edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
08/06/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La retroactividad en materia tributaria

DATADIAR
El Tribunal Constitucional, en dos recientes sentencias, 20 y 29 de abril, ha aclarado cuando es posible que las medidas tributarias puedan tener efectos retroactivos y cuando no es posible hacer efectiva una norma sobre periodos de tiempo previo a su entrada en vigor. La doctrina del Tribunal Constitucional establece que el principio que impide la retroactividad, que está recogido en el artículo 9.3 de la Constitución afecta únicamente a las normas fiscales que tengan carácter sancionador o las que afecten a los derechos individuales.

Así, por tanto, la retroactividad no afectará nunca, por poner un ejemplo, a la deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la desgravación por vivienda, que hayan obtenido ese derecho antes de la entrada en vigor de una presunta normativa que la recorte o la haga desaparecer. Quienes disfrutan de ese derecho lo tienen asegurado.

Pero es más, en sus sentencias, el Tribunal Constitucional considera que restringir los derechos individuales debe considerarse equiparado a la idea de la imposición de una sanción. Por ello, reconoce que el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general de la protección de la persona.

Aunque el Constitucional no se muestra contrario a la retroactividad de las normas tributarias, si que considera que existen principios constitucionales que se enfrentan con eficacia a esta posibilidad. Los más destacados en este sentido, son los de la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 
En el primero de ellos, las sentencias que comentamos descartan que el principio de seguridad jurídica pueda tenerse por un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen tributario. Sin embargo, si que lo entiende como una protección para la confianza de los ciudadanos, que han ajustado su conducta económica a la legislación vigente frente a los cambios normativos que se realicen sin que hayan sido razonablemente previsibles.
 
Se afirma que “el principio de seguridad jurídica viene a ser la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”. Y concluyen los razonamientos de ambas sentencias, aseverando que la retroactividad de las normas choca directamente con el principio de prohibición de la arbitrariedad.

Además, es doctrina constitucional consolidada, que sólo si, en el ordenamiento jurídico en el que se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma contenida en dicho texto infringiría el principio de seguridad jurídica.

La jurisprudencia del Tribunal considera que la seguridad jurídica es la certeza sobre la normativa tributaria aplicable y los intereses jurídicamente tutelados y como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho.

La Audiencia Nacional ha acuñado en varias sentencias recientes el  término ya conocido de “diligencias argucia” para dar una idea meridiana y esquemática sobre la falta de valor de las diligencias inspectoras a aquellos casos en que se manifiesta una intención dilatoria con la intención de romper el transcurso de los plazos de prescripción o cuando el contenido de la diligencia es irrelevante, reiterativo o heterogéneo, referida, en cada caso, a un concepto y periodo determinados.

La Audiencia considera que hay que prescindir de las referidas a hechos distintos de los regularizados, o a ejercicios diferentes. Las relativas a circunstancias indiferentes para obtener los datos necesarios para regularizar, así como las dilatorias, las que se limitan a dar constancia de un hecho evidente, a anunciar la práctica de diligencias futuras, a recoger la documentación presentada sin efectuar valoración o análisis alguno o sin ordenar respecto de ellas decisiones de cualquier clase.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo del concepto de «valor real» de un terreno en un supuesto de división horizontal. D.G.T.C, 08-10-2008. Concepto de valor real del terreno en la división horizontal.
Supuesto de operación a plazo en el que se procede al descuento del pagaré en el que se ha instrumentado el aplazamiento. D.G.T. C, 06-10-2008. La entidad consultante realizó una operación de compraventa de suelo en el ejercicio 2006 con aplazamiento en el precio hasta junio de 2008 mediante pagaré avalado por la compradora. Cabe la posibilidad de que se proceda a descontar en el ejercicio 2007 el efecto correspondiente a parte del precio que se encuentra diferido. 1. En el caso de proceder al descuento del pagaré correspondiente a parte del precio que se encuentra diferido, cómo afectaría dicho descuento al impuesto diferido. 2. Si afectaría al impuesto diferido la entrega de ese pagaré como garantía de una póliza de crédito.

Tribunales

Prestaciones de servicios a título gratuito efectuadas por el sujeto pasivo para fines ajenos a su empresa. T.J.C.E.S, 11-12-2008.
El artículo 17, apartado 6, párrafo segundo, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, se opone a que un Estado miembro aplique, con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Directiva, una exclusión del derecho a deducción del IVA soportado que grava los gastos vinculados con las comidas ofrecidas a título gratuito por los comedores de empresa a las visitas comerciales y al personal con motivo de reuniones de trabajo, dado que, en el momento de dicha entrada en vigor, esta exclusión no era realmente aplicable a dichos gastos, por motivo de una práctica administrativa que gravaba las prestaciones realizadas por dichos comedores por el importe de sus precios de coste, como contrapartida del derecho de deducción íntegra del IVA soportado pagado. Por lo que se refiera al artículo 6, apartado 2, de la mencionada directiva, se interpreta en el sentido de que dicha disposición, por un lado, no tiene por objeto el suministro a título gratuito de comidas en los comedores de empresa a los visitantes comerciales con ocasión de reuniones celebradas en los locales de la empresa, cuando se desprende de datos objetivos –lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente– que dichas comidas se suministran a fines estrictamente profesionales. Por otro lado, esta disposición tiene por objeto, en principio, el suministro a título gratuito de comidas por parte de una empresa a su personal en sus locales, salvo que –lo que corresponde también verificar al órgano jurisdiccional remitente– las exigencias de la empresa, como garantizar la continuidad y el buen desarrollo de las reuniones de trabajo, precisen que el empresario garantice el suministro de comidas.
 
Debe tributar como retribución en especie del trabajo, sujeta a ingreso a cuenta, la impartición de enseñanza gratuita a hijos de empleados. A.N. S, 24-07-2008.
Son retribuciones en especie del trabajo las cantidades destinadas a satisfacer los gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco. Se excluyen los estudios organizados directamente por Instituciones, empresas o empleadores y financiados directamente por ellos. Para que los estudios organizados por Instituciones, empresas o empleadores, no tengan la consideración de retribución en especie del trabajo, tiene que tratarse de estudios financiados directamente por las empresas o entidades y que su fin sea la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y venga exigido por el desarrollo de su actividad o las características de su puesto de trabajo. En el caso presente, se trata de una ventaja patrimonial facilitada por la institución de enseñanza recurrente a sus empleados, a quienes les dispensa de forma gratuita los estudios de enseñanza, así como un 50 por 100 en el servicio de comedor, que igualmente se presta, como actividad accesoria, por lo que se puede hablar de mera liberalidad de la entidad, al constituir un gasto no contraído por la empresa en el ejercicio de su actividad económica o empresarial, siendo retribuciones al personal, en el sentido fiscal, a los efectos de su sometimiento a retención. Se está ante una dispensa directa de los estudios a los hijos de los empleados pero porque la enseñanza es el objeto al que se dedica la institución actora.

Tribunales Económico-Administrativos

La declaración de prescripción implica la extinción de la deuda exigible desde la fecha de notificación del acto impugnado, considerándose indebidos los embargos practicados con posterioridad. T.E.A.C. R, 10-09-2008.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que declara prescrito el derecho de la Administración para exigir la responsabilidad subsidiaria supone la extinción de la deuda desde la notificación del acto impugnado, por lo que todos los ingresos posteriores derivados de los embargos practicados deben considerarse indebidos y procederse por tanto a su devolución junto con los intereses que correspondan.

El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del RD 1684/1990, General de Recaudación. TEAC R, 24-9-08.
El procedimiento para exigir el pago a los socios de entidades disueltas y liquidadas no es el establecido para los casos de derivación de responsabilidad, sino el regulado para los sucesores en el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por Real Decreto 1684/1990), que es el que se ha seguido por la Administración tributaria. En cuanto a la alegación de prescripción, la única que puede alegarse es la que hubiera podido producirse a partir del momento en que se le comunica el inicio de actuaciones para exigirle el pago de las deudas tributarias.

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