edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
02/12/2013

La reforma del sector eléctrico fracasa antes de que se apruebe la Ley que la regula por la reaparición del déficit de tarifa

En una clara manifestación de que el déficit público no está bajo control el Gobierno anula sus compromisos con el sector
Carlos Schwartz

Al filo del plazo de enmiendas el grupo Popular en el senado modificó el proyecto de la Ley que sancionará la reforma del sector eléctrico excluyendo del texto la financiación comprometida por el ministerio de Industria con el sector. Se trata de 3.600 millones de euros divididos en un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros, por otra parte ya aprobado por el consejo de ministros, en 900 millones que suponen la mitad de los costes de generación y distribución extra peninsulares, y 500 millones que surgían de la gestión de los tributos sobre hidrocarburos en manos de las comunidades autónomas. El ministro José Manuel Soria ha mostrado en el pasado reciente una clara incertidumbre sobre la existencia o no de un déficit de tarifa en 2013, al que estimó primero en una cifra del orden de los 3.000 a 3.500 millones de euros para después afirmar que no lo habría. En el camino, su secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, había protagonizado un desmentido directo al ministro al afirmar en el contexto de la fundación FAES que no habría déficit, pero que si se producía “algún desequilibrio por motivos imprevistos” se buscaría la forma de financiarlo.

Ahora el grupo Popular ha impuesto el criterio de retirar al Gobierno de su compromiso, dejando en ridículo al ministro de Industria y al secretario de estado de Energía. Lo que este incidente pone de relieve es que España no puede cumplir con los ajustes exigidos por la Comisión Europea, ni con los compromisos presupuestarios de 2013 sin sacrificar la escuálida “reforma” del sector eléctrico. El engendro que se suponía sería soportado por las grandes generadoras, los consumidores y el Gobierno ha perdido este último término de la ecuación con lo cual el saldo se repartirá entre el sector eléctrico y los consumidores.

Resultado, incrementos descomunales de recibos y pérdida de ingresos para las empresas. Mientras, no hay mecanismo para financiar el déficit porque la Ley elimina el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE). España arrastra de diciembre de 2012 un saldo negativo de 2.200 millones de euros del déficit de tarifa, que sumado a los 24.000 millones hacen 26.200 millones. Aparte de este arrastre se trata de cerrar la cuantía del déficit de este año que podrá rondar los 4.000 millones de euros, sino más.

La decisión ha sido un golpe de gracia para el ministro Soria, que en un Gobierno normal de un país normal se vería abocado a una dimisión ya que la enmienda le ha convertido en un interlocutor inválido con el sector. Y no es el único caso. Ni qué decir del secretario de estado de Energía. Este tipo de brechas, aunque no se hagan efectivas mediante la salida de los responsables, pagan un precio. El Gobierno se equivoca además si cree que ese precio no lo paga también el partido en el gobierno ante sus electores que deben absorber el tarifazo. Las eléctricas no terminaban de fiarse en la evolución parlamentaria del proyecto de ley, entre otras cosas por los mensajes contradictorios lanzados por los responsables del sector. Pero además porque hay un retraso considerable en el pago de las liquidaciones. La de septiembre todavía no se ha hecho efectiva, pese a estar cerrada y publicada. La liquidación se cierra en la última semana de cada mes, la aprueba el consejo en la primera del mes siguiente, se emiten las facturas y se paga en la segunda semana.

El trámite del cálculo de las liquidaciones de acuerdo con el sistema que ha sustituido a la Comisión Nacional de la Energía -la Comisión Nacional de Mercados y Competencia- queda en manos de, precisamente, el ministerio de Industria que aun carece de presupuesto para hacerlo. Así que le ha tocado a la CNMC... cuyos funcionarios afirman que hay retraso por el caos que han heredado. Lo curioso es que la CNE en su “caos” jamás se había atrasado en el pago de las liquidaciones de acuerdo con fuentes del sector. Lo cual hace pensar que el caos lo ha generado el traspaso de funciones a la CNMC que para colmo hará la labor de forma transitoria. Esta situación crea problemas de financiación a las pequeñas generadoras, algo a lo que no son ajenas tampoco las grandes aunque lo tengan más fácil para no generar situaciones de mora ante los bancos. Algunas fuentes del sector consideran este retraso como un mecanismo de “ablande” de las eléctricas cuyo nivel de irritación con el Gobierno ha alcanzado cotas pocas veces vistas.

La situación del déficit de tarifa (DT) acumulado es la siguiente: reconocida en el último decreto que afectó al sector (Real Decreto 9/2013 de julio) es de 22.000 millones a los que hay que añadir el exceso de déficit generado en 2012 que fue de otros 4.109 millones de euros por encima del límite previsto de 1.500 millones de euros para el año pasado cuyo aval estaba determinado. Esto ha llevado el DT acumulado hasta diciembre de 2012 a los 26.000 millones de euros. Esto quiere decir que deberán registrarse nuevas emisiones para cerrar la brecha por importe de al menos 5.200 millones de euros, sin contar con el DT que se acumulará este año y que será cuando menos equivalente al ahorro de 3.600 millones. El decreto señalado autorizó el aval del estado para otros dos mil millones para poder emitir hasta el DT acumulado a diciembre pasado. Mientras, la carga financiera de la deuda ya emitida, reconocida e incorporada en la tarifa que pagan los usuarios, supone de media el 10% del recibo de la electricidad. Esa fracción está destinada a subir a corto plazo.

El gran problema que enfrenta el Gobierno es que la CE no está dispuesta a tolerar desvíos presupuestarios. Ni siquiera cuando el origen de los mismos es la necesidad de subsanar una consecuencia de su política energética. En última instancia el déficit de tarifa del sistema eléctrico español, como el portugués, está en una política energética que no es sostenible en periodos de crisis. Las primas a las renovables. La explosión de energía renovable en España, en parte alentada por los grupos de interés vinculados a los dos grandes partidos, combinada con la caída de la demanda, la prioridad de esas energías para su distribución a precios regulados que entrañan la remuneración de sus costes financieros más un margen de ganancia, han disparado las primas. El caso no es aislado.

Pasa lo mismo en toda Europa. Incluida Alemania, lo que ha determinado una precipitada disposición de activos y planes de ahorros por parte de EON y RWE. Gaz de France Suez ha acaudillado a cinco empresas del sector entre las que se encuentran Iberdrola y Gas Natural  para enfrentar a la tozudez de Bruselas. Mientras, el gobierno de coalición alemán ha pactado a su manera una reforma eléctrica que suprime las ayudas a la transición a las energías renovables que pagan los consumidores y las eléctricas. Esta situación desnuda el nivel de improvisación y las tensiones centrífugas en el seno de la propia CE.

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