edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
21/03/2017
LA OREJA DE LARRAZ

La trasposición de la MIFID II regulará el funcionamiento de las empresas de servicios de inversión

Xavier Gil Pecharromán
El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de trasposición de la Directiva MIFID II, que regula las condiciones de autorización y funcionamiento de las empresas de servicios de inversión (ESI), incluyendo la libertad de establecimiento y de prestación de servicios en la UE, así como la actividad de las empresas de terceros Estados.
Se regulan también las condiciones de autorización y funcionamiento de los mercados regulados; la limitación de las posiciones y controles de la gestión de posiciones en derivados sobre materias primas; las normas de conducta y protección al inversor a seguir por las ESI; los servicios de suministro de datos, y la designación y facultades de las autoridades competentes.

La norma restringe la percepción o concesión de incentivos durante la comercialización de los instrumentos financieros e incluye obligaciones reforzadas de información a los clientes sobre comisiones y gastos. Además, se garantizará un mejor conocimiento del cliente por parte de las ESI, condición necesaria para una asignación adecuada de productos y servicios al tipo de cliente, mediante la incorporación de nuevas obligaciones en la gobernanza de productos y la atribución a las autoridades de facultades de intervención de productos y servicios.

También, la normativa velará por que el cliente conozca en todo momento si el servicio que se presta incluye asesoramiento o se trata de una comercialización, de un lado, y por qué el llamado «asesoramiento independiente» lo sea realmente y tenga en cuenta única y exclusivamente los intereses del cliente.
MIFID I estableció unas bases sólidas sobre las que se asientan las normas de conducta de las entidades financieras en relación con sus clientes, su aplicación por las entidades financieras adolece en algunos ámbitos de un cierto grado de heterogeneidad, consecuencia lógica de la complejidad que en ocasiones tiene su formulación y de la dificultad de la adaptación de los procedimientos internos de las entidades.

En la misma línea, se  transpone el Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MIFIR), que regula la transparencia ‘pre’ y ‘post’ negociación en relación con las autoridades competentes y los inversores, los requisitos y obligaciones de los proveedores de servicios de datos, establece la obligación de negociación de derivados en centros de negociación y ciertas acciones supervisoras.

Se extiende la regulación a todo centro de negociación, tenga o no la condición de mercado regulado. Lo mismo ocurre con los tipos de productos o servicios sobre los que la norma proyecta su virtualidad regulatoria, reduciéndose el número de aquellos a los que no afecta la regulación; todo ello bajo la premisa de dotar de un marco de salvaguarda y protección más articulado y eficiente para el inversor. Ambas normas entrarán en vigor a partir de enero de 2018. Además, se prevé modificar tanto el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV) como su normativa de desarrollo.

Con esta reforma se persigue reforzar la protección al inversor, regulando, entre otros, el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos. Además, se pretende adaptarse a los desarrollos tecnológicos y de los mercados, regulando prácticas como la negociación algorítmica automatizada; impulsar la negociación de instrumentos financieros desde mercados OTC (“over the counter”) hacia centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o sistemas organizados de contratación).

Otros objetivos pasan por aumentar la transparencia en los mercados, no sólo en lo relativo a la negociación de acciones e instrumentos similares sino también en relación con bonos o derivados, para velar por el correcto funcionamiento de los mismos en la formación de precios, así como la regulación de algunos productos financieros como los derivados, especialmente los derivados sobre materias primas. Y, en la misma línea, facilitar el acceso de las pymes a la financiación, a través de la creación de los ‘Mercados pyme en expansión’, así como reforzar y armonizar la supervisión y las sanciones a disposición de las autoridades competentes y evitar el arbitraje regulatorio.

Con carácter general, la norma de adaptación del ordenamiento español al nuevo marco regulatorio europeo de los mercados de instrumentos financieros contribuirá a la reducción de la actual dispersión normativa de la que ahora adolece el mercado interior.

La progresiva afluencia de un número creciente de inversores en los mercados financieros, de un lado, y la paralela sofisticación de los productos y servicios disponibles para aquellos, de otro, han aconsejado establecer unas reglas comunes de protección al inversor, especialmente al minorista, en el mercado europeo de servicios financieros.

Las ESI están obligadas a adoptar la forma jurídica de sociedad anónima (artículo 152.1.b TRLMV y 14 1.b del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero). De esta obligación se exceptúa a las empresas de asesoramiento financiero, que pueden constituirse como sociedad anónima o limitada.

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