edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
09/12/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La ruptura de una subcontrata obliga a las empresas públicas a hacerse cargo de los trabajadores del contratista privado

Javier Ardalán
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de reinterpretar la legislación laboral española, sentando un antes y un después de la sentencia de 26 de noviembre para la cancelación de contratos entre empresas privadas y públicas.
En este caso, la sentencia afecta a ADIF, la empresa pública ferroviaria. De acuerdo con lo sancionado por el fallo del TJUE, las empresas públicas están obligadas a hacerse cargo de los trabajadores de entidades privadas subcontratadas si deciden extinguir el contrato de la concesión. Los trabajadores afectados por la ruptura del contrato no pueden ser despedidos y la relación laboral queda subrogada a la sociedad pública.

El hecho de que ADIF no se hiciera cargo de los trabajadores de la subcontratada no basta para excluir que la entidad económica de que se trata en el litigio principal haya mantenido su identidad y no permite negar, por tanto, la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la citada Directiva.

ADIF comunicó a la subcontratada su decisión de hacerse cargo del servicio y su negativa a subrogarse en los derechos y obligaciones de ésta frente a su personal. En consecuencia, la empresa privada procedió a un despido colectivo por causas productivas de varios trabajadores, que antes estaban adscritos a la ejecución de la contrata celebrada con ADIF.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco consideró que el Juzgado de lo Social correspondiente no había resuelto aún la cuestión de si el concepto de transmisión de empresa, en el sentido de la Directiva 2001/23, comprende los supuestos en que una empresa titular de un servicio público asume la gestión directa de dicho servicio y en los que, por una parte, esa empresa decide recurrir a su propio personal para realizar esa gestión, sin hacerse cargo del personal del contratista al que había encomendado anteriormente la gestión y, por otra parte, los medios materiales utilizados, esenciales para la realización del servicio, han pertenecido siempre a dicha empresa, que imponía su uso al contratista.

En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una cuestión prejudicial.

El ponente, el magistrado François Biltgen, dictamina que la normativa comunitaria que obliga a las empresas a hacerse cargo de los trabajadores de las subcontratas es aplicable a las empresas públicas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. Y determina que resulta aplicable a una situación en la que una empresa pública, titular de una actividad económica, confía mediante un contrato de gestión de servicios públicos la explotación de esa actividad a otra empresa, y posteriormente decide poner fin a dicho contrato y explotar ella misma esa actividad con su propio personal".

Considera el magistrado que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios que determinan la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23 varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate.

El TJUE ha declarado a este respecto que, en un sector en el que la actividad se basa esencialmente en la mano de obra, la identidad de una entidad económica no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla.

En el caso en litigio, la actividad económica de que se trata no puede considerarse una actividad esencialmente basada en la mano de obra, ya que requiere un equipamiento importante.

Y en lo que respecta a la circunstancia de que los elementos materiales indispensables para el desarrollo de la actividad hayan pertenecido siempre a ADIF, recuerda el Tribunal que, con arreglo a su propia jurisprudencia la cuestión de si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales carece de pertinencia a efectos de aplicar la Directiva 2001/23.

La circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de esa Directiva.

El hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, de los efectivos que su antecesor había dedicado al desarrollo de la misma actividad no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23, en un sector como el del litigio principal, en el que la actividad se basa esencialmente en el equipamiento.

Una interpretación diferente iría en contra del objetivo principal de la Directiva, que es mantener los contratos de trabajo de los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario.

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