edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
16/12/2010
Se le amarga el 'bautismo' de la Ley

La presión de la industria y el ‘efecto wikileaks’ le aceleran a Sinde su ‘ley antipirata’ y más opciones 'made in USA'

La exigencia de EE UU para evitar enmiendas y la reclamación patrimoniales a Moncloa impulsan la tramitación exprés de la Ley
La Coalición congela aún las macrowebs ‘legales: exigirá a la ministra cortes directos si no se reduce en un 70% la ‘piratería’
Quiere escarmientos para el 30% de webs de su ‘lista negra’ alojadas en EEUU: Washington puede cortar los dominios de la ICANN y la COICA bloquear su acceso allí
Ángeles Gozález-Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela

Apura gestos de poder ante la galería de la industria nacional y los lobbies exteriores. González- Sinde quema sus últimos cartuchos de la regulación de los contenidos online en el Congreso y busca que parezcan luminarias. Pero tras la vía rápida de la “competencia legislativa plena” escogida para tramitar la LES, sin más marchamo que el que le dé la Comisión de Economía, laten las exigencias de Washington -aprobar la Ley Sinde antes de 2011 y sin enmiendas- y el ultimátum de la industria audiovisual y las gestoras de derechos. La denuncia de un grupo de discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Le marcan las distancias: no habrá proyectos sin regulación previa, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P y Redtel y los juristas, que su procedimiento es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que amenaza con nacerle condenada a muerte a la ministra. Wikileaks no sólo ha desnudado las presiones de Washington sobre la titular de Cultura: impulsa un modelo de DNS descentralizados de P2P para esquivar los bloqueos. No es casualidad que La Coalición de Creadores exija de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, busca un Reglamento que permita flexibilidad caso a caso.

La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red. Sinde busca la brújula de urgencia también en el guión made in USA. La impaciencia de Obama puede sintonizar con la de la industria española y las sociedades de gestión de derechos de autor. Un tercio de las 200 webs de la ‘lista negra’ a perseguir por Industria y la Ley Sinde residen en EE UU. Biden capitanea un agresivo plan de cierre de webs allende sus fronteras, tiene a mano la clausura de dominios internacionales a través de la ICANN y, desde ahora, con la COICA, bloquear el acceso de países, empresas o individuos a webs alojadas en EE.UU. Si la ‘Cruzada’ de la Casa Blanca despacha alguna de esas 200 webs, les ahorraría tiempo y las denuncias ante la Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional cuando entre en vigor la Ley Sinde, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P en España. 

La Ley Sinde ultima un atajo ‘exprés’ para ver la luz. Nacer nacerá, aunque sea casi un año después de lo previsto en Cultura y al calor de las urgencias de la Ley de Economía Sostenible (LES) y la disposición final en la que Presidencia -de la mano de Serrano- y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la incluyeron. Pero lo hará, si las enmiendas de ICV-Verts (que han pedido que el Gobierno retire esta polémica norma y saque la ‘ley Sinde’ del proyecto de Ley de Economía Sostenible.) y la presión social no lo impiden, sin pasar por el Pleno del Congreso de los Diputados. Como alertaba RedSostenible, se hace sitio en la vía rápida de “competencia legislativa plena”, sin más enmiendas ni marchamo que el que le dé la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 21 de diciembre, a pesar de que el mecanismo estaba pensado para leyes secundarias o de amplio consenso. La aritmética acompaña a los planes de la Ministra y a sus calendarios. Ferraz sabe que cuenta con más del 51% de los apoyos en la Comisión,ya ha pactado con PNV y CC y está a punto de conseguir el apoyo de CiU a cambio de un acuerdo de fachada sobre “un poco de vigilancia a las entidades de gestión”.

Además, una vez que haya sido enmendada en la Comisión y votada en el Senado, al haber optado por esta formula, los socialistas pueden ignorar las enmiendas de la Cámara Baja y votar en una única votación en el congreso el texto apadrinado en la Comisión. Lo justo -como recuerda ahora también la Plataforma RedSostenible- para intentar cumplir, al menos, el último de los designios del vicepresidente estadounidense Joe Biden que los cables de Wikileaks publicados por el PAÍS han dejado al descubierto. Y es que, cuando la Casa Blanca asumió que España se “conformaría” con un procedimiento para bloquear webs a través de un procedimiento de emergencia (y no a los usuarios), advirtió a través de su cuerpo diplomático que “no quería que la Ley Sinde fuera debilitada por las enmiendas” en su trámite parlamentario. Ésas eran literalmente las palabras del entonces recién llegado Embajador Alan D. Solomont, en su primer encuentro con una ministra Sinde que desde su viaje oficial a EE UU en mayo buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España en febrero. Hasta tal punto que Sinde quiso garantizarles que si esta “primera aproximación” no resultase eficaz se tomarán medidas más severas (las van a pedir la industria y los creadores, explicó) y que había que solucionar el asunto en esta legislatura, como específica el Plan de EE.UU, si no querían que esto se convirtiera  “en un problema en la próxima campaña electoral”. Un guión’ al que la Ministra intenta, in extremis, ceñirse ahora.

ALARDES DE SINDE Y MÁS PRESIONES DE LA INDUSTRIA

González-Sinde apura sus últimos gestos de poder ante la galería de la industria nacional y ante los lobbies exteriores. Ha perdido confianza de la industria audiovisual y de las entidades de gestión de derechos de autor que tejieron, a cuatro manos con la ministra, un plan ‘antipirata’ llamado a propiciar el corte administrativo de 200 webs en 2010. Han aprendido, contradicción a contradicción, a dejar en cuarentena las promesas de la cineasta, desde que fue desautorizada por Zapatero y el ministro Caamaño en su plan de cortes administrativos para las webs. Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas sospechosas. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro.

Hoy, las promesas no resisten en la mesa de la Ministra: no está clara la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y González-Sinde no está en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar) ni el canon digital que el Tribunal de la UE ha cuestionado y que el propio Enrique Serrano anunciaba que habrá que reformar en 2011. El Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales llegará el próximo semestre con 200 millones de euros de presupuesto, pero bajo las riendas del Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y en los despachos de Caamaño han tenido que tragar dos veces para digerir la reclamación por daños y perjuicios de un pool de sellos musicales españoles directamente al Consejo de Ministros.

Sinde se juega su confianza al doble o nada de la Ley de Economía Sostenble. Algunas sociedades de gestión, llegaron a exigir otra norma a medida o una enmienda transaccional si no llegaba pronto la LES y a asegurarse sitio al plan B de cortes directos a usuarios en el ACTA con EE UU. Si González-Sinde consigue que la “competencia legislativa plena” bautice la Ley Antidescargas y entre en vigor en febrero o marzo, habrá podido cortocircuitar la guerra de los calendarios con la SGAE, la Coalición de Creadores y la estadounidense. Otra cosa serán los resultados. Y en esos, los recelos y los ultimatums con la Ministra la han empezado a dejar en fuera de juego. Le marcan las distancias sus aliados: no habrá macrowebs sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P. La Coalición de Creadores exige de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. Se aferrarían a los antecedentes de la Ley Ipred en Suecia, la Hadopi en Francia o la Digital Economy Act en Reino Unido, para intentar que prosperen los cortes a usuarios. La SGAE, por su parte, busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red.

Entre la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autor, descuentan que cuando llegue el procedimiento completo para regular las descargas de internet en España, lo hará con una Comisión de Propiedad Intelectual que decidirá sobre los cierres de páginas web, cuya composición  no estaba en sus planes originales, a la vista de que asociaciones como la AUC se hacen sitio en ella. De la Comisión -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria- en Cultura no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará también su desarrollo. Y en la mesa de Caamaño aún barajan también el perfil que el propio ministro de Justicia no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. La Coalición de Creadores ha pedido que no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero sí “expertos independientes”.

Si González-Sinde esperaba apaciguar las exigencias y las presiones de la industria audiovisual española -y sus contrapartes americanas- y de las sociedades de gestión de derechos de autor con su Ley Antidescargas, ahora ya sabe que no será así. No son sólo la SGAE y la Coalición de Creadores dirigida por Aldo Olcese los que han comenzado a coreografiar el día después. Primero, por primera vez, en 2010 los informes de la industria audiovisual han empezado a tasarle a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”. El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque fuera con un informe controvertido- ya hace meses la Coalición de Creadores: Si la medida tardaba tres meses más en aprobarse (decían entonces) se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» e España del 76%, aunque para ello contabiliza las descargas que considera ‘piratas’ como si hubieran sido adquiridas en el mercado.

Ahora, esta misma semana, un grupo de 13 compañías discográficas independientes ha cumplido las amenazas que le anunciaban a Público desde febrero y ha presentado una reclamación ante la Administración por más de 375 millones de euros en daños y perjuicios por el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor (por no haber atajado la "piratería" y no haber adoptado las directrices europeas en materia de propiedad intelectual)y la elevarán al Consejo de Ministros a través del Ministerio de Presidencia. Si no hay respuesta, prometen iniciar un procedimiento judicial a través de la jurisdicción económico-administrativa. Una iniciativa con la que intentan hacerse sitio en el nuevo mapa de la regulación de los contenidos online -un 80% de los discos editados en España son de sellos independientes, al margen de grandes multinacionales y los sellos asociados a la asociación Promusicae- y, de paso, sembrar la semilla de otra tercera vía (en esto coinciden con la Coalición, la SGAE o Prmusicae), la de la persecución directa a los usuarios sospechosos de infringir el copyright. Ya en enero, en su comunicado al Ministerio de Presidencia, advertían que para ellos, las medidas de la ley, "son insuficientes puesto que no resuelven la cuestión que se considera más relevante, que no es otra que la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual”.

UNA ‘CRIATURA’ CONDENADA A MUERTE

Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tenga entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, acaba de recordarle a la ministra en un documento remitido tanto a los grupos parlamentarios como al Gobierno, que el procedimiento procesal de la LES, basado en el trámite previo en la Audiencia Nacional y los recursos en las salas de lo contencioso-administrativo es “complejo, enmarañado e ineficaz”. Implicará la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil), lo que “incrementará exponencialmente el riesgo de pronunciamientos contradictorios” y sólo lloverá sobre mojado en el atasco de los juzgados y la "ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual. No es nada nuevo, nada que no haya advertido desde la CNC hasta la Asociación Francisco de Vitoria: el de la ‘Ley Sinde’ puede ser el viaje a ninguna parte.

La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Las operadoras de telefonía españolas advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible fracasará. "Si la demanda está en la Red, que la oferta haga lo mismo”, proclama Redtel desde que comenzó el debate.  Lo han vuelto a hacer ahora, a las puertas del bautismo de la LES, por más que la Coalición de Creadores prometa poner de largo, en breve, varias decenas de acuerdos con telecos, usuarios y proveedores con ofertas ‘legales’ de contenidos audiovisuales. Una oleada de "portales competitivos", en lugar del macroportal de compras como alternativa al P2P que, de la mano de la Coalición por un lado y de Promusicae por otro, el Ministerio de Cultura planeaba promocionar.

No es ningún secreto -Navarro lo defendió en su momento- que esperan incluso que "cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas", con la mera amenaza de la CPI. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar.  Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigor la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que  tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros. A esas luces rojas se suma, desde octubre, las del abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo, que advierte que se podría interponer “una acción de jactancia” para paralizar el procedimiento. “Se da la curiosa circunstancia -escribía- de que las únicas páginas que podrán razonablemente considerarse inmunes a sus efectos (de la Ley Sinde) son las webs que ya han sido llevadas a los tribunales y que han obtenido resoluciones que han declarado que no infringen derechos de propiedad intelectual”, “si se constituyera la comisión teniendo esas webs pendientes el procedimiento judicial iniciado por la industria, no podría promoverse otro paralelo para resolver idéntica cuestión por parte de ese órgano administrativo. Además, si la sentencia que recayera en ese procedimiento fuera favorable a la web de enlaces -como es de esperar por los muchos casos idénticos ya resueltos- los demandantes no podrían volver a plantear esa misma cuestión en el futuro ante la comisión administrativa ni, en general, ante ningún órgano judicial por el llamado efecto de cosa juzgada”.

El ‘efecto Wikileaks’ ha dejado para la ministra al aire mucho más que las presiones desde Washington, ya sean las de la industria, las de Biden o las de Solomnt en persona. No sólo es el co-fundador de The Pirate Bay y ex integrante del portal de torrents, Peter Sunde, el único que ha propuesto el lanzamiento de un servidor de raíz de DNS utilizando la tecmología Peer to Peer (P2P), más descentralizado, que sea capaz de hacerle la competencia, o al menos driblar a la ICAAN, la organización que supervisa la concesión de dominios y se encarga de la gestión del IPv4 y IPv6, y de las direcciones de Internet y que tiene, bajo jurisdicción norteamericana, uno de los pocos puntos de decisión central de la red y ‘licencia para matar’ con los dominios radicados allí sospechosos de violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Lo que Sunde impulsa como fórmula alternativa  sintoniza con los esfuerzos de Tim Berners-Lee (el padre de la World Wide Web -WWW-), que está buscando soluciones para extender el protocolo HTTP  a un modelo P2P que haga más complicados los ataques distribuidos de denegación de servicio, también llamados ataques DDoS (de las siglas en inglés Distributed Denial of Service), como los que Wikileaks ha sufrido. Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable.

La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. No es nada casual que Aldo Olcese, el presidente de la Coalición de Creadores acabe de dejar sobre la mesa de la Ministra -en entrevista con Público- esta misma semana, durante el  Foro de la Nueva Cultura, la necesidad de que el Reglamento que debe desarrollar la Ley Sinde (que ahora consideran un procedimiento “poco agresivo”, por cierto) deba recoger "las mutaciones" que realizan esas páginas para intentar evitar el cierre y ser una regulación abierta e interpretable por los miembros de la Comisión aún por designar.

PLANES PARA EL DÍA DESPUÉS

La industria y las sociedades de gestión de derechos de autor saben, además, que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes algunas de las más de 700 web que se autoinculparon en su momento inscribiéndose en la página 'La lista de Sinde' eso no mejoraría necesariamente el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que ‘pescar’ en un mercado digital en pleno crecimiento. Las alarmas por la eficacia financiera se las disparan estudios económicos como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo corren el riesgo de ser “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música eran casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se multiplicaba por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.

Los mercados y hasta los propios informes de la industria audiovisual mundial dejan en fuera de juego las premisas de la SGAE y más de un mito de la red. Ni los contenidos gratuitos, ni el espacio sostenido en manos del P2P -aún supone un 18% del tráfico global de internet según Arbor Networks- ni el auge del 'streaming’ han impedido que las descargas de pago de canciones sueltas hayan crecido  en todo el mundo un 10% durante 2009, hasta los 3.300 millones de euros. La radiografía de la IFPI dibuja un horizonte en el que a pesar del desplome en las ventas de ejemplares físicos un 20,6%, nada ha podido ralentizar el despegue de los contenidos de pago, en música suponen un 27% ya del conjunto del negocio. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio.

Por eso, en el punto de mira de la SGAE y la Coalición de Creadores, ya no están esas 200 webs de descargas ‘piratas’ a las que incluyeron en una lista negra formal que Cultura barajaba desde mediados de 2009 y que prometían haber comenzado a denunciar desde septiembre. No, al menos, por sí solas, ni como plato único del menú de la Ley Sinde. La industria se ha guardado en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde y con sitio para los títulos del lobby de Hollywood, la MPAA, o la la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Pero a las puertas de la nueva regulación, la Coalición promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. La SGAE  quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red. No sólo necesita compensar –tras el veredicto del TUE- el fin del modelo español de canon digital que le ha salvado sus cuentas dos años consecutivos. Ni la sublevación de un millar de municipios y varias CCAA para recuperar el canon digital ya pagado, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos. Ya sólo busca aprovechar el tiempo muerto que le brinda Sinde y reforzar el canon digital con un subpago sobre cualquier ‘tasa Google’, o acuerdo entre telecos y empresas de internet.

PLAN ‘C’, OTRA VEZ MADE IN USA

El vicepresidente Joe Biden tiene ya su trío de estrellas de ‘sheriff’ de internet. Y quiere que brillen las tres -la presión de la ICANN y el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), el COICA y el ACTA- con potestad global. Confiesa que buscan “escarmientos ejemplificadores” dentro y fuera de sus fronteras. En julio empezaron a orquestar su ‘guerra preventiva’ a los contenidos ‘piratas’ y el P2P con el brazo de los jueces federales y las tenazas de la ICANN para clausurar dominios universales -de primer nivel, que están bajo jurisdicción americana-, no menos que con una campaña de ‘avisos’ para buscar acuerdos extrajudiciales en todo el mundo. Lo conseguían, en primera instancia, con el cierre de una decena de webs, la clausura de Blogetery.com y los 73.000 blogs alojados con él. Y la promesa del US Copyright Group de que perseguirá a 150.000 proveedores, webmaster e internautas. En octubre, apenas unos días antes de la última ronda de de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), la clausura de forma fulminante de 70 sitios web con enlaces P2P por parte de la Administración norteamericana era, de nuevo, un ejemplo de la dimensión de ese procedimiento y su alcance, mucho más allá de Estados Unidos. Como detallaba entonces Adslzone, aunque algunos de los sitios web sobre los que por orden judicial se ha procedido al secuestro de dominios sí estaban relacionados con el contrabando de productos, otros eran simples buscadores que permitían el acceso a archivos compartidos en la Red, comoTorrent-Finder, cuyo sitio fue clausurado sin recibir quejas previas o notificaciones de ningún tribunal.

No es casualidad que una de las derivadas de su ‘Cruzada’ dispare contra BitTorrent, a la que la Coalición de Creadores señalaba como uno de los modelos más afectados si se cerraban las 200 webs bajo sospecha en España. Menos casualidad aún que sea en España, donde sigue adelante la batalla de la industria musical contra los ‘trackers’ o rastreadores de BitTorrent. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) (que agrupa a las mayores asociaciones de discográficas como la RIAA de Estados Unidos o Promusicae de España) le ha declarado la guerra a OpenBitTorrent y está amenazando al tracker por alojarse en España, en los servidores de SoloGigabit. Poco le importa al organismo internacional de la industria discográfica -que ha remitido una carta amenazadora- que OpenBitTorrent por sí mismo no aloja contenidos protegidos (No enlaza ficheros torrent que lo utilizan, sólo da el soporte para conectar a los usuarios). Por el momento según TorrentFreak el propietario de la empresa de hosting, para evitarse problemas y pese a las dudas iniciales sobre qué hacer, ha instado a OpenBitTorrent a cambiar de empresa a finales de mes. Y el tracker puede seguir con su mudanza para alojarse en otro proveedor de hosting.

Después de China y Rusia, España no ha dejado de liderar los puntos de mira del Congreso, la Casa Blanca y los lobbies americanos. No sólo porque sigue en el grupo dos, en la lista ‘negra’ de los países bajo vigilancia por sus abusos a los derechos de propiedad intelectual -301 List- que elabora cada año el Departamento. Sigue ocupando un lugar ‘preferente’ en el grupo dos, bajo vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, un escalón por encima de de la lista prioritaria que pueblan Argentina, China, Rusia o Venezuela. El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica la situaba  a la cabeza de la "piratería" musical en Europa con una caída de ventas del 17% en 2009 y el informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital. Es que, como reafirman los cables de Wikileaks -nada que no hubieran advertido todos los medios españoles-, la administación estadounidense se hace cruces con que en España la doctrina de los tribunales, la Fiscalía General y la judicatura siguen defendiendo la legalidad del P2P sin ánimo de lucro en contra de las advertencias del Congreso, la IPPA y la lista 301 de EE UU.

Lo que antes parecía un inconveniente para los planes de la Coalición de Creadores y la SGAE y su ‘menú’ para la jurisdicción de la Audiencia Nacional, ahora se puede convertir en una ventaja: 74 de las 200 webs de la ‘lista negra’ elaborada en su momento por la Coalición, enviada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y admitida por Sinde como borrador para la Comisión de Propiedad Intelectual están alojadas en EE UU. Y, desde hace poco más de un mes, mucho más cerca, a un tiro de piedra de la campaña de ‘cerrojazos’ a dominios universales y a servidores y dominios nacionales desde Washington. Bastaría con que, desde las sociedades de gestión españolas comunicaran a la justicia de EE.UU su identidad, para que Washington pudiera comenzar el acoso judicial de facto, o al menos, poner de nuevo en un compromiso a Sebastián y a Sinde. Por esas 200 webs pasaba, según las sociedades, la llave para acabar con hasta un 70% de la ‘piratería’ en contenidos online. Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en  su informe Parasite's Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y  la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Una cifra desproporcionada según los webmasters y los abogados de las demandas españolas contra webs de enlaces e intercambio de archivos peer to peer, que en la casi totalidad de los casos han terminado en la absolución de los imputados: la ley española considera que sin ánimo de lucro, no existe delito.

Además, la COICA (Combating Online Infringement and Counterfeits Act por sus siglas en inglés) aprobada por Comité Judicial del Senado en noviembre con el unánime respaldo bipartidista de sus 19 miembros permitirá al Departamento de Justicia entablar acciones civiles más expeditivas y facilitará el bloqueo de todos los sitios en internet -con independencia de su localización dentro o fuera de Estados Unidos- que se dediquen tanto a facilitar descargas consideradas ilegales como a la venta de productos sospechosos de ser falsificados. Y si esas webs están radicadas en el extranjero, se podrá requerir su bloqueo a compañías de EE UU que suministran acceso a internet, empresas procesadoras de pagos y redes de publicidad online. Un método que cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de Hollywood, las patronales de la industria americana del cine y de la música, o la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Como advierte desde hace semanas Francisco George en redsincensura.es, COICA es, de facto, una “ciberfrontera que pretende bloquear el acceso de países, empresas o individuos a webs alojadas en EE.UU”, con la que el Ejecutivo de Obama pretende “convertirse en una nueva China o Irán, pero al revés”: cerrar sus fronteras cibernéticas a ciudadanos del exterior para evitar el “pillaje” de su supuesta “creatividad”. Las webs alojadas en servidores de EE UU, especialmente las que permiten descargar Software o material considerado como “sensible”, tendrán que bloquear a los países o individuos que figuren en una de esas ‘listas negras’.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...