edición: 2615 , Jueves, 13 diciembre 2018
22/09/2010
Observatorio Latinoamericano

La segunda “revolución petrolera” de Correa condena a Ecuador, lo atrapa en su propia trampa para las multinacionales y lo hipoteca en brazos de China

Petroecuador necesita cuadruplicar su producción; tiene un 10% de la plantilla suspendida por corrupción
Más del 60% de la producción y el 80% de la inversión a medio plazo están en manos de multinacionales
A cambio de 1.000 millones de dólares de créditos energéticos, tendrá que destinar 1/6 de su producción futura a China
Hugo Chávez junto a Rafael Correa
Ana Zarzuela

Sobreactúa de nuevo. Será rendición o salida. Las petroleras que no firmen el 23 de noviembre los nuevos contratos de servicios tendrán que hacer las maletas. Eso hace ver, en la galería del consumo político doméstico el presidente Rafael Correa. No es nada que no repita desde que en diciembre de 2007 comenzó la retahíla de cambios fiscales, el recorte del 70% al 1% de los ingresos extraordinarios y las amenazas regulatorias. Correa quiso hacer de las directrices bolivarianas inspiradas desde Caracas la partitura de su ‘revolución’ energética. Pero amaga y se golpea a sí mismo. Es el cazador cazado de su 'coto' petrolero. Tras tres años de amenazas y dos de control militar de Petroecuador, sólo consiguió la huida de cuatro grandes empresas y una rebaja de la producción privada del 14,4%. Si buscaba su modelo de “soberanismo” en los espejos del miedo, ya sabe que la ‘fuga’ no será gratis: los 4.000 millones de dólares de las compensaciones lo frenan. Más aún ahora, que -al calor de las deudas de Petroecuador- saborea el precio de las alianzas energéticas con Pdvsa en brazos de la nueva dependencia con Pekín. Tras las huellas de Repsol, Andes, Petrobras o Perenco miran a las carreras de la exploración en Brasil, en Golfo de México y en Colombia.

En la trastienda de la propia negociación, conversación a conversación, son los técnicos del ministro Pastor los que amenazan con acuerdos no ya para definir el nuevo modelo de tarifas por los servicios petroleros, sino un retiro ordenado. Al menos la mitad de las petroleras en las rondas de diálogo prefieren llegar a un acuerdo de liquidación antes de migrar a un modelo de prestación de servicios que les deja sin acceso a las reservas, con una tarifa de entre un 15 y un 22% de la renta petrolera (cuando ahora percibían un 35%) y  la obligación de cumplir con un margen de reserva de beneficios ‘soberanos’ al Estado del 25%. Pero ni la ‘salida de emergencia’ de la renuncia a la jurisdicción de Ciadi, ni la expropiación forzosa, ni el ‘pago de un precio justo’ que Correa prometía al inicio de las negociaciones están ya tan claros. Dos meses después de que su Gobierno decretara el martes 27 de julio, la Ley Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos, el paquete legislativo aún está en plena ebullición en el legislativo. Desde el Ministerio advierten que puede haber un segundo vuelco a las negociaciones.

EL BOOMERANG DE SU ULTIMATUM SE VUELVE CONTRA CORREA

El tiempo no corre en contra de las compañías, sino de la Administración. No sólo porque el propio ex ministro de Correa Galo Chiriboga, reconociera ante la BBC esta semana que la inversión extranjera estará en peligro si Ecuador no encuentra instancias y mecanismos para la resolución de controversias. Es que, aunque Ecuador ha anunciado que se dispone a “seguir las órdenes de su Asamblea” y dar por terminados los tratados bilaterales de protección de inversiones con 13 países (entre ellos desde EE UU, Alemania y Reino Unido a Canadá y Argentina) y la resolución de conflictos con inversores extranjeros a cargo de instancias de arbitraje internacional como el CIADI, no será antes de una década que pueda darle la espalda a los acuerdos ya firmados, que son los que rigen a la mayoría de las 33 compañías con contratos pendientes de negociación. 

Además, aunque voces locales advierten que la estrategia del Régimen es entregar los campos de Petroecuador y hacerle sitio a Irán, Rusia y sus nuevos aliados asiáticos, como advierte a los medios locales el analista Fernando Villavicencio, empiezan a sospechar que la salida no será ni tan inminente, ni tan barata. En los contratos transitorios está asegurada una buena indemnización y además las compañías tienen plazos extendidos con los contratos de participación y como la Ley reformatoria reconoce que este tipo de acuerdo no les pueden obligar a un nuevo modelo de contrato. Se tendrá que indemnizar a las empresas con precios de los contratos anteriores (de participación) con precios base incrementados en un 60%. Y además en los contratos transitorios consta que deben ser liquidadas las inversiones no amortizadas y el tiempo que falta.  Además, la victoria de Chevron, siete juicios pendientes por 7.000 millones de dólares y los acuerdos transitorios con Repsol y Andes le impiden expropiarlas. Del total de 11 procesos arbitrales en cortes internacionales contra la administración ecuatoriana, siete pertenecen al ámbito petrolero, cuatro de ellos - Murphy, Burlington, Perenco y Repsol- relacionados con el cambio de la normativa jurídica en el país, vinculadas con la expedición de la Ley 42.

Ecuador no ha tenido más remedio que firmar, hace menos de un mes, un segundo crédito con Beijing, que no sólo suma y sigue hasta 2.682 millones la deuda del socio menor de la OPEP con el gigante asiático, sino que lo obliga a la venta anticipada de petróleo, a un 7,2% de interés y a dos años de plazo (uno de los más caros del sector) durante los que debe entregar a China 96.000 barriles diarios de petróleo, un quinto de su producción global y ver cómo el gigante asiático recibe el petróleo con un diferencial mayor y permite que el Trader Castor Petroleum lo revenda con un diferencial menor. En manos chinas -desde este año ya primer inversor y acreedor de Ecuador- está ya también la llave de la financiación para Sinclair Coca Codo, con otros 1.600 millones de dólares, aunque aún Quito busca otro 20% que no encuentra ‘patrocinadores’. Y si la diplomacia comercial quiteña se sale con la suya, será la coreana SK –cuya filial ya ha realizado un estudio preeliminar por 240 millones de dólares- la que le ponga apellidos al futuro de la Refinería del Pacífico, en Manabí, presupuestada en 12.500 millones y que Correa prometió tener en funcionamiento desde 2014, pero que la Pdvsa de Chávez no ha podido impulsar a solas con Petroecuador. En el Palacio de Carondelet ya sabían que sólo si Quito consumaba créditos por 5.000 millones de dólares con bancos chinos y alemanes -Deutsche Bank y Eximbank- y si el gobierno de Hugo Chávez cumplía sus promesas podría comenzar a construir este año - aunque sea con Pdvsa en la distancia- la mega refinería del Pacífico, el proyecto estrella de 12.500 millones de dólares con el que Correa esperaba ‘vacunar’ a Petroecuador de la importación de derivados. Pero la segunda variable de esa ecuación ya no está tan clara.

Al Ejecutivo de Rafael Correa, con unos gastos corrientes que duplican a los de 2006,  no le salen las ‘cuentas de la lechera’ de sus hidrocarburos, ni aún con los precios del mercado internacional a su favor y los ingresos tributarios más altos de su historia. Como le advierten los analistas del sector, su política lo está encerrando en un círculo vicioso de endeudamiento para profundizar en su estrategia de extractivismo y viceversa. Cada vez necesita pagar más para acabar exportando petróleo. Entre 2007 y 2009 el ingreso por exportaciones de petróleo y derivados fue de 27 000 millones de dólares. En costos y gastos de Petroecuador se emplearon unos 9 000 millones, un valor similar ingresó al presupuesto estatal, pero otro tanto se consumió en subsidios a los derivados: alrededor de 10 000 millones de dólares de excedentes petroleros gastados en estos años. En los tres últimos años, consumió todos los ingresos petroleros y unos 6 000 millones por préstamos, uso de reservas e inyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Yasuní, el que iba a ser su plan medioambiental estrella para la comunidad internacional (mantener bajo tierra 850 millones de barriles de crudo en una zona amazónica) se ha convertido en la más reciente de las evidencias de la soledad energética de Correa. Si comenzó con la amenaza de explotar esas reservas si no conseguía de la UE, Japón y EE UU al menos 3.600 millones para su reserva ecológica, ahora la huida de los 780 millones de dólares de la cooperación alemana (Berlín no acaba de ver claros sus planes) y los recelos de Bruselas y los Veintisiete aplacan sus órdagos.

FACTURAS ‘BOLIVARIANAS’

Quito ya sabe que la ‘diplomacia amiga’ le ha empezado a enseñar sus líneas rojas y sus nuevas facturas. Los analistas descuentan que esa generosidad bolivariana que le ha llevado a Venezuela a donar 53.000 millones de dólares a 33 países -casi un tercio a Cuba- en su década de gobierno será ya muy pronto un viento de otra historia. El músculo petrolero flaquea, la capacidad de producción  está lesionada y, sin inyecciones de capital exterior, el impulso del buque insignia de la estrategia energética venezolana, Pdvsa, no mejora. A pesar de que el acuerdo bilateral sellado en 2007 entre Correa y Chávez para el intercambio de 1,5 barriles de crudo ecuatoriano por 1 barril de derivados de Venezuela) no lo recogía, desde agosto Pdvsa ofrece crudo ecuatoriano: ha sacado a subasta 2,8 millones de barriles de calidad Oriente, semi liviano (muy estimado en refinerías estadounidenses). A pesar de las advertencias de los analistas locales y algunos asesores de Presidencia, el contrato firmado el 3 de septiembre entre Pdvsa y Petroecuador para potenciar Sacha (el campo más importante del país, con 470 millones de barriles en reservas remanentes), deja en manos de la estatal venezolana y su cogestión beneficios promedio de 0,69 dólares por barril durante la próxima década, un tercio del total, a pesar de que en general en los campos marginales, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es máximo del 10%.

Rafael Correa acumula nuevos portazos, las urgencias de la transmisión y la distribución eléctrica y de la construcción de refinerías y empieza a ponerle cifras a un puñado de nuevos planes. Ahoya ya sabe que, si ven la luz, no será con los dólares ni el know how de sus aliados. Después de dos años de intentos por encontrar gas natural en Puna, sin apenas información sísmica y de espaldas a las advertencias de los técnicos ecuatorianos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) abandona con una factura a sus espaldas de 25 millones de dólares, con presiones para que Quito explote la resera de 850 millones del yacimiento ITT del que Caracas esperaba nutrir sus arcas. Y con más que sombras sobre la ejecución del programa de la ‘hermandad bolivariana’ de sus hidrocarburos, que ya tiene a mano el acceso a Sacha, el campo más rentable en la Amazonía, a cambio de gestar la empresa común Río Napo. La refinería y el proyecto petroquímico costero a cuatro manos con Venezuela sólo ha pospuesto sus horizontes: no verá sus primeras luces antes de 2014.

DE AMENAZA EN AMENAZA

El quinto productor de petróleo americano ahoga la orfandad de su deuda, los lastres de Petroecuador, los límites de la producción de hidrocarburos y los escándalos de la petrolera estatal con otra coreografía de portazos a las multinacionales. Ondea sus sables de espaldas a la tendencia de las grandes petroleras de la región: a la vista de las caídas en producción y reservas, Petrobrás, ECOPETROL y hasta Pdvsa -que le ha abierto la mano del Orinoco a Chevron, el viejo enemigo de Correa- entreabren sus puertas a la participación privada en sus reservas y PEMEX busca una llave regulatoria para poder hacerlo. Rafael Correa pone el puño otra vez en la mesa de Petroecuador, lo justo para sacarle los colores. Y a la vista de que ni la estatal Petroecuador ni sus nuevos aliados rusos, iraníes y venezolanos están por la labor, espera que las multinacionales paguen un ‘cubierto’ que es demasiado caro para el buque insignia de sus sueños estatales. Ya lo han hecho con sus inversiones, obligadas a aceptar un campo de juego fiscal cada vez más estrecho.

A pesar de que consiguió llevar al redil de sus deseos a las multinacionales de los hidrocarburos, hacerlas pasar por el aro del 99% de carga impositiva sobre ingresos extraordinarios, aceptar la recuperación estatal del 70% de las rentas petroleras (ahora tiene el 29%) y sus decretazos, Correa no acaba de encontrar el techo a sus deseos. La presión es toda una estrategia. En 2007, le sirvió para forzar un reparto de extraordinarios del 99% a favor del Estado y el 1% para las multinacionales; en enero de 2008, para consumar la modificación de contratos petroleros. En noviembre pasado, con la expulsión de Odebrecht y la amenaza a Repsol, domó a Petrobrás, que aceptó subir la participación del Estado del 25,8% al 40%. A Brufau: en agosto de 2008, el 'sí quiero' le costó la renuncia a tres demandas ante el CIADI y la promesa de 316 millones de euros. 

A todas, en marzo de 2009 la aceptación de los contratos de transición.  Influido por el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela, se ha deslizado a un contrato de prestación de servicios, donde el Estado es dueño del crudo y reconoce los costos de explotación a las compañías. Y unas condiciones diferentes a las que su propio gobierno negociaba y dejó selladas en el acuerdo transitorio hace un año. La Administración aún baraja el perfil de unas tarifas que no dependerán del precio internacional del crudo, sino de reservas y perfiles de producción. Apuesta a quedarse con al menos el 85% de la renta petrolera, en lugar del 65% promedio actual, lo que dejaría una rentabilidad de entre un 15 y un 18% para inversiones en campos ya en producción y entre un 18 y un 22% para bloques y yacimientos nuevos. Las reformas complementarias también incluyen cambios en el porcentaje de la distribución de utilidades a trabajadores y a proyectos de inversión social mediante los Gobiernos Autónomos Descentralizados, una causal de caducidad cuando se produzcan daños al ambiente y que estos no sean reparados y, sobre todo, en el ámbito tributario las reformas buscan un régimen común de impuestos a la renta del 25% para los contratos de prestación de servicios.

Las reformas impulsadas por Correa priorizarían la entrega de los campos de producción a empresas estatales o de economía mixta sin licitación alguna, aduciendo razones geopolíticas. Las empresas estatales tendrían así el privilegio de negociar bilateralmente sin competir con nadie. Pero además, el modelo de nuevos contratos deja todos los riesgos en las espaldas de las compañías: para evitar las líneas rojas del modelo (es beneficioso cuando el precio del crudo es alto, pero si cae no genera ingresos suficientes para que el Estado devuelva los costes a las firmas), el proyecto de ley crea un “fondo de soberanía petrolera”, que obliga a las privadas a dar al Fisco el 25% de su  ingreso bruto (sin descontar gastos). Esto garantiza un pago al Estado sin importar cuál sea el precio del crudo. El problema es que si el precio del crudo cae, suponiendo que esté en 50 dólares el barril, y si la tarifa se fija a 40 dólares, la compañía deberá afrontar posibles pérdidas, ya que en la Ley se aprobó el 25% de reserva de la producción petrolera.

CADA VEZ MÁS DEPENDIENTE DE LAS MULTINACIONALES

No es casualidad que el Ejecutivo haya encajado la semana pasada en silencio el ‘plantón’ de las principales petroleras, con Repsol YPF, Andes Petroleum y la chilena Sipec en cabeza, decididas a no volver a la mesa de negociación hasta que al menos las condiciones de los nuevos contratos estén definidas. La administración ecuatoriana respira por las heridas de su necesidad energética. Sólo en el año 2009, Petrobras, Repsol, Eni y Andes Petroleum dedicaron a inversión en hidrocarburos en el país andino 212 millones de dólares. Y, si los planes contractuales de Quito llegan a buen puerto con las empresas, serán ellas también las que tengan que asumir el 100% de la operación y de la inversión en los campos concesionados. Un ‘detalle’ que no se escapa en el tono de Pastor, ahora que ya tienen sobre la mesa las últimas cifras del Banco Central (BCE) y la Superintendencia de Compañías: la IED no ha hecho más que seguir decreciendo en los dos últimos trimestres. Así, si en el último trimestre de 2009 fue de -179 millones, en el primer trimestre de 2010 fue de -150 millones. Ni Correa ni su Ejecutivo han podido revertir las carreras del miedo desde 2008: sólo en doce meses, la inversión se dividió por tres y en los últimos dos años, no sale de rojos. Una cuesta abajo que deja al sector petrolero aún más en manos de la voluntad de las petroleras multinacionales, al fin y al cabo, sólo de ellas procedían ya más de 200 millones de dólares por año.

Más aún a la vista del horizonte de la petrolera estatal ecuatoriana, con una inversión obligatoria de al menos 1.727 millones de dólares y el ‘encargo’ del Ministerio de Finanzas (MEF) de contribuir al financiamiento de los PGE oficiales, que para este año contemplan un déficit de 4.000 millones de dólares. La suspensión de 628 trabajadores -un 10% de la plantilla-por la denuncia oficial de corrupción y venta paralela de petróleo de Petroecuador ha desembocado en el retorno de la manu militari a la cúpula del gigante estatal, de la que hace menos de dos meses había salido el equipo de la Armada Nacional que llevó su timón desde 2009 en una gestión costosa y poco profesional según fuentes oficiales. El ahijado político de Chávez sacude de nuevo las aguas de su gigante petrolero. Ahora que viste Petroecuador con la nueva piel de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador -cuya nueva columna administrativa le costará 400 millones de dólares sólo en ajustes- no esconde que su principal objetivo será “mejorar su gestión”. Era el propio hermano del presidente el que le sacaba los colores y le advertía desde hace meses que las sospechas de la corrupción mantenían al ejército en su gerencia. Necesita triplicar la producción de hidrocarburos y un barril a 60 dólares (Correa se ha atrevió a prometer 80 dólares cuando llegara a la presidencia de la OPEP que ostenta este semestre) para garantizar la rentabilidad del gigante estatal y unas cuentas públicas que dependen en un tercio del ‘oro negro’.

Con cada golpe de mano en la mesa de las petroleras, Quito cincela un mapa más estrecho: de la producción diaria de Petroecuador casi el 50% van a la refinación para atender la demanda nacional de derivados, se comprometen 69.000 diarios para Petrochina y 40.000 que ya estaban comprometidos con Venezuela para la refinación y sólo le quedan al país alrededor de 50.000 para la exportación. La nueva Ley de Hidrocarburos, con los modelos de operación por servicio, le da una nueva vuelta de tuerca a las estrecheces de la compañía estatal. Aún no está claro quién ni cómo manejará los contratos de campo compartido, ahora que además de la Secretaría Nacional de Hidrocarburos, una nueva Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos pretende tomar las riendas de todo el sector y  administrar los contratos por encima de la cabeza de su gigante estatal. Sólo, que con el nuevo modelo de servicios, Petroecuador se quedará sin reservas sin campos que manejar y, como consecuencia, con menos capacidad financiera y de endeudamiento.

Todos sus caminos pasan por la inversión y la ‘pesca’ impositiva. Y ambos tienen el apellido de las multinacionales. Nada nuevo: en los últimos diez años Petroecuador ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas. Sólo -confiesan en su Ministerio- si consigue aplicarle otra ‘vuelta de tuerca’ a las inversiones de las multinacionales que tienen que cerrar sus nuevos contratos podrá despejar el horizonte de los más de 3.000 millones que necesita Petroecuador para los próximos tres años y estirar las costuras de su mapa petrolero, ya ha comenzado a buscar socios para aumentar las seis áreas que administra, aunque parte de los nuevos proyectos ya fueron retirados en su momento. Les bebe los vientos a Sonangol, de Angola, a Moscú y a Petrochina, busca consumar con Pekín el desarrollo un bloque petrolero ubicado en la Amazonia.

Correa digiere la ‘tocata y fuga’ de City, Perenco, Murphy, EDC y Chevron, la rebaja de las expectativas de Petrobrás en latitudes ecuatorianas (que le devolvió el bloque 31 del Amazonas) y el revés del tribunal de arbitraje internacional para Texaco. Y con cada ladrillo de repudio de sus aliados rusos y venezolanos -de espaldas a la inversión petrolera en Ecuador- , amuebla un laberinto en el que cada vez cobra más cara la entrada a las multinacionales. Seguir, las multinacionales seguirán. Pero lo hacen ya con la vista de sus planes energéticos puesta en los vecinos de la región: los nuevos descubrimientos de Santos y Guará, la primera planta de GNL peruana, o los campos de Colombia, Perú (con costos de extracción más baratos y mayor estabilidad financiera) y el Golfo de México llaman a las inversiones de las grandes compañías en hidrocarburos. Lo sabe hasta el Gobierno de Bogotá, que asoma a Petroecuador a los espejos de ECOPETROL, ahora que la colombiana la adelanta por la derecha: Juan Manuel Santos se ha fijado como meta la colocación de 28.000 millones de dólares para desarrollar el sector, descuenta inversiones internacionales por más de 4.000 millones anuales y ya ha conseguido una producción de 900.000 barriles diarios, 300.000 más que en 2006, mientras el vecino ‘bolivariano’, a pesar del ligero repunte en el segundo semestre de 2010, produjo entre enero y julio 478.000 barriles, el 61% de ellos por las multinacionales que operan en el país.

En Ecuador, las multinacionales resguardan sus planes y sus inversiones a la mitad y le dan la espalda a la exploración; ya lo vienen haciendo de hecho en los dos últimos años. No es el ex consejero de Petroecuador Carlos Shañay el único que le enciende las luces rojas: “la falta de inversión radica en la estrategia gubernamental de la incertidumbre constante”. La menor inversión de las empresas privadas ocasionó  una caída de la producción del 14,4%, al pasar de un volumen total de 87,15 millones de barriles en 2008 a 74,64 millones de barriles en 2009, pero de sus manos llegó más del 70% de la inversión petrolera total del país. Hasta el presidente de la Asociación  de la Industria Hidrocarburífera de Ecuador, José Luis Ziritt, advierte que no habría inversiones importantes mientras no haya avances en la renegociación de los contratos y  que den a las empresas estabilidad para recuperar el capital.


REPSOL, CON LA VISTA PUESTA EN BRASIL, COLOMBIA Y EL GOLFO

Repsol (con una producción neta en Ecuador del pasado ejercicio de 5,9 Mbbl, 16.175 millones de barriles por día de petróleo, la mayor parte procedente del bloque 16) alcanzó en marzo de 2009 un acuerdo con el Gobierno de Correa que ampliaba en seis años, de diciembre de 2012 a diciembre de 2018, el período de explotación del bloque 16, reducía el impuesto sobre los beneficios extraordinarios del 99% inicialmente contemplado al 70%, y establecía un plazo transitorio de un año para concretar un nuevo contrato de prestación de servicios a largo plazo para regular de manera definitiva las actividades de Repsol en el país. En noviembre de 2009, el periodo transitorio fue prorrogado por un año adicional, hasta el 12 de marzo de 2011, un plazo transitorio que a su vez es prorrogable adicionalmente por acuerdo de las partes.

Negociación con Repsol, haberla hayla para el tránsito de un contrato de participación a uno de servicios. Pero amuebla el interés en otras latitudes, con nuevos descubrimientos, la nevera de las reservas ya casi llena y una tasa de reemplazo duplicada. Como el propio Antonio Brufau recordaba durante la inauguración de las jornadas América Invierte, “los países latinoamericanos, con 520 millones de consumidores, son esenciales en el futuro de Repsol”. El grupo invertirá en ellos 10.000 millones del total de 17.000 millones que suma su plan estratégico 2011-2013. Pero para la española hay “nubes”, a las que da aire lo que Brufau no ha dudado más de una vez en calificar como “falta de formalidad institucional”.

Repsol se refuerza en Perú, reacomoda sus alfiles en Brasil, acompasa el ritmo en Argentina y hasta se atreve con las primeras licitaciones para la exploración en la plataforma continental uruguaya, de la mano de la estatal Ancap. Las presiones, los descubrimientos -en Brasil y Perú-  y su propia partitura le acotan una nueva geografía al sur del Río Grande. Todo con tal de reducir riesgos, diversificar la producción y amortiguar los sustos bolivarianos. Es el propio Brufau el que se lo recordaba a Correa, al calor de los nuevos descubrimientos en Santos: Brasil es un oasis de garantías en una región que “carece del entorno adecuado para las inversiones privadas”. Y si se va de Ecuador por el camino de City y Occidental, Repsol perdería menos del 1% de sus reservas, pero Ecuador a uno de sus principales inversores, que extrae 65.000 barriles al día y tiene en la mano la llave de unas inversiones superiores a las prometidas por Petrobrás. El reemplazo, ni está ni se le espera: ni la ‘hermandad bolivariana’ ni los 10 acuerdos energéticos sellados con Caracas opacan que Petróleos de Venezuela ha tenido que congelar los proyectos para Quito. Y que la avidez de Gazprom al sur del Río Grande no pasa por la línea del Ecuador.

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