edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
21/09/2011
OBSERVATORIO GLOBAL

La reforma concursal que viene: modificaciones de la Administración Concursal

José María Marrero Ortega* (KPMG)

Tras varios meses de recorrido parlamentario parece que ya queda menos para que salga a la luz una nueva reforma, y ya van dos, de nuestra vigente Ley Concursal. El Proyecto de Ley de Reforma en estos momentos se tramita, con carácter de urgencia, en el Senado, habiendo concluido el plazo de presentación de enmiendas el pasado día 7 de septiembre. Así las cosas, cabe pensar que el texto consolidado remitido por el Congreso de los Diputados no va a sufrir variaciones de calado, estimándose su entrada en vigor, según su Disposición final tercera del Proyecto, el primer día del año que viene, salvo determinadas novedades que serán de aplicación al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Son varios los temas tratados en este nuevo texto legislativo, que no deja de ser, como se ha dicho en su Preámbulo, una actualización global más que un giro copernicano del texto en vigor. No obstante, en el presente artículo me gustaría centrarme únicamente en aquellas cuestiones que afectarán a uno de los actores principales en cualquier proceso de insolvencia como es la Administración Concursal.

Básicamente, el Proyecto de Ley de Reforma aborda dos temas de relevancia que le afectan. De un lado, el nuevo régimen orgánico previsto para la Administración Concursal y, de otro, la potenciación de sus funciones y facultades en el seno del proceso concursal.

Respecto al primero, la nueva regla general es que la Administración Concursal pasará a estar integrada por un único miembro que deberá reunir la condición de ser abogado en ejercicio o economista, titulado mercantil o auditor de cuentas. Por tanto, desaparece el tradicional órgano de tres miembros y, en consecuencia, tras la esperada reforma, los procedimientos tendrán un único Administrador Concursal y, de manera excepcional, dos para el supuesto de que se apreciare por el Juez que se está ante un “concurso de especial trascendencia”, entendiéndose por estos aquellos en los que: (i) la cifra de negocio de la sociedad haya sido de 100 millones de euros, (ii) el pasivo sea de 100 millones de euros, (iii) el número de acreedores sea superior a mil o (iv) el número de trabajadores sea superior a cien o lo haya sido en alguno de los tres ejercicios anteriores. En estos supuestos, se nombrará como segundo Administrador Concursal a un acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general no garantizado siempre que figure en el primer tercio de mayor importe del pasivo del deudor. Si la deuda con trabajadores estuviera dentro de ese tercio, el Juez podrá nombrar a la representación legal de los trabajadores quien a su vez deberá designar a un abogado o economista.

Novedosa sin duda es la posibilidad expresa prevista en la reforma para que el Juez también pueda nombrar como Administrador Concursal a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado y un economista y que, además, garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de sus funciones de Administración Concursal. Esta opción, sin duda, va a fomentar la constitución de sociedades profesionales en Administraciones Concursales, que tendrán el interesante reto de aglutinar profesionales (economistas y abogados) que cuenten con la suficiente formación y experiencia en la materia. Esto me parece una cuestión a destacar positivamente, pues con esta nueva configuración, la Administración Concursal resultará más eficiente y efectiva, lo que favorecerá positivamente el desarrollo del proceso concursal en tanto en cuanto la toma de decisiones relevantes no estará sujeta al consenso propio de un órgano colegiado, además del evidente ahorro en costes del proceso, cuestión que siempre preocupa mucho tanto a deudor como a los acreedores del concurso.

El otro tema a considerar es la potenciación de las funciones del Administrador Concursal. En este sentido, y como algunas voces ya han manifestado, lo cierto es que se da más poder a la Administración Concursal. Tanto es así que, por ejemplo, se le legitima para la autorización de la venta de bienes sin necesidad de la intervención del Juez si aquella garantiza la viabilidad del concursado o responde a necesidades de tesorería, se le otorga la capacidad de iniciar de acciones de responsabilidad contra los administradores, los auditores o los liquidadores o, incluso, se le legitima para solicitar al Juez la liquidación de la concursada en caso de cese de actividad. Es más, la Administración Concursal tendrá la capacidad para subsanar, a petición de los acreedores, los créditos incluidos en el borrador de informe provisional. De este modo, se conseguirá el fin pretendido que no es otro que evitar posibles impugnaciones al informe de la Administración que no hacen sino eternizar el proceso concursal.

Como se ha apuntado al principio, estas son algunos aspectos destacados de la reforma que viene y que afectan de pleno a la Administración Concursal que, por otra parte, tendrá que adaptarse a estas novedades dotándose para ello de los mecanismos y sistemas necesarios para ajustarse a un nuevo escenario que les va a exigir una mayor capacidad de respuesta ante las innumerables situaciones que surgen en todo proceso concursal y ahora aún más con el nuevo horizonte legislativo a la vista. En definitiva, el legislador conocedor de la importancia del papel que desempeña la Administración Concursal, apuesta por una mayor profesionalización de este órgano con el ánimo de mejorar la actual regulación de los procesos de insolvencia.

*José María Marrero Ortega (Asociado Senior del Departamento de Procesal y Concursal de KPMG Abogados)

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