edición: 2805 , Martes, 17 septiembre 2019
09/07/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La reforma de los ayuntamientos impedirá a muchos municipios ejercer competencias cedidas

Javier Ardalán

Muchas comunidades autónomas han hecho uso de la asignación de competencias a algunos municipios, que tras la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, actualmente en fase de anteproyecto, por el que tales competencias ejercidas hasta ahora como propias pasarán a convertirse en lo que el anteproyecto denomina "competencias impropias".

Por tanto, esas competencias, referidas a materias respecto de las cuales las Comunidades Autónomas ostentan competencias ya previstas en las correspondientes leyes autonómicas, solo podrán continuar siendo ejercidas por los municipios afectados si, efectuada la evaluación prevista, se constata que cumplen con los requisitos de cumplimiento del déficit impuesto. La constitucionalidad de estas previsiones ha sido cuestionada por varias de las entidades y organismos que han formulado alegaciones al anteproyecto, entre otros, por este motivo.

Sin embargo, el Consejo de Estado, en su informe sobre este anteproyecto, reconoce que a la luz de la jurisprudencia constitucional que define el alcance de la competencia que al Estado reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución para establecer las bases del régimen local, no cabe objetar que el Estado lleve a cabo una reducción del ámbito competencial de los municipios, pues, defiende que siempre que respete el núcleo básico e intangible que define la autonomía local como tal, puede en el ejercicio de dicha competencia ampliar o estrechar la esfera de actuación de las Corporaciones Locales.

Si como consecuencia de tal operación se produce una alteración del marco normativo competencial de los municipios tal y como ha sido definido por las comunidades autónomas, habrán de ser estas las que acomoden su legislación a lo dispuesto con carácter básico por el legislador estatal. Considera en Consejo de Estado que puede éste efectuar una redefinición del ámbito competencial municipal, por más que ello obligue al legislador autonómico a introducir en su ordenamiento los ajustes necesarios.

La norma pretende, en primer lugar, adaptar la LBRL a los requerimientos derivados de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, distinguiendo entre servicios obligatorios y facultativos.

En segundo término, se busca actualizar las competencias municipales y distinguirlas claramente de las estatales o autonómicas, exigiéndose que los Municipios vinculen su derecho a intervenir en el marco de sus competencias al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que valoren el impacto financiero de las decisiones que adopten en relación con el resto de las Administraciones Públicas.

En tercer lugar, pretende potenciarse el papel de las Diputaciones Provinciales para que gestionen servicios obligatorios mínimos de Municipios inferiores a 20.000 habitantes cuando estos no puedan prestarlos de manera eficiente, estableciéndose a tal efecto costes estándar para la medición de los servicios que actualmente prestan las Entidades locales y procurándose la eliminación de aquellos que se presten de manera duplicada.

El sistema gravita en torno a dos categorías de competencias, las propias atribuidas por ley y las delegadas por el Estado o las Comunidades Autónomas. Tal distinción es la misma que la que hasta ahora había servido de base a la LBRL para regular esta cuestión. Ahora bien, frente a tal sistema, el anteproyecto introduce una importante novedad a través de la modificación del artículo 25 de la LBRL, que pasa de establecer un listado abierto de competencias susceptibles de ser legalmente reconocidas a los municipios y a enunciar tales competencias de forma exhaustiva y aparentemente cerrada.

Ello determina que no quepa en el sistema que el anteproyecto configura la atribución como competencias propias de otras distintas de las incluidas en dicha relación, lo que constituye una significativa diferencia con respecto al actual modelo de asignación de competencias, en el que cualquier ley sectorial puede reconocer al Municipio como propias competencias para actuar en un determinado ámbito.

El informe objeta que la indeterminación de la que adolece el artículo 7.4 del anteproyecto analizado al mencionar los requisitos que deben cumplir estas competencias para poder ser ejercidas por los Municipios y, en particular, la alusión a la inexistencia de duplicidades, pues es este un término vago e impreciso, sin un contenido jurídicamente delimitado, cuya inclusión en el anteproyecto, desprovista de ulteriores criterios que acoten su significado, produce un efecto perturbador de la seguridad jurídica que debe evitarse.

Tampoco se considera acertado exigir que "se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias" como requisito previo a su ejercicio, pues en la concepción de la Ley Orgánica 2/2012, la sostenibilidad financiera no es algo que vaya referido a actuaciones particulares sino al conjunto de la Hacienda de la entidad de que se trate; y no es algo estático que quepa garantizar ex ante, sino que más bien se refiere a una situación dinámica a la que se debe tender y que ha de mantenerse.

Por ello, no es correcto desde el punto de vista técnico exigir que se garantice la sostenibilidad financiera como condición previa a una determinada actuación, sino que debería imponerse la obligación de verificar que tal actividad no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. Se sugiere por ello que se reformulen los términos en que está redactado este apartado, sugerencia que se hace extensiva a otros preceptos en los que la garantía de la sostenibilidad financiera se configura también como requisito previo a la realización de ciertas actividades o al ejercicio de determinadas competencias (en particular, artículos 57.3 y 86.1 de la LBRL y disposiciones adicionales décima, undécima y decimoséptima).

Finalmente, considera que debería reconsiderarse la exigencia de que el interventor de la entidad local emita un informe sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, teniendo en cuenta de que el ámbito en el que naturalmente van a desenvolverse las competencias impropias es el que en cada caso definirá el legislador sectorial autonómico -o el que resulte de lo que previamente había establecido-, lo que aconseja que sean las comunidades autónomas las que deban en tales casos determinar si se dan las condiciones precisas para garantizar el cumplimiento del mencionado principio de sostenibilidad financiera.

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