edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
24/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La renuncia al cargo no libera al administrador social de las obligaciones con Hacienda

Javier Ardalán
La caducidad del nombramiento del administrador, o su renuncia al cargo, no libera al administrador de las obligaciones que en su día adquirió frente a la Hacienda Pública como administrador de la sociedad, según la doctrina que establece el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
En una resolución de 2 de junio de 2016, la Sala dictamina que sólo quedará liberado una vez que, convocada la Junta, se nombre al nuevo administrador o, en su caso, se convoque la Junta para la disolución de la sociedad;  y si esto no fuera posible, inste la disolución judicial, al ser imposible el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento de la sociedad.

Así, la caducidad del cargo de administrador no es automática, pues para aquellos casos en los que la caducidad provoca la vacante total del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro, como es la obligación de la celebración de Junta General o bien el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación de cuentas del año anterior y el nombramiento del nuevo administrador.

De lo expuesto se deduce que la caducidad no es automática pues, para aquellos casos en los que la caducidad provoca la vacante total  del órgano de administración, por no existir otro administrador titular o suplente, al requisito del vencimiento del plazo se añade otro,  como es la obligación de la convocatoria de la celebración de Junta General o el transcurso del término para la celebración de la Junta para resolver sobre la aprobación del cuentas del ejercicio.

Tal criterio es sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, la sentencia de 23 de octubre de 2009, y las resoluciones de la Dirección General de los Registro y del Notariado, como la de 15 de enero de 2002, que  declara que la caducidad en el nombramiento del administrador de una Sociedad mercantil no se produce de forma automática por el transcurso del tiempo, sino que, hasta tanto sean designados otros administradores, conservan algunas facultades entre ellas la de convocar la Junta General para la designación de nuevos administradores.

Ello es así por el deber de diligencia exigible a cualquier persona que ocupe ese cargo en una sociedad, ya que el administrador es un auténtico órgano social que forma parte de la estructura propia de la sociedad y no puede, sin más, producirse su cese, siendo necesario el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento y gestión de la sociedad, su representación frente a terceros y asuma la responsabilidad legal que corresponda.

La problemática de la vigencia de las facultades representativas de los administradores de sociedades una vez producida la caducidad de su nombramiento, como la del denominado “administrador de hecho”, ha sido abordada en la última época en la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado y en la jurisprudencia.

En estos casos es preciso tener en cuenta dos aspectos fundamentales. De una parte, que nos encontramos, no ante un supuesto de representación voluntaria, sino de representación orgánica, puesto que se trata de órganos de la sociedad, imprescindibles para el funcionamiento de la misma, la cual sólo por medio de ellos puede actuar; y, por otra parte, la trascendencia de los principios de buena fe y de seguridad en el tráfico mercantil, en los que se inspira nuestro Ordenamiento y, en concreto, el Código de Comercio en sus artículos 283 y subsiguientes.

Todo ello ha llevado frecuentemente a sostener que, aun habiéndose producido la caducidad en el nombramiento de administrador y aun no habiendo sido renovados los cargos, debe entenderse existente una prórroga tácita del mandato conferido.

La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de febrero de 2015, establece que la doctrina del “administrador de hecho”, no implica una prorroga indiscriminada de su mandato, sino que el ejercicio de sus facultades está encaminada exclusivamente a la provisión de las necesidades sociales y especialmente a que el órgano con competencia legal, la junta de socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos.

Para aquellos casos de renuncia del cargo de administrador, el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil, admite la inscripción de la dimisión de los Administradores que se practicará mediante escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado fehacientemente a la sociedad, o en virtud de certificación del acta de la Junta General o del Consejo de Administración, con las firmas legitimadas notarialmente, en la que conste la presentación de dicha renuncia. Ello supone que el abandono voluntario de la condición de administrador puede instrumentarse jurídicamente de forma idónea por esta vía.

En este supuesto también la Dirección General de los Registro y del Notariado ha reiterado en numerosas ocasiones, resoluciones, entre otras, las de 5 de junio y 16 de diciembre de 2013, que cuando, como consecuencia de la renuncia,  la sociedad quede en situación de no poder ser debidamente administrada y no existe la posibilidad de que otro administrador con cargo vigente lleve a cabo la oportuna convocatoria de junta para la provisión de vacantes (artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital), no procede la inscripción sin que se acredite que el renunciante ha llevado a cabo la oportuna convocatoria de junta con tal finalidad.

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