edición: 2703 , Miércoles, 24 abril 2019
24/05/2010
Buena Gobernanza

La transparencia se impone como mecanismo de control del vínculo entre sector público y privado

La autorregulación y la fiscalización externa se revelan como las medidas apropiadas para evitar las malas prácticas
En España, la legislación es todavía remisa a la hora de regular el derecho de acceso a la información pública
Beatriz Lorenzo

Ha pasado de ser un fundamento puramente teórico, una simple utopía de la que todos se jactaban pero que pocos llevaban a la práctica, a convertirse en una necesidad fundamental para conseguir un desarrollo económico sostenible a largo plazo y, sobre todo, para erradicar uno de los peores tumores intrínsecos a la recesión económica, la crisis de confianza en las estructuras políticas y económicas que se ha adueñado de una sociedad cada vez más hastiada. Las primeras señales de alerta, los primeros impulsos en aras a  una mayor transparencia, surgieron a principios de la década  tras escándalos de la talla de Enron y Parmalat, que alarmaron al mundo y pusieron la fiabilidad de corporaciones aparentemente intocables en tela de juicio. En ambos casos, la debacle se vio propiciada por corruptelas, malas prácticas y ocultación de una información que debió ser pública. Más aún, en ambos casos el oscurantismo fue posible con la complicidad de otras entidades privadas-Arthur Andersen en el caso de Enron y Grand Thornton en el caso de Parmalat, pero también con la connivencia de unas autoridades estatales que no cortaron la marea de la información sesgada, sino que permitieron que creciera hasta que su alborotado oleaje fue imposible de soslayar.

Así pues, la transparencia se ha convertido en un nuevo grial, una garantía de desarrollo y supervivencia que no afecta solamente a las grandes corporaciones, sino también a un sector público que no ha dudado en lavarse las manos en numerosas ocasiones. La relación entre empresa y Estado, necesaria- y mucho más en tiempos de crisis- para el crecimiento económico, ha de estar revestida también de la mayor transparencia posible, de modo que durante los últimos tiempos la mayoría de los organismos internacionales han comenzado a promover la adopción de leyes que protejan el derecho al acceso a la información pública. En algunos países, España entre ellos, la legislación se muestra todavía remisa a la hora de tratar este derecho que todavía no alcanza la talla de “fundamental” en la Constitución Española.  Sin embargo, desde diversos frentes internacionales- el Consejo de Europa, la Declaración de la Cumbre sobre los Mercados Financieros  y la Economía Mundial celebrada en Washington en 2008- se sigue insistiendo en la necesidad e incrementar la transparencia de los mercados financieros, los entes reguladores y los gobiernos, en su papel de salvaguardas de la veracidad y fluidez de la información.

LAGUNAS LEGISLATIVAS

Sin embargo, el caso de España y sus carencias de una legislación realmente comprometida con la transparencia, siguen preocupando a expertos del calibre de José Luis Piñar Mañas, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos que aboga por la necesidad de encontrar el equilibrio entre transparencia y privacidad, así como entre transparencia y seguridad pública. Surge así, imperiosa, la necesidad de una transparencia que trascienda la esfera privada en el ámbito de su relación con los grupos de interés para llegar también a los poderes públicos, una  urgencia expresada en el afamado artículo de Louis Brandeis, “The Right To Privacy”, y resumida en una de las frases del autor: “La luz del sol es el mejor desinfectante. O bien, en palabras del ex director de la Agencia de Protección de Datos, “quienes manejan dinero de otros deben ser absolutamente transparentes. Es decir, y sobre todo, los poderes públicos, los partidos políticos, las entidades financieras y las empresas cotizadas”.

A la hora de poner el acento en la transparencia necesaria en lo que se refiere al vínculo entre sector público y privado, se impone recordar las precisiones del filósofo Max Weber, para quien los diferentes tipos de poder social se distinguen por el medio que se utiliza para condicionar el comportamiento de los demás: recursos económicos, fuerza, ideas o simples palabras. La democracia moderna, con su estrecha relación entre el poder político, económico, e incluso ideológico, se enfrenta al desafío de controlar y supervisar este delicado nexo de unión: una inevitable interdependencia entre la política y la riqueza monetaria, favorecida por la globalización, que en ausencia de una transparencia inquebrantable puede convertirse en caldo de cultivo ideal para las corruptelas y malas prácticas.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ciertamente, la reticencia del sector público a adherirse a una transparencia global y comprometida se manifiesta año tras año en estudios como el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), elaborado por Transparencia Internacional, cuyas conclusiones, aunque esperanzadoras en las últimas ediciones, ponen de relieve que la opacidad esta lejos de haberse desligado completamente del modelo de gestión pública español. Un dato que, si cabe, adquiere todavía más relevancia cuanto más evoluciona la Sociedad de la Información que cuenta con espléndidos escaparates corporativos online que se prestan a la difusión de la información veraz y fluida que la sociedad demanda.

Tanto en el sector público como en el privado- y por consiguiente en las relaciones entre ambos- la transparencia se convierte en uno de los escudos más potentes contra la corrupción y en uno de los ingredientes fundamentales de la buena gobernanza.  Los sistemas de regulación tradicionales han demostrado ser poco aptos para abarcar un vínculo complicado, frondoso en ramificaciones y alianzas, en ocasiones lleno de nudos que precisan de nuevos sistemas de autorregulación o fiscalización por parte de agencias externas e independientes.  A la hora de la verdad, coartar la corrupción en el sector público supone también atajarla en el sector privado y para ello, expertos como Ramón J Moles, director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC) establecen que es preciso “echar mano de mecanismos como la autorregulación o los modelos de calidad, incluso de la misma transparencia exigida al sector público –que es también lógicamente exigible al sector privado–, y que adecuadamente combinados con medidas en el sector público permitan acotar y reducir el fenómeno”.

En suma, en el escenario económico devastado tras la crisis la transparencia se ha impuesto como una de las medidas necesarias para lograr un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Una información veraz y lo más detallada posible y un rendimiento de cuentas concienzudo son las armas necesarias para luchar contra las corruptelas y las malas prácticas que solían inundar el escenario corporativo, manifestándose en conductas impropias tanto en las compañías como en el ámbito gubernamental.

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