edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
12/01/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

La responsabilidad medioambiental de las Pymes

DATADIAR

La Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental establece que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, si se prevé que el operador puede ocasionar daños cuya reparación primaria se evalúe por una cantidad igual o superior a 300.000 euros, límite que asciende a 2.000.000 de euros en caso de que el operador esté adherido al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), o disponga de la certificación de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 vigente.

Asimismo, la normativa de responsabilidad medioambiental establece la obligación de que los operadores de las actividades recogidas en su anexo III, elaboren un análisis de riesgo medioambiental con el objetivo de identificar los posibles escenarios accidentales, y establecer el valor del daño medioambiental que puedan producir. Este análisis de riesgos permitirá a los operadores conocer si están obligados a constituir garantía financiera, y en su caso calcular su cuantía, y por otro lado es un elemento esencial en el ámbito de la prevención.

La amplitud y heterogeneidad de actividades profesionales incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, ha hecho necesaria la realización de un primer análisis que permita identificar el ámbito de aplicación de la normativa incluida en el mencionado anexo, así como los operadores a los que se hacen referencia.  Dicho análisis ha permitido identificar una lista de sectores y de actividades profesionales incluidos dentro de ese anexo III.

En este sentido cualquier actividad económica, incluidas las PYMES, deberá evaluar su pertenencia al anexo III de la Ley 26/2007.

Este análisis del anexo III de la Ley 26/2007, ha servido de base para la redacción del proyecto de Orden Ministerial por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la exigencia de la garantía financiera obligatoria de las actividades profesionales del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. Este proyecto de orden ministerial, que fue sometido al procedimiento de participación pública desde el 21 de julio de 2010 hasta el 21 de septiembre de 2010, establece un calendario gradual para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007.

Este calendario orienta acerca de los plazos para la realización, por parte del operador, de los análisis de riesgos medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera prevista en el capítulo III del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, que deberán llevarse a cabo con carácter obligatorio una vez publicadas las citadas órdenes ministeriales, tal y como establece la disposición final primera, apartado  primero, del mencionado reglamento.
 
Los plazos establecidos en este proyecto de orden ministerial orientan también acerca de la elaboración de los instrumentos de análisis de riesgos medioambientales sectoriales, en aplicación de las previsiones de la disposición final primera, apartado segundo, del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, donde se establece que tales instrumentos deben estar elaborados con carácter previo a las citadas órdenes ministeriales.

Por otro lado, aquellas empresas dedicadas a actividades que no estén incluidas en el listado del Anexo III de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, no tienen la obligación de elaborar un análisis de riesgos medioambientales de su actividad que permita evaluar, en su caso, la necesidad o no de establecer una garantía financiera.

No obstante, tal como se indica en el artículo 3.2 de la Ley 26/2007, ésta también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo III, en los siguientes términos:
a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de evitación y de reparación.
b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de  prevención y de evitación.

Cabe resaltar en cualquier caso que la obligación de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales y las amenazas inminentes de tales daños en los términos establecidos en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, ya se encuentra en vigor.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Orden ARM/3415/2011, de 13 de diciembre, por la que se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral de Cataluña. B.O.E. n.º 302 de 16/12/2011.
El Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94, marca como objetivo principal establecer un marco de gestión eficaz para la protección estricta de determinadas especies marinas, así como la conservación de los hábitat naturales y la fauna y flora silvestres. La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece entre sus fines los de velar por la explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos recursos y sus ecosistemas, adaptando el esfuerzo de la flota a la situación de los mismos. Asimismo, la referida Ley 3/2001, de 26 de marzo, establece en su artículo 12 que, con el objeto de proteger, conservar y recuperar los recursos pesqueros, y previo informe del Instituto Español de Oceanografía, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá establecer fondos mínimos, zonas o periodos de veda en los que se limite o se prohíba el ejercicio de las actividades pesqueras o la captura de determinadas especies, así como adoptar aquellas otras medidas que se consideren necesarias.


JURISPRUDENCIA

Penal

Tarjetas de crédito falsas. Utilización en perjuicio de otro. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de septiembre de 2011
Los hechos probados establecieron, resumidamente, que el acusado había adquirido en Singapur diversas tarjetas de crédito falsificadas, cuya autoría no constaba, que introdujo en España y utilizó en diversos establecimientos comerciales, adquiriendo productos que pagó con las tarjetas falsas, en perjuicio de la entidad emisora de las mismas. Tras la entrada en vigor, con fecha 23.12.2010 de la LO. 5/2010, que reformó el Código Penal en materia de Falsificación de tarjetas de crédito (art. 399 bis.) y de Estafa cometida mediante la utilización de las mismas (art. 248.2. c.), el condenado solicitó en Revisión y según lo previsto en las Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª de la LO., la aplicación retroactiva en lo favorable de dicha reforma legal. La Audiencia Nacional dictó Auto dando lugar a la Revisión e imponiendo al condenado nueva pena de 6 años de prisión por la Falsificación de las tarjetas de crédito, manteniendo la correspondiente al delito de Estafa. Recurre en Casación el condenado discrepando de la pena impuesta por el nuevo delito de utilización de tarjetas falsas, y en solicitud de menor pena (proporcionada) por la Estafa. El Tribunal Supremo estima el Recurso. 1.- El primer motivo sobre aplicación indebida de lo dispuesto en el actual art. 399 bis cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, y la Sala lo estima. Dice el Alto Tribunal que el legislador de 2010 ha roto la anterior equiparación funcional entre la falsificación de moneda y la de tarjetas de crédito, de débito y de cheques de viaje, creando ahora una nueva Sección en el Capítulo II del Titulo XVIII del libro II del CP., castigando con pena de 4 a 8 años de prisión: a) la falsificación; b) la tenencia de tarjetas y cheques de viaje falsos destinados a la distribución o tráfico; y c) la utilización a sabiendas de la falsedad sin haber intervenido en la falsificación (pena de 2 a 5 años). Con lo cual, la protección penal  de estos medios de pago se ha situado a mitad de camino entre la que se dispensa a la moneda y a los demás documentos mercantiles (STS. 248/2011, de 11 de abril). La modalidad de la introducción en territorio nacional de tarjetas falsas no forma parte de la descripción del tipo, lo que no afecta a este caso porque el condenado las utilizó reiteradamente en perjuicio de la entidad que las emitió. La actual tipicidad se corresponde con el nº 3 del art. 399 bis (utilización en perjuicio de otro sin haber intervenido en la falsificación pero conociendo su mendacidad). En consecuencia se impone la pena que se considera adecuada a la gravedad del hecho, fijada definitivamente en 5 años de prisión. 2.- Mayor interés tiene la segunda parte de esta Sentencia en cuanto que, sin formar parte del Recurso, de oficio se establece que el concurso entre el delito de utilización de tarjetas falsas en perjuicio de otro y la Estafa prevista en el art. 248. 2. c), no es de delitos sino de normas a resolver según la regla de la alternatividad (art. 8.4ª CP) apreciando el delito de mayor gravedad que ahora es el de Utilización de tarjetas falsas. Lo contrario, es decir, la pena por separado llevaría el riesgo de incriminar doblemente el mismo hecho, con la consiguiente quiebra del principio de proporcionalidad (STS. 254/2011, de 29 de marzo). Ciertamente esta es la solución ajustada al caso, si bien que el concurso de normas no es la única interpretación viable, pudiendo sostenerse la autonomía de la Estafa en los supuestos de hallazgo o sustracción de tarjetas de crédito o débito genuinas pero de ajena titularidad. La aplicación del concurso de normas conduce a la imposición de una sola pena, dejando sin efecto la correspondiente al delito de Estafa.


Mercantil

Patentes europeas. Alcance revisión de la traducción. Incorporación reivindicaciones contenidas en la patente europea. Plazo. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de septiembre de 2011
El alcance de una revisión de la traducción es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada. Plazo. El artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea no contempla plazo de ningún tipo, Si esta facultad abierta a los titulares de las patentes tiene el objetivo ya visto de completar la protección de un invento con reivindicaciones inicialmente no incluidas en un determinado país por razones de naturaleza variada es coherente que la posibilidad de presentar dicha revisión quede abierta «en todo momento».

La semejanza existe entre «Imperia» e «Imperial» como términos característicos para integrar las leyendas que designen una u otras bebidas alcohólicas. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de septiembre de 2011
Se debe  corroborar el criterio de la oficina registral en cuanto al principio de especialidad pues hay una obvia cercanía o relación de proximidad entre los productos protegidos que, sumada a la identidad o semejanza de denominaciones, hace inviable la pacífica convivencia del nuevo signo con los ya registrados. Bastaría para justificar la prohibición, desde este punto de vista, que coincidan las bebidas alcohólicas (incluso tras la limitación al vodka) en la clase 33 como en efecto sucede.  Hay que tener en cuenta que  el recurso de casación en materia de marcas no se puede transformar en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni es adecuado que mediante aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias o semejanzas apreciadas.


Civil

Las partes son libres para determinar la forma en que se ha de comunicar el ejercicio de la opción de compra. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de septiembre de 2011
No puede afirmarse, según lo ya razonado, que el contrato hubiere quedado en cuanto a su cumplimiento al arbitrio del concedente u optatario pues habría bastado al optante comunicar su intención de ejercicio del derecho de opción, de modo fehaciente y dentro del plazo concedido, para que la compraventa se hubiera perfeccionado; por las mismas razones, carece de sentido la invocación como infringido del artículo 1258 del mismo código, según el cual los contratos obligan, además de a lo expresamente pactado, a todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, pues precisamente lo expresamente pactado es que, con la finalidad de que no se pudieran suscitar dudas al respecto, el ejercicio de la opción se notificara al concedente de modo fehaciente, lo que comporta una exigencia inexcusable. Pero además, en este caso la literalidad del contrato reflejaba con toda evidencia la intención de las partes de exigir una notificación en forma fehaciente y no cualquier otra, siendo así que, en materia de interpretación, las normas o reglas interpretativas contenidas en los artículos 1281 a 1289 ambos inclusive del Código Civil, constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al artículo 1281.1, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias.

Duración de contrato de arrendamiento de local de negocio. Aplicación del régimen de prórroga forzosa. Necesidad de determinar si hubo pacto expreso o implícito de sometimiento al régimen de prórroga forzosa. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de septiembre de 2011
La duración de los contratos se pactó por un plazo de vigencia anual, aunque con la posibilidad de que pudieran prorrogarse anualmente de manera facultativa para el arrendatario y forzosamente para el arrendador, para aplicar, de manera convencional, una remisión expresa a la prórroga forzosa regulada en el artículo 57 LAU de 1964. Ello , no solo se sustenta en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento de 1987, donde se alude a una duración indefinida del contrato, sino que se ha indagado la voluntad de las partes y se considera que implícitamente se sometieron al régimen de prórroga forzosa regulado en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El contrato de 1987 tiene su origen en el consensuado por las mismas partes en el año 1964, y  no se introdujo ninguna modificación en la relación arrendaticia, salvo lo que respecta a la autorización que se concedía al arrendatario para realizar una serie de obras en el local arrendado y la determinación de una renta actualizada; aparte de ello, solo así tiene sentido la cláusula quinta, dado que se preveía que la realización de las obras sería de un año, por lo que resulta difícil considerar como posible que la duración del arrendamiento lo pudiera ser por este periodo de tiempo. Se ha  alcanzado la conclusión de que la prueba practicada conduce a afirmar que la voluntad de las partes fue someter el contrato, en cuanto a su duración, al régimen de prórroga forzosa.


Laboral

Sucesivos contratos temporales, en la misma empresa, para el mismo puesto de trabajo durante más de 24 meses en un periodo de 30 meses: relación laboral indefinida. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 13 de septiembre de 2011
El Tribunal estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora y considera que no procede declarar la nulidad del despido de la actora pero sí su improcedencia, condenando a la demandada a que en el plazo de cinco días opte entre readmitirla o, indemnizarla. En el presente supuesto no ha quedado justificada la causa de la temporalidad que se invoca en el contrato suscrito por el Ayuntamiento de Madrid y el trabajador demandante por las siguientes razones:  - Los sucesivos contratos temporales no cumplen mínimamente con la exigencia de identificar, con precisión y claridad la obra o servicio que constituye su objeto. - La tareas desempeñadas por la actora  son las ordinarias y se corresponden con el objeto y fines de la demandada Agencia para el Empleo. - La actividad del programa itinerario integrado de inserción para colectivos desfavorecidos subvencionado por el Fondo Social Europeo se sigue desarrollando en la Agencia de Empleo de Madrid. Por otra parte, en el supuesto analizado en un periodo de treinta meses la actora prestó servicios durante mas de veinticuatro meses para la misma empresa, en el mismo puesto de trabajo  -auxiliar administrativo para dar apoyo administrativo al proyecto itinerario integrado de inserción para colectivos desfavorecidos, en virtud de dos contratos temporales, lo que supone que, en virtud de lo establecido en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores su relación devino indefinida, por lo que no cabe la extinción del contrato por realización de la obra o servicio objeto del mismo.

Nulidad del despido objetivo que no expresa causa alguna, con simultáneo reconocimiento de la improcedencia del cese y la correspondiente indemnización. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 19 de septiembre de 2011
La cuestión que se debate es la relativa a la calificación de un despido en cuya comunicación escrita se alude a una causa genérica del despido objetivo (índole organizativa), sin expresar circunstancia alguna especificativa, con simultáneo reconocimiento de la improcedencia del cese y poniendo a disposición del trabajador la indemnización de 45 días por año de servicio. La sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, confirma la pronunciada en la instancia por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Pamplona, y razona que aún cuando formalmente se aluda a una causa del art. 52.c) ET, «no puede analizarse como extinción de contrato por causas objetivas por la circunstancia de que haga mención a dicho término, y no se enuncie causa alguna del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, pues el despido sin causa, al igual que el verbal o el tácito, conforme a los preceptos citados ha de declararse improcedente y no nulo». Sin embargo, el Tribunal Supremo afirma que la doctrina correcta es la mantenida por la sentencia de contraste, una vez que los hechos se producen con anterioridad a la modificación del art. 53.4 ET llevada a cabo por el art. 2.5 del RD-Ley 10/2010, sobre «medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo», que no incluye ya el defecto de forma como causa de nulidad de los despidos objetivos. Por ello, se declara la nulidad del despido de que el demandante fue objeto y que procede la readmisión del trabajador en el mismo puesto de trabajo y el abono de los salarios dejados de percibir desde aquella fecha y hasta la de la indicada readmisión.


Administrativo

Ampliación de plazo para resolver el procedimiento de solicitud de licencia comercial. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de abril de 2011
La ampliación del plazo para resolver el procedimiento de solicitud de licencia se justifica con la dificultad real para resolver en el plazo ordinario. Así, la solución de la ampliación del plazo no puede concebirse como una posibilidad extrema en supuestos absolutamente excepcionales, sino como una posibilidad admisible cuando la Administración no encuentre otra forma razonable para el cumplimiento del plazo y lo justifique adecuadamente. En el caso de autos la razón para la aplicación de la ampliación del plazo está claramente determinada, el número de expedientes -cuantificándose incluso los del año, a los que había que sumar los de años anteriores todavía en tramitación-, y la necesidad de recabar informes externos, cuya mayor o menor rapidez de tramitación no depende directamente del órgano que ha de resolver. Debe admitirse que si la Administración ha de hacer frente a una excesiva acumulación de expedientes de cualquier género tiene que enfocar el cumplimiento regular de los plazos de una manera global respecto a todos ellos, por encima de las incidencias de cada expediente en concreto, por lo que la ampliación del plazo se presenta como una respuesta extraordinaria razonable para el conjunto de tales expedientes.

Responsabilidad patrimonial del Estado miembro comunitario como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Tribunal Supremo. Sentencia 13 de abril de 2011
Concurren en el presente caso todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea para que prospere la acción de responsabilidad patrimonial. De un lado, la norma jurídica vulnerada -Sexta Directiva- confería derechos a los particulares, concretamente el derecho a la deducción de IVA soportado sin más excepciones o limitaciones que las establecidas en ella, limitando tal derecho la normativa española al establecer una limitación adicional a las previstas en la norma comunitaria. De otro, se ha producido una infracción suficientemente caracterizada del Derecho Comunitario, como inobservancia manifiesta y grave del Estado Español, y finalmente, existe una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por el particular, sin que tal relación de causalidad pueda entenderse rota por el hecho del que el reclamante no agotara los recursos administrativos o judiciales frente a la liquidación tributaria practicada.

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