edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
23/11/2009
OBSERVATORIO FISCAL

La tasa de basura en Madrid, a debate

Se puede acudir a criterios genéricos de capacidad económica frente al prevalente de equivalencia de coste, según una sentencia
DATADIAR

En estos momentos, en la ciudad de Madrid se está notificado una nueva tasa, en concreto, la de prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, que está levantando mucha polémica entre los ciudadanos, en este caso, convertidos en contribuyentes municipales. Una de las cuestiones que se achaca a esta nueva tasa es que tenga como elemento objetivo para su cálculo el valor catastral de los inmuebles afectados, no solo viviendas, sino también, locales, trasteros y garajes. Pues bien, en este momento puede resultar interesante para la reflexión saber que el Tribunal de Justicia de Madrid, en sentencia de fecha 10 de marzo de 2006, ya se pronunció sobre estas cuestiones en relación con una tasa similar de otro ayuntamiento madrileño, analizando la utilización del elemento superficie y la correlación de los costes con la capacidad económica. El Tribunal, argumentando a partir de la normativa reguladora de las Haciendas Locales y de jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que si bien debe existir una conexión directa y un límite entre el coste del servicio y la capacidad económica, en el ámbito de las tasas, se pueden acudir a criterios genéricos de capacidad económica frente al prevalente de equivalencia de coste.

Debe acreditarse la vulneración del principio de equivalencia de costes y además, se afirma, que por la naturaleza y características de estas tasas, se permite el empleo del criterio de cuantificación del elemento superficie, en primer lugar por el ingente número de viviendas y locales calculados hace que en el estudio de coste del ayuntamiento se utilice este criterio objetivo, y en segundo lugar, no se acredita por medios probatorios que existan otros criterios que resultasen más acordes con la naturaleza y características de la tasa.

Según el Tribunal, resultaría imposible indagar caso por caso la basura generada por cada uno de los ciudadanos a partir del uso que cada uno hiciera el servicio.

Actualmente, muchos contribuyentes madrileños movidos por su propia iniciativa y la de algunos movimientos sociales han recurrido la tasa de basuras. Algunas fuentes informativas hablan ya de más de 40.000 recursos presentados frente a este nuevo tributo del Ayuntamiento madrileño.

En estos casos conviene recordar que la simple interposición de un recurso no suspende la ejecución de la deuda que no queda suspendida, para ello, se debería aplicar la normativa de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación y proceder a la suspensión de su ejecución, aportando el aval correspondiente. En estos importes aval de dos contribuyentes.

Por todo lo anterior, y para evitar en casos de despistes con el procedimiento a seguir, la notificación de diligencias de apremio o embargos de cuentas corrientes, puede resultar aconsejable pagar la tasa y aquel contribuyente que lo desee, interponer recurso en el plazo de un mes desde su notificación.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Los servicios relativos a la enseñanza del inglés, guardería, comidas y otras actividades lúdicas, utilizando exclusivamente medios propios, estarán exentos del IVA si se considera como centro educativo. (D.G.T. C, 5-8-2009)
La consultante va a organizar durante el verano unos cursos de inglés para niños en unos locales cedido gratuitamente por el Ayuntamiento. Los niños estarán de 9 a 17 horas en el centro y se les dará la comida y asimismo tendrán servicio de guardería antes de las 9. También organizarán actividades lúdicas y de esparcimiento como complemento de la enseñanza. Tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de las operaciones descritas.
 
La deducibilidad de las tasas por el agua está condicionada a la obtención de rendimientos derivados bien del arren. o de la constitución o cesión de dchos o fac. de uso o disfrute de la finca, o bien de la afectación a una actividad. (D.G.T. C, 7-7-2009)
El consultante era propietario de una finca rústica que se encontraba gravada por un canon de regulación del agua y por una tarifa de utilización del agua, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al encontrarse situada en una zona regable de interés nacional. En el año 2008 ha satisfecho las cuantías correspondientes a las campañas 2004 a 2007, pese a no haber utilizado la hipotética posibilidad de riego. La finca ha estado cedida a un tercero como tierra de secano los dos últimos años, mediante acuerdo verbal, sin que exista contrato de arrendamiento. El consultante no ha desarrollado actividad económica alguna en la finca desde su adquisición, el 50 por 100 por herencia de su madre en el año 2002 y el otro 50 por 100 por donación de su padre en el año 2006. Si las cantidades satisfechas pueden calificarse como pérdida patrimonial o como gasto inherente a la adquisición en caso de una hipotética venta de la finca.

Tribunales

Los supuestos de error de derecho, pueden y deben regularizarse a través del procedimiento de rectificación de cuotas repercutidas. (T.S. S, 8-7-2009)
La normativa de IVA reconoce de manera expresa que los supuestos de error de derecho, pueden y deben regularizarse a través del procedimiento de rectificación de cuotas repercutidas, limitándose la novedad introducida por la Ley 13/1996 a la elevación del plazo para hacerlo. Así, dicha modificación no es el de una modificación de la norma, sino el de una mera aclaración dirigida a dotar de mayor certeza y seguridad al procedimiento de rectificación de cuotas repercutidas. En el presente caso, teniendo en cuenta que la rectificación se llevó a cabo en la declaración del último trimestre de 1993 y que estaba referida a los ejercicios de 1988 a 1990, era de todo punto procedente, al no haber transcurrido un plazo superior al de cinco años que autoriza el artículo 89 de la LIVA.

Autoconsumo por cesión gratuita de instalaciones cerveceras a establecimientos expendedores de cerveza por parte de compañía cervecera. T.S. S, (8-7-2009)
Las instalaciones de barril, botelleros automáticos y mostradores neveras que la compañía cervecera cede gratuitamente a los establecimientos expendedores de cerveza, conservando su propiedad, constituyen autoconsumo sujeto al impuesto La cesión de los barriles y otros elementos necesarios para la venta de cerveza en óptimas condiciones no puede afirmarse, en ningún caso, que se trate de una actividad realizada al margen de los fines de la actividad empresarial, sino todo lo contrario. La entrega de las mencionadas instalaciones a los establecimientos expendedores de cerveza no tiene otro objetivo que propiciar la venta del producto en mejores condiciones de calidad, sabor y presión, produciendo la fidelización del cliente, lo que revierte en el fomento del consumo de dicho producto, y, por tanto, en beneficio del fabricante que de esta forma verá aumentada las demanda de su marca.

Tribunales Económico-Administrativos

La exención en el IVA del servicio público universal no puede extenderse a aquellas actividades que persiguen los mismos objetivos, pero que son ejercidas por órganos que no pueden ser considerados como servicios públicos postales. (T.E.A.C. R, 9-6-2009)
De acuerdo con la ST del TJCE de 11 de julio de 1985 (asunto C-104/84) la expresión “servicios públicos postales” utilizada en la Directiva comunitaria, y también en nuestra norma interna, no debe entenderse en un sentido material, sino orgánico, de forma que no cabe aplicar la exención a actividad que persiguen los mismos objetivos, pero que son ejercidas por órganos que no puede ser considerados como servicios públicos postales. A partir de la Ley 24/1998, de 13 de julio del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, éstos pueden ser prestados por una agencia colaboradora del operador postal universal, en los términos recogidos en el art 51 del R.D. 1829/1999, y considerar que la empresa de “mailing” actúa en nombre y por cuenta del operador universal. Sin embargo, tampoco en el expediente se acredita esta condición, cuya carga de la prueba, de acuerdo con el art 105.1 de la LGT, corresponde al obligado tributario. Este mismo criterio es mantenido por la ST del TJCE de 23 de abril de 2009 (asunto C-357/07) que sigue la doctrina ya establecida en la sentencia de 1985.
 
Naturaleza del requerimiento de información al obligado tributario en relación con la posible desproporción en su utilización. (T.E.A.C. R, 10-6-2009)
Se anula por su desproporción el requerimiento de información al afectar a todas las empresas (cientos de miles) integradas en un sistema de medios de pago mediante tarjetas de crédito.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...