edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
25/02/2013
Los internautas valoran la futura estructura municipal

La reforma local divide a la opinión pública, que da su visto bueno a incentivar las economías de escala pero desconfía de las diputaciones

Los organismos provinciales ganan un gran peso, en detrimento de los ayuntamientos mal gestionados o de menor tamaño
ICNr

La reforma de los ayuntamientos que el Gobierno prepara (aún no se ha debatido en Consejo de Ministros) ya está siendo objeto de duras críticas por parte de la opinión pública. Entre otras cosas, porque el nuevo texto refuerza, y mucho, el papel de las diputaciones provinciales cuando precisamente estas entidades son una de las `lacras´ de la estructura administrativa en España, a juicio de la opinión pública. Los propios ayuntamientos llevan semanas denunciando que la reforma promueve, en la práctica, que muchos de ellos vean muy mermadas sus competencias, ya que el anteproyecto de ley estipula que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas fijará un coste estándar para cada servicio municipal y si los ayuntamientos de menos de 20.000 sobrepasaran el tope deberán ceder la gestión del servicio a las diputaciones. Es más, también los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son 6.796 en España -el 83,74 por ciento-, podrán ser intervenidos por las diputaciones si no cumplen el principio de estabilidad presupuestaria. La opinión pública, por su parte, se divide en sus opiniones: muchos creen que la solución no va por ese camino y denuncian que lo más sencillo hubiera sido provocar la fusión de ayuntamientos pequeños entre sí y que éstos absorbieran las competencias de las diputaciones, que deben desaparecer. Otros ven con buenos ojos que se favorezcan las economías de escala, más eficientes por definición, por lo que los ayuntamientos son menos `prácticos´ que las diputaciones.

Los internautas valoran la futura estructura municipal

Lo cierto es que la reforma y la forma en que se instrumentará han despertado muchas dudas entre la opinión pública, alimentadas por las afirmaciones de la oposición, principalmente la del PSOE. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el objetivo de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas competencias que no cumplan unos mínimos de eficiencia. Montoro niega la desaparición de ayuntamientos como tal y se refiere sólo a cómo los que resulten ineficientes dejarán de prestar sus competencias. Es decir, se trasladaría la gestión de ciertos servicios a una escala mayor (la diputación) reduciendo la contratación local de servicios.

En definitiva, se prevé la absorción y concentración de las prestciones de los ayuntamientos más pequeños y deficitarios, algo que, para el Gobierno, es `la forma más rápida y sencilla de ahorrar en la Administración local sin recortar prestaciones al ciudadano´. Se ha intentado dejar muy claro que los ayuntamientos como entes, aunque vacíos o muy mermados en sus competencias, no dejarán de existir. En esta línea, Montoro ha sido claro al asegurar que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.

El PSOE, al contrario, habla abiertamente de privatizar servicios y eliminar ayuntamientos, un discurso que, según el PP se aleja de la realidad y prueba que la oposición opta por `la crítica por la crítica´, según ha asegurado, por ejemplo, el presidente del PP en Andalucía, Juan Ignacio Zoido.

Desde el Partido Popular se ha recordado también que se espera ahorrar unos 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales. Precisamente el tope a los sueldos de los alcaldes, que se encontrará en el sueldo de un Secretario de Estado, y la reducción de número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva (todo ello en función de la población) son algunas de las medidas más aplaudidas por la opinión pública. En cualquier caso, se trata de reformas `imprescindibles´ dados los numerosos escándalos por las cuantías de salarios que llegan a percibir algunos cargos públicos municipales. Es decir, lo `raro´ hubiera sido que no se incluyeran en el texto.

La conclusión es que, mediante la futura norma, el Estado aspira a controlar en mayor medida el coste y la eficiencia de los servicios municipales, castigando la ineficiencia y logrando economías de escala, que permiten por definición abaratar costes. El Gobierno también ha puesto ejemplos de ello: un mismo servicio resulta tres veces más caro en un ayuntamiento de menos de 5.000 vecinos que en uno de más de 100.000. Con el futuro texto, los ayuntamientos quedarán obligados a tener equilibrio o superávit presupuestario par evitar verse absorbidos por municipios colindantes (el de mayor población sino hubiese acuerdo).

MENOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y MÁS CONTROL DE LOS INTERVENTORES

Además, la reforma tendrá consecuencias en cuanto al número de empleados públicos. Según las estimaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), entre 100.000 y 115.000 empleados públicos podrían ser despedidos como consecuencia de la reforma de la administración local, aunque ha precisado que éstos también podrían ser trasladados a otra Administración local o ver modificadas sus condiciones laborales. También destaca la reducción del número de asesores propuesta por el Gobierno, que ha tenido buena aceptación entre los internautas.

Esta reducción de personal provocada por los criterios de eficiencia que propone la norma -se asocia el número de trabajadores al número de habitantes- sí cuenta con el beneplácito de la opinión pública, por mucho que se traduzca en una tasa de desempleo aun mayor. Ello se debe a que, para la mayoría de los lectores, del mismo modo que el sector privado se ha ajustado el cinturón durante los últimos años, lo mismo debe ocurrir en las Administraciones Públicas. Se trata del mismo motivo por el que no se critica que, gracias al PP, los ayuntamientos y, en general, las empresas y entes relacionados con lo público, puedan valerse de los Expedientes de Regulación de Empleo para despedir más barato, tal y como ya ocurría con la empresa privada.

También está teniendo buena aceptación otra de las medidas incluidas en el texto: los alcaldes dejarán de tener potestad para decidir el sueldo de los interventores (encargados de las auditorías públicas en los ayuntamientos), de forma que se desvincula su papel del de las instituciones a las que se controla. Esa suma pasará a regularse por parte del Estado. Para los lectores, aunque se trata de una medida positiva (lo contrario es lo más parecido a permitir `un soborno legal´), no hay que olvidar que el Gobierno tampoco es imparcial y que éste puede decidir pagar cantidades mayores en los municipios en que gobierne el partido en el poder a nivel estatal.

Las opiniones se encuentran más divididas en cuanto a la fórmula creada para redibujar el mapa de competencias español. De un lado, los ayuntamientos se quejan abiertamente por el agravio que significará para su supervivencia a largo plazo. Al fin y al cabo, una institución vacía de competencias tiende a desaparecer, en favor de aquella que las absorbe. Por otro lado, los ciudadanos tienen especial `manía´ a las diputaciones, por tratarse de órganos compuestos exclusivamente por los cargos políticos que eligen los propios ayuntamientos. El hecho de que las diputaciones escapen en cierto modo del control democrático, al menos en su sentido directo, les resta confianza. Se corre el peligro de que la mayor parte de la gestión local acabe en manos equivocadas, atadas por intereses partidistas. 

Sin embargo, otros lectores no dudan en asegurar que aunque la reforma sea mejorable en muchos aspectos, y a pesar de que la fórmula elegida pueda no ser la más conveniente, lo que está claro es que la tendencia a las economías de escala supone, por sí sola, un paso muy grande hacia el aumento de la eficiencia. Eso sí, siempre que el control sobre el gasto sea muy amplio y no se `tapen´ agujeros negros. Lo positivo es que al menos se está avanzando en ese importante cambio estructural que tanto se demanda, y las posibles disfunciones que se generen se podrán corregir paulatinamente. `Si con los anteriores estaba claro que lo que no tenían era interés alguno por hacer lo correcto, estos al menos lo intentan: esta ley no es de las más lucidas en los telediarios porque es algo muy técnico, pero es lo correcto´, aseguró un lector.

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