edición: 2906 , Lunes, 17 febrero 2020
04/11/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La reforma fiscal y las medidas de la OCDE sobre las multinacionales fuerzan el acercamiento entre las grandes empresas y Hacienda

Javier Ardalán
La Agencia Tributaria se ha comprometido a anunciar con la antelación suficiente los criterios administrativos y jurisprudenciales generales que guían sus actuaciones, a minorar en la medida de lo posible los conflictos derivados de la interpretación de la normativa aplicable y a procurar una reducción de los tiempos del procedimiento inspector. Se trata de un acuerdo con las 86 sociedades que conforman el Foro de Grandes Empresas, entre las que se encuentran los grandes bancos, constructoras, empresas de ingeniería o de distribución entre otros muchos sectores, que pretende cumplir con las exigencias de colaboración de la Administración tributaria con las empresas y los asesores fiscales, incluidas en el texto de la reforma de la Ley General Tributaria.
Estas eran las principales demandas de los asesores fiscales ante el Ministerio de Hacienda, puesto que consideraban que era muy difícil planificar los tributos de sus clientes cuando las resoluciones de la Dirección General del Estado únicamente resultaban de consumo interno para las diferentes unidades de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, las empresas pertenecientes al Foro de Grandes Empresas reclamaban una seguridad jurídica mayor ante los conflictos de interpretación de la norma, puesto que estas empresas tienen un compromiso especial de colaboración y trasparencia con los órganos de Hacienda.

El Código de Buenas Prácticas, aprobado por los integrantes del Foro y la Agencia Tributaria, señala que ambas partes tienen como objetivo que sus relaciones sean constructivas, transparentes y basadas en la mutua confianza. Para conseguirlo, ambas partes se han comprometido a minorar los conflictos derivados de la interpretación de la normativa aplicable, favoreciendo el uso de los instrumentos que, al efecto establece el ordenamiento jurídico tributario. Además, se prevé que la Agencia Tributaria y las empresas deben intentar llegar a acuerdos en cada fase del procedimiento de inspección.

En el caso de las empresas, se considerará que se cumple el Código cuando el consejo de administración de la empresa, u órgano equivalente, haya fijado o haya sido informado de las políticas fiscales de la compañía y haya aprobado las operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal. A este respecto, hay que tener en cuenta que la reforma del Código Penal ha responsabilizado directamente al órgano ejecutivo de la sociedad de la política fiscal.

Además, entre otras buenas prácticas, se valorará que la estrategia fiscal de la entidad sea conocida por sus altos directivos, que la Agencia Tributaria pueda verificar la existencia de reglas internas en la empresa para mitigar riesgos fiscales, que no se utilicen estructuras opacas con fines tributarios y que la entidad colabore en la detección de prácticas fiscales fraudulentas en los mercados en los que opera.

Se ha aprobado, además, un Anexo al Código en el que se establece que las empresas podrán poner a disposición de la Agencia Tributaria, preferentemente con carácter previo a la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, un informe en el que aporten información y explicación sobre una serie de actuaciones y decisiones en materia fiscal.

Entre otras actuaciones y decisiones a comunicar y explicar a la Agencia, se incluye la presencia en paraísos fiscales, el cumplimiento de los principios establecidos en el denominado Paquete BEPS (Erosión de Bases Tributarias y Traslado de Beneficios) de la OCDE, la estructura de financiación de los grupos empresariales y los riesgos fiscales que las propias empresas consideren más relevantes, así como información sobre las operaciones más trascendentes desde la óptica fiscal aprobadas por el consejo de administración.

Igualmente, se incluye en este apartado la explicación de las operaciones societarias más significativas, la estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de administración de la entidad. Las empresas que faciliten esta información podrán darle el nivel de publicidad que consideren oportuno a través de sus canales de comunicación externa e interna.

A este respecto, es preciso recordar que en 2016 entra en vigor la obligación de facilitar a Hacienda el Informe ‘País por País’ en el caso de empresas que realicen negocios transfronterizos, explicando a cada una de las Administraciones nacionales donde han obtenido sus beneficios y, por tanto donde tienen que ser pagados. Además, el Plan BEPS de la Ocde prevé que en 2017.

Las grandes sociedades multinacionales tendrán que entregar información sobre sus principales operaciones en dos ficheros diferentes, uno de ellos denominado ‘Fichero Maestro’ de carácter internacional y el otro llamado ‘Fichero Local’ de ámbito nacional, cuya información será objeto de intercambio entre países.

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