edición: 3026 , Lunes, 10 agosto 2020
28/03/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La seguridad en la UE ante los refugiados tiene un coste para el transporte de 7.500 millones anuales

Xavier Gil Pecharromán
El sector del transporte de mercancías por carretera sufriría un  recargo adicional de 7.500 millones de euros de costes directos anuales por el establecimiento de controles en las fronteras como respuesta a la presión de los refugiados, según las previsiones elaboradas por la Comisión Europea.
Estados miembros como Polonia, Países Bajos o Alemania tendrían que hacer frente a más de 500 millones euros de costes adicionales para el transporte de mercancías por carretera, mientras que otros, como España o la República Checa, serían testigo de cómo sus empresas tendrían más de 200 millones euros de costes adicionales Estos costes tendrán un impacto especialmente nocivo para los sectores que operan con márgenes reducidos o en los que el transporte supone un porcentaje elevado de los costes.

Entre los sectores que podrían verse especialmente afectados se encuentran la agricultura, la industria química, y el transporte de materias primas. A medio plazo, los costes de transporte que se vean indebidamente incrementados por los retrasos en los controles fronterizos podrían minar el desarrollo eficiente de las cadenas de valor en la UE y la competitividad de la economía de la UE en su conjunto. 1,7 millones de trabajadores de la UE cruzan diariamente la frontera para acudir a su puesto de trabajo.

En 2015, más de 868 000 personas entraron en el espacio Schengen de forma irregular a través de esta sección de la frontera exterior. Esta afluencia masiva es de tal naturaleza que sometería al control de las fronteras exteriores de cualquier Estado miembro a una presión enorme.

Schengen constituye uno de los mayores logros de la integración europea. La creación de un espacio sin fronteras interiores en el que las personas y los bienes pueden circular libremente ha reportado importantes beneficios tanto a las empresas como a los ciudadanos europeos. Schengen es uno de los principales instrumentos a través de los cuales los ciudadanos europeos pueden ejercer sus libertades y el mercado interior puede prosperar y desarrollarse.

Sin embargo, en los últimos meses, el sistema se ha visto sacudido hasta sus cimientos por la magnitud del reto de hacer frente a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos y las crisis de Siria y de otras partes de esa región han provocado una afluencia sin precedentes de refugiados y migrantes en la Unión Europea, lo que a su vez ha puesto de relieve deficiencias graves en determinadas partes de las fronteras exteriores de la Unión y ha dado lugar a que algunos Estados miembros adopten una política de ‘permitir el paso’.

Ello ha llevado a la creación de una ruta a través de los Balcanes Occidentales por la que los migrantes circulan con rapidez en dirección Norte. En respuesta a esta medida, varios Estados miembros han recurrido a la reintroducción temporal de controles en las fronteras interiores, poniendo en cuestión el buen funcionamiento del espacio Schengen de libre circulación y sus beneficios para la economía y los ciudadanos europeos. Restablecer el espacio Schengen, sin controles en las fronteras interiores, es, por ello, de vital importancia para la Unión Europea en su conjunto.

El libre intercambio de bienes en la UE representa actualmente más de 2,8 billones de euros en términos de valor y un volumen de 1.700 millones de toneladas.

Los controles fronterizos costarían a los trabajadores transfronterizos y otros viajeros entre 1.300 y 5.200 millones euros en términos de tiempo perdido. Además, lo que es más importante, las largas esperas en las fronteras podrían disuadir a los trabajadores de buscar oportunidades en el mercado laboral del otro lado de la frontera, con lo que se reduciría el número de posibles trabajadores. Ello disminuiría, a medio plazo, la eficiencia económica de algunas regiones.

La Comisión estima que podrían perderse al menos 13 millones de pernoctaciones turísticas en la UE como consecuencia de la reducción de los viajes turísticos causada por la complejidad de los controles en las fronteras, con un coste total de 1.200 millones de euros para el sector del turismo.

Si los controles fronterizos también suponen una fragmentación de la política común de visados de la UE, puede multiplicarse el impacto potencial para el sector turístico (entre 10.000 y 20.000 millones de euros). Las agencias de viajes que intenten minimizar el número de países visitados por el lucrativo grupo de turistas de larga distancia, como pueden ser los procedentes de Asia, perjudicarían a todos los destinos turísticos de la UE, salvo los más populares.

Por último, las Administraciones nacionales tendrían que sufragar al menos entre 600 y 5.800 millones euros de gastos administrativos que implicaría la necesidad de aumentar el personal destinado a los controles fronterizos. La inversión en las infraestructuras necesarias añadiría varios miles de millones más.

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