edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
21/01/2010
El Foro Permanente de Sostenibilidad y otras instituciones solicitan medidas concretas para el gran desafío climático

La presidencia española de la UE se enfrenta al reto de la herencia envenenada de Copenhague

El desafío prioritario es revisar el Paquete de Energía y Cambio Climático para reducir emisiones contaminantes
Beatriz Lorenzo

Se ha estrenado con un discurso jalonado de peticiones de unidad, impulso de la sociedad de la información, compromiso con el cambio económico y lucha por una economía cada vez más sostenible. En su primera comparecencia ayer ante el Parlamento Europeo, Rodríguez Zapatero tuvo palabras también para promocionar las energías renovables, apuntando a que la presidencia española centrará sus esfuerzos en disminuir la “dependencia energética”, que actualmente supone cada año una transferencia económica de 67.000 millones de euros a otros países. Zapatero abogó por la creación de un “mercado común de la energía” que favorezca la creación de energías renovables de manera común entre los Veintisiete. Si bien es cierto que la implantación de fuentes de energía limpias en detrimento de las tradicionales es uno de los pasos más importantes en la lucha contra el cambio climático, la agenda presidencial tendrá que acometer un gran esfuerzo en esta materia, que pasará por la adopción de medidas preliminares que atenúen, o al menos disimulen, el gran fracaso en que derivó la Cumbre de Copenhague.

A falta de que durante las malogradas reuniones se alcanzase un acuerdo entre los países desarrollados y emergentes con respecto a las responsabilidades relativas a las emisiones contaminantes, a España le incumbe lidiar con la resbaladiza situación actual, carente de ningún tipo de compromiso vinculante. Instituciones como el Oxford Institute for Energy Studies y el Foro Permanente de la Sostenibilidad y el Observatorio de RSC  en España, han coincidido en que a España le corresponde un reto trasatlántico como copresidente de la UE, ante la pérdida de liderazgo de Estados Unidos y la sutil indiferencia de China en materia de cambio climático.

La implantación y el desarrollo de un listado de acciones post-Copenhague es vital para conseguir buenos resultados en materia de cambio climático. Por lo pronto, la debacle de la Cumbre ha dejado abiertos los objetivos de los diferentes países, limitándose a hacerse eco de sus respectivas peticiones y promesas de reducción, nombrándose el 1 de febrero de este año como fecha límite para publicitar los compromisos sobre los objetivos. En materia financiera, la Conferencia ha establecido un fondo de ‘inicio rápido’ y de de medio plazo de ayuda a los países en desarrollo de 30.000 millones y 100.000 de dólares. También ha decidido dar continuidad a los dos procesos de negociación abiertos para el desarrollo de la Convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Protocolo de Kioto.

RECUPERAR EL LIDERAZGO

Ante esta situación, la acción de España durante su presidenta ha de estar orientada a recuperar el liderazgo europeo y propiciar el camino hacia un acuerdo realmente –y legalmente- vinculante. Es necesario también reorientar la Estrategia de Lisboa para que la nueva Estrategia 2020 sea sostenible y se oriente hacia una nueva ‘Economía baja en carbono’. No debe desdeñarse ninguno de los desafíos planteados y la nueva estrategia ha de orientarse hacia un nuevo modelo de producción y consumo, caracterizado por los empleos verdes y una economía baja en carbono, , integrando plenamente la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y asegurando un proceso de transición equitativa para los trabajadores y ciudadanos más vulnerables.

El mayor reto es elevar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% en relación a 1990 a no menos del 30%, lo que obliga a revisar el Paquete de Energía y Cambio Climático, aprobado en enero de 2009, en particular los objetivos de reducción para los sectores ETS bajo la Directiva de Comercio de Emisiones. España se verá en la disyuntiva de adaptar las políticas energéticas de la Unión a estos objetivos y a la nueva Estrategia 2020, así como favorecer las inversiones en I+D+i  dirigidas principalmente a las energías renovables y la eficiencia energética. No deben olvidarse tampoco los avances hacia una política energética común, el desarrollo de las redes de transporte de energía y la promoción de redes eléctricas inteligentes o “smart grids”.

No deben descuidarse tampoco las medidas aparentemente “ aisladas” que, juntas, contribuyen a la reducción del calentamiento global. Entre ellas, favorecer el desarrollo de la electrificación del transporte y los vehículos eléctricos, promover un Plan europeo de rehabilitación urbana y residencial que facilite la aplicación de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios y llevar a cabo nuevos enfoques sobre la fiscalidad para el desarrollo de la fiscalidad ambiental.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

 Tras Copenhague, definida por los más optimistas  como “la tormenta perfecta con un resultado agridulce”, se impone la implementación de un apoyo financiero y tecnológicoa los países en desarrollo para la adaptación y mitigación acordado en Copenhague, identificando mecanismos de arquitectura financiera que permitan un sistema operativo, equilibrado y participado por los receptores de la financiación abierto a la sociedad civil, y reforzamiento de la financiación a medio plazo, elevando a 100.000 millones de € la aportación anual para 2020 con una contribución de la UE de no menos de 35 millones de euros anuales tal y como recomienda el Parlamento Europeo en su resolución de 25/11/2009. Otro de los ases en la manga española que podría contribuir a la lucha contra el cambio climático a nivel europeo es el Plan Solar Mediterráneo, por su importancia en la producción de energía renovable (20GW en 2020), la magnitud de las inversiones previstas (80.000 millones de euros) y los beneficios sociales y de empleo generados (que podrían superar los 200.000 puestos de trabajo anuales).

A nivel comunitario, es importante recordar que la Comisión Europea todavía no ha desarrollado, como se le pidió en 2006, una visión a largo plazo para la UE, que se materialice en reducciones absolutas de energía y uso de recursos, y en una minimización de la huella de carbono en un 50% en 20 años aproximadamente.  También competirá a España el decidir una hoja de ruta coherente que combine la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático con los objetivos políticos y económicos en una Europa que está en proceso de recuperarse financieramente tras la crisis económica.

La existencia de una buena infraestructura institucional, unos objetivos coherentes y un grupo de trabajo de alto nivel que enmiende la Estrategia de Lisboa, se perfilan como los pilares que soportarán y asesorarán a España en la ardua tarea de liderar la salida de la crisis económica y la reconstrucción y promoción de una Europa sostenible.

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