edición: 2864 , Jueves, 12 diciembre 2019
22/11/2013

La próxima ley de huelgas mínimas

Rafael Vidal
El derecho de huelga, reconocido por la Constitución española, ha sido desde su nacimiento una china en el zapato de nuestros gobernantes, hasta el punto de que muchas veces me he preguntado quien fue el osado demócrata que lo coló en la Carta Magna.

Todas las huelgas importantes de nuestra aparente democracia han chocado con un escollo: la fijación de servicios mínimos por parte de la empresa y la administración correspondientes. Hay que añadir aquí que la Constitución no menciona para nada los tales servicios mínimos. Tratan, los servicios mínimos, de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a utilizar el servicio en cuestión, algo nada discutible, pero empresarios y administraciones han traicionado el espíritu de la letra desde el primer día, incluidas las administraciones socialistas.

Dice el diccionario que mínimo es "el valor más pequeño que puede tener una cosa variable", pero a los servicios mínimos nunca se les aplicó esa norma. Hemos tenido servicios mínimos del 70%, una aberración que los tribunales han corregido, aunque siempre a toro pasado, es decir, cuando se había criminalizado y castigado económicamente más que suficiente a los que incumplieron tamaño desaguisado por una simple cuestión de sentido común, y nunca se ha multado o encarcelado a los responsables del abuso: niños, no seais malos.

Prepara ahora nuestro Gobierno una ley de servicios mínimos que, a buen seguro, se va a parecer a esa otra ley que dice querer garantizar la seguridad y la libertad impidiendo cualquier conato de protesta por parte de los ciudadanos con fuertes multas. Los servicios mínimos garantizados, viendo que el 70% ha sido insuficiente, alcanzarán cotas mucho mayores hasta anular el derecho constitucional a la huelga y seguro que va a ser por la vía monetaria, tan del gusto de los que no dudan en privatizar servicios públicos a sabiendas de que van a traer consigo reducciones salariales del 40% para los supervivientes.

Tenemos un Gobierno que, en términos democráticos y de capacidad de gestión, está bajo mínimos, y esto no quiere decir, ni mucho menos, que consigan cumplir ni de lejos lo que la mayoría de los ciudadanos entienden por mínimo.

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