edición: 2560 , Lunes, 24 septiembre 2018
16/03/2010
RSC

La transparencia corporativa gana tímidas posiciones entre las compañías del Ibex 35

Entidades como el Banco Popular apuestan por Consejos de Administración menos opacos
A pesar de los primeros avances queda mucho camino por andar en materia de transparencia
Beatriz Lorenzo

En el escenario económico devastado tras la crisis la transparencia se ha impuesto como una de las medidas necesarias para lograr un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Una información veraz y lo más detallada posible y un rendimiento de cuentas concienzudo son las armas necesarias para luchar contra las corruptelas y las malas prácticas que solían inundar el escenario corporativo, manifestándose en conductas impropias como los salarios desmesurados de los altos ejecutivos, blindajes casi fraudulentos o luchas de control entre accionistas y directivos.  Sin embargo, forzosa o deliberadamente, durante los últimos tiempos han sido varias las compañías que han prestado mayor atención a este tipo de asuntos, supervisando el funcionamiento de sus Consejos y mejorando su política de remuneración.

En este sentido, un  informe de PricewaterhouseCoopers revela que buena parte de las compañías del Ibex 35 han realizado durante los últimos tiempos una gestión mucho más responsable de los salarios de sus consejeros, atendiendo a criterios de rigor y mayor prudencia. La consultora aboga por profundizar en la gestión profesionalizada de las retribuciones de los consejos –a través de un mayor protagonismo de la comisión de nombramientos y retribuciones–, así como avanzar en la aplicación de criterios de transparencia.

BUEN GOBIERNO

De entre los gobiernos corporativos que  más han mejorado en cuestiones relacionadas con la Responsabilidad Corporativa destaca el caso de Banco Popular, que no sólo ha renovado recientemente su calificación “A+” de su informe de Responsabilidad Social, sino que ha hecho llegar en las últimas horas a la CNMV información sobre Gobierno Corporativo donde aporta datos acerca de la regulación de su Consejo. A la hora de aportar indicaciones sobre los métodos de remuneración de los miembros del mismo, la entidad aboga una mayor transparencia. El Consejo de Administración informa en la Memoria Anual y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la remuneración percibida por los Consejeros. La Memoria Anual detalla las retribuciones individuales de los Consejeros durante el ejercicio e incluye el desglose individualizado de la remuneración de cada Consejero, así como la información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la Sociedad. Si bien no se ha producido en los ejercicios pasados ni está previsto que se produzca en el futuro, se informa sobre el desglose individualizado de las eventuales entregas a Consejeros de acciones, opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción.

A su vez, las reglas sobre retribuciones contenidas en el Reglamento del Consejo y de la Junta se aplican e interpretan de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el capítulo relativo a retribuciones del Código Unificado de Buen Gobierno de 22 de Mayo de 2006.  Asimismo, y siguiendo las recomendaciones del Banco de España, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y Conflictos de Intereses, ha revisado la adecuación de la Política Retributiva del Banco a los Principios y Estándares en materia de remuneraciones en las entidades financieras emitidos por el Consejo de Estabilidad Financierá y el Comité Europeo de Supervisores Bancarios, y ha adoptado los citados Principios y Estándares para unas buenas prácticas en materia de remuneración en su política retributiva.

Por otra parte,  el Consejo de Administración procura que las cuentas individuales y consolidadas que formula y presenta a la Junta no contengan reservas y salvedades en el informe de auditoría y, cuando sea así, tanto el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control como el auditor externo explicarán con claridad a los accionistas, el contenido y alcance de las discrepancias o reservas que puedan producirse.

PRACTICAS RESPONSABLES

Ante la delicada situación en que han quedado las entidades financieras tras la crisis, víctimas y culpables a la vez de muchos de los males endémicos que ocasionaron la recesión, el sector bancario ha de prestar especial atención al ámbito de la Responsabilidad Social, preocupándose por solucionar los desajustes del pasado. En este sentido el Banco Popular ha adecuado el contenido de sus informes a las directrices de la Global Reporting Initiative y ha manifestado su compromiso con los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas además de participar en los proyectos contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mayor iniciativa de sensibilización contra la pobreza y la desigualdad impulsada desde Naciones Unidas. En este sentido, se han llevado a cabo acciones para la erradicación de la pobreza y el hambre, participando en programas de microcréditos en áfrica y Latinoamérica, impulsando la mejora de la salud maternal y la reducción de la mortalidad infantil, apoyando la construcción y el funcionamiento de hospitales en países emergentes y promoviendo la igualdad entre géneros o la enseñanza universal.

En 2009, destaca igualmente la incorporación del Banco en SpainSIF, un foro de encuentro para la comunidad financiera, gestoras de fondos, planes de pensiones, agencias de rating y entidades del tercer sector vinculadas a la inversión responsable. SpainSIF se ha constituido con el objetivo de ser plataforma de desarrollo de la inversión socialmente responsable en España. En este ejercicio el Grupo Banco Popular se ha adherido como firmante al “Carbon Disclosure Project”, una iniciativa internacional en la que participa desde 2006 y que analiza el modo en que las principales empresas valoran los riesgos y oportunidades que su actividad tiene para el cambio climático. Además, la entidad subraya la inexistencia tanto de incidentes que hayan supuesto una violación de los derechos de las minorías, como de un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil.

En cuestiones de transparencia, el banco está sujeto al Código de Conducta Publicitaria de INVERCO, que recoge las normas deontológicas de la actuación publicitaria. La publicidad realizada por las entidades de crédito de la entidad está supervisada por las instituciones públicas. El 100% de las 191 campañas realizadas en 2009 que por normativa requerían la aprobación del Banco de España y de la CNMV, fueron sujetas a este trámite. Las entidades del Banco Popular no han sido objeto durante 2009 de ninguna resolución del Banco de España, la CNMV u otras administraciones por su publicidad o información sobre productos y servicios. Tampoco ha sido objeto de ninguna multa o sanción por incumplimiento en materia de publicidad y comunicación.En línea con su estrategia de ser un Banco de Clientes, la implantación de la Directiva MiFID supuso una oportunidad comercial para el Grupo. En 2009, el Comité MiFID ha diseñado planes de actuación en la comercialización de sus productos y prestación de servicios de inversión, desarrollando las políticas necesarias y las mejoras tecnológicas precisas para su aplicación por la red de sucursales. También se han mantenido los planes de formación de la red para la aplicación de la Directiva MiFID.

Por último, la entidad ha adoptado normas y procedimientos para garantizar la seguridad de sus sistemas informáticos y cumplir las exigencias legales de la sociedad de la información, el comercio electrónico y el tratamiento de datos personales. Todos los contratos informan al cliente sobre los derechos que le otorga la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Así y todo, durante el año 2009 recibió 15 requerimientos de información de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre posibles infracciones a la LOPD, no siendo objeto de inspección alguna, pero se iniciaron  dos procedimientos sancionadores por presuntas infracciones en materia de protección. En el año 2008 la entidad había sido sancionada por la AEPD con una multa de 60.000 euros, resolución que se encuentra en recursos por vía contencioso administrativa ante la Audiencia Nacional.

LOS PRIMEROS PASOS

A pesar de estos primeros intentos por mejorar y adaptarse, queda todavía mucho camino por recorrer en materia de transparencia corporativa. Un estudio de principios de 2010 elaborado pro el Observatorio de Responsabilidad Social se mostraba pesimista respecto a la opacidad todavía reinante entre las cotizadas. Los expertos constataban la necesidad de una regulación específica" puesto que la información que estas empresas ofrecen es  voluntaria  y, estos ejercicios se siguen planteando más como acción de marketing, de forma unidireccional y no como una fórmula de rendición de cuentas.

El informe del Observatorio denunciaba que  24 de las 35 empresas cotizadas analizadas,-nada menos que el 69 por ciento-, operan en paraísos fiscales, de las cuales, seis son entidades bancarias y, la mayoría no ofrecen datos sobre sus actividades en esos países. En ese sentido, apunta que la transparencia en el uso de paraísos fiscales es "muy limitada" porque apenas se aportan datos e información sobre sus actividades y operaciones en el ejercicio. Cinco de los seis bancos incluidos en el alcance del estudio presentan sociedades participadas en paraísos fiscales y, sólo en el caso de Bankinter no hay evidencia de presencia en estos territorios.

Por otro lado, la investigación revelaba también que la mayoría de las corporaciones no proporciona datos sobre las remuneraciones de los consejeros de administración, y sólo el 37 por ciento informa de forma desglosada sobre la remuneración individual y los conceptos retributivos de los consejeros. En ese aspecto, se muestra un retroceso con respecto a 2008, cuando un 43 por ciento de las empresas informaba de forma desglosada.

En suma, una información transparente por parte de la compañía es imprescindible para garantizar el desarrollo sostenible, el respeto medioambiental y la lucha contra la corrupción, necesidades urgentes en el nuevo modelo productivo tras la crisis

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