edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
17/11/2010

La reforma penal trae muchas dudas a los jueces e incertidumbre jurídica a las empresas

Javier Ardalán
Las nuevas figuras penales, que entrarán en vigor el próximo día 23 de diciembre de 2010, plantean un exceso de dudas a los magistrados del Tribunal Supremo, según reconocieron al analizarlas públicamente. Así, el magistrado de la Sala Penal Manuel Marchena, que en muchas ocasiones, nuestro sistema legislativo logra efectos absolutamente contrarios a los perseguidos, por lo que advirtió de que con esta nueva figura penal sobrevendrá una etapa de inestabilidad interpretativa y con ella una inseguridad jurídica muy importante.

Las grandes dudas en este capítulo se inician con la falta de desarrollo de esta figura en la normativa de procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No está establecido cual es el juez que debe atender los litigios cuando el delito se comete en un lugar y la sede de la empresa está en otro.

Así lo explicó durante su intervención en las jornadas sobre la última reforma del Código Penal y Mesa Redonda sobre los presuntos ilícitos penales y administrativos en el juego online, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur,) la editorial jurídica Datadiar y el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma.

Otra gran duda en este capítulo es quien debe ser el directivo que represente a la empresa en los procesos, puesto que este delito es absolutamente independiente de los cometidos por los altos cargos o, incluso, por el resto del personal de la sociedad.

El problema que plantea esta nueva figura penal, que castiga la falta de control de la organización para controlar el riesgo de que se delinca en la empresa, es justamente la falta de un concepto claro y conciso sobre lo que supone el término ‘déficit de organización’.

De ahí que las empresas necesiten establecer planes  de control, memorias de actuación, auditorias de cumplimiento e, incluso, programas  de formación. Estas actuaciones, no obstante, no servirán para exonerar la responsabilidad, sino que únicamente valdrá como atenuante, ya que como señaló ayer Marchena, cada caso deberá ser examinado individualmente y tener en cuenta los condicionantes que en cada uno se dé.

La falta de claridad llevará a que en casos similares, la respuesta de los tribunales pueda ser distinta, según la evaluación que haga cada juez o cada tribunal. Por ello, la jurisprudencia se va a convertir en la única salida para evitar esta inseguridad jurídica.

Por ello, terminó reconociendo, que el empleo de la responsabilidad penal de las sociedades va a dar más facilidades para que las empresas sean absueltas que a través de la actual figura de la responsabilidad civil subsidiaria, una vez obtenida la condena  correspondiente del directivo responsable.

También otro magistrado de la Sala Segunda, Julián Sánchez Melgar,  comentaba sus serias dudas sobre  la nueva figura penal del delito de corrupción entre particulares que busca penar los comportamientos que rompan la competencia en el mercado y que sobrepasen los valores y las costumbres sociales. Esta figura muestra también problemas de seguridad jurídica, por la falta de claridad en sus definiciones.

Se plantean dudas sobre qué entra dentro de esta figura ¿Qué nivel se debe considerar que es corrupción? ¿Se debe aplicar el Código Penal a quien paga a un camarero una propina por una buena mesa o a un taquillero por una buena entrada?

Aunque el Código Penal no lo deja claro, es de suponer que tendrá que ser una cantidad suficientemente importante como para que se pueda declarar delito penal, pero, como en otros casos, cada caso será distinto y los jueces deberán decidir atendiendo a los condicionantes.

Una cuestión similar es la que se planteo el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Ángel Calderón Cerezo, en esta ocasión, al referirse a la nueva regulación del blanqueo de dinero.

Calderón descartaba que se pueda considerar blanqueo de dinero los delitos que no supongan un beneficio para quienes los cometen. Así, por ejemplo, descartó que pueda considerarse delito de blanqueo el regalo de un reloj a un político o una cesta de navidad.

Más grave es el caso de plantea la regularización impositiva de quienes pueden ser acusados de delito fiscal y deciden acogerse a la ‘excusa absolutoria’ regulada en la Ley General Tributaria. Los asesores fiscales se encontrarán en la tesitura de recomendar a sus clientes que no lo hagan, que no se pongan a bien por Hacienda, porque aunque lo consigan y queden absueltos de responsabilidad penal por el delito fiscal, ya que pueden ser acusados y condenados por blanqueo de capitales.

Esta nueva figura, que se mantiene vigente, incluso después de la prescripción del delito principal que lo ha generado, puede suponer que una persona sea absuelta del delito principal, pero condenada por el complementario de blanqueo de dinero. El problema es que se trata de un delito que no prescribe mientras se mantenga el objeto del delito o los beneficios obtenidos por él, ya que se considera también un delito continuado.

Y, finalmente, se plantean muchas dudas sobre cómo se debe actuar en los casos de empresas acusadas de blanqueo en diversos países ¿Se debe aplicar la doble incriminación o únicamente la legislación española?

Las cuestiones sin responder se multiplican si estas figuras se suman entre sí en los diferentes litigios y aún más si las que se suman son otras figuras penales distintas, de las que contiene el Código Penal.

Los bufetes de abogados tienen el futuro asegurado, al menos, hasta que el Supremo consolide una jurisprudencia que aclare todas las dudas que las nuevas figuras penales plantean, lo que sucederá dentro de… muchos años.

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