edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
19/05/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

La SGAE es parte en cualquier proceso sobre el canon

DATADIAR
Como es sabido están sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. Ejemplos: un equipo grabador de CD's, o de vídeos, y  un CD-R tanto "audio" como "data", un DVD-audio y un DVD-vídeo.Así pues, la regulación española establece qué la “copia privada” origina una compensación a favor de los titulares de las obras para compensar el daño económico que supone la realización de copias para uso privado que la ley permite que se hagan las personas físicas.

La obligación del pago de la compensación corresponde a los fabricantes e importadores de equipos y soportes idóneos para la reproducción de obras, que vayan a destinarlos a la distribución comercial o utilización dentro del territorio español. Además de los anteriores sujetos obligados al pago, los sucesivos adquirentes en la cadena de distribución que no sean considerados consumidores finales o usuarios de los equipos y soportes, son considerados responsables solidarios del pago de la compensación.

Pues bien, la SGAE es la entidad que gestiona la remuneración compensatoria de cintas, CD´s y equipos grabadores de audio y vídeo tramitando las declaraciones-liquidaciones de los deudores de esta remuneración compensatoria y emitiendo las facturas correspondientes.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) debe ser emplazada en todo proceso que cuestione la compensación por copia privada, según una sentencia del Tribunal Constitucional, accesible en la base datos de Derecho de las TIC del portal jurídico datadiar.com, y que resuelve el recurso de amparo interpuesto por la entidad de gestión contra un auto de la Audiencia Provincial de Málaga en el que se deniega en un pleito mercantil la nulidad de actuaciones.

En la citada sentencia del Tribunal Constitucional, se resuelve un proceso en el cual la SGAE defendió que se había vulnerado el artículo 24.1. de la CE (tutela judicial efectiva) de la entidad al no ser emplazada en un proceso en el que se cuestionaba la compensación por copia privada. Dicho proceso se siguió en ausencia de la SGAE y fue interpuesto por el adquirente de un CD-Rom en blanco directamente contra el establecimiento vendedor.

Todo el proceso se tramitó sin que la entidad demandante de amparo fuera llamada al mismo, a fin de poder defender su legítimo interés en la cuestión debatida. Incluso pese a que, como consta en el acta del juicio, la entidad demandada planteó al comienzo del mismo la excepción de falta de legitimación pasiva, poniendo de manifiesto al órgano judicial que la relación jurídico procesal no estaba válidamente constituida, habiéndose limitado el Juez de instancia a desestimar la excepción, sin realizar ninguna otra consideración al respecto. Y cuando tras tener conocimiento de la Sentencia de apelación que ponía fin al proceso interpuso incidente de nulidad de actuaciones, invocando la vulneración del art. 24.1 CE, la Audiencia Provincial rechazó el incidente, por entender que, si bien la entidad de gestión tiene legitimación directa para exigir el canon al vendedor, conforme a las reglas establecidas en el art. 25 LPI, en el marco de la relación contractual de compraventa entre el actor y la entidad mercantil demandada -al que entiende circunscrito el objeto del proceso-, la entidad gestora no tiene legitimación para intervenir, como demostraría el hecho de que el vendedor -que es el deudor del canon, conforme a la ley- puede asumir su coste si decide no repercutirlo en el comprador.

Por tanto el objeto del proceso era precisamente la legitimación pasiva de una entidad de gestión de derechos de autor para personarse en un litigio civil sobre devolución del importe cobrado por el canon digital, y concretamente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (en su vertiente de acceso al proceso).

El alto tribunal considera que se vulneró el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al proceso, pues la decisión judicial que apreció inicialmente su falta de legitimación pasiva en el procedimiento se funda en una interpretación de las normas procesales aplicables al caso abiertamente restrictiva y rigorista, que conlleva una consecuencia desproporcionada, al haber sido excluida la SGAE de un procedimiento en el que prima facie resulta evidente la existencia de un interés legítimo, en cuanto entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Y ello porque, más allá de la reclamación al vendedor de la cuantía del canon correspondiente a una concreta operación de compraventa, se cuestionaba en el mismo el contenido y alcance de la remuneración compensatoria o canon por copia privada previsto en el art. 25 LPI, así como el papel atribuido por la ley a las sociedades de gestión de los derechos contra la propiedad intelectual, solicitando incluso el demandante el planteamiento por el órgano judicial de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 25 LPI, entre otras razones, por la inconstitucionalidad de los sujetos gestores del derecho: las entidades de gestión, «como las únicas encargadas de la exigencia, recaudación, control y gestión del canon».

Así, finalmente se entiende que en todos los procesos mercantiles (o de otra naturaleza) en los que se demande a un establecimiento por el cobro de la compensación por copia privada, la entidad concernida (la SGAE o cualquier otra) debe comparecer en defensa de los derechos de autor.

Lo cierto es que uno de los magistrados del Tribunal emitió un voto particular, por entender que atribuir legitimación a la Sociedad General de Autores y Editores de España para intervenir de modo universal en todo proceso en el que se discuta el destino de un concreto soporte audiovisual sería tanto como sostener, salvando las distancias, que la Administración tributaria debiera ser llamada a toda clase de procesos civiles en que se litigue sobre la validez de actos, negocios jurídicos o contratos privados cuya realización genere la obligación de tributar por algún concepto. Y,  en definitiva, consideraba el magistrado discrepante que el órgano judicial ha realizado una interpretación del art. 150 LPI compatible con el art. 24.1 CE, fruto del modo en que el mismo ha delimitado la relación jurídica material que se constituye entre el consumidor-comprador y el comerciante-vendedor de un soporte audiovisual, lo cual privó de sentido a cualquier debate sobre la constitucionalidad del art. 25 LPI y, consiguientemente, a que por esta vía se apreciara la existencia de un interés legitimo de la demandante de amparo en el objeto del proceso civil.

En cualquier caso,  el Tribunal Constitucional brinda el amparo a la SGAE en su solicitud, que a partir de ahora habrá de hallarse presente en los juicios contra el canon.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden ITC/1205/2011, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/889/2011, de 11 de abril, relativa al otorgamiento de concesión de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 900 MHz a la que se refiere el apartado 7 del artículo 4 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. B.O.E. n.º 114 de 13-05-2011.
El «Boletín Oficial del Estado» número 87, de 12 de abril de 2011, ha publicado la Orden ITC/889/2011, de 11 de abril, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por concurso de una concesión de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 900 MHz a la que se refiere el apartado 7 del artículo 4 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca el correspondiente concurso. En la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige dicho concurso, que es el anexo I de la Orden ITC/889/2011, de 11 de abril, se fija la composición de la Mesa de Contratación. Mediante la presente orden se procede a designar un nuevo Presidente de la Mesa de Contratación, por lo que resulta necesario modificar la Orden ITC/889/2011, de 11 de abril.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito continuado de estafa. Delito continuado. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de enero de 2011.
Acusado que intermedia en una operación de compraventa de una vivienda, recibiendo diversas cantidades de los compradores, en concepto de reserva y parte del precio, de las que se apodera, sin que el vendedor tuviera conocimiento ni de las cantidades entregadas ni de la intención de los compradores de adquirir el inmueble. Delito continuado. Artículo 74 CP: Alega el recurrente que la continuidad delictiva en el delito de estafa no depende ni está aparejada a que haya varias disposiciones patrimoniales en el tiempo, pues el número de disposiciones patrimoniales, para constituir un delito continuado, habrá de obedecer a una pluralidad de engaños con sus consiguientes errores. De suerte que cuando todas las disposiciones patrimoniales traen causa de un único error y de un único engaño, debe excluirse la continuidad delictiva. Caso de autos: existió engaño bastante consistente en la firma de un contrato de reserva y promesa de compraventa por el intermediario, que carecía de poderes para ello, engaño que fue de suficiente entidad para actuar como estímulo eficaz del traspaso patrimonial en el matrimonio. Se estima el motivo. Teoría de la unidad natural de la acción: sin embargo, el delito de estafa no puede calificarse como continuado pues como señala el recurrente el engaño es único aunque se sus efectos se alarguen o extiendan en el tiempo. Atenuante de dilaciones indebidas. Paralizaciones del procedimiento: existió una única interrupción cuando se fue a notificar al recurrente el Auto que incoaba procedimiento abreviado, no siendo hallado hasta casi dos años después. El recurrente no respondía a las llamadas y Faxes que le remitía el Juzgado y su Letrada hasta el punto de que presentó escrito renunciando a su defensa por no poder llevarla a cabo adecuadamente. Retraso imputable al recurrente.

Mercantil

Sociedades mercantiles. Doctrina sobre levantamiento del velo. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de marzo de 2011
La sentencia recurrida concluye afirmando que, ante la crisis sufrida por el matrimonio que era a quien, en definitiva, pertenecían los bienes objeto de los negocios jurídicos de que se trata, estamos en presencia de actos fraudulentos encaminados a perjudicar a la demandante. Para ello se refiere a la doctrina del levantamiento del velo y afirma que concurren en el caso todos los requisitos para aplicar la referida doctrina ya que: a) Existe una sola persona -el demandado- que domina absolutamente dos sociedades; b) Entre dichas sociedades se producen operaciones vinculadas; y c) Dichas operaciones carecen de toda justificación económica y jurídica. Siendo incontestable la realidad de los datos expresados, lógico es concluir que la doctrina del levantamiento del velo ha sido correctamente aplicada por la Audiencia en el caso presente por cuanto tal doctrina trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás, evitando que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento.

Naturaleza de las cantidades repercutidas por la Cooperativa a los socios cooperativistas que se dieron de baja. Tribunal Supremo. Sentencia 2 de marzo de 2011
El  objeto del proceso versa sobre Cooperativas, y concretamente sobre las liquidaciones correspondientes a unos socios cooperativistas que se dieron de baja en la Cooperativa, a los cuales se les reclama por ésta el importe de cantidades que la misma entiende que constituyen deudas de los socios cooperativistas con la Cooperativa por cantidades «de más» - sobreprecio- pagadas en las liquidaciones anticipadas a la efectiva comercialización, en tanto los ex-socios pretenden que se trata de una deuda de la sociedad al corresponder a una obligación derivada de un aval bancario de un préstamo concertado por tercero. El tema central del motivo gira en torno a la naturaleza de las cantidades repercutidas por la Cooperativa a los socios cooperativistas que se dieron de baja, puesto que de la calificación que se haga como deudas de los socios con la Cooperativa, o deudas de la Cooperativa, depende la decisión a adoptar, toda vez que en el primer caso no serían aplicables los arts. 94 y 5 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas que limitan la responsabilidad del socio por las deudas de la Cooperativa a las aportaciones suscritas al capital social.

Civil

El donatario a quien se le aplica la reversión, debe devolver lo donado, sin tener derecho a exigir una liquidación posesoria. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de enero de 2011
La donación con cláusula de reversión, que contempla el artículo 641 del Código civil, es una restricción a la donación, que consiste en que producido el evento reversional se da el mecanismo recuperatorio que determina automáticamente la readquisición por parte del donante (a no ser que la reversión sea a favor de un tercero). Pero mientras no se dé dicho evento, el donatario es propietario de lo donado, por lo que no puede pensarse en que se ha edificado en terreno ajeno: el terreno era propio y no cabe aplicar por analogía el artículo 361 que se ha dictado para otro básico presupuesto. Lo que hemos de reiterar es la gratuidad de la donación y la gratuidad de la reversión: el donatario si no cumple, porque no quiere o porque no puede, lo que condiciona la donación y se da el evento reversional no puede exigir al donante (o al tercero a quien se debe la reversión) lo que haya hecho que puede ser de un alcance económico inalcanzable. El decir, el donatario a quien se le aplica la reversión, debe devolver lo donado, sin tener derecho a exigir una liquidación posesoria ni, mucho menos, una aplicación del artículo 361 del Código civil. En todo caso, la aplicación lo será del principio «superficies solo cedit» que proclama el artículo 353 del Código civil con carácter general, a favor del donante.

La exigencia de la buena fe en el caso de doble venta de inmuebles prevista en el párrafo tercero del artículo 1473 CC que no la contempla expresamente, se deduce de los principios generales del derecho. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de febrero de 2011
La doble venta la contempla el artículo 1473 del Código civil, se da cuando el propietario vende la misma cosa a varios compradores y dispone cuál de ellos tiene la preferencia en la adquisición de la misma, quedando ineficaz la otra. Lo que consiste, si la cosa es inmueble, en que la adquiere el que antes la haya inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que presupone que antes hubo tradición real o instrumental por la escritura pública. Sin embargo, esta preferencia al que ha inscrito tan sólo se produce si ha mediado buena fe por su parte. A la vista de los dos primeros párrafos del artículo 1473 del Código civil (si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble. Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro) y de los hechos del presente caso, ninguno de los contratantes tomó posesión de las fincas y tan solo la del segundo contrato inscribió en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, esta compradora carecía del requisito de la buena fe, como hecho probado (no la buena fe, sino los elementos fácticos que la eliminan) que declara la sentencia de instancia. Parece que el Código civil no la exige si se trata de bienes inmuebles, pero no es así. La exigencia de la buena fe al caso de doble venta de inmuebles prevista en el aludido párrafo tercero del artículo 1473 que no la contempla expresamente, se deduce de los principios generales del derecho -ejercicio de los mismos de buena fe- y de relacionar esta norma con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Y en cuanto al concepto de buena fe aplicado al caso de la doble venta consiste en ignorar que la cosa había sido vendida a otro. No es un estado de conducta como ocurre en las obligaciones y contratos sino de conocimiento: el creer o ignorar si la situación registral es o no exacta, respecto a la titularidad registral. El concepto de buena fe en materia de propiedad y derechos reales consiste, en su aspecto positivo, en la creencia por parte de quien pretende ampararse en la protección registral, de que la persona de quien adquirió la finca de que se trate era dueño de ella y podía transmitirle su dominio y, en su sentido negativo, en la ignorancia y desconocimiento de inexactitudes o de vicios invalidatarios que puedan afectar a la titularidad del enajenante, por lo que carecen de tal cualidad quienes tienen noticia perfecta de la situación extratabular o de las posibles causas capaces de enervar el título de su transferente.

Laboral

La condena al pago de cantidades no supone una reclasificación encubierta por ser la categoría de titulado superior la reconocida por la sentencia sobre cesión ilegal. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 25 de enero de 2011
En virtud de sentencia firme sobre cesión ilegal, el actor ostentaba la condición de trabajador con carácter indefinido por cuenta de la Comunidad de Madrid. El mandato dirigido a las empresas cedente y cesionaria, en función de la opción que el interesado ejercite, no es atribuir una categoría sino que las funciones que haya desempeñado surtan sus efectos, económicos y de todo género en la empresa en la que adquiera la fijeza o el carácter indefinido, habrá que estar a las efectivamente realizadas y de haber optado por la cesionaria, otorgarle la categoría que en ésta corresponda coincidente o no con la categoría de la empresa cedente. No ha existido debate acerca del hecho de que las tareas desempeñadas por el demandante tenían pleno encaje en las tareas consideradas propias de titulado superior en el Convenio Colectivo de la empresa cedente. Sí se suscita a propósito de si éstas coinciden con las definidas con tal carácter en los artículos 5, 8, 22 y Anexo III del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.

El descanso mínimo semanal (art. 37.3.b ET) es una norma de derecho necesario cuyo contenido debe respetar el Convenio pudiendo solo mejorarlo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 25 de enero de 2011
Las normas de derecho necesario absoluto son aquellas que no pueden ser ni mejoradas ni empeoradas ni, en definitiva, alteradas en modo alguno ni por la negociación colectiva ni por la individual: por ejemplo, la que dice que la acción de despido caduca a los 20 días hábiles.  Por el contrario, las normas de derecho necesario relativo permiten su mejora, pero no su empeoramiento -en ambos casos desde el punto de vista del trabajador- vía convenio colectivo o contrato individual de trabajo. En eso exactamente consiste el mandato contenido en el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores de «respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario», que no es sino una manifestación más del principio de jerarquía normativa y de su plasmación en la ordenación de fuentes del Derecho Laboral, lo que en absoluto conculca el derecho a la negociación colectiva. Hay que distinguir este mandato de lo que la doctrina ha calificado como principio de norma mínima que, a diferencia del principio de norma más favorable, no obliga a escoger entre dos normas, seleccionando una, la más favorable en su conjunto, y desechando la otra sino que, en el juego del principio de norma mínima, al aplicar la norma convencional que respeta y supera el mínimo establecido por la norma legal estamos al mismo tiempo aplicando ésta.

Administrativo

Rechazo de la impugnación de la liquidación originaria del recurso cameral. Vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Tribunal Constitucional. Sentencia 28 de marzo de 2011.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la propiedad: rechazo de la impugnación de la liquidación originaria del recurso cameral a través de la providencia de apremio al no concurrir un vicio de nulidad de pleno Derecho; función hermenéutica de los tratados y acuerdos internacionales que no los convierte en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

Vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva: asistencia sanitaria proporcionada desatendiendo el derecho del paciente a prestar un consentimiento informado. Tribunal Constitucional. Sentencia 28 de marzo de 2011.
La Sala afirma que la asistencia recibida por el demandante de amparo no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debidamente informado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE). Y las resoluciones judiciales impugnadas no tutelaron ese derecho al rechazar la pretensión del demandante ateniéndose a criterios no previstos legalmente (como el de la edad del paciente o la previa realización de otro cateterismo once años antes) a la hora de ponderar las circunstancias del caso, e i nterpretando y aplicando las normas concernidas de manera contraria a la mayor efectividad del derecho y concluye que se ha lesionado el derecho fundamental del actor a la integridad física y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

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