edición: 2110 , Lunes, 5 diciembre 2016
15/09/2008

La sangría económica de los pleitos sobre divorcios en la UE

Xavier Gil Pecharromán

La Comisión Europea prepara una adaptación normativa por la vía de urgencia para acabar con la sangría económica que está suponiendo para las arcas de todos los Estados miembros la avalancha de pleitos judiciales provocados por los divorcios entre nacionales de dos países distintos. Las cifras que Bruselas ha facilitado hablan de 170.000 separaciones anuales en estas circunstancias, lo que provoca graves disensiones en materias tan destacables como los patrimonios empresariales, las herencias, las pensiones de alimentación que se deben pagar a los hijos o las compensaciones al cónyuge más débil.

Además, la mayoría de los pleitos se suelen centrar en los inmuebles, fundamentalmente en la vivienda familiar. Más de 2,5 millones de inmuebles son propiedad de estos matrimonios de nacionalidad compartida, muchos de ellos en un tercer país ajeno a la nacionalidad de ambos cónyuges, lo que puede dar idea de las dimensiones que alcanzan en cada país el volumen de pleitos que deben resolverse y que, en ocasiones, llegan a superar los sistemas jurídicos nacionales para llegar a los comunitarios.

Actualmente no existe ninguna disposición comunitaria en materia de divorcio que determine cuál de las posibles leyes en conflicto ha de regir el mismo, lo que puede suponer beneficios para uno de los cónyuges en relación con el otro. No se puede olvidar que esta situación puede afectar a una población nómada que en la actualidad se sitúa en los ocho millones de personas.

¿Qué determina la ley que debe aplicarse, el país donde se casaron los cónyuges, el de residencia, el de ubicación de los inmuebles o del patrimonio empresarial? Una decisión llena de intereses, que suele acabar en los tribunales, incluso de varios países distintos.

El problema, que se ha analizado en el reciente congreso que los notarios europeos han celebrado esta pasada semana en Varsovia (Polonia), es que la aplicación de una u otra normativa puede beneficiar a uno u otro de los cónyuges. Las diferentes legislaciones dan respuestas, incluso opuestas, a las demandas de los integrantes de la pareja que se divorcia. Así, se da el caso de que uno de los cónyuges elige instalarse en otro país con la intención de que se le aplique la normativa más favorable para sus interesas personales.

Como primer paso, desde el pasado mes de julio, nueve países (España, Francia, Italia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia) cuentan con un procedimiento bautizado como ‘cooperación reforzada’, que les permite el reconocimiento mutuo de las sentencias de divorcio, a fin de que las parejas que se divorcien en un país de la UE puedan acogerse a la ley de otro país, a fin de facilitar este trámite en parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero. La falta de generalización de la medida a los Veintisiete países se produce por la negativa de Suecia a aceptar el reconocimiento mutuo de sentencias sobre divorcio, ya que la ley sueca de divorcio es una de las más favorables a la mujer y Las autoridades de éste país piensan que el reconocimiento mutuo puede perjudicarlas. La Comisión Espera que el resto de países se vayan sumando a la medida.

Los notarios están convencidos de que es necesario superar el concepto de la Europa judicial, la Europa del pleito, para alcanzar la Europa jurídica en la que se buscan soluciones consensuadas y las normativas estatales no sean contradictorias o impidan que los cónyuges puedan llegar a acuerdos de buena voluntad. Así se busca, que un ciudadano español casado con una alemana residentes, por ejemplo en Bruselas, puedan divorciarse en Bélgica porque el resultado sería el mismo que si lo hicieran en España o en Alemania.

La Comisión Europea, no obstante, está poniendo en marcha una batería de reglamentos que hagan imposible el beneficio de uno sólo de los peticionarios del divorcio. Se quieren limar todos los conceptos jurisdiccionales y, en la medida de lo posible, aunar conceptos para que todo el mundo en la UE tenga las misma seguridad jurídica sea del país que sea y resida en el Estado que resida.

Uno de los retos fundamentales es el de actualizar y compartir entre los diferentes sistemas judiciales de la Europea de los Veintisiete los archivos de carácter Civil en los que se guardan las escrituras sobre los pactos de divorcio, las herencias y cuantos acuerdos civiles y mercantiles se acuerden para que los tribunales que los juzgan los puedan tener en cuenta en todos y cada uno de los países.

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