edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
24/04/2009
OBSERVATORIO JURÍDICO

La tenencia de tarjetas falsas de crédito o débito precisará la acreditación de una finalidad de transmisión

Datadiar.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Sentencia por la que condenó al acusado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia de moneda falsa, a la pena de cinco años de prisión. Los hechos probados disponen que el acusado portaba 10 tarjetas, en donde se habían manipulado sus bandas magnéticas, introduciendo datos de tarjetas de crédito o de débito, con el fin de hacerlas circular como tales (conocedor del hecho). El acusado argumenta que no se había probado que hubiera intervenido en la composición de las referidas tarjetas, ni que estuviera de acuerdo con quien las confeccionó. Además, fueron intervenidos dos lectores de tarjetas, pero la Sala declaró que éstos se encontraban en posesión de una persona distinta al acusado.

El primer motivo del recurso formalizado por la representación procesal del acusado en la instancia, al amparo del art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la indebida aplicación del art. 386.2 del Código penal, bajo la tesis de que una tarjeta no se tiene para transmitirla, "sino que se usa para obtener dinero o bienes".

Y así, el párrafo segundo del art. 386 del Código penal dispone que: "La tenencia de moneda falsa para su expendición o distribución será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con los autores mencionados en los números anteriores. La misma pena se impondrá al que, sabiéndola falsa, adquiera moneda con el fin de ponerla en circulación".

Expendición y distribución son expresiones sinónimas que equivalen a la puesta en circulación de la moneda, si bien que la primera alude a la entrega al por menor de la moneda a la que se da salida mediante entregas puntuales, mientras que la distribución se refiere a la división de alguna partida de moneda entre los encargados de introducirla en el circuito monetario legítimo mediante actos de expendición.

Y en relación al concepto de moneda a efectos penales, el art. 387 de la misma ley dispone lo siguiente: "A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y papel moneda de curso legal. A los mismos efectos, se considerarán moneda las tarjetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, así como los cheques de viaje. Igualmente, se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras".

La LO 15/2003, de 25 de noviembre, ha modificado los arts. 386 y 387 del Código penal; el primero respecto de las tipologías falsarias como consecuencia de la aprobación del Reglamento 1338/2001, de 28 de junio, del Consejo de la Union Europea, en que se aprueban las medidas necesarias para la protección del euro como moneda comunitaria, desde el año 2002, contra las conductas de falsificación para comprenderse "las demás tarjetas que puedan utilizarse como modo de pago", así como las propias de otros países de la Union Europea que no forman parte del sistema o "zona euro".

La actual sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2008, declaró que la mera detentación de tarjetas de crédito falsas sin una voluntad acreditada de su distribución o expendición, será atípica a salvo de la connivencia con el falsificador, el tenedor, introductor o exportador de moneda en el caso de la expendición del art. 386.3.

Esta última línea jurisprudencial, entiende, por otro lado, que los hechos serán típicos en el caso de que exista esa finalidad, que no es otra que la detentación de tarjetas falsas para ser entregadas a otras personas rellenando el requisito tendencial de la expendición o distribución.

La cuestión fue sometida al Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para la unificación de criterios, celebrada el 16 de diciembre de 2008, que unificó esta doctrina, bajo el siguiente Acuerdo: "La tenencia de tarjetas falsas de crédito o débito, para poder ser sancionadas con fundamento en el art. 386.2 del Código penal, precisará la acreditación de una finalidad de transmisión".

Por tanto, los elementos del tipo son tres: tenencia de moneda; que ésta sea falsa; y un elemento tendencial o sea, la finalidad de expendición o distribución.

En todos ellos se hace patente la idea de castigar la posesión preordenada a la circulación de la moneda falsa, como actividad de grado inferior a la fabricación o introducción, pero que cierra el círculo jurídico de la punición de los atentados contra la moneda, bien sea ésta nacional, de la Unión Europea o incluso de la moneda extranjera, por afectar a bienes jurídicos de indudable trascendencia para la economía mundial. La protección de los sistemas de pago, es esencial en una economía globalizada, y garantiza los medios mediante los cuales se adquieren bienes o servicios.

En cuanto al requisito de la tenencia, es pacífico que se corresponde con la posesión, concepto asentado en la jurisprudencia del TS, sobre las ideas del corpus y del animus. Ciertamente el presupuesto del tipo está constituido por la posesión inmediata o mediata, de la moneda objetivamente inauténtica, circunstancia ésta que ha de ser abarcada por el dolo del autor. Como elemento subjetivo del injusto se exige que la posesión o tenencia esté destinada a la circulación, es decir, a la introducción en el tráfico monetario, por lo que queda excluída la comisión imprudente en esta clase de delincuencia falsaria tampoco sería admisible el dolo eventual. Se trata de un delito de mera actividad en el que no caben formas imperfectas de ejecución.

Con relación a la moneda, debemos acudir al art. 387 del Código penal, pues en él se ofrece una definición auténtica de lo que se entiende por moneda. Se considera moneda de curso legal, tanto la metálica como el papel, emitida por Organismo que tenga competencia al efecto. Lo decisivo es el dato del curso legal, es decir, que su circulación venga determinada con arreglo al derecho del país emitente y que tenga poder o efecto liberatorio como medio de pago. La asimilación legal a la moneda a efectos falsarios comprende las tarjetas de crédito, es decir, las que permiten obtener aquellos bienes o servicios difiriendo el pago en virtud del pacto existente, de una parte, entre el titular de la tarjeta y la entidad emisora, y de la otra entre ésta y el comerciante que se integra en la red o sistema creado por el emisor, que garantiza el pago. También se comprenden las tarjetas de débito y los cheques de viaje. En los tres casos los dichos medios de pago se equiparan a la moneda por su difusión internacional y aceptación generalizada adaptada a la economía, con lo que su falsificación repercute negativamente sobre el sistema de pagos y la confianza en la función liberatoria de estos medios, así como afecta al patrimonio de quienes en cada caso resulten  perjudicados por la utilización espuria.

Por tanto, tal y como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la posesión de una tarjeta de crédito satisface las exigencias del tipo, siempre que ésta sea falsa, y lo será siempre que se haya manipulado un elemento esencial de tal moneda, de donde pueda predicarse que se trata de una moneda apócrifa, por imitación de sus características sustanciales. En el papel moneda, será necesaria su apariencia de legalidad o autenticidad; en las tarjetas, la manipulación de su banda magnética, lo que permitirá su introducción en un lector, con apariencia de autenticidad, y correlativamente obtener el funcionamiento del mismo. Finalmente, se requiere que tal posesión esté orientada a su expendición o distribución. Conforme al Acuerdo Plenario lo que se precisa acreditar es una finalidad de transmisión, término que comprende en consecuencia el elemento tendencial de expendición o distribución.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACION

Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. (BOE núm. 131 de 30 de mayo de 2008).
I. Las mujeres han sido esenciales en la construcción y defensa de los derechos y las libertades a lo largo de la historia. A pesar de ello, gran parte de nuestras sociedades no ha reconocido el papel histórico de las mujeres y no ha garantizado sus derechos.
La ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia machista es una grave vulneración de estos derechos y un impedimento para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (B.O.E. núm. 27 de 31 de enero de 2008).
La condición de fedatarios públicos que ostentan los notarios determina su constante participación en operaciones económicas y financieras y el riesgo, también, de que pueda utilizarse su actividad dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, están sujetos a un deber de colaboración con la Administración General del Estado cuyo cumplimiento está resultando ser de gran eficacia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de coacciones. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Responsabilidad civil. Daños morales. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Autor. Abogados. TRIBUNAL SUPREMO (Sala 2ª). Sentencia de fecha: 27 de mayo de 2008.
Secreto, relativo a determinadas infidelidades, que es conocido por un particular ilegalmente y entregado a sus abogados para coaccionar a su hermana a renunciar a la legítima. Incongruencia omisiva: alega el recurrente que la sentencia recurrida no se ha pronunciado sobre la agravante del artículo 22.3 del Código Penal en la que se aumenta la pena por haber ejecutado el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Se desestima: la agravante invocada no resulta de aplicación a los abogados, pues nos encontramos ante una actuación profesional que por su propia naturaleza debe ser retribuida. Responsabilidad civil. Daños morales: recurrente que presentaba un síndrome ansioso depresivo. Delito de descubrimiento y revelación de secretos: el artículo 197.5º CP. no abarca la investigación ilícita de infidelidades o relaciones sexuales de cualquier índole, sino solamente aquellas que se refieran a la orientación sexual de la víctima. Autor. Abogados: acusados que tienen conocimiento de la información por su condición de profesionales y la utilizan para chantajear a una persona.

Mercantil

No existe razón que permita justificar la resistencia de la aseguradora al cumplimiento de la obligación del pago y excluya la mora del 20.8 LCS. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 16 de julio de 2008.
A la hora de determinar qué ha de entenderse por causa justificada a los efectos de la aplicación de la regla octava del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , en la redacción dada por disposición adicional sexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -y cuya aplicación al caso, dada la fecha del siniestro, es incuestionable-, esta Sala ha seguido una línea interpretativa caracterizada por un creciente rigor en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma que establece y regula su imposición, y conforme a la cual, para excluir la mora de la aseguradora y la condena a los intereses previstos en la ley especial -rectius, indemnización por mora, conforme a los términos de la regla 8º del artículo 20 -no basta la mera incertidumbre acerca de la cantidad a pagar por la aseguradora, sino que, en términos generales, es preciso valorar, fundamentalmente, si la resistencia de ésta a abonar lo que, al menos con seguridad, le correspondía, está o no justificada, o el retraso en el pago le es o no imputable.

El régimen de prescripción de acciones establecido para el transporte internacional de mercancías se aplica preferentemente al artículo 943 C.Com. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de julio de 2008
Un régimen particular de prescripción de acciones, como el establecido para el transporte internacional de mercancías con conocimiento de embarque, se aplica preferentemente al propio artículo 943 y, en todo caso, a las normas del Código Civil a las que el mismo se remite. Por ello, no tiene trascendencia a los efectos del recurso el que el Código de Comercio no contenga norma reguladora de la prescripción de las acciones dirigidas a exigir responsabilidad por averías al porteador en la ejecución del transporte multimodal internacional.

Civil

En la escritura pública de referencia no intervienen las partes contratantes del documento privado, y, sin embargo, se altera el objeto de la permuta. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 5 de junio de 2008
En la escritura pública de referencia no intervienen las partes contratantes del documento privado, y, sin embargo, se altera el objeto de la permuta. Razonablemente por ello sus otorgantes la dejan sin efecto a continuación.

La excepción estimada determina forzosamente la desestimación de la demanda con absolución de los demandados, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de nueva demanda contra todos los intervinientes en el primer contrato de permuta de terrenos por obra. Y dado que en el presente pleito la pretensión dirigida contra solo uno de los intervinientes aparece alterada en relación al documento, procedería en su caso la interposición de tal demanda y no la reposición del pleito al momento de la comparecencia inicial dada la complejidad apreciada de los términos en que se ha producido la cuestión litigiosa

No se considera que la sentencia sea incongruente por exceder del petitum de la demanda. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 6 de junio de 2008
No hay la alteración de "causa petendi" que se denuncia.  Con independencia de si la pérdida o desaparición de la mercancía se produjo durante el viaje marítimo o el terrestre previo hasta el puerto de embarque, y con independencia también de cuál era la obligación verdaderamente asumida por la entidad porteadora, es decir, si sólo desde el embarque, o desde los almacenes de la vendedora, aspectos ambos irrelevantes en la perspectiva del motivo, lo cierto es que en la demanda se responsabiliza al transportista desde que recogió los contenedores en los almacenes de la vendedora, es decir, comprendiendo también el transporte terrestre hasta la terminal de contenedores del puerto, por lo que decae la denuncia de incongruencia; tanto más si se tiene en cuenta que el hipotético vicio procesal no fue denunciado en apelación por lo que no puede ser traído "per saltum" a casación.

Laboral

Vulneración del derecho a la libertad sindical. Secciones sindicales. Delegado sindical. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de junio de 2008
Se alega, en síntesis por la recurrente, que como se señala en la fundamentación jurídica de la sentencia, la empresa reconoce la existencia de la sección sindical, y que lo que no se reconoce es la figura del delegado sindical con esa denominación como representante de la sección sindical, siendo ésta la circunstancia que como elemento de discusión y controversia ha llevado a la Sala en la sentencia recurrida -dice- a estimar parcialmente la demanda, y considerar que negar tal denominación al representante de la sección sindical constituye un elemento lesivo del derecho de libertad sindical, ya que no hay ningún otro vestigio de conducta que puede llevar a aparejada una violación de los derechos fundamentales de sindicación y representatividad a nivel de sección sindical.

Un mero retraso, no voluntario, en las transferencias mensuales de las cuotas sindicales al Sindicato recurrente, no supone incidencia alguna sobre el derecho fundamental de Libertad Sindical. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de junio de 2008
No cabe desconocer que tratándose de un derecho del Sindicato -el del cobro de la cuota de sus afiliados- la actuación empresarial pudiera llegar a ser, si se dieren las circunstancias para ello, un atentado al derecho fundamental de libertad sindical, en cuanto pudiera adoptar los perfiles propios de dicho atentado a esa libertad fundamental. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial mantenido respecto a la procedencia o no del proceso colectivo de tutela de los derechos fundamentales, son de admitir las consideraciones que, en este aspecto, se hacen en la sentencia recurrida y, consecuentemente, estimar la procedencia del proceso judicial actuado.

Administrativo

Responsabilidad patrimonial por dilaciones indebidas del Tribunal Constitucional. AUDIENCIA NACIONAL. Sentencia de fecha: 8 de julio de 2008.
La responsabilidad de los poderes públicos consagrada en el art. 9.3 CE comprende al Tribunal Constitucional, pues, ni la Constitución ni su propia Ley Orgánica, lo configuran como un ámbito exento de responsabilidad. Ciertamente se trata de un órgano constitucional independiente, pero ello no es óbice para que puedan reclamarse al Estado, en cuanto comprensivo de todos los poderes públicos, los daños antijurídicos que pueda causar a los particulares, ya sea cuando ejerce funciones materialmente administrativas o bien cuando lo hace ejerciendo las funciones jurisdiccionales que le han sido encomendadas por nuestra Constitución (art. 161 CE). La independencia no conlleva irresponsabilidad, antes al contrario, “la independencia tiene como contrapeso la responsabilidad” El Estado debe responder por las dilaciones indebidas en que incurra el Tribunal Constitucional en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas.

Responsabilidad patrimonial. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Inactividad de la Administración. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha: 15 de septiembre de 2008.
Ninguna de las solicitudes al Ayuntamiento fue resuelta de forma expresa, por lo que, de acuerdo con la doctrina constitucional, no es posible aceptar como interpretación razonable de los arts. 46.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y 142.7 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), la que realizó la Sentencia impugnada que, a pesar del incumplimiento de la Administración de resolver de forma expresa la solicitud del demandante y del incumplimiento del deber de comunicar a éste el plazo de resolución de su reclamación y de los efectos del silencio administrativo consideró que el plazo de seis meses establecido en el art. 46.1 LJCA para interponer recurso contencioso-administrativo comenzó a correr el 26 de octubre de 2000, día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial y expiró el 25 de abril de 2001.

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