edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
21/01/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y la sociedad de la información

DATADIAR
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible establece una modificación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información por la que se permite la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet con el objetivo de "la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual". Además, se introduce un nuevo apartado 2º del artículo 8 Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, en el que se establece que los órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación de la persona que está vulnerando el derecho de propiedad intelectual, y los operadores "estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan" (refiriéndose a los datos de identificación del prestador de servicios). No se trata en ningún caso de los datos de “usuarios finales”, es decir de los internautas.

El texto, incluye en la disp. final 1ª la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, con el objetivo de "proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet". De modo que el Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

En este sentido se crea la Comisión de Propiedad Intelectual, a cuya Sección Segunda corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. Será pues el organismo competente para solicitar la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información que lesione derechos de propiedad intelectual, así como para solicitar los datos de los presuntos culpables. Pero ¿todo lo anterior implica que podrá ordenar el cierre directo de páginas web?

Antes de concluir, notemos que el mismo texto remite de forma expresa a un futuro desarrollo, puesto que establece que reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la Comisión, y por otra parte, como inmediato antecedente, recordemos que recientemente, a finales de noviembre, el Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo sobre el conocido como “paquete telecom” (reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones) que en este punto permite la desconexión y el control de los usuarios con las debidas garantías de derecho administrativo. En el texto acordado se estipula que solo podrá imponerse una medida que restrinja el acceso a Internet de los usuarios «si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática». Esas medidas solo podrán adoptarse «respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada» y como resultado de un «procedimiento previo, justo e imparcial», garantizándose el «derecho de los interesados a ser oídos [...] y el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno».

Pues bien, el propio artículo art. 8 de la Ley 34/02 (en un apartado que no se ve alterado por las nuevas medidas) establece “En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. En todos los casos en los que la Constitución y las Leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información”.

Además, el artículo 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, establece que "la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes".

Por lo tanto, la cuestión que debe suscitar un debate es qué relación existe realmente entre las “páginas de enlaces” (u otras que ofrezcan contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual que puedan ser objeto de estas medidas), con la libertad de expresión, y en general con los derechos fundamentales. La respuesta a esta pregunta es la que nos permitirá calibrar la trascendencia de estas medidas a efectos de Derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta reforma son las webs que enlazan a determinados archivos, no los blogs, la expresión de ideas, opiniones o críticas, ni los medios de comunicación en la red.

Pues bien, el texto legal analizado [en fase de anteproyecto cuando esto se escribe] incorpora una garantía judicial del siguiente tenor:

La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
 
La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La intervención judicial se orienta específicamente en la  fiscalización de la ejecución de la resolución de cierre que haya sido adoptada por la Comisión, en función precisamente de si puede llegar a suponer una vulneración de derechos fundamentales, en cuyo caso se vería rechazada.

Así pues, en el plazo de los cuatro días siguientes a la la resolución por la Comisión, el Juzgado convocará a  la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados, a una audiencia en la que, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto autorizando o denegando la ejecución de la medida, desde la óptica de la tutela de los derechos fundamentales, y sin entrar en el fondo del asunto, es decir, sin entrar a decidir definitivamente sobre propiedad intelectual.

Se establece así un procedimiento de tipo cautelar que a lo sumo apreciará la “apariencia de buen derecho”, sin prejuzgar el fondo. De modo que serán los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional los competentes para autorizar, mediante auto, la ejecución de la resoluciones adoptadas por la Comisión para que se interrumpa la prestación de servicios de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

DIRECTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DOUE n. º11, 05-05-2009).
El contenido de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (3), ha sido modificado (4). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva. El desarrollo de los programas de ordenador exige una considerable inversión de recursos humanos, técnicos y financieros y dichos programas pueden copiarse con un coste mínimo en relación con el preciso para crearlos de forma independiente. Los programas de ordenador están desempeñando un papel de creciente importancia en una amplia gama de sectores y, en consecuencia, cabe considerar la tecnología informática como de capital importancia para el desarrollo industrial de la Comunidad.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad documental. Presentación en juicio de un documento privado falso por la persona que resulta imputada por un delito de estafa que es considerado como autoencubrimiento impune, exonerando de responsabilidad al recurrente.. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 14 de octubre de 2009
La aportación de un documento falso, en el marco de un proceso penal abierto para indagar la posible responsabilidad criminal por estafa y falsedad del recurrente, exige el tratamiento propio del autoencubrimiento impune. No faltan autores que entienden que en aquellas ocasiones en que el primero de los delitos que se pretende encubrir ha sido declarado prescrito, falta el presupuesto indispensable para hablar de acto copenado. Sin embargo, la Sala entiende que en este caso, la aportación a juicio de los documentos privados falsos, diluye su sustantividad típica, en la medida en que no es sino un acto propio dirigido expresamente a buscar la impunidad de otro de carácter precedente, con independencia de que la pena asociada a la falsedad material haya quedado excluida como consecuencia del transcurso del tiempo y consiguiente prescripción. Lo que se busca, al fin y al cabo, es ocultar el acto ya ejecutado, debiendo ser reputado como un acto copenado y, por tanto, impune, al estar sometido a la regla de consunción impuesta por el art. 8.3 C o, desde otra perspectiva doctrinal, a la regla de la subsidiariedad tácita del art. 8.2 CP.

Mercantil

No existe cobertura para el siniestro sufrido por el actor porque de acuerdo con las cláusulas contenidas en la póliza de responsabilidad civil suscrita , el actor no tenía la condición de tercero. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 11 de noviembre de 2009
Reclamación de indemnización por accidente sufrido por el demandante en la sociedad de la que era socio. El socio no tiene la condición de tercero a los efectos de la cobertura del seguro de responsabilidad civil concertado por la sociedad responsable. Concurrencia de culpas.

La entidad de televisión contratante esta obligada al pago de la remuneración pactada con la entidad de gestión por la autorización de utilización de videos musicales.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 08 de julio de 2009
Propiedad Intelectual. Contrato de autorización de utilización de videos musicales celebrado por una Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual y una Entidad de Televisión. Reclamación por la Entidad de Gestión de la remuneración pactada. Negativa al pago por parte de la entidad de televisión contratante por entender que el abono debe efectuarle otra entidad que es la "operadora" -emisora en sentido técnico-. Actos propios. Actos coétaneos y posteriores que revelan la responsabilidad de la entidad contratante como obligada al pago.

Civil

Es lógica la pretensión de que los locales guarden relación con el edificio en que se ubican, pero no es posible impedir sin más por la comunidad que los dueños coloquen letreros o carteles en su propio negocio.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de octubre de 2009
Propiedad Horizontal. Petición de nulidad de una regla de los Estatutos de la Comunidad. Obras en elementos privativos y elementos comunes. En la aplicación del artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, no cabe idéntica interpretación con referencia a los locales de negocios y los pisos. Colocación de letreros o carteles en los locales de negocio.

No ha quedado acreditado que las obras realizadas por la demandada afecten a la configuración y/o seguridad del edificio, ni a su estructura general, ni que perjudique los derechos de los demás vecinos.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 11 de noviembre de 2009
Propiedad Horizontal. Elementos comunes y privativos. Apertura de ventanales en locales de la planta baja. Obras realizadas en apartamentos y terrazas de condición privativa.
 
Laboral

El requisito constitutivo para causar el complemento «plan por objetivos» es alcanzar globalmente el objetivo, siendo irrelevante que se trabajara a jornada completa o a jornada parcial. AUDIENCIA NACIONAL. Sentencia de Fecha: 10 de noviembre de 2009
Se declara que todo el personal operativo, así como el personal de estructura de apoyo y mandos intermedios y cuadros, tienen derecho a percibir íntegramente el complemento denominado ,plan de objetivos, con independencia de la jornada realizada, así como de las situaciones de IT, puesto que la naturaleza jurídica del plan de objetivos se corresponde con un complemento por resultados, cuyo devengo se alcanza colectivamente, no habiéndose exigido por los negociadores del convenio ningún otro requisito cuantitativo, cualitativo o de tiempo de trabajo que convalide la distinción realizada por la empresa.
 
Reclamación de diferencias salariales por realización de funciones de superior categoría. Falta de competencia funcional por razón de cuantía. No concurrencia de afectación general. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 17 de noviembre de 2009.
Incompetencia funcional. Irrecurribilidad de la sentencia en suplicacion por razón de la cuantia. No hay afectacion general. Reclamacion de diferencias salariales por ejercer funciones de telefonista. Imserso.
 
Administrativo

Urbanismo. Plan especial del puerto de Marín y Pontevedra. Evaluación de impacto ambiental. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de octubre de 2009
El Plan Especial, extralimitándose en sus competencias, pretende amparar y legitimar por sí mismo la ejecución de infraestructuras portuarias que conllevan importantes rellenos sobre el mar. Como dichas obras se hallan incluidas en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, así como en el correlativo Anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva, tal y como dispone el artículo 4.1 de la referida Directiva 85/337/CEE y los artículos 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Frente a ello no es aceptable el argumento de las Administraciones demandadas sobre la existencia de un Estudio de Impacto Ambiental, aprobado en el año 1994, que ampararía la ampliación del puerto, al no haberse demostrado en el litigio que su objeto comprendiese los mismos rellenos y muelles proyectados en el Plan Especial impugnado.

Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de octubre de 2009
A día de hoy, tras la entrada en vigor de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y su transposición y desarrollo mediante la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril y las correlativas autonómicas, ha quedado claro que los planes urbanísticos deben someterse antes de su aprobación definitiva a un procedimiento específico de "evaluación ambiental estratégica", en los supuestos y forma previstos en esa legislación. Ello sin perjuicio de que, en una fase posterior, los proyectos de urbanización deban también en su caso someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en el actual Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (que los incluye en su Anexo II, grupo 7.b). En este caso concreto, el Plan Especial recurrido en este litigio, extralimitándose en sus competencias, pretende amparar y legitimar por sí mismo la ejecución de infraestructuras portuarias que conllevan importantes rellenos sobre el mar. Como dichas obras se hallan incluidas en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, así como en el correlativo Anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva.

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