edición: 2640 , Miércoles, 23 enero 2019
04/06/2010
Creación de la figura del consejero de riesgos al mismo nivel que el de finanzas

La reforma del sistema financiero comenzará por los consejos de administración

Más poder para los accionistas, reclamación de la nueva legislación europea
Los bancos deberán hacer pública su política de riesgos
Juan José González

Parece que, al fin, se pone en marcha una reforma impulsada desde el Gobierno europeo orientada a poner en orden la gestión de los riesgos en el sistema financiero, para lo que la Comisión Europea ha decidido que lo mejor es empezar por los cimientos, aunque en este caso estos se sitúen en la zona más alta del edificio empresarial, en sus órganos de gobierno, en los mismísimos consejos de administración. Y la intención es tan valiente como arriesgada, y tan decidida como incierta desde el lado de los posibles resultados. Al menos, eso sí, se puede ver un impulso para reformar un punto capital en la complejidad de la crisis; la actuación de la propiedad de las empresas, los consejeros. De paso, en esa mejora de la gestión de los riesgos bancarios, se quieren arreglar algunos detalles relativos a los accionistas de las sociedades, como por ejemplo, darles un poco más de poder, al menos el suficiente como para que jueguen un papel diferente en la próxima crisis.

Los trabajos y movimientos en torno a la reforma de la gestión de riesgos en los bancos, se recogerán en un Libro Verde que Bruselas ya ha comenzado a mover, y para el que se solicita a los respectivos Gobiernos de los países miembros que aporten ideas y propuestas. El ministerio de Economía español quiere coger al toro por los cuernos y desde la comunicación de Bruselas mantiene dedicados en cuerpo y alma a un equipo de tres técnicos –dos letrados y un economista- volcados en la tarea de elaborar un docena de propuestas al respecto. Consultan y glosan toda la literatura disponible en castellano, publicada en los últimos tres años, período de tiempo fructífero en este apartado con la publicación del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, un trabajo, el mejor conocido hasta la fecha, impulsado por Manuel Conthe, ex presidente de la CNMV.

Parece también que hay unanimidad entre todos los miembros de la UE en que la crisis financiera ha dejado al descubierto las carencias y debilidades en el gobierno corporativo de muchas entidades financieras, lo que no evita que algunos países no contemplen con entusiasmo la idea de hacer reformas en este punto, en especial, aquellos donde la crisis ha tenido menor repercusión.

Forzado por los acontecimientos se echa mano ahora de propuestas, iniciativas e ideas lanzadas a la opinión pública en los últimos años. Iniciativas que desde distintas instituciones perseguían corregir deficiencias en los sistemas de control y modernizar la supervisión en la gestión de riesgos. Sin embargo, se trataba de propuestas que iban a remover y modificar, seguramente,  estructuras fijas de poder, en particular, las que relativas a la forma de actuar de los consejos de administración, un asunto muy delicado.

Ahora la Comisión Europea propone dar un paso adelante y mejorar la gestión de los riesgos proponiendo la creación de comités de supervisión dentro de los mismos consejos de administración. Se trata de aplicar el mismo criterio de especialización que puede tener un comité de selección y nombramientos. La Comisión sugiere para ello la designación de un consejero encargado específicamente de los riesgos, con el mismo nivel que el consejero de finanzas. Se le otorgaría, de esta forma, un estatus relevante y sobre todo, la actividad supervisora y vigilante de los riesgos contaría con un responsable identificado en la organización.

Esta figura, aunque no del todo coincidente en forma y contenidos, ya desarrolla su labor en muchas compañías españolas, antes por eficacia y por decisión de la propia compañía, que lo considera útil, que por imposición u obligación legal. En el sector bancario la figura ya actúa a modo de comisión, pero no de la forma en que se quiere fijar en el nuevo escenario. Se quiere que el comité, funcionando prácticamente en la habitación contigua a la del consejo, fije la política de en materia de riesgos y que la propia entidad la haga pública, detalle difícil de asumir en muchas entidades.

La reforma del sistema financiero que propone Bruselas entra de lleno en el gobierno de las empresas y de los bancos porque cree haber detectado descuidos y algunas deficiencias. A esto la Comisión Europea lo denomina ‘debilidades’. Y para ello solicita a los Gobiernos un compromiso que sirva para cambiar algunas cosas. No solamente se quiere poner en marcha el citado comité de riesgos con galones de consejo sino que se quiere reforzar el papel de los accionistas. Se dice de estos que no controlan, por ejemplo, la estructura de primas e incentivos a la dirección, uno de los orígenes de la crisis financiera. En los primeros compases de esta, las opiniones sobre que dichas primas fomentaban el ‘cortoplacismo’ en la gestión, fueron señaladas como una de las principales causas del desastre posterior. La Comisión entiende que un mayor control por parte de los accionistas evitaría su repetición.

La Comisión tiene en mente toda una parafernalia de limitaciones que afectan al consejo. Es el caso de la restricción de opciones sobre acciones así como de las indemnizaciones por despido y de los planes de pensiones recibidos por consejeros –y alta dirección- tras dejar de pertenecer a la empresa. El plan de Bruselas quiere ser más estricto con la actuación de los consejeros de la sociedad, incrementar las normas para evaluar sus conocimientos y concluir con un sistema eficaz de calificaciones individuales. Para ello propondrá limitar a un consejero la pertenencia a un máximo de tres consejos.

Pero hay pocas esperanzas de que progresen tantas iniciativas en la dirección de limitar y supervisar la actividad de los propietarios. La sospecha de baja colaboración en la aplicación de las medidas del Ejecutivo europeo, queda patente con sus últimas recomendaciones –abril de 2009- para restringir las remuneraciones en el sector financiero –y también de las empresas- las cuales fueron cumplidas por 16 de los 27 miembros.

Ahora la Comisión espera propuestas para el último trimestre del año, propuestas que posiblemente se convertirán en propuestas legislativas de obligado cumplimiento para el próximo año.

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