edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
15/06/2010
OBSERVATORIO FISCAL

La reducción por prolongación de la actividad laboral en el caso de un socio administrador

DATADIAR
El art. 20.2 letra a) de la Ley del IRPF establece que se incrementará en un 100 por ciento el importe de la reducción prevista en el apartado 1 de este artículo, en los casos de trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En este sentido, el art. 12.1 del Reglamento del IRPF señala que "Podrán aplicar el incremento en la reducción establecido en el artículo 20.2 a) de la Ley del Impuesto los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo como trabajadores activos, al haber continuado o prolongado su relación laboral o estatutaria una vez alcanzado los 65 años de edad.

A estos efectos, se entenderá por trabajador activo aquel que perciba rendimientos del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica".

Teniendo en cuenta lo anterior, acudimos al Estatuto de los Trabajadores, cuyo art. 1 establece que "La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario".

Por contrato de trabajo se entiende el acuerdo bilateral, verbal o escrito, mediante el cual una persona, trabajador, se compromete a realizar personal y voluntariamente un trabajo por cuenta y bajo la organización y dirección de otra, empresario, a cambio de una remuneración.

De esta definición se deduce que los elementos esenciales del contrato de trabajo van a ser la dependencia, la ajeneidad, la voluntariedad, el carácter personalísimo y la existencia de retribución. Sin embargo, los dos requisitos fundamentales, sobre los cuales va a sustentarse toda la relación laboral, son la dependencia y la ajeneidad.

En este sentido, se va a presumir la existencia de contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél. Esto va a implicar que sea cual sea la denominación dada por las partes al contrato, estaremos ante un contrato de trabajo si concurren los requisitos y elementos mencionados.

El caso concreto que analizamos es el de los "administradores". A estos efectos, el art. 1.3.c) ET excluye del ámbito laboral la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.

En cuanto a la condición de socio, debemos indicar que los socios de una sociedad capitalista pueden realizar una actividad laboral para la sociedad, puesto que se parte de la existencia de una persona jurídica, la sociedad, diferenciada de las personas físicas, socios, propietarios del capital social. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que los accionistas, socios de una entidad con personalidad jurídica propia, puedan ser trabajadores por cuenta de esa sociedad.

Pero si ostentan una participación en el capital social que les otorga el control directo o indirecto de la misma, va a desaparecer el carácter laboral de la relación, puesto que no se van a poder considerar sus servicios como trabajo por cuenta ajena, al carecer de los rasgos de la dependencia y ajeneidad exigidos a todo contrato de trabajo. En estos casos, predominará el carácter social sobre la relación laboral, siendo equiparable la situación del socio con la de un trabajador autónomo.

Como vemos, se admite la compatibilidad entre la condición de socio y la de trabajador por cuenta ajena. Solamente cuando la participación del socio en el capital social llegue a un determinado nivel que suponga que el socio "controla" la sociedad, va a primar su condición de socio sobre la de trabajador por cuenta ajena, ya que en la mayoría de los casos este control sobre la sociedad va a determinar una situación de poder en la empresa incompatible con la dependencia propia de una relación laboral.

La actual regulación parte de una tesis fundamental: el control efectivo de la sociedad por parte de una persona, que es al mismo tiempo trabajador de la misma, determina su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La dificultad de precisar cuando existe este control efectivo ha sido solucionada por la legislación actual con el establecimiento de una regla general de carácter rígido (presunción iuris et de iure) que no admite prueba en contrario, y una serie de reglas más flexibles (presunciones iuris tantum) que admiten la posibilidad de demostración en contra.

 1. Regla general: Existirá el control efectivo de la sociedad cuando la participación en el capital social del trabajador sea igual o superior a la mitad del mismo. Es decir, cuando el trabajador tenga el 50 % o más del capital social se va a entender que posee el control efectivo, sin que se admita prueba en contrario.

 2. Presunciones: Junto a esta regla general, la ley va a incluir tres presunciones de que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad:
a) En los supuestos de control familiar de la sociedad. Cuando, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado. Se excluyen las relaciones de hecho.
b) Cuando su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.
c) Cuando su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En estos tres casos, el trabajador podrá probar que no posee el control efectivo de la sociedad, demostrando, por ejemplo, que existe otra persona que tiene una participación mayor en la sociedad.

En cualquier caso, aunque no concurrieran las circunstancias anteriores, la Administración puede siempre demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad.

Atendiendo a todo lo expuesto hasta ahora, desde nuestro punto de vista, no concurren los requisitos necesarios en la condición de socio y administrador, para poder aplicar esta reducción.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Incidencia en la determinación del rendimiento de la actividad profesional de la utilización en la actividad de una habitación de la vivienda y de los suministros a la misma. D.G.T. C, (11/02/2010).
El consultante ejerce la actividad profesional de abogado por cuenta propia en una habitación perteneciente a la vivienda en que reside. La propietaria de la vivienda es su mujer, con la que convive. Deducibilidad en el IRPF correspondientes a los gastos de comunidad, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, luz, teléfono, agua, gastos de limpieza y tasas de basura.

Transmisión de vivienda habitual antes de tres años debido a situación económica actual. D.G.T. C, (15/02/2010).
El consultante adquirió una primera vivienda el 7 de septiembre de 2000, la transmitió el 13 de octubre de 2008, y reinvirtió lo obtenido en la compra, diez días después (el 23 de octubre de 2008), de la vivienda en la que reside, por lo que se acogió a la exención por reinversión. Debido a la situación económica actual y a diversas cuestiones de índole personal, tiene intención de transmitir el inmueble adquirido en octubre de 2008 sin llegar a residir en él durante los tres años que exige la normativa reguladora del IRPF para que una vivienda tenga la consideración de habitual. El precio de transmisión de esta segunda vivienda será inferior a su precio de compra, y con el importe obtenido el consultante procederá a adquirir una tercera vivienda antes de que transcurran dos años desde que vendió su primera vivienda (en octubre de 2008). Desea conocer si la vivienda adquirida en octubre de 2008 mantendría la consideración de habitual, aun cuando no llegue a residir en ella durante los tres años que exige la normativa reguladora del IRPF, de modo que no pierda el derecho a la exención por reinversión, ni a las deducciones practicadas. En caso contrario, plantea que la vivienda objeto de reinversión de la primera transmisión sea la que va a adquirir próximamente, toda vez que la compra se realizará antes de que transcurran dos años desde la transmisión del primer inmueble (el 13 de octubre de 2008).

Tribunales

Si en la base imponible del perceptor no se integra el dividendo por haber sido imputado a la minoración del valor de adquisición, no existe doble imposición al no existir tributación efectiva del dividendo. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de marzo de 2010.
TS. Cuando se adquieren acciones de una sociedad, en el precio de adquisición que se satisface puede existir una parte que corresponde al valor del capital de la compañía y la diferencia corresponder al valor de los rendimientos incorporados a las reservas que se han generado en la sociedad y por los cuales ya ha tributado. Por ello cuando la sociedad decide repartir esas reservas la sociedad que las percibe podía contabilizar contra el coste de adquisición de las acciones el valor de los dividendos pagados. En ningún momento se permite la aplicación de la deducción en cuota por doble imposición intersocietaria, sin la integración en las base imponible de los dividendos percibidos. Debido al fundamento de la deducción por doble imposición intersocietaria si en la base imponible del perceptor no se integra el dividendo por haber sido imputado a la minoración del valor de adquisición, difícilmente podrá existir doble imposición al no existir tributación efectiva del dividendo.

Relación de gastos que no tienen la condición de fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de marzo de 2010.
No constituyen promoción de productos de la empresa los obsequios y donativos al personal de la propia empresa, el homenaje al ex director, el lunch de Navidad, las comidas al personal, los regalos de Navidad, los gastos del Consejo y Comité y, en general, cualesquiera gastos en relación con el personal de la empresa; en segundo lugar, tampoco los que hacen referencia a atenciones a clientes, como agendas, fiestas, invitaciones, etc.; finalmente, tampoco los que hacen relación con otras empresas (visita del Presidente de otra empresa o gastos a proveedores) ni las atenciones con la prensa y autoridades.

Tribunales Económico-Administrativos

Deducibilidad de gastos en el Impuesto sobre Sociedades en relación con facturas de sociedades desconocidas o que no tenían empleados aportadas como justificantes del gasto. TEAC R, (03-02-2010).
La factura no es un medio de prueba privilegiado respecto de la realidad de las operaciones y que, una vez que la Administración cuestiona razonablemente su efectividad, corresponde al sujeto pasivo probar su realidad. En el caso contemplado, no se admite la deducibilidad de unos gastos de construcción, pese a las facturas aportadas, pues las sociedades supuestamente prestatarias de los servicios o eran desconocidas o no tenían empleados y en definitiva no podían haber prestado tales servicios.

No pueden ser objeto de devolución las cuotas correspondientes a facturas expedidas a obligados tributarios distintos del solicitante de la devolución. TEAC R, (09-02-2010).
Constituye condición imprescindible para poder ejercitar el derecho a la devolución estar en posesión de la factura acreditativa de haber soportado el IVA, y dicha factura debe cumplir todos los requisitos legales previstos para aceptarse como válida. No pueden ser objeto de devolución las cuotas correspondientes a facturas expedidas a obligados tributarios distintos del solicitante de la devolución. Si lo serán aquellas facturas en las que el NIF del destinatario que figura en las mismas es el NIF a efectos de IVA suministrado por la Administración tributaria de otro Estado miembro, puesto que permiten identificar plenamente al obligado tributario como destinatario de las operaciones que figuran en los documentos justificativos.

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