriptivo aplicable de cinco años (arts. 112.6º y 113 CP. 1973 y 130.5º y 131 CP. 1995).

Se trataba de una macrooperación de venta de dos solares de gran valor que llevaron a efecto los dos acusados, comprensiva de las participaciones de éstos como socios mayoritarios de la sociedad propietaria del suelo, y de las correspondientes a los socios minoritarios en función del encargo que éstos les confirieron al efecto. El fraude consistió en que los acusados cerraron la venta por precio de 231.000 ptas. pero informaron a sus socios de que el precio fue de 150.000 ptas., con lo que se beneficiaron ilícitamente de 8.000 millones de ptas. La operación, acompañada de varias falsedades documentales, se cerró el 7 de enero de 1988 si bien que los perjudicados no acudieron a la jurisdicción penal hasta el día 6 de enero de 1993, esto es, un día antes de transcurrir el plazo prescriptivo de 5 años, y lo efectuaron mediante una querella defectuosa en la medida en que no estaba firmada por los querellantes y el Procurador carecía de poder especial al efecto. El Juzgado de Guardia ante el que se presentó la remitió al Decanato para reparto, y el Juez a quien correspondió la instrucción incoó diligencias previas cuando ya había transcurrido el período quinquenal referido, haciéndolo a los meros efectos de constancia procesal de la presentación de la querella limitándose a requerir a las partes para que se ratificaran en la misma, lo que efectuaron en diversas fechas la última de la cual se produjo cuando habían transcurrido diez meses desde la presentación de la querella.

La Audiencia apreció la comisión de ambos delitos (falsedad documental y estafa), si bien que declaró extinguida la responsabilidad penal apreciando que lo que fue objeto de presentación no era una verdadera querella, y cuando se cumplimentó la misma el hecho ya estaba prescrito. Recurrieron en casación los querellantes y el Tribunal Supremo estimó el recurso mediante Sentencia 14 de marzo de 2003, haciendo aplicación al caso de su reiterada doctrina según la cual la prescripción se interrumpe por el acto de la presentación de la denuncia o querella ante el Juzgado, bastando la constancia de la fecha de dicha presentación para tener por dirigido el procedimiento contra el culpable (art. 132.2 CP), en cuanto que elemento normativo que concreta el “dies ad quem” o plazo final.

No obstante, con posterioridad el TC dictó la Sentencia 63/2005, de 14 de marzo, fijando su doctrina sobre la interpretación constitucionalmente ajustada a la naturaleza y efectos del instituto de la prescripción, en el sentido de no bastar aquel dato de la presentación tempestiva de dichos actos de iniciación del proceso penal, mediante los que se ejerce el “ius ut procedatur”, sino que es preciso el requisito añadido de que medie interposición judicial, concepto no precisado pero que no se identifica necesariamente con la incoación de proceso penal sino más bien con la verificación judicial de la versimilitud o razonabilidad del contenido de la denuncia o de la querella.

Los condenados en aquella STS 14 de marzo de 2003 acudieron en amparo ante el TC y este Alto Tribunal estimó en STC 29/2008, de 20 de febrero, la demanda apreciando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE.), por falta de razonabilidad de la interpretación mantenida por el TS, acerca de la interrupción del plazo prescriptivo por medio de la mera presentación en las dependencias judiciales de los escritos de denuncia o de querella, sosteniendo que la tutela judicial efectiva debe reforzarse cuando con el criterio que se mantenga se implique y produzca efectos sobre los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y la legalidad penal (art. 25.1). Dice el TC que el criterio interpretativo del TS no es conforme con la naturaleza de la prescripción y se ha realizado “in malam partem”.


Otorgado el amparo y declarada la nulidad de la sentencia del TS entra en juego el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, de fecha 15 de diciembre de 2000, en cuya virtud en los procesos penales en que se haya dictado sentencia de casación anulada por el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, necesariamente el Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en el orden penal, habrá de finalizar el proceso dictando la sentencia que corresponda en los términos que habrían sido procedentes de haber sido apreciada en casación la vulneración estimada por el Tribunal Constitucional, consecuentemente con la nulidad y los efectos decididos por dicho Tribunal.

Es en este momento cuando el Alto Tribunal dicta la Sentencia 430/2008, de 25 de junio, que ahora analizamos.

LA PRESCRIPCIÓN COMO CUESTIÓN DE LEGALIDAD ORDINARIA

La sentencia que comentamos se hace eco de la reiterada la doctrina del TS que considera la prescripción una cuestión de legalidad ordinaria que compete en exclusiva a los órganos judiciales y que opera en el en el proceso penal como causa de extinción de la responsabilidad criminal a través de la desaparición o extinción del hecho que al acusado se le imputa, cuando el transcurso del tiempo y la paralización del proceso modifican sustancialmente la necesidad de la pena, a la par que los principios de mínima intervención y proporcionalidad juegan entonces como factores coadyuvantes en beneficio del reo, para aminorar los efectos y consecuencias que el hecho delictivo habría de producir normalmente. Se trata de una institución del derecho material o sustantivo, que, como problema de legalidad ordinaria, ha de apreciarse por encima de posibles deficiencias procesales, tan pronto concurran los supuestos materiales que la sustentan, porque de no hacerlo así, se faltaría al principio de coherencia, política y criminal, que preside la institución; procediendo su admisión en cualquier estado del procedimiento, bien a instancia de parte, e incluso apreciándola de oficio.

PRESCRIPCIÓN DELICTIVA Y SU REPERCUSIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES

Como hemos apuntado, la prescripción es causa de exclusión de la responsabilidad penal que determina la absolución del acusado. En el caso, después de declarar el TC que no era exigible responsabilidad penal, considera dificultoso la Sala el efectuar un pronunciamiento sobre responsabilidades civiles "ex delicto": la sentencia del TC anuló la de la Sala de casación sin restricciones ni limitaciones. Tal declaración arrastra a todos los demás pronunciamientos que integraban la parte dispositiva de la sentencia de casación y obligaba a desviar las reclamaciones civiles a la jurisdicción de ese orden, de conformidad con la legalidad de nuestro Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como también hemos dicho, en virtud de lo prevenido en los arts. 109 y 116 CP toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente. A "sensu contrario" absuelto del delito no puede existir pronunciamiento sobre responsabilidades civiles distintas a las admitidas excepcionalmente por el Código (art. 118 y 119 C.P.). El fundamento único, raíz u origen de la indemnización, es causar un daño a través de la ejecución de un delito, luego quien es absuelto de un delito no puede responder civilmente "ex delicto" ni de las costas causadas.

Según interpretación jurisprudencial de la Sala 2ª el conocimiento de la acción civil dentro del proceso penal tiene carácter eventual al estar condicionada por la existencia de la responsabilidad penal. La estimación de una causa extintiva de la responsabilidad criminal impide resolver la reclamación civil en el proceso penal. De ello se extrae como conclusión jurídica que, libres de cualquier pronunciamiento condenatorio, por estimar prescritos los hechos, resulta a todas luces improcedente imponer responsabilidades civiles dimanantes de delito a sujetos que han sido absueltos. La responsabilidad civil dimanante de delito sólo puede ser objeto de pronunciamiento en el ámbito del proceso penal seguido, cuando existe una previa declaración de algún "responsable" por tal delito.

En términos literales, la Sala 2ª afirma en la sentencia que comentamos que “consecuentes con esta idea tal declaración arrastra a todos los demás pronunciamientos que integraban la parte dispositiva de la sentencia de casación y obligaba a desviar las reclamaciones civiles a la jurisdiccion de ese orden, de conformidad con la legalidad de nuestro Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. (...) En nuestro derecho positivo existen preceptos inequívocos que remiten los pronunciamientos civiles, cuando todos los procesados han sido absueltos, a la jurisdicción civil. Entre éstos citamos: 1) El art. 116 C.P . nos dice: "Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente.....". A "sensu contrario" absuelto del delito no puede existir pronunciamiento sobre responsabilidades civiles distintas a las admitidas excepcionalmente por el Código (art. 118 y 119 C.P.). En tales casos es posible en el mismo proceso penal pronunciarse sobre medidas de seguridad, responsabilidades civiles, costas, etc. 2) Esta idea la reafirma el art. 109 C.P . "La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados". De igual modo el fundamento único, raíz u origen de la indemnización, es causar un daño a través de la ejecución de un delito, luego quien es absuelto de un delito no puede responder civilmente "ex delicto"“

“Pareciera que el art. 109 C.P”, continúa la Sala “que no hace referencia explícita a los declarados "responsables", sino a la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta, permite ampliar los supuestos del art. 118 C.P . a aquéllos en que existiendo delito no ha sido condenada persona alguna como responsable de él (v.g. excusas absolutorias, causas de exclusión de pena, etc.), pero tal posibilidad no ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Sala, que sin inflexión y en interpretación sistemática ha declarado, en relación al art. 109 , que "el conocimiento de la acción civil dentro del proceso penal tiene carácter eventual al estar condicionada por la existencia de la responsabilidad penal. La estimación de una causa extintiva de la responsabilidad criminal impide resolver la reclamación civil en el proceso penal....." (véanse, por todas, S.T.S. 172/2005, de 14 de febrero), precedentes que la mayoría de la Sala ha decidido mantener. Desde otro punto de vista la ausencia de pronunciamiento sobre responsabilidades civiles no puede impedir a esta Sala dictar una tercera sentencia, no ya porque así se acordó en el Pleno no jurisdiccional de 15 de diciembre de 2000 , sino por otras razones jurídicas, entre las que podemos mencionar las siguientes:  a) si se entendiera que anulada la sentencia de esta Sala por la del Constitucional no se pudiera pronunciar otra de nuevo se produciría la consecuencia paradójica de que el procedimiento carece de sentencia firme dictada por órgano de la jurisdicción penal, ya que el Tribunal Constitucional no forma parte de dicha jurisdicción. b) si no se dictase otra sentencia los acusados nunca resultarían formalmente absueltos del delito del que fueron acusados, cuando según el Tribunal Constitucional tal delito ha prescrito. c) cuando el Tribunal Constitucional habla de que no cabe retroacción para celebrar un nuevo juicio penal, no excluye el dictado de una nueva sentencia, sino que se limita a eliminar la posibilidad de arrojar contra el reo la carga y gravosidad de un nuevo enjuiciamiento que no está destinado a corregir una vulneración en su contra de normas procesales con relevancia constitucional.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la Ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (B.O.E. núm. 293, de 05 de diciembre de 2008)
De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.

JURISPRUDENCIA

Penal

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Derecho a un juez predeterminado por ley. Caso de autos. Derecho a un Juez imparcial. Incongruencia omisiva. Prescripción. Principio non bis in idem. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha: 26 de mayo de 2008.
Derecho a la segunda instancia penal. Artículo 14.5 PIDCP. Existe una asimilación funcional entre el recurso de casación y el derecho a la revisión de la declaración de culpabilidad y la pena declarado en el art. 14.5 PIDCP, siempre que se realice una interpretación amplia de las posibilidades de revisión en sede casacional y que el derecho reconocido en el Pacto se interprete no como el derecho a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio, sino como el derecho a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto.

Mercantil

No existe razón que permita justificar la resistencia de la aseguradora al cumplimiento de la obligación del pago y excluya la mora del 20.8 LCS. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 16 de julio de 2008.
A la hora de determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de la aplicación de la regla octava del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , en la redacción dada por disposición adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -y cuya aplicación al caso, dada la fecha del siniestro, es incuestionable-, esta Sala ha seguido una línea interpretativa caracterizada por un creciente rigor en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma que establece y regula su imposición, y conforme a la cual, para excluir la mora de la aseguradora y la condena a los intereses previstos en la ley especial -rectius, indemnización por mora, conforme a los términos de la regla 8º del artículo 20 -no basta la mera incertidumbre acerca de la cantidad a pagar por la aseguradora, sino que, en términos generales, es preciso valorar, fundamentalmente, si la resistencia de ésta a abonar lo que, al menos con seguridad, le correspondía, está o no justificada, o el retraso en el pago le es o no imputable.

El régimen de prescripción de acciones establecido para el transporte internacional de mercancías se aplica preferentemente al artículo 943 C.Com. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de julio de 2008
Un régimen particular de prescripción de acciones, como el establecido para el transporte internacional de mercancías con conocimiento de embarque, se aplica preferentemente al propio artículo 943 y, en todo caso, a las normas del Código Civil a las que el mismo se remite. Por ello, no tiene trascendencia a los efectos del recurso el que el Código de Comercio no contenga norma reguladora de la prescripción de las acciones dirigidas a exigir responsabilidad por averías al porteador en la ejecución del transporte multimodal internacional.

Civil

La sumariedad del procedimiento de jura de cuentas no permite que su decisión alcance eficacia plena de cosa juzgada material. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 19 de junio de 2008
El recurrente, en lugar de fundamentar, como le impone el artículo 1707 de la LEC, la vulneración normativa que denuncia, se empeña en expresar a la Sala sus dudas sobre la suerte que le esperaría en este pleito, incluso en el eventual caso de que la excepción de cosa juzgada fuera desestimada, pronosticando una hipotética desestimación de sus pretensiones por falta de prueba que, en cualquier caso, es ahora intranscendente desde el punto de vista casacional, por ser ajeno al juicio jurídico o de corrección en la aplicación del derecho que constituye el exclusivo objeto del presente recurso.

Tercería de mejor derecho. Contrato de leasing. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de junio de 2008
Al contrato de leasing le falta una actividad de liquidación para determinar el alcance de las obligaciones del deudor; lo cual ocurre en este tipo de contrato y en otros, como aquellas pólizas de crédito en que la cantidad debida debe ser determinada previamente a la ejecución. Pero, según la jurisprudencia que ahora se reitera, la preferencia se determina por la fecha del contrato, con independencia de las opciones que tenga la parte acreedora cuando se produce el incumplimiento del contrato y de la determinación del saldo deudor.

Laboral

Vulneración del derecho a la libertad sindical. Secciones sindicales. Delegado sindical. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de junio de 2008
Se alega, en síntesis por la recurrente, que como se señala en la fundamentación jurídica de la sentencia, la empresa reconoce la existencia de la sección sindical, y que lo que no se reconoce es la figura del delegado sindical con esa denominación como representante de la sección sindical, siendo ésta la circunstancia que como elemento de discusión y controversia ha llevado a la Sala en la sentencia recurrida -dice- a estimar parcialmente la demanda, y considerar que negar tal denominación al representante de la sección sindical constituye un elemento lesivo del derecho de libertad sindical, ya que no hay ningún otro vestigio de conducta que puede llevar a aparejada una violación de los derechos fundamentales de sindicación y representatividad a nivel de sección sindical.

Un mero retraso, no voluntario, en las transferencias mensuales de las cuotas sindicales al Sindicato recurrente, no supone incidencia alguna sobre el derecho fundamental de Libertad Sindical. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de junio de 2008
No cabe desconocer que tratándose de un derecho del Sindicato -el del cobro de la cuota de sus afiliados- la actuación empresarial pudiera llegar a ser, si se dieren las circunstancias para ello, un atentado al derecho fundamental de libertad sindical, en cuanto pudiera adoptar los perfiles propios de dicho atentado a esa libertad fundamental. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial mantenido respecto a la procedencia o no del proceso colectivo de tutela de los derechos fundamentales, son de admitir las consideraciones que, en este aspecto, se hacen en la sentencia recurrida y, consecuentemente, estimar la procedencia del proceso judicial actuado.

Administrativo

Inexistencia de imposibilidad legal para la ejecución de la sentencia.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 04 de junio de 2008
No procedía la declaración de inejecución de la sentencia (demolición de exceso de altura de la edificación), ya que no es aceptable la justificación para la legalización de las alturas. La demolición únicamente podrá ser evitada si una nueva planificación, ya aprobada, o en trámite de aprobación, consintiera este exceso de altura. No encontrandose aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no puede considerarse que se encontrara ya en trámite. Solo la aprobación inicial del Plan es la determinante de la iniciación de los efectos y la que concreta el inicio de la tramitación del mismo. Esto implica que la elevación abusiva de la edificación debía ser corregida, para que la misma desaparezca.

Efecto prejudicial positivo en el caso de conexión de los actos objeto de impugnación. Traslado forzoso de oficina de farmacia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de junio de 2008
En el "thema decidendi" de la sentencia de la Sala de instancia formaron parte cuestiones ya decididas en sentencia firme anterior. Se debió atener a su contenido, sin contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándolo como punto de partida, lo cual no ha efectuado. Se denegaron unas licencias municipales de construcción de una caseta prefabricada y de apertura de farmacia, porque no era adecuado al planeamiento (ni el que estaba en tramitación, ni el que estaba en vigor en el momento de su instalación) pero se accedió al traslado forzoso porque la farmacia estaba "instalada”. Se retrotraen las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia por la Sala de instancia por tratarse de una cuestión regulada por el derecho autonómico de la Comunidad de Madrid.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...