edición: 2579 , Lunes, 22 octubre 2018
13/07/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La problemática tributaria del uso de los automóviles por las empresas y trabajadores

DATADIAR
La Audiencia Nacional en una reciente sentencia, de 13 de abril de 2009, estima que para la valoración de la retribución en especie en los casos de uso mixto de un bien, para fines empresariales y privados, es necesario atender a las circunstancias personales y profesionales del trabajador, de tal forma que el uso privado que el comercial de una empresa da a un vehículo cedido por la empresa es inferior que el que le da otro empleado que precise menos el vehículo, como es el caso de los directivos de la empresa. La Sala, que modifica su criterio, hasta ahora coincidente con el de la Dirección General de Tributos, dice que el criterio de disponibilidad, utilizado por Hacienda, debe ser modulado por las características del puesto de trabajo del trabajador, debiendo atenderse a la utilización efectiva del bien y no a la mera facultad de disposición.

Manifiesta que es Hacienda quien ha de probar que la imputación de uso privado realizada por la empresa no se corresponde con la realidad, sobre todo si la empresa aporta pruebas sobre las imputaciones realizadas.

La Audiencia Nacional entiende que Hacienda incumple el principio de la carga de la prueba recogido en el artículo 114 de la Ley General Tributaria al limitarse a realizar un cálculo teórico, fundado en el criterio de la disponibilidad, que no se corresponde con el tenor literal de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
 
Esta normativa define a las rentas en especie como la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. También, alude a la "utilización" y no a la "facultad de utilización".

Tributos aplica como norma general, que se debe calificar como renta la mera facultad de disposición de uso particular con independencia de que exista o no utilización efectiva para dicho fin, por lo que la Inspección mantiene que la entidad debe computar también como uso privado la parte proporcional de las horas que está el vehículo a disposición del empleado, fuera de la jornada laboral, incluyendo tanto el tiempo de transporte o desplazamiento al lugar de trabajo como las horas de descanso.
 
Como no podía ser menos, la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) mantiene que en el caso de un vehículo, la posibilidad de usarlo para satisfacer las necesidades privadas de desplazamiento personal o familiar del titular del derecho, implica un aprovechamiento o utilización del mismo en el sentido legal, según es evidente si se compara la situación del que tiene tal posibilidad, con la de quien no la tiene.

En una reciente resolución, de 30 de abril de 2009, posterior a la sentencia de la Audiencia Nacional, el TEAC determina que la Administración debe aportar la prueba sobre la realización de un hecho imponible y su cuantía, mientras que corresponde al administrado demostrar que este hecho imponible está amparado por una exención o que tiene derecho a determinada deducción de un gasto o que goza de determinados beneficios fiscales o en definitiva, su no tributación por el concepto inspeccionado.

Habitualmente, la Inspección considera que la proporción de utilización empresarial o privada de los vehículos es igual a la proporción del número de horas laborales sobre el de horas durante las cuales los empleados mantienen el vehículo a su disposición.

En los casos en que las empresas, a través de contrato de leasing o arrendamiento financiero, ceden a sus empleados y directivos vehículos para uso laboral y privado, la empresa debe practicar ingresos a cuenta sobre la renta en especie que se genera.

El valor de la renta en especie derivada de la utilización de los vehículos cedidos a los empleados y directivos de una sociedad mercantil, cuando esta no es propietaria de los mismos, es el resultado de aplicar sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo un porcentaje del 20 por 100 anual.

Por valor de mercado debe entenderse la contraprestación acordada entre sujetos independientes. Generalmente, el valor mercado coincidirá con el precio ofertado al público del vehículo de que se trate, si este fuese nuevo, deduciendo en su caso los descuentos promocionales de carácter general aplicados por el vendedor, que se encuentren en vigor en el momento de adquisición del vehículo.

Equipo jurídico-tributario de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Por los servicios de información telefónica deberá facturar a sus clientes, usuarios del servicio, por la totalidad del precio del servicio mas el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. D.G.T. C, 20-11-2008.
La sociedad consultante tiene como actividad habitual la prestación de servicios de telecomunicaciones. La presente consulta se refiere a los servicios de información telefónica sobre números de abonado conocidos como 118XY. Se trata de servicios de interés general con naturaleza de servicio público con una normativa específica de desarrollo en la Orden de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones CTE/711/2002, de 26 de marzo. De conformidad con esta normativa específica, los operadores telefónicos como la consultante tienen la obligación de facilitar el acceso a sus redes a estos servicios, garantizando que puedan ser disfrutados por cualquier usuario que lo solicite. Para la prestación de estos servicios la consultante debe conectar a sus propios clientes de acceso directo con las entidades prestadoras de tales servicios.

De acuerdo con la normativa citada es la consultante quien transmite y conduce las llamadas desde los usuarios hasta el centro de atención de llamadas del proveedor del servicio de información telefónica y canaliza el suministro de la información vocal y/o datos relativos a números de abonado. La normativa exige que los operadores telefónicos actúen frente a los usuarios en nombre propio en la prestación de esos servicios de información, incluyendo en sus propias facturas, emitidas a esos usuarios, la prestación de ese servicio de consulta telefónica. El operador telefónico puede, asimismo, actuar por cuenta propia o ajena con las consecuencias que correspondan (riesgos impagos, fijación precios finales,…). En el caso de la consultante, esta tiene suscritos contratos con diversos proveedores de estos servicios por medio de los cuales el operador de telefonía opera en nombre propio pero por cuenta de aquellos. La consultante factura en su propio nombre a los clientes usuarios de los servicios de información telefónica y les cobra el precio convenido. La consultante detrae los importes correspondientes a su intervención y remite al proveedor de los servicios de información telefónica el importe restante cobrado al cliente. Determinación de la base imponible.

La cesión de la posición de arrendatario en un contrato de arrendamiento financiero, constituye una prestación de servicios realizada por la entidad cedente sujeta a IVA, al tratarse la cedente de una sociedad mercantil. D.G.T. C, 10-11-2008.
La sociedad limitada consultante, dedicada a la promoción y construcción de inmuebles, se ha subrogado, en enero de 2007, en un contrato de arrendamiento financiero de un vehículo de turismo, celebrado en el año 2003 por otra sociedad anónima con una entidad de crédito, la cual ha autorizado dicha cesión. Impuesto que debe abonar la entidad consultante para poder efectuar el cambio de titular del vehículo.
 
Tribunales

Tratamiento fiscal de las operaciones con bonos austriacos con anterioridad a la modificación del Convenio de Doble Imposición. T.S. S, 10-11-2008.
La diferencia negativa entre el valor de adquisición de los bonos emitidos por el Estado austriaco y el valor de enajenación, tras haber vencido los cupones por intereses, no constituye una minusvalía que pueda compensarse con otros incrementos obtenidos en el ejercicio. Valor de adquisición: determinación: excluir el importe de los intereses devengados en el momento de la adquisición, que no forman parte de dicho valor de adquisición. Exención de intereses.

Sanción por omisiones en la relación informatizada de documentos de acompañamiento. T.S. S, 17-10-2008.
La falta de presentación o la presentación incompleta del soporte informático, supone el incumplimiento de las obligaciones formales exigidas y, en consecuencia, la comisión de una acción típica, si afecta a datos de trascendencia tributaria, como ocurre en el caso de autos, en cuanto afectaban al movimiento de productos sujetos al impuesto de hidrocarburos y que no han satisfecho el tipo pleno del mismo, sin que la existencia de los errores detectados permitiese conocer a la Administración Tributaria el destino exacto o la naturaleza de los productos sujetos y por ello realizar convenientemente las funciones de control que tiene encomendadas.
 
Tribunales Económico-Administrativos

La notificación del cambio de domicilio fiscal mediante el modelo 037 no produce efectos frente a la administración autonómica. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No procede ninguno de los motivos de oposición al apremio y, en concreto, no existe falta de notificación de la liquidación, pues aunque se había comunicado el cambio de domicilio fiscal a través del Modelo 037 a la AEAT, esta comunicación no produjo efectos frente a la Administración autonómica que es la que dictó y notificó la liquidación.

La Administración tributaria no puede modificar, en un ejercicio no prescrito, saldos a compensar del IVA que provengan de períodos anteriores para los que ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No es posible que la Administración tributaria modifique en un ejercicio no prescrito saldos a compensar del IVA que provienen de períodos anteriores para los que ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar cuando respecto al ejercicio no prescrito resulte de aplicación la LGT de 1963 (Ley 230/1963) teniendo en cuenta las Sentencias del Tribunal Supremo de 30-1-2004 y 17-3-2008, en contra del criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central de considerar que la Administración sí podía comprobar, al amparo del artículo 109 en conexión con el 140 de la LGT de 1963, la procedencia de la compensación efectuada en el ejercicio objeto de regularización aunque el saldo a compensar proviniera de ejercicios prescritos.

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