edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
19/04/2013
LA OREJA DE LARRAZ

La supresión de datos de un fichero de solvencia debe hacerlo la empresa acreedora y no el fichero

Javier Ardalán

La supresión de los datos de un fichero de solvencia patrimonial por la inexistencia de una deuda hay que solicitarla de la empresa acreedora que incluyó esos datos en el fichero y no del fichero de datos.

Así, lo establece una sentencia de la Audiencia Nacional, de 2 de marzo de 2013, que determina que es el acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos de veracidad y exactitud que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece, puesto que es él tiene la posibilidad de incluir los datos del deudor en el fichero común y de instar la cancelación de los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

El artículo 16.1 de la LOPD el que contempla el derecho de cancelación en los siguientes términos: El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

 Por otra parte, el artículo 29 de dicha Ley, que regula el tratamiento de datos con ocasión de la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, cuyo apartado 2 establece: Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

 Y su apartado 3 dice que: cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo le hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona a quien se hayan revelado los datos.

 Además, el artículo 44.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la LOPD: Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva. En el caso de que el responsable del fichero común no haya recibido contestación por parte de la entidad en el plazo de siete días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos.
2ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero común procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero común en el plazo de diez días, dando asimismo respuesta al interesado en los términos previstos en el artículo 33 de este reglamento.

El ponente de la sentencia, el magistrado Fernando De Mateo, señala, que por tanto, se desprende con claridad de dicha normativa de aplicación, tal y como hace constar la resolución combatida, que acreditado que Equifax Iberica, como entidad responsable de un fichero común, en el que se tratan datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, contestó al afectado informando sobre la confirmación de los datos manifestada por la entidad acreedora, atendió la solicitud de cancelación de acuerdo con los criterios establecidos en tal artículo 44.3 del RD 1720/2007 en relación con el artículo 29.2 de la LOPD ".

Siendo tal acreedor el responsable de que los datos cumplan los requisitos de veracidad y exactitud que la LOPD establece, puesto que es él tiene la posibilidad de incluir los datos del deudor en el fichero común y de instar la cancelación de los mismos cuando la deuda sea inexistente o haya sido saldada.

Si la parte actora considera que la deuda anotada no era debida, e incumplía el principio de calidad del dato, debió reclamar frente a la entidad que dio de alta dicho dato inexacto en el fichero de morosidad.

Este es el segundo caso en que la Audiencia Nacional se pronuncia en tal sentido, puesto que ya existe un antecedente con la sentencia de 26 de enero de 2012.

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