edición: 2679 , Martes, 19 marzo 2019
12/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La transparencia se impone al honor de los corruptos por la mínima en la Cúpula Judicial

Javier Ardalán
Tras desayunarnos todas las mañanas de los últimos siete años, desde que se inició la crisis económica, con el descubrimiento y la desarticulación de una nueva trama de corrupción con raíces políticas, ahora no paramos de anunciar nuevas medidas legislativas para prevenir y combatir este cáncer social, aunque con normas únicamente no se logra erradicar este tipo de conducta, que viven a lo grande a costa de meter la mano en el bolsillo común de los contribuyentes.
Las últimas medidas llegan con la Ley de Contratos Públicos, en cuyo proyecto se ha introducido la expulsión de este tipo de operaciones de las personas físicas y las sociedades que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción considerada grave o muy grave en materia medioambiental, social, laboral, profesional o de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, y de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, no podrán contratar con las Administraciones Públicas, según se establece en el proyecto de Ley de Contratación pública, que actualmente tramita el Parlamento.

Estas situaciones de exclusión de la capacidad de acordar la elaboración de servicios con el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, se unen a las ya tradicionales de, entre otras cosas, haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio

También la futura norma expulsa de la contratación pública a quienes hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, así como por no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido, o en la misma línea por infracción muy grave en materia medioambiental.

Sin embargo, nunca deja de sorprender que los derechos individuales de quienes meten la mano en el cajón común de todos los españoles y residentes en nuestro territorio, como el derecho al honor, se antepongan en los tribunales a la transparencia, al conocimiento de todos del jaez de estas personas. Y viene a cuento esta reflexión a la luz del empate técnico que se ha dado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al analizar si la Cúpula de los Jueces apoya la publicación de los nombres de quienes han cometido delito fiscal y tienen una sentencia firme, que ya no deja lugar a dudas de que la sociedad les reprocha esta conducta. Tan sólo el voto de calidad del presidente ha permitido el aval de este Organismo a este articulado del anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, un apéndice de la Ley General Tributaria, separado de ella por afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

El texto aprobado considera que la publicación de un extracto de esas resoluciones cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”. Nueve de los diez consejeros del CGPJ que votaron en contra han anunciado que publicarán los fundamentos de su decisión en su voto favorable.

El informe, del que ha sido ponente el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, señala que el Anteproyecto, que establece el carácter público del acceso al fallo de esas sentencias y la publicación de un extracto de las mismas en el BOE, tiene como objetivos impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito.

Los consejeros que votaron en contra de la publicación de los listados sostuvieron ayer que la publicación de estas resoluciones afecta a derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos; además de considerar que no es un instrumento eficaz de prevención general y que supone una pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución.

La discusión llegó a hacer que se retirase la consideración de admisible a la Disposición transitoria única del Anteproyecto, que preveía que la publicación fuese de aplicación a las sentencias que se dictasen tras su entrada en vigor, decantándose finalmente por recomendar
Un ‘régimen transitorio razonable’ que pasa porque el anteproyecto afecte sólo a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica.

Y esto días después de la polémica que se organizó hace unos días al señalar el ministro de Justicia la posibilidad de que se incluyesen en la legislación sanciones para los periodistas que informen de hechos o datos bajo secreto sumarial. Menos mal, que después de ver el lío que había montado no quiso ‘sostenella y no enmendalla’ y rectificó su ‘pensamiento en alta voz’ y decidió alabar la transparencia en la vida política y social.

En definitiva, que la Cúpula Judicial, en el ‘último disparo de tanda de penaltis’ decidió que el honor de los ‘chorizos’ queda por debajo del interés común. Algo es algo, después de aprobarse tanta ley contra la corrupción.

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