edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
19/10/2010
Contenidos digitales

La SGAE, las sociedades de derechos de autor y la industria cultural 'pasan' del plan de Sinde y buscan los ‘bolsillos’ de las telecos

Tras meses de guerra con Redtel y sin rastro de las macrowebs con Cultura, la Coalición propone “cientos” de alianzas con las telecos
La SGAE busca reforzar el canon digital con un subpago sobre cualquier ‘tasa Google’, o acuerdo entre telecos y empresas de internet
Ángeles González Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela

Avizoran ya a un solo paso en el Congreso un modelo ‘antipirata’ en el que depositaron el ahora o nunca del nuevo modelo de negocio de los contenidos digitales español. Se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ -que la ministra promete para abril- y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que le nacerá condenada a muerte a la ministra. El nuevo caballo de batalla para la SGAE y la Coalición es el de los ingresos y, subidos a él, tocan tambores de tregua con las telecos. La Coalición de Creadores promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la LES haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. La SGAE, tras las declaraciones del CEO de Micrososft,  quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red. No sólo necesita compensar -ante el inminente veredicto del TUE- el probable fin del modelo español de canon digital que le ha salvado sus cuentas dos años consecutivos. Ni la sublevación de un millar de municipios, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos.

La guerra de denuncias con las operadoras de telefonía españolas no ha sido nunca ni siquiera un secreto a voces para la Coalición de Creadores, un lobby que agrupa las sociedades de gestión de derechos y parte de la industria audiovisual. La misma que les acusaba de “sacar tajada con el tráfico que se genera con la piratería" y que, en junio de 2009, señalaba a varios de los miembros de Redtel (donde están Telefónica, Ono, Vodafone y Orange) e incluso financiar el P2P con publicidad.  La AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, ha ido aún más lejos: encargada de gestionar los derechos de autor de los músicos, la entidad llegó a interponer en mayo una demanda contra Telefónica, Vodafone y Orange, así como a Jet Multimedia, especializada en servicios online para móviles, por las descargas de música en los teléfonos móviles, desde canciones, en formato MP3, válidas para almacenar y reproducir en los terminales; hasta ringtones y aquellas melodías que se reproducen durante los segundos previos al establecimiento de una llamada.

No es casualidad que, tras el discurso de Bigas Luna, un grupo de creadores sacudan las acusaciones contra las telecos: “hacen el agosto”, insistía la semana pasada el director de cine. Tampoco, que la Coalición de Creadores y los lobbies de la industria cultural española traten de tocar justo en este momento tambores de cambio “con los que antes eran nuestros grandes enemigos, como los operadores o Google”. Y lo hacen ver. En noviembre habrán pasado justo dos años desde que el presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, afirmase que el acuerdo con las operadoras de Redtel para combatir las descargas por Internet estaba listo. En el FICOD, Olcese reconocía en 2009 que el pacto no pudo ser.  Ahora, tras la avanzadilla del presidente de la Coalición, todo un batallón de sociedades de gestión y grupos de creadores calientan la posibilidad de llegar a un "gran pacto de buen gobierno" en Internet entre creadores, operadores, contenedores de información y usuarios. Sólo, claro -advierten- cuando tengan la Ley Sinde y la Comisión de Propiedad Intelectual en pleno funcionamiento.

Ahora, a pesar de los esfuerzos públicos de la Coalición de Creadores y de intentos extraoficiales de otras asociaciones de creadores y de las sociedades de gestión de derechos de autor, comparten en realidad con las operadoras de telecomunicaciones poco más que la desconfianza en los resultados de la Ley Sinde y su utilidad. Como adelantaba El País, Redtel, la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone, que suman el 90% de las conexiones del mercado español, además de exigir que la CPI tenga entre sus competencias medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública, acaba de recordarle a la ministra en un documento remitido tanto a los grupos parlamentarios como al Gobierno, que el procedimiento procesal de la LES, basado en el trámite previo en la Audiencia Nacional y los recursos en las salas de lo contencioso-administrativo es "complejo, enmarañado e ineficaz". Implicará la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil), lo que “incrementará exponencialmente el riesgo de pronunciamientos contradictorios” y sólo lloverá sobre mojado en el atasco de los juzgados y la "ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual. No es nada nuevo, nada que no haya advertido desde la CNC hasta la Asociación Francisco de Vitoria: el de la ‘Ley Sinde’ puede ser el viaje a ninguna parte.

La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Las operadoras de telefonía españolas advierten desde el primer momento que sin una reforma más profunda de la Ley de Propiedad Intelectual que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, la Ley de Economía Sostenible fracasará. "Si la demanda está en la Red, que la oferta haga lo mismo”, proclama Redtel desde que comenzó el debate.  Lo han vuelto a hacer ahora, a las puertas del bautismo de la LES, por más que la Coalición de Creadores prometa poner de largo, en breve, varias decenas de acuerdos con telecos, usuarios y proveedores con ofertas ‘legales’ de contenidos audiovisuales. Una oleada de "portales competitivos", en lugar del macroportal de compras como alternativa al P2P que, de la mano de la Coalición por un lado y de Promusicae por otro, el Ministerio de Cultura planeaba promocionar. El fomento de la oferta legal en internet es una de las pocas partidas que crecerán en 2011 para el Ministerio de Sinde: un 15%, hasta los 2,2 millones de euros, a pesar del recorte de Cultura recorta en más de cien millones su presupuesto, casi un 11% respecto del actual de 917 millones de euros.

En el punto de mira de la SGAE y la Coalición, ya no están esas 200 webs de descargas ‘piratas’ a las que incluyeron en una lista negra formal que Cultura barajaba desde mediados de 2009 y que prometían haber comenzado a denunciar desde septiembre. No es ningún secreto -Navarro lo defendió en su momento- que esperan incluso que "cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas", con la mera amenaza de la CPI. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar.  Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigor la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que  tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros. Pero saben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes sume algunas de las más de 700 web que se han autoinculpado inscribiéndose en la página 'La lista de Sinde' eso no mejoraría el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que ‘pescar’ en un mercado digital en pleno crecimiento.

Las alarmas por la eficacia financiera se las disparan estudios económicos como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo corren el riesgo de ser “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.

EN BUSCA DE NUEVOS INGRESOS Y UNA ‘POLICÍA’ DE INTERNET

Por eso, desde antes de su gestación, la SGAE y la Coalición se han encargado de hacer ver la Ley Sinde, al menos en los despachos, como un ultimátum a prueba, uno que, de no derivar en la reducción en un 70% de la ‘piratería online’, (a la que la Coalición de le atribuye pérdidas por 5.121 millones de euros sólo en el segundo semestre de 2009, según su Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales en España) debería comenzar con cortes directos a los usuarios. La cifra es la misma de la que hablan en el Reino Unido para calcular si el sistema que estudian allí (mandar avisos pero sin desconexión) funciona. El plazo que se dan es el de un año desde que se aprobase. Si no fuera así, le tocaría al turno a los usuarios. Al fin y al cabo, la SGAE y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos transitan entre la espada de Sinde y la pared del ACTA y de sus posibilidades.

 El nuevo Texto del Pacto Global Contra la Piratería recién acordado por la UE, EE UU, Canadá, Australia, Japón y una treintena  de países más en el marco de la OMC (en versión borrador aún) tras la ronda de Tokio, permite imponer cortes y advierte que es cuestión de tiempo que se empiecen a proponer obligaciones a las operadoras y a reclamar incluso a los proveedores de conexión responsabilidad por violaciones del copyright a petición de los gestores de los derechos, algo a lo que se oponen el sector de las telecomunicaciones y las asociaciones de internautas. Pretende ampliar el alcance del “capítulo digital” para tipificar como delito los usos ilícitos de los medios de amplia difusión y una cooperación más estrecha entre los proveedores y los titulares de derechos de autor, lo que podría llevar a aplicar medidas que los conviertan en una policía privada de derechos de autor. Y como desvela Nación Red, ACTA puede otorgar poderes plenos (ad hoc) al Comité ACTA (siempre un Comité o Comisión) que se sitúa por encima de los propios gobiernos.

Cultura e Industria callan aún, de espaldas a la solicitud de Martín Pérez, presidente de Asimelec, que considera que España puede jugar un papel destacado en el ámbito mundial de los contenidos digitales y desde hace meses solicita al Gobierno la elaboración de un Plan Nacional para el Desarrollo de la Industria de Contenidos Digitales para consolidar los contenidos digitales en español en conjunción con la industria cultural. Y a iniciativas como el acuerdo de la ‘Sgae francesa’ con Google para que los autores, autores-directores, humoristas, compositores y editores que representa SACEM sean retribuidos cuando su trabajo se utilice en YouTube. O a las propuestas de Nicolas Sarkozy, donde, a pesar de haber optado en su modelo Hadopi por cortes P2P a los usuarios, prepara una 'tarjeta musical' para usuarios entre 12 y 25 años que regalará el 50% del precio de la compra de música en Internet. Un proyecto, ya bajo el visto bueno de la Comisión Europea (CE), que se pondrá en marcha las próximas semanas y durará al menos dos años vendiendo un millón de tarjetas cada 12 meses. La iniciativa requiere que los operadores de páginas web contribuyan al proyecto por medio de una reducción del precio de la música, la extensión de la duración de la suscripción o una contribución para los costes de publicidad de la tarjeta. Según la CE, esto limitará el beneficio que cada operador obtenga del sistema a 5 millones de euros, con el propósito de garantizar que los operadores independientes puedan beneficiarse también del mismo. Así, el esquema "contribuirá a preservar el pluralismo y la diversidad cultural en la industria musical en línea", añadía el comunicado.

Pero sobre todo la Coalición y la SAGE buscan sitio, a la rueda de Redtel, en la bisagra de los futuros pactos con los concentradores y proveedores de internet, ahora que las operadoras europeas barajarán desde 2011, una vez que se pronuncie la CE, modelos de cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje. La ‘solución’ de un modelo extendido de Tasa Google tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, una red a varias velocidades (en la que se paguen cuotas Premium por servicios Premium) no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar en la UE y la estrategia de Lisboa para la Unión. Aunque mientras dure la consulta comunitaria que la Comisaria Noeelie Kroes impulsó en  Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. Menos aún justo ahora que las críticas de la CMT a la banda ancha española -a contrapié de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE y recordaban que en España la modalidad más demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% más cara que la media de las mejores ofertas de la UE. 

EL MODELO DE NEGOCIO DE LA SGAE, EN CUESTIÓN

Para la SGAE, además, el ‘bautizo’ de la Ley Sinde puede llegar en el peor momento para su modelo de ingresos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará el 21 de octubre si el canon digital que se aplica en España se ajusta a la legislación comunitaria. Lo hará con el antecedente de la abogada general, Verica Trstenjak -cuya opinión el Tribunal sigue en el 80% de los casos- que ya concluyó en mayo que el gravamen es ilegal porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción y no únicamente a los que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas. La abogada general asegura que no constituye una compensación equitativa “la aplicación indiscriminada de dicho canon a empresas y profesionales, que, según muestra la práctica, adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para fines ajenos a la copia privada”. Pero, con o sin ‘condena de muerte’ desde el TUE al canon digital español y su aplicación extensiva, en los despachos de Teddy Bautista saben que nada será ya lo mismo para el edificio de sus ingresos desde 2011.

La Sociedad General de Autores empieza a ver ‘el otoño’ del canon. Intentó cobrar otra vuelta de tuerca y hacer su último agosto antes de la reforma de la LPI y del canon digital, pero se topa con la rebelión de los municipios y las líneas rojas de los tribunales españoles. El PP presentó en la Diputación de Albacete una iniciativa para que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y la Sociedad General de Autores (SGAE) lleguen a un acuerdo sobre el canon que deben abonar los municipios para evitar “los cobros indiscriminados que se están dando”. Más de 1.200 tiendas de informática han denunciado ante la CE a la SGAE y otras seis sociedades similares por un presunto abuso de posición dominante y vulneración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por “operar en régimen de monopolio, imponiendo sus tarifas de forma completamente arbitraria y sin ningún tipo de control por parte del Estado”.  Cada vez hay más autos y sentencias contrarios a los intereses y aspiraciones del lobby de los derechos de autor. La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 8 de los de Barcelona resolvía en septiembre denegar tanto a la SGAE como a otras cinco sociedades -Egeda, Agedi, AIE, Aisge y Dama- el acceso a la contabilidad de PCG, propietaria de una tienda de informática.

El Senado aprobó en mayo una moción para modificar la Ley de Propiedad Intelectual y para que las Administraciones Públicas tengan exención de pago del canon digital. No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. Tras la iniciativa de Pollença, de Inca, del consistorio alicantino de Teulada, (pionero en dar ‘la batalla’ al canon), o de Castellón, con una demanda para que le devuelvan los 80.000 euros  pagados en dos años por el canon aplicado a todo su equipamiento tecnológico, casi un centenar de consistorios ha elevado denuncias o reclamaciones contra la tasa y un millar se han sumado abiertamente a la Plataforma Todos Contra el Canon. Piden una modificación legislativa que exima a las Administraciones Públicas, a la vista de que “se dedican a hacer expedientes, no a copiar discos ni libros”. Nada que esta vez los municipios quieran dejar pasar de largo. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros.

Hace un mes, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba por última vez que su partido reclamará al Gobierno que "vuelva a poner sobre la mesa la vigencia" del canon digital, además de poner en marcha una nueva Ley de Propiedad Intelectual. El PP, en las enmiendas parciales presentadas al texto, sigue exigiendo en la tramitación de la  Ley de Economía Sostenible una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La LPI puede tener los días contados.  Es verdad que el Pleno del Congreso de los Diputados rechazaba, con los votos en contra de PSOE, PNV y Coalición Canaria, las cinco enmiendas de totalidad a la Ley de Economía Sostenible -que incluye la disposición final conocida como la 'Ley Sinde' -que defendían PP, CiU, IU-ICV, BNG y UPyD. Y que Ferraz cuenta ahora con PNV y CC para sacar adelante la Ley Sinde bajo el paraguas de la LES. Pero ni el dictamen del TUE, ni la voluntad de Ferraz y Génova pasan por prorrogar la inercia del modelo de gestión de derechos de autor. Por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Y tanto en la SGAE como en las asociaciones de usuarios y la FEMP saben que la letra pequeña, el desarrollo reglamentario que decidirá entre otras cosas la composición y participación de la Comisión de Propiedad Intelectual puede definir muchos ‘detalles’.

Aunque durante el primer trimestre de 2010 ha conseguido amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ya puso a la SGAE sobre aviso. A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, sólo el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros. La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades públicas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los más morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicación pública (conciertos y representación de obra), que arrojó unos impagos de 61,7 millones de euros. Según el propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los músicos tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales físicos, que sólo alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del año anterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%.

No es casualidad que en la Sociedad General de Autores resuciten, aunque sea tímidamente (y en el silencio en el que aguardan el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el 21 de octubre defina si el canon digital español se ajusta al derecho comunitario), la posibilidad de que si Google u otro de los gigantes de internet tienen que llegar a pago de tasas o de acuerdos económicos con las grandes operadoras de telefonía e Ips, una parte -un subcanon- vaya a compensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor españoles. Ya en marzo, cuando el ministro Sebastián alentó el debate sobre la tasa Google que luego replegó en junio, Teddy Bautista, presidente de la SGAE, le puso nombre a sus expectativas: que Google y los buscadores paguen una tasa a los operadores por usar su red y, “para crear un modelo económico sostenible”, que las telecos paguen a la SGAE para seguir permitiendo que fluyan los contenidos protegidos por sus redes. Los de Teddy Bautista han revivido esas esperanzas, ahora que Steve Ballmer, presidente ejecutivo de Microsoft, se manifesta a favor de que los operadores como Telefónica o Vodafone cobren a los proveedores de contenidos en Internet como su propia empresa u otros gigantes de la Red como Google.

Por si acaso, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama desde junio la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil. Además, la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electrónico, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del país de destino (lo que obligaría a fiscalizar las ventas electrónicas) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es, desde hace un semestre, lograr una “Ley Sinde europea” reforzada que incluya las penas de cárcel para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones económicas que se efectúan a través de la Red, desde pagar un billete de avión o hacer la transferencia de la nómina, pagarán también un canon digital.

TODOS LOS BOLSILLOS PASAN POR LAS TELECOS

Ni el perfil de los ingresos del sector de las telecomunicaciones recién publicado por la CMT (con un 3% menos de ingresos para las operadoras, pero nuevas fuentes de ingresos y un 39% de incremento de ingresos por datos móviles), ni las posibilidades que pueden ‘arañar’ a la rueda de una internet a varias velocidades o acuerdos con los buscadores y proveedores de internet se les escapan a la industria cultural y las sociedades de gestión de derechos de autor. Los ingresos del mercado de contenidos digitales (televisión, video, videojuegos, prensa, música, soportes y reproductores, redes sociales, publicidad y libros) cayeron un 5,3% en 2009, pese a contabilizar unos ingresos de 20.591 millones de euros, según el III Informe de Contenidos Digitales 2010. La música por los smartphones (que ha crecido un 91,9%, provocando el derrumbe de los MP3 y MP4, un 31,5% y un 24%, respectivamente) el HD y el streaming son los únicos datos positivos, los nichos en los que apuntan a crecer las costuras del mercado y los que han servido ya para compensar el desplome de otros mercados como el de los videojuegos (14,2%), la televisión de pago y la venta de DVD en soporte físico (un 35,4%).  Salvo los segmentos de consumo de distintos servicios por Internet, la taquilla de cine (2%) y la industria editorial, todos los demás sectores experimentan caídas. La distribución de música digital creció un 10,6% en 2009, con un volumen de negocio de 34,4 millones de euros, y representó el 15,2% del mercado discográfico total, lejos de la media mundial que se sitúa en el 27%.

El número de líneas móviles y fijas supera ya el número de habitantes en España, pero sólo las líneas móviles siguen multiplicando considerablemente sus beneficios, con el tráfico de datos como nuevo gran aliado de las operadoras. Ha crecido un 39,2% más, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos para la telefonía celular, sólo superada por el tráfico de voz, ante el descenso en un 19% de la comunicación por SMS. Y como acaba de publicar el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) en su informe anual sobre la sociedad en Red,  entre el 15% y el 20% de los usuarios realiza algún tipo de descarga, principalmente mediante redes P2P, pero en el último año se ha producido un descenso de la descarga de música a casi tres puntos porcentuales y las descargas entre particulares (P2P) retroceden 1,3 puntos, a cambio del  mayor uso del 'streaming'. El consumo de vídeo en directo se disparaba un 648% el año pasado, según un informe de comScore. Además, el consumo de vídeos en la web ha seguido ascendiendo: el público de Youtube creció un 68%, mientras que Hulu, con vídeos de mayor calidad, vio incrementar sus espectadores en un 75%. La media de visionado de un vídeo en directo es un 7% mayor que el de un vídeo online.

Los mercados y hasta los propios informes de la industria audiovisual mundial dejan en fuera de juego sus premisas y más de un mito de la red. Ni los contenidos gratuitos, ni el espacio sostenido en manos del P2P -aún supone un 18% del tráfico global de internet según Arbor Networks- ni el auge del 'streaming’ han impedido que las descargas de pago de canciones sueltas hayan crecido  en todo el mundo un 10% durante 2009, hasta los 3.300 millones de euros. La radiografía de la IFPI dibuja un horizonte en el que a pesar del desplome en las ventas de ejemplares físicos un 20,6%, nada ha podido ralentizar el despegue de los contenidos de pago, en música suponen un 27% ya del conjunto del negocio. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Tras la iniciativa de la Coalición, la industria subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones. Miran de lejos los modelos de negocio de iTUNES, o NetFix.

Los ingresos del negocio de los contenidos audiovisuales según Screen Digest crecerán un 25% en los próximos cuatro años hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida diseñados por las propias operadoras de telefonía. En la Coalición saben que a la vista de modelos como la tienda Pixbox de Telefónica -líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Un 30% de los españoles ya consume vídeos en internet y un 16% películas, las telecos ajustan sus tv de pago y tantean el modelo híbrido con internet. Las plataformas de televisión por adsl, cable o fibra, buscan fórmulas para hacer frente al boom de consumo de contenidos audiovisuales en la red y a la fuga de clientes a Internet, un territorio en el que los usuarios están encontrando cientos de horas de contenidos, muchos de ellos gratis.

Un 40% del tráfico de Internet de 2010 y hasta un 60% en 2014 (con más de 1.000 millones de usuarios con acceso a este tipo de servicios) provendrá del vídeo, según las estimaciones de Cisco: superará al del intercambio de archivos P2P a finales de año. De hecho, según los datos del gigante TIC, el tráfico global IP llegue a multiplicarse por cuatro gracias al crecimiento de esta área, con unos datos de transferencia cada mes de unos 64 Exabytes.Las operadoras españolas no quieren esperar al desembarco en los mercados europeos de Google Tv, a las promesas de la nueva Apple Tv o a que les pisen los talones y los públicos una carrera en la que desde Netflix y Hulu hasta Amazon y Microsoft o buscadores pensados para ser usados en la pantalla de la televisión, como Kylo.tv o el Boxee se hacen sitio. Movistar redobla la apuesta por HD, contenidos propios y acceso al mercado de vídeos online; Vodafone se apunta a la tv y Ono promete para 2011 un nuevo modelo televisivo híbrido. A Movistar, Ono y Orange, el último informe para Telos de la Fundación Telefónica sobre contenidos digitales les recuerda que no es que internet vaya a acabar con la pantalla televisiva, ni con las tv de pago a través de cable o adsl. Todo lo contrario: un 30% de la población europea ve la televisión a través de la red. Pero España ya estaba por debajo de la media en demanda de tv de pago y se ha bloqueado la cifra de nuevos abonados a las plataformas tradicionales, salvo las de Internet, en pleno proceso de gestación de un nuevo modelo híbrido de televisión y contenidos y aplicaciones online aún cambiante.

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