edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
27/04/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La reforma de la Ley Concursal y sus modificaciones tributarias

Datadiar.- La reforma de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 1 de abril, aparte de las importantes medidas de carácter mercantil y procedimental que incluye, cuenta con algunas importantes derivaciones fiscales que es importante comentar. No obstante, la premura con que se han abordado estas medidas concursales, fruto del clamor de deudores y adeudados ante la dureza de las crisis económica y la rigidez de una norma pensada para tiempos de bonanza, ha llevado a no incluir en el Real Decreto-Ley otras medidas fiscales que puedan favorecer no sólo la viabilidad de las empresas sino la superación de la crisis con las menores bajas posibles en el tejido empresarial.

Entre las medidas aprobadas destaca, que se mantendrá la  deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), más allá del 1 de enero de 2012, fecha prevista para su desaparición definitiva, salvo decisión en contrario del Gobierno.

Las modificaciones introducidas en los artículos 2 y 3 del Real Decreto-Ley eliminan esta previsión y dejan, salvo que en un futuro se decida otra cosa, el actual régimen con una vigencia indefinida. Es una deducción que generado críticas de los empresarios, al tratarse de un país que necesita un gran esfuerzo para situarse en la media europea en actividades de I+D+I. Se trata de animar a las compañías a apostar a medio plazo por la investigación a pesar de la crisis, dotando a las mismas de mayor seguridad en la planificación de sus proyectos empresariales

La otra gran medida es la reducción del 7 al 5 por ciento del interés de demora, el que se aplica a la liquidación de deudas entre Hacienda y los contribuyentes, para lo que se modifica la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

La propia Ley explica que la actuación firme y coordinada de los Estados y de los Bancos centrales ha contribuido a producir una muy sensible bajada en los índices que miden los tipos de interés del dinero, lo que ha provocado a su vez que el interés legal del dinero y el de demora, establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, requieran un ajuste que necesariamente ha de abordarse en una norma con rango de ley.

La reducción de los intereses de demora supondrá un ahorro del 28,5% respecto a los importes que los ciudadanos y empresas pagaban hasta ahora por sus retrasos en las liquidaciones tributarias.

Aunque en algunos aspectos regulados por este Real Decreto-Ley es posible que se acojan acuerdos de refinanciación entre empresas y bancos, así como procedimientos concursales iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, en el caso del interés de demora se inicia el recorte a partir del 1 de abril. De esta forma, la recaudación de Hacienda se resentirá algo menos por esta medida, aunque el alivio de las sociedades concursadas sea menor.

No obstante es necesario tener en cuenta que el cálculo de los intereses es diario, por lo que se les aplicará a las empresas que con absoluta independencia del momento en el cual finalmente se practique su liquidación.

Lo mismo ocurre con el tipo de interés legal del dinero, que baja del 5,5% al 4%. Se trata de un asunto que reviste bastante importancia cuando existen deudas suspendidas o aplazadas, en aquellos casos en que  la garantía es un aval de entidad de crédito o seguro de caución. Se trata de una medida bastante extendida durante los últimos meses.

Otra medida destacable, es la salvaguarda que se ha incluido para que no se consideran subordinados los créditos de Hacienda y de la Seguridad Social, que se deriven de procedimientos de comprobación e inspección. Esta modificación busca impedir la subordinación de los créditos afectados por una posible comunicación tardía, cuando se deba a la necesidad de cuantificar esos créditos a través de un procedimiento de inspección.

La lectura de esta modificación deja intuir, que a pesar de la intención del Gobierno, la litigiosidad en este capítulo seguirá siendo muy alta.

No obstante, el Real Decreto-Ley ha dejado fuera de su articulado el tratamiento de las sanciones y recargos, que recientemente fueron consideradas como subordinadas por dos recientes sentencias del Tribunal Supremo (de 9 y 21 de enero de 2009). Esta decisión de no incluirlos ya fue anunciada por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras la publicación de las citadas sentencias.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

A efectos de la aplicación de la exención en Actos Jurídicos Documentados, no será de aplicación si la escritura se debe únicamente al cambio de método o sistema de amortización. D.G.T. C, 26-09-2008.
El consultante ha firmado una escritura de adaptación de préstamo hipotecario del préstamo que tiene concedido pasando a ser de libre a cualificado. Tributación de la operación.

Distinción entre Administraciones Públicas a efectos de computar la existencia de más de un pagador en aras de determinar la obligación de declarar. D.G.T. C, 19-09-2008.
Funcionaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que en 2007 estuvo destinada en el Servicio Canario de Salud, hasta el 31 de octubre, y el resto del año en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Existencia de uno o más pagadores, a los efectos de determinar la obligación de declarar por los rendimientos obtenidos en 2007 como funcionaria.
 
Tribunales

Obras de urbanización ejecutadas por un Ayuntamiento y no declaradas. Deducibilidad del IVA soportado y cómputo de los plazos de caducidad. T.S. S, 29-09-2008.
Tanto la sentencia de contraste como la impugnada se refieren a unas entidades que no liquidaron el IVA, por entender que no se encontraban sujetas al tributo sobre las que actúa la actual Inspección, incluyendo en la regularización todo el IVA devengado en el periodo de liquidación, pero no la deducción de todo el IVA soportado por haber transcurrido el plazo previsto para efectuarla. Por todo ello, hay que concluir, como solicita el Ayuntamiento recurrente, y mantiene la sentencia de contraste, que inspeccionado y liquidado un periodo trimestral de liquidación del IVA que determina la deuda legalmente exigible, es obligado atender a todos los componentes- -IVA devengado e IVA soportado deducible- que deberían constar en la práctica de la obligada autoliquidación.

Régimen de tributación de grupo. Sociedad matriz residente. Subfiliales residentes controladas a través de una filial no residente. T.J.C.E. S, 27-11-2008.
El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de imposición de grupo a una sociedad matriz residente en ese Estado miembro que controla filiales y subfiliales igualmente residentes en dicho Estado, pero se excluye para tal sociedad matriz si sus subfiliales residentes son controladas por medio de una filial residente en otro Estado miembro.
 
Tribunales Económico-Administrativos

La falta de identificación del destinatario en una factura, impide ejercitar el derecho a la deducción mientras no sea subsanada. T.E.A.C. R, 10-09-2008.
Para poder deducir las cuotas de IVA soportadas en las adquisiciones de bienes o servicios, según el artículo 97 de la Ley del IVA (Ley 37/1992), hay que estar en posesión del documento justificativo del derecho a la deducción, que debe cumplir los requisitos formales establecidos reglamentariamente. En las facturas, la identificación del destinatario (NIF) es un requisito sustancial exigido por el artículo 3 del Real Decreto 2402/1985, cuya ausencia impide ejercitar el derecho a la deducción en tanto no se subsane.

Deducibilidad de los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, referidos a los “management fees”, facturados por una de las sociedades vinculadas. T.E.A.C. R, 11-09-2008.
Son deducibles los servicios de apoyo a la gestión de la entidad únicamente en la parte que se refiere a los “management fees” facturados por una de las sociedades vinculadas, pero no las de los demás servicios, al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 16.5 de la LIS (Ley 43/1995). La Administración española no ha conculcado el Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, sobre ajustes por precios de transferencia en el ámbito de la Comunidad Europea, a la vista de los artículos 5, 6 y 8.1 del mismo. Las dotaciones a la provisión por responsabilidades son improcedentes, por resultar incorrecta su imputación temporal en relación con lo establecido en el artículo 13.2.a) de la LIS. Se descarta la deducibilidad de las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro, ya que se aportan alegaciones genéricas pero no justificación concreta de los créditos con la antigüedad aducida. Se desestima la deducibilidad de las dotaciones a las provisiones matemáticas adicionales, tanto en lo que se refiere al cálculo en los seguros individuales como en los seguros de grupo, por superar los mínimos establecidos en su normativa reguladora. El ajuste practicado en un ejercicio por la entidad por las contribuciones en conceptos de “servicios pasados” efectuadas al Plan de Pensiones resulta improcedente, ya que la documentación relativa al Plan de Reequilibrio no fue presentada por la entidad hasta el año siguiente ante la Dirección General de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda y el artículo 22.2 del Real Decreto 1588/1999 no sólo resulta aplicable a los planes de reequilibrio sometidos a autorización administrativa, sino también a los no sometidos a dicha autorización.

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