edición: 2826 , Miércoles, 16 octubre 2019
16/01/2013

La relación telemática obligatoria con las Administraciones es imparable para nuevos colectivos profesionales y empresariales

Javier Ardalán
El Gobierno se propone ampliar la obligatoriedad del uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales, que actualmente se ciñen al ámbito de la tributación, y se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticación frente a la Administración, incluso mediante el uso de dispositivos móviles.

El Ejecutivo piensa que las Administraciones Públicas y las empresas pueden ahorrar 15.000 millones de euros al incluir a la totalidad de su relación con los proveedores y entre las propias Administraciones la factura y la contratación electrónica, según anunció ayer el  ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El actual coste es de 4,5 euros de media por factura, coste que se reduciría a 40 céntimos si fuera electrónica.

Por ello, se tratará de buscar la colaboración entre los tres niveles de la Administración (estatal, autonómica y municipal) para avanzar en la Administración sin papeles, así como en  una política de compras única con los proveedores.

La implantación de este proyecto supondrá, según los cálculos de Hacienda, un ahorro de 15.000 millones, procedentes de sumar los beneficios de empresas y Administraciones Públicas, puesto que La Administración telemática es ya un efecto imparable, impulsada por la propia Unión Europea. Los servicios públicos europeos están presentes en prácticamente todas las áreas de actuación administrativa: unión económica y monetaria; políticas regional y de cohesión; pymes y financiación comunitaria; agricultura y pesca; salud y consumidores; transportes, turismo y medio ambiente; sector industrial; política de la competencia; cultura, comunicación y servicios audiovisuales; recopilación y difusión estadística; educación; protección de la salud pública; administración electrónica; política de inmigración; cooperación de autoridades judiciales; cooperación entre instituciones comunitarias y administraciones; publicación de documentos oficiales; entre otras.

Durante el pasado ejercicio de 2012, se realizaron nada menos que 500 millones de trámites con la Administración General del Estado, de los que cerca de 365 se han realizado en formato electrónico, según los datos existentes en el Sistema de Información Administrativa. Por tanto, ya el 73% de los trámites, tres de cada cuatro, realizados por los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración del Estado se hizo el año pasado de forma telemática.

Por ello, para los próximos años, hasta 2015, el Gobierno se plantea propiciar la reutilización de la información del sector público para permitir el desarrollo de servicios de alto valor que contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de servicios de valor añadido para ciudadanos y empresas. 

El Consejo Superior de Administración Electrónica ha revelado que un trámite presencial cuesta una media de 80 euros y el de un trámite electrónico tan sólo 5, por ello, evalúa el ahorro logrado en 2012 en torno a los 28.500 millones.

Este Consejo es el órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargado de la preparación, la elaboración, el desarrollo y la aplicación de la política y estrategia del Gobierno en materia de tecnologías de la información, así como del impulso e implantación de la Administración electrónica en la Administración General del Estado.

El Gobierno quiere seguir avanzando en el impulso de la Administración Electrónica, ya que cada aumento del 5% en el uso de trámites telemáticos supone un ahorro de 1.500 millones de euros para empresas y ciudadanos y de 200 millones para las Administraciones Públicas.

El Gobierno logró en el año pasado reducir el número de cargas administrativas para las empresas en un 30%, según sus propias estimaciones. Según el Banco de España y la OCDE, el coste de las cargas administrativas representa el 4,5% del PIB español, por lo que se estima que supuso un ahorro de 17.900millones, de los que 12.200 son consecuencia de la administración electrónica.

La red Sara se declara proyecto de interés prioritario para configurarse como la nube privada (cloud) de la Administración General del Estado. Por ejemplo, la integración en un único sistema de correo en la red Sara supondría para un organismo público tipo un ahorro de 300.000 euros.
Así, la conexión de la Red SARA con la red transeuropea STESTA, financiada por la Comisión Europea con cargo a los fondos de ISA, facilita y canaliza, en condiciones de racionalidad técnica y económica, la integración de la Administración en los servicios europeos transfronterizos, ahorra a los Departamentos y Organismos de la Administración el coste de afrontar enlaces independientes con Administraciones de otros Estados miembros e Instituciones y Agencias europeas y le permite orientar sus recursos a las cuestiones sectoriales.

En el contexto de la Agenda Digital para Europa, una de las iniciativas de la Estrategia Europa 2020 el buque insignia es el Programa de interoperabilidad ISA, que responde a una necesidad crítica: Europa no puede aprovechar al máximo el potencial social y económico de las TIC sin maximizar la interoperabilidad. El programa ISA se ha implementado para hacer frente a este desafío.

Además, el programa EURES se inició como el servicio europeo de empleo hace más de una década, y es actualmente un ejemplo excepcional de servicio público europeo de administración electrónica dirigido a los ciudadanos y a las empresas. Tiene como objetivo facilitar el acceso a información que permita la movilidad por razón de interés profesional o de formación, es decir, facilitar el libre movimiento de trabajadores en el Espacio Económico Europeo.  En España, EURES cuenta con la participación de los organismos públicos de empleo, el Servicio Público Estatal de Empleo, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

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