edición: 2829 , Lunes, 21 octubre 2019
13/05/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La renuncia a los intereses de demora del plan de pago a proveedores se ajusta al Derecho comunitario

Javier Ardalán
La norma estatal por la que los proveedores pudieron adelantar el cobro de sus deudas con las Administraciones territoriales no contradice las directivas comunitarias contra la morosidad en operaciones comerciales, según ha dictaminado la abogado general del Tribunal de Justicia Eleanor Sharpston, publicadas este jueves.
Aconseja al Tribunal, que cuando publique su sentencia tenga en cuenta que adherirse al plan era voluntario y que los acreedores podían optar por no hacerlo y conservar su derecho al pago de intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro a cambio de esperar más para cobrar.

El Gobierno puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores en 2012 para beneficiar a las empresas proveedoras de servicios y suministros de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían miles de facturas pendientes de cobro, y dio solución a un problema de morosidad que no se había atajado, ni a nivel nacional, ni tampoco en el ámbito de la Unión Europea.

En aquel año, la mayoría de las entidades territoriales no tenían acceso al mercado para financiarse, por lo que existía una situación crítica no sólo para las finanzas públicas de comunidades y ayuntamientos, sino para la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, víctimas de la morosidad.
Responde a una cuestión prejudicial de un juzgado de Murcia al que recurrió una sociedad financiera que había adquirido a empresas proveedoras del Servicio Murciano de Salud derechos de cobro sobre facturas impagadas.

La abogada general recuerda que el mecanismo de financiación preveía el pago acelerado del principal adeudado por una Administración Pública siempre que el acreedor renunciara a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. Dado que la adhesión al citado mecanismo era voluntaria por parte del acreedor, éste podría optar por no sumarse al mismo y conservar así su derecho a recibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.

También señala que, aunque el representante de la Comisión Europea argumentó que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección, tal alegación resulta infundada teniendo en cuenta que el Gobierno español ha aclarado que “todos los acreedores que optaron por no adherirse al mecanismo ya han recibido efectivamente el pago íntegro”.

Señala la abogada general que nada en la Directiva 2011/7 se opone a que un acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor, tras la ejecución del contrato por parte del acreedor, por el cual recibirá inmediatamente el pago del importe principal adeudado en virtud del citado contrato a cambio de renunciar a los derechos que de otro modo podría reclamar en relación con los intereses de demora y con la compensación de los costes de cobro. Considera que las disposiciones de ese acuerdo no constituirían una cláusula contractual o una práctica en el sentido de la Directiva ni serían manifiestamente abusivas.

Los acreedores que se sumaban al Plan de Pago a Proveedores se acogían a un nuevo derecho, “el derecho al pago inmediato”, a cambio de renunciar a los derechos al pago de intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro.

En su opinión, nada en la Directiva 2011/7 se opone a que un acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor “por el s que podría de otro modo tener en relación con los intereses de cuál ha de recibir el pago inmediato del principal adeudado con arreglo al contrato a cambio de renunciar a los derechos a lo demora y con la compensación de los costes de cobro”.

A su juicio las disposiciones de tal acuerdo no constituyen una cláusula contractual o una práctica abusiva, a los efectos del artículo 7, apartados 1 a 3, de la Directiva, ni, por extensión, son «manifiestamente abusivas, siempre que el derecho a esperar el pago total fuera real y no ilusorio. Se trata simplemente de una práctica comercial habitual, como es acordar descuentos por pronto pago.

En segundo lugar, el mecanismo de financiación establecido por el Real Decreto-Ley 8/2013 ofrecía al acreedor la posibilidad de elegir. Podía adherirse al mecanismo, en cuyo caso recibiría el pago, si no inmediatamente, al menos en un breve plazo, o bien podría optar por que la situación continuara como antes. Si lo hacía, debía contar con que esperaría más tiempo (posiblemente mucho más) para cobrar, pero seguiría teniendo derecho a los intereses de demora y a la compensación por costes de cobro.

Por último, la abogada general Sharpston descarta que el hecho de que el deudor sea un organismo relacionado con el Estado (concretamente, un Servicio de Salud) y no una empresa privada tenga relevancia alguna a este respecto.

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